martes, 31 de mayo de 2016

Salven primero España que Venezuela se salva sola

Salven primero España que Venezuela se salva sola.  Augusto Zamora R
Como parte de la campaña electoral, políticos españoles viajan a Venezuela a obrar el milagro de la caída del chavismo y el retorno de las oligarquías tradicionales, blancas, católicas y con sus fondos depositados fuera, como han venido haciendo desde el siglo XIX. Da gusto verles a ellas, ellos, con sus cutis de porcelana, vestidos de Chanel y rebosantes de salud, demandando libertad, justicia y democracia, olvidando que tuvieron el poder siempre, hasta que surgió Hugo Chávez, y que en 190 años de gobierno no hicieron nada por Venezuela, salvo expoliar el país, corromper la sociedad y convertir un país riquísimo en un remedo, que por no tener, no tenía ni carreteras. 190 años, incluyendo los de mayor abundancia petrolera (1922-1975), que despilfarraron de la manera más obscena y, en vez de modernizar e industrializar Venezuela, hicieron del país una sociedad de parásitos, que tenía que importar desde vehículos hasta zanahorias. Hoy reclama que el chavismo, en catorce años, haga lo que ellos no hicieron en 190. 

En lo único que se aplicó a fondo la oligarquía venezolana fue en crear fábricas de muñecas, nenas perfectas, salidas de dietas y quirófanos que terminaban copando los certámenes de belleza del continente y el mundo. En el deprimente espectáculo en que se quiere convertir la política, no sabe uno si reír o llorar viendo los desfiles de políticos españoles, a lo Gran Gatsby, para hacer caja de un país sumido en una terrible crisis –nadie va a negarlo-, crisis que tiene causas nativas, pero también –y son las peores- causas externas, como el colapso económico mundial desde 2008 y el hundimiento de los precios del petróleo, que es casi lo único que exporta Venezuela. De las nativas hay que apuntar los graves desaciertos del gobierno, pero también la guerra económica interna de la oligarquía, que recuerda demasiado el sabotaje contra el gobierno de Allende, en Chile, entre 1970 y 1973, o la guerra económica contra la Nicaragua sandinista. Fábricas paradas, desabastecimientos provocados y guerra al gobierno, para crear un caos que justifique o el alzamiento militar o la intervención extranjera que, tan patriotas ellos, llevan años pidiendo a gritos, sin entender que los tiempos hoy son otros.

No menos chirriante es que los salvadores más visibles sean políticos españoles, como si la España actual fuese modelo de éxito económico y social a imitar. Recoge John Kenneth Galbraith, en su obra Un viaje por la economía de nuestro tiempo, que, en 1929, en lo más profundo de la Gran Depresión, el desempleo en EEUU casi rozó el 25% de la fuerza laboral. No obstante, en 1939, el desempleo se había reducido al 17% y, en 1944, en plena guerra mundial, era de un simbólico 1,2%. En España, en los mejores años de su economía, el paro ha bajado al 7,93% (2007), dato inusual pues, desde los años 80, el paro se ha mantenido a una media del 18%, es decir, igual casi a la cifra de paro de EEUU en los peores años de la Gran Depresión.
Diferencia sustantiva es que la Gran Depresión duró diez años, en tanto España vive instalada en una depresión permanente, con cifras de paro que gritan –para quien quiera oír- que el sistema económico-social imperante es un fracaso total, pues ha hecho de lo inaudito (un nivel de paro instalado hoy en el 24%) algo ‘natural’, de la misma forma que se presenta como éxito económico un sistema donde la exclusión social y la pobreza han alcanzado datos tan escandalosos como que un 22% de la población se desliza hacia la pobreza o está ya hundida en ella, como se viene denunciando desde hace años. Correlativamente a esta ominosa realidad, la concentración de la riqueza en un puñado de plutócratas alcanza niveles históricos, como lo indica el hecho –inmoral- de que veinte personas, veinte, acumulan tanta riqueza como el 30% de los ciudadanos del país. No hay duda que, para la blanca y extranjerizada oligarquía venezolana, el modelo español actual es digno de copiar, pues ¡cuán maravilloso es que haya tan pocos poseyendo tanto! Así Venezuela, su finca expropiada por el chavismo, volvería a ser de “ellos”, únicos y legítimos dueños del país desde el mitificado 1810, de independencia.

Emigran venezolanos, los ricos sobre todo. Hay como un millón fuera, sobre los 31 millones de habitantes que tiene en país en 2016. Pocos, en relación a la cifra media de emigración latinoamericana. El Salvador, con 6,7 millones de habitantes, tiene 2,3 millones de emigrantes. Colombia tiene nueve millones, de ellos cinco millones en Venezuela. El 20% de la población mexicana vive en EEUU. Veamos a la salvadora España. En 2008, había 1.471.691 emigrantes españoles censados. En 2016, la cifra se había disparado a 2.305.030 emigrantes. La población decrece y, según el Instituto Nacional de Estadística, España tendrá 45,8 millones de habitantes en 2024 y 40,9 millones en 2064, de población masivamente envejecida. Un país casi en vías de extinción. Pero, claro, importa más satisfacer las demandas de los psicópatas de Bruselas antes que atender el desolador panorama natal español, machacado de forma inmisericorde por las políticas comunitarias, que han provocado, por una parte, la emigración masiva, sobre todo de jóvenes y, por otra, la caída drástica de la natalidad. ¿Quién de esos pulcros políticos que van a tomarse una foto en Caracas salvará España, enfrentándose a cara de perro con las políticas social-darwinistas de Bruselas?

Otro ejemplo de la situación de abandono que vive España es el avance incontenible de la desertización, que afecta ya al 30% del territorio nacional, con perspectivas, si nadie hace nada, de que alcance en pocos años al 50% del territorio. Pero aquí todos felices, mientras España va convirtiéndose, poco a poco e inexorablemente, en una prolongación del desierto del Sáhara y los acuíferos colapsan año tras año, para mantener un modelo agroindustrial que, espectacular a corto y mediano plazo, resulta insostenible a largo plazo, pues lleva a la destrucción de las reservas de agua dulce. Con la desertización muere la fauna, privada de hábitats naturales necesarios para subsistir.

En ese modelo político de ver hacia todos lados, menos a donde es imprescindible ver, España se ha convertido es uno de los grandes peones de la política militarista de EEUU. No sólo es base del escudo antimisiles (obra y gracia de Rodríguez Zapatero, socialista y progre), sino que ha sido transformada en la gran base militar del Comando Sur europeo de Washington, además de ser socio obediente de todo lo que le pide la OTAN (que es EEUU, vestido con otro sayal), sea enviar aviones a los países bálticos, fragatas al mar Negro o armar a Arabia Saudita para su guerra en Yemen.
¿Y qué decir de los centenares de miles de familias que han sido desahuciadas en beneficio de banqueros que tributan menos que los castigados trabajadores autónomos? ¿Qué, de los 4.000 políticos procesados por corrupción? ¿Sería, digamos, éste el modelo que se desea para Venezuela? ¿Tanto odian esos políticos al pueblo venezolano? Indica la lógica que mal pueden salvar un país quienes han sido incapaces de salvar al suyo. Así, pues, hacemos una modesta sugerencia: señores políticos, dejen en paz Venezuela, que los venezolanos sabrán ellos solos salir de su laberinto. Ocupen sus fuerzas en salvar España, que parece necesitarlo más que Venezuela. Por demás, no olviden el viejo refrán, que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.

* Augusto Zamora R es profesor de Relaciones Internacionales, autor de Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos, de reciente aparición 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Huelgas y poder en Francia



Poco a poco, las huelgas y los piquetes están afectando a todos los sectores estratégicos de la economía francesa. El gobierno actualmente está echando mano a las reservas nacionales de combustible (destinadas originalmente a casos de guerra o de catástrofes) para librar la guerra social que mantiene contra la unidad de las centrales sindicales (y particularmente contra la CGT).
Los pretextos del terrorismo de los grupos salafistas y de la amenaza de la extrema derecha para imponer un estado de emergencia han sido dejados de lado. Hollande y la prensa empresarial y la televisión muestran hoy un enfrentamiento de clase y ponen como adversario principal del presidente y de los empresarios a Felipe Martínez, secretario general de la CGT, la más fuerte de las cinco centrales sindicales que canalizan unidas las protestas.
Pero, aunque es importante la acción de estas centrales, el odio y la represión gubernamentales se concentran sobre todo contra los trabajadores de las refinerías, los portuarios que paralizan la importación de combustibles y los camioneros y obreros del transporte que, circulando muy lentamente, no sólo dificultan el tránsito en ciudades y carreteras sino que también provocan un aumento del consumo del carburante, que cada día es más escaso.
Ahora el dúo Hollande-Valls deberá hacer frente además a una huelga votada en todas las centrales nucleares que dan energía eléctrica a Francia y a países vecinos y a la falta de combustible se suma la reducción del suministro eléctrico.
Incluso en el partido socialista (según su nombre oficial, no según su política) cunden las protestas. En efecto, a la oposición de entre 30 y 40 diputados de la izquierda socialista al proyecto de ley del trabajo que está provocando las huelgas se sumó la propuesta-inmediatamente rechazada por el primer ministro Manuel Valls- de modificar el art.2 del texto formulada por el presidente del bloque mayoritario en la Asamblea Nacional.
Ahora bien, ese artículo condensa las intenciones de los empresarios que el gobierno “socialista” hace suyas a pesar de la oposición de la inmensa mayoría de los franceses. En efecto, muchos talleres o pequeñas empresas ocupan pocos obreros o ni siquiera tienen presencia de los sindicatos. Por lo tanto, darle carácter legal prioritario a los acuerdos entre patrones y obreros a nivel de dichas pequeñas empresas donde los trabajadores tienen menos fuerza equivale a facilitar la rebaja de los salarios reales y el empeoramiento legal de las condiciones y horarios de trabajo rompiendo la unidad que hasta ahora existe a nivel de grupo industrial, cuyo contrato nacional- impuesto con la fuerza de la organización en las grandes fábricas- es norma para los pequeños establecimientos. Además, el intento de modificar la cantidad de horas extras y su pago afecta duramente a los transportistas cuyos horarios dependen del clima y de las condiciones de las rutas y el tránsito en Francia y en los países vecinos.
Al mismo tiempo la situación social se tensa ante la violencia de la represión policial no sólo contra los huelguistas sino también a los estudiantes y a las decenas de miles de personas que siguen animando, día tras día, el movimiento Nuit Debout. La causa común –el rechazo a la ley de trabajo- y la defensa de los derechos democráticos, como el de huelga, el de manifestar, la libertad de desplazamientos, la libertad de palabra e incluso informar lo que sucede, están cimentando la unidad entre vastos contingentes estudiantiles y jóvenes y los trabajadores industriales que con tanta fuerza cambió el panorama francés en 1936 y en 1968.
En Francia el 20 por ciento en la población económicamente activa tiene un empleo estatal y los obreros representan el 24 por ciento. El índice de sindicalización llega sólo al 11 por ciento y la principal Central Sindical -la Confederación General del Trabajo- abarca sólo el 2.58 por ciento de los sindicalizados, mientras el resto se distribuye entre Force Ouvrière, socialista, Solidaires (de izquierda independiente, fuerte en el transporte urbano), Fuerza Sindical Unitaria (con gran influencia en los trabajadores de la Enseñanza), La CFDT, Confederación Francesa de Trabajadores (socialcristiana, aliada al gobierno) y otras menores.
Dada la actual relación de fuerzas que es cada vez más favorable a los trabajadores, que cuentan con el apoyo de la mayoría de la población, es probable que el gobierno sólo pueda hacer aprobar una versión modificada de esta ley El Khoumri sobre el trabajo. Puesto que los sindicatos sólo aceptan su derogación lisa y llana la lucha seguirá durante todo este período anterior a las elecciones presidenciales y tendrá fuertes repercusiones políticas ya que la derecha opositora y el FN lepenista piden al gobierno medidas de excepción, como la prohibición absoluta de toda manifestación. Eso politizará aún más el conflicto.
Es evidente que la huelga masiva puede cambiar muchas cosas. Pero por sí sola, incluso en el caso de una huelga general nacional indefinida como pide ya la extrema izquierda, no basta por sí misma para dar una solución política a una situación que es política y exige una salida política.
Una debilidad mayor reside en que el movimiento obrero repudia una ley reaccionaria y regresiva pero no tiene una propuesta propia que ofrecer ni, sobre todo, una estrategia política y aunque despliega su doble poder en las calles no pone en cuestión el poder del Estado capitalista. Otra igualmente grave consiste que ante la crisis de la Unión Europea no se dirige a los trabajadores de los países vecinos, sobre todo a los belgas que están en una lucha similar, a los italianos- a quienes el gobierno Renzi y la capitulación de la CGIL impusieron casi sin resistencia una ley del trabajo similar al proyecto El Khoumri – y a los alemanes, que acaban de lograr con su presión la rebaja de la edad para jubilarse de 67 a 63 años.
Para triunfar, los huelguistas en Francia deben salir también del Hexágono francés y fijarse objetivos políticos que den perspectivas a los de Grecia, España, Italia, Inglaterra y toda la U.E.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

America Latina: El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica condena el golpe de Estado en Brasil y la desestabilización política en Venezuela

El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica condena el golpe de Estado en Brasil y la desestabilización política en Venezuela
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El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA) rechaza y condena el golpe judicial-mediático-parlamentario que desplazó a Dilma Rousseff, electa por 54 millones de ciudadanos como presidenta constitucional brasileña; golpe que, además de sacar del poder al Partido de los Trabajadores y suspender los programas sociales y otros beneficios para los más desposeídos, significa una amenaza a los procesos de integración en nuestra región.

El carácter retardatario del ilegítimo gobierno interino ha quedado en evidencia en sus primeras acciones: un gabinete no sólo y exclusivamente integrado por hombres blancos, sino que muchos de ellos han sido denunciados por causas judiciales de corrupción; la eliminación del Ministerio de la Mujer y de las Minorías; el cierre del Ministerio de Cultura; y la reducción de los programas sociales impulsados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que redujeron radicalmente la pobreza en el país.

El golpe en Brasil impactará, sin dudas, en la perspectiva de tener una política exterior regional independiente y promover la vía del multilateralismo en las relaciones globales, intentando imponer su agenda económica de la región, con políticas neoliberales orientadas a desregular las economías nacionales, a proteger a los inversionistas extracontinentales y a desmontar todas las políticas de redistribución de la riqueza, agravando las condiciones de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad social de millones de latinoamericanos y caribeños.

Ahora que en Brasil lograron desplazar, aunque por ahora sea solo temporalmente, a Dilma (quien sigue siendo la presidenta, aun cuando esté suspendida de sus funciones), todas las baterías de la derecha regional e internacional se han enfilado contra el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA) denuncia enfáticamente el intento en curso de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. El país bolivariano sufre desde hace más de una década una feroz ofensiva por parte de los grupos más retardatarios. Hoy el desabastecimiento por acaparamiento da fe de la existencia de una guerra económica, que va acompañada de focos de saqueos y manifestaciones, y que trata de generar una situación de caos, un detonante para una intervención extranjera, siguiendo el guión del Comando Sur (Operation Venezuela Freedom-2) para fabricar un momento donde puedan coronar el Golpe de Estado. En el contexto de estas acciones concertadas contra la Revolución Bolivariana, deben verse las declaraciones del ex presidente colombiano Uribe, llamando a un alzamiento militar, junto a la amenaza del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar contra Venezuela a modo de pretexto injerencista la Carta Democrática de esa organización. Del mismo modo, la persistente y sistemática campaña de desprestigio montada desde conglomerados mediáticos locales e internacionales.

Valoramos y apoyamos la participación de la UNASUR y la actitud del secretario general Ernesto Samper, en el intento de mediar entre el gobierno bolivariano y la oposición, a fin de intentar evitar la escalada programada.

Por lo demás, la insistencia en la “flexibilización” y la “refundación” de la institucionalidad regional, más allá de ser una demostración de vasallaje, significan lisa y llanamente el desmonte de los procesos de integración regional - Mercosur, Unasur, Celac, Alba-TCP - que lograron su mayor impulso gracias al entendimiento de los gobiernos progresistas de la región, y la promoción de un nuevo proceso de total dependencia a los capitales financieros.

Los medios, redes de comunicación y movimientos sociales nucleados en el Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica, exhortamos a las comunidades, las organizaciones populares y a la ciudadanía en general, a movilizarse en defensa de la integración regional, hoy amenazada por el poder de minorías facciosas aliadas con los intereses de dominio global norteamericano.

Convocamos a todos los sectores progresistas y democráticos de Nuestra América a sumar esfuerzos por la plena soberanía, la paz, la profundización de la democracia y el bienestar de las mayorías de nuestra región.

Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica
www.integracion-lac.info 

Adhesiones: http://www.integracion-lac.info/es/node/36896

lunes, 30 de mayo de 2016

USAID Honduras, coludida con los presuntos asesinos de Berta Cáceres

Radio Progreso


Tres meses antes del asesinato de la lideresa Lenca, Berta Cáceres, el Programa de Inversión Social de Desarollos Energéticos SA (DESA)-- la compañía hondureña que está llevando a cabo el proyecto de la represa Agua Zarca-- y blanco de un campaña liderada por Cáceres-- firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de Fintrac, socio de la agencia y empresa de proyectos de desarrollo contratante estadounidense.
El Programa de Inversión Social de DESA según la compañía, “ha destinado un porcentaje de sus utilidades para crear y realizar proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas al proyecto.”
Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, estas iniciativas son nada más que limpieza de imagen para una empresa controversial y otra forma de comprar la gente directamente afectada por la represa.
La foto arriba sirve como ejemplo. Como parte de su Inversión Social en la Educación, DESA donó mochilas con el logo de la empresa a joven estudiantes. Se puede argumentar que este tipo de caridad encaja más con un trabajo de publicidad. De igual manera, el COPINH ha criticado la supuesta infraestructura que emprendió la empresa supuestamente para el beneficio de la comunidad que más bien sirvió para transportar el equipamiento de DESA. Es bastante probable que dicha empresa donó muy poco de su bolsillo ya que tenía acuerdos con el Ministerio de Educación y USAID a través de Fintrac, entre otras.
Enriqueciendo el rico para servir al pobre
Irónicamente, mientras USAID estaba entregando recursos a DESA, a través de Fintrac, cuyos dueños forman parte de la élite de Honduras, para comprar consciencia, en su página web observa:
"Honduras ha experimentado una recuperación moderada desde la recesión económica mundial de 2008-2009. A pesar de esta tendencia alentadora, las ganancias económicas a lo largo de los últimos años han favorecido en gran medida las clases medias y altas, lo que lleva a una mayor desigualdad de ingresos en el país".
Los residentes de Río Blanco están en contra de la presa Agua Zarca principalmente porque dependen económica y culturalmente en el Río Gualcarque. Por lo tanto, la USAID no sólo estaba ayudando a enriquecer una familia rica, con su apoyo al proyecto estaba perjudicando a la misma gente que decía ayudar. Olivia Marcela Zúniga, hija de Berta Cáceres, se dirigió a los financieros extranjeros y cómplices de la presa Agua Zarca en su página de facebook, afirmando:
“El desarrollo no puede pasar sobre la vida humana, el desarrollo debería ser para mejorar la vida de los seres vivos no para aniquilar la vida. El mundo occidental no nos puede imponer su visión de desarrollo, ya que estos son nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra visión de desarrollo debe prevalecer porque garantiza la existencia de la madre tierra y con ello la existencia de la humanidad. El desarrollo no puede ser autodestructivo de la humanidad, no puede ser capitalista, racista y patriarcal. No puede tomar como mercancía nuestra madre tierra que nos da agua, oxígeno y alimentos. Nuestra visión de desarrollo es una visión de armonía, equilibrio y respeto hacia todos los seres vivos.”
La complicidad de la USAID y Fintrac
Debidas diligencias por parte de Fintrac probablemente habría obligado a esta empresa que dice ser de mujeres propietarias con orgullo, a evitar colaboración con una compañía que estaba en guerra con unas de las lideresas más respetadas y reconocidas de Honduras.
Todas las alegaciones y pruebas existían: a pesar que el COPINH afirmaba que la presa seguía adelante sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los miembros locales afectados, que alegaban que el jefe de seguridad de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, había acosado sexualmente a Berta. Estas alegaciones y pruebas hubiesen impedido su asociación con DESA según su código de ética y otras políticas internas. Por otro lado, sería difícil para la USAID alegar desconocimiento sobre el conflicto en Río Blanco ya que son un actor clave en la campaña contra la represa.
El contrato entre Fintrac y DESA se firmó en diciembre el año 2015 entre el DESA dentro el marco del programa de USAID llamado MERCADO y trataba de proporcionar asistencia técnica a DESA para el beneficio de productores en 10 comunidades y 180 familias en dos municipios de Honduras. Información pública sobre el contrato es escasa aparte de algunos medios de comunicación locales que estuvieron cubriendo el evento público donde se firmó el contrato. Lamentablemente, Fintrac eligió hacer este importante servicio social con DESA y no con otra organización.
En una alerta de acción del febrero de 2016, COPINH denunció a USAID por su complicidad en apantallar un “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social” y animó a sus simpatizantes contactar a la USAID y la embajada EEUU en Tegucigalpa entre otros con sus quejas por su papel en el avance de la presa.
DESA expresó sorpresa tras la detención de Rodríguez, quien representó a DESA en la firma del contrato con Fintrac, y afirmó no estar involucrado en el asesinato de Cáceres. Sin embargo, menos de un mes antes del asesinato de Cáceres, Rodríguez fue uno de los denunciados por "amenazar la integridad física y emocional" de los miembros del COPINH en una denuncia que tuvo que ver con la última manifestación en cual Berta participó el 20 de febrero 2016.
Se informó a la familia Cáceres que el contrato con DESA fue cancelado a petición de la misma, en las semanas después del asesinato de Berta. Mientras Fintrac y USAID tranquilamente cancelaron el contrato con DESA sin mucha bulla, deberían rendir cuentas con los pobres que dicen ayudar y con los ciudadanos estadounidenses que con sus impuestos financian sus actividades.

Gloria Jiménez, escritora freelance mexicana. Activista de derechos humanos.
Fuente original: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/opinion/item/2916-usaid-honduras-coludida-con-los-presuntos-asesinos-de-berta-c%C3%A1ceres

Estando aquí en Venezuela doy fe de que "no existe" libertad de expresión

Argentina: el pueblo argentino levantado contra Macri, el gendarme del imperialismo yanqui




En sólo cinco meses Mauricio Macri ha conseguido sumir a Argentina en una enorme crisis económica y social que está hundiendo de forma brutal las condiciones de vida de los trabajadores argentinos. La respuesta no se ha hecho esperar y desde hace varias semanas multitud de movilizaciones obreras sacuden el país, incluyendo la histórica manifestación del 29 abril en Buenos Aires con cientos de miles de personas protestando en la calle contra los despidos. 

El gobierno de Macri está constituido por un compendio de millonarios y altos directivos de empresa cuyo objetivo real es defender los intereses de su clase, es decir, la gran burguesía tanto Argentina como foránea. Al tiempo que están permitiendo a los capitalistas amasar grandes beneficios, no consiguen sacar al país de la grave crisis en la que se encuentra, tirando además al cubo de la basura, una tras otra, todas las promesas que el “macrismo” realizó durante la campaña electoral.
Economía en caída libre
La inflación —que Macri prometió contener— se encuentra completamente desbocada, alcanzando en abril, tras una subida del 7%, prácticamente el objetivo del 25% marcado para todo el año. Este incremento vertiginoso tiene mucho que ver con las prácticas especulativas que los grandes empresarios realizan subiendo de forma artificial los precios para aumentar sus ganancias. Las prometidas inversiones extranjeras —que crearían prosperidad y empleo— no acaban de llegar, y los propios capitalistas argentinos prefieren dedicarse a especular con los títulos de deuda que emiten el Tesoro y el Banco Central, que les producen suntuosos beneficios, antes que invertir su dinero en un sistema productivo que no les garantiza ni de lejos esos resultados. Además, el gobierno está iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento que incluye la mayor venta de deuda en una sola tanda que realiza un país emergente en 20 años: 16.500 millones de dólares, de los que 9.300 se utilizarán para realizar pagos a fondos buitres.
La salida de esta situación pretende cargarse sobre las espaldas de la clase trabajadora, a través de varias vías. Despidos masivos tanto en el sector público como en el privado que alcanzan ya a 140.000 trabajadores. Para los que mantienen su puesto de trabajo habrá reducción de sueldo para mantener los incrementos salariales por debajo de la inflación. Todo esto va en paralelo a subidas en las tarifas de servicios como gas, luz, agua y transporte, con alzas que van de un 100% hasta un 700%. Una situación que da como resultado 1,4 millones de nuevos pobres en los tres primeros meses de 2016, alcanzando los 13 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, el 34,5% del total de los argentinos.
Mientras se incrementa el sufrimiento y la explotación de la mayoría, la última ocurrencia de Macri ha sido lanzar una amnistía fiscal antes de fin de año con el objetivo de repatriar los miles de millones de dólares que los capitalistas argentinos han evadido y mantienen ocultos en el extranjero. Una medida de la que el propio presidente podrá sin duda beneficiarse, si atendemos a la reciente aparición de él y su familia en los Papeles de Panamá como propietarios de varias sociedades off-shore en el extranjero. Práctica habitual, por otra parte, de la parasitaria y corrupta burguesía argentina.
Los trabajadores toman la calle
A pesar de los durísimos ataques que están llevando a cabo el Gobierno y las patronales, la burocracia sindical, en sus diversas facciones de la CGT y la CTA, mantuvo en los primeros meses de la legislatura una posición conciliadora con Macri, planteando la negociación y la paz social y priorizando, como siempre, sus privilegios sobre las necesidades de los trabajadores. A pesar de la actitud de sus dirigentes la clase obrera argentina no se ha quedado parada. Ha habido movilizaciones y huelgas en prácticamente todos los sectores: educación, sanidad, industria, servicios,… Una presión en la calle que ha acabado por desbordar a las direcciones sindicales, que se vieron obligadas a cambiar el paso e impulsar la gran movilización nacional del 29 de abril en Buenos Aires. Pero la lucha no cesa, así el 6 de mayo un paro de 12 horas paralizó la ciudad de Comodoro Rivadavia, principal centro petrolífero del país, en protesta por el despido de 2.000 trabajadores de la industria del petróleo. El sector educativo también está en pie de guerra, como demuestra la multitudinaria manifestación que el 12 mayo agrupó a decenas de miles de personas en defensa de la universidad pública y que, por primera vez en 15 años, consiguió agrupar a todos los sindicatos docentes y federaciones estudiantiles. 
La posición de Macri es cada vez más precaria. La posibilidad de una mejora consistente de la situación económica es muy escasa y más teniendo en cuenta la crisis mundial, el descenso del precio de las materias primas y la grave crisis económica de Brasil, principal socio comercial de Argentina. El propio gobierno está dividido sobre qué medidas tomar para afrontar esta situación, una división que se extiende al conjunto de la burguesía. En este escenario se hace cada vez más necesaria la organización y convocatoria de una huelga general con le objetivo de revertir todas las políticas antisociales de Macri y tumbar su gobierno. Hasta ahora las distintas burocracias sindicales han negado esta posibilidad, pero su crédito se agota y la presión desde la calle se incrementa. Las direcciones de la izquierda sindical y política deben ponerse a la altura de unos trabajadores que, una vez tras otra, han demostrado su disposición a la lucha. Esa es la premisa necesaria con la que el odiado gobierno Macri tendría sus días contados.     

El plan oculto del chavismo para dominar España

El plan oculto del chavismo para dominar España

Acabarán consiguiendo que Pablo Iglesias gane las elecciones por efecto rebote, con tanta sobreactuación electoral sobre Venezuela
Maduro pide a las venezolanas no permitir la "violencia verbal" de los opositores
EFE
 Tanto jijí y tanto jajá con el uso electoralista de Venezuela, pero acabo de caerme del guindo: es todo cierto. Es incluso peor: el chavismo tiene un plan para dominar España. Y va camino de lograr sus objetivos. Yo estoy cagado, he empezado a hacer las maletas. Y la mayoría de ustedes harán lo mismo cuando lean lo que voy a contarles. Atentos.
Lo entendí todo este jueves, cuando el gobierno anunció que convocaba el Consejo de Seguridad Nacional e incluía Venezuela entre los temas del día. Al principio me lo tomé a broma, como la mayoría. Pero al rato coincidí en el ascensor con un vecino nada sospechoso de simpatías bolivarianas, y me dijo: "cómo se pasan, primero el numerito de Rivera, y ahora el gobierno…". Entonces lo entendí todo. Horror. Estamos perdidos. El chavismo está cada vez más cerca de izar su bandera en Colón, con Maduro desfilando por la Castellana (rebautizada como Avenida de Bolívar). Y no sé si aún estamos a tiempo de impedirlo.
Hasta ahora conocíamos solo una parte de su plan, la más evidente: Hugo Chávez eligió a un grupito de jóvenes profesores universitarios, los instruyó y les dio una millonada para que montasen de la nada un partido con el que tomar el poder. Pero si solo fuera eso, sería demasiado fácil. Les pillaríamos en seguida, como así ha sido. Eso es lo que querían: que les pillásemos, que creyésemos que habíamos descubierto su plan. Típico de los malos, poner un señuelo para que cantemos victoria y bajemos la guardia.
Como con eso no bastaba, activaron la segunda parte del plan. Sabedores de que los españoles no nos dejaríamos engañar por un partido filochavista, era necesario vencer nuestra resistencia. Y para ello, metieron muchos más millones para comprar voluntades: sobornaron a los estrategas electorales de los principales partidos, a los directores de periódicos, televisiones y radios, y a un montón de columnistas y tertulianos. A todos les dieron una instrucción clara: “hay que dar caña a Podemos con el tema Venezuela, pero de forma desproporcionada, sobreactuada, histérica. Sin descanso. En un crescendo imparable. Hasta que los ciudadanos se harten. Hasta que los ciudadanos se mosqueen. Hasta que vean raro tanto interés en hablar de Venezuela. Hasta que sospechen si no será todo una maniobra para desgastar a Podemos. Hasta que simpaticen con Podemos, por efecto rebote, ante lo evidente y grotesco de los ataques.”
Yo imagino a Maduro como uno de esos villanos que en su lúgubre despachoacaricia un gatito mientras ve en la pantalla a Rivera echando unas lagrimitas de cocodrilo en Caracas. Casi puedo oír su risa siniestra cuando ve a los tertulianos repetir las acusaciones contra Iglesias, los portavoces políticos insistiendo en la consigna, las portadas de periódico monotemáticas, Rajoy convocando el Consejo de Seguridad, y mi vecino en el ascensor diciendo “cómo se pasan…”, y añadiendo, al despedirse: “hasta me entran ganas de votar a Podemos”.
Así de brillante es el plan del chavismo para dominar España: lograr que los españoles demos la mayoría absoluta a Podemos por efecto rebote ante la desproporcionada campaña de sus enemigos. Suena retorcido, lo sé, pero el mal, el Mal con mayúsculas, siempre es retorcido, así disfruta más su victoria.
Imagino que se habrán gastado una millonada de petrodólares para lograr que tantos participen en el plan: PP, PSOE, Ciudadanos, los grandes medios, columnistas, tertulianos. A no ser que hayan confiado en la necedad humana, y así encima les sale gratis. Podría ser. El mal nunca descansa.

Felipe González mandó una carta a un criminal de guerra para beneficiar al empresario que donó seis millones a Cebrián

El expresidente del Gobierno se deshizo en elogios a Massoud Zandi en una carta enviada al presidente de Sudán del Norte, apenas seis meses después de que la Corte Penal Internacional ordenara su arresto por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad

Felipe González en una imagen de archivo.-EFE
MADRID.- Felipe González no se limitó a grabar un vídeo para favorecer al empresario iraní Massoud Zandi. Según publica este lunes el diario El Mundo, el expresidente del Gobierno español también envió cartas a los presidentes de Sudán del Norte, Omar Al-Bashir -condenado por la Corte Penal Internacional-, y Sudán del Sur, Salva Kiir, para favorecer que Zandi se hiciera con un yacimiento petrolífero en esa zona.
González describe a Zandi como "una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel", cuya "profesionalidad y eficiencia" han quedado demostradas
Zandi es el empresario iraní dueño de Star Petroleum que donó seis millones de euros a Juan Luis Cebrián, presidente del grupo Prisa. González lo describe como "una persona honorable, seria, trabajadora y con relaciones internacionales al más alto nivel", cuya "profesionalidad y eficiencia" han quedado demostradas durante su gestión de su petrolera. Y se despide mostrando su "afecto y respeto" por ambos mandatarios, aunque uno de ellos ya había sido condenado.
Se da la circunstancia sin embargo de que la misiva está fechada en septiembre 2009, seis meses después de que la Corte Penal Internacional ordenara el arresto de Al-Bashir por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en marzo. 
El Mundo recuerda también que la Corte Penal Internacional siguió acumulando pruebas contra el presidente de Sudán del Norte y emitió una segunda orden contra él en 2010, ampliando los cargos con tres delitos de genocidio.
En la grabación ya publicada por el citado diario González se refería a Zandi como un modelo de emprendedor y un "creativo irrepetible".  

El que no es de utilidad pública es el Gobierno del PP

El que no es de utilidad pública es el Gobierno del PP

30may 2016




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Ángeles Álvarez

Política socialista y activista feminista
El 27 de mayo de 2016 se publica en el BOE una resolución por la que se revoca la “declaración de utilidad pública” a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). El destrozo de una decisión de ese calado es mayúsculo y muestra el grado de deterioro moral de un PP que ha decidido colocarse al lado de lo más ultramontano.
Ser una “entidad de utilidad pública” supone una calificación especial, por la que “se reconoce el beneficio para toda la colectividad de los fines perseguidos por dicha asociación”. La FPFE tiene a sus espaldas una historia de compromiso riguroso con la salud. La componen profesionales de prestigio que trabajan y han construido la arquitectura de apoyo a la Planificación Familiar en este país.
Es una organización clave que trabaja en la promoción, la defensa y el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y que coordina a través de la secretaría técnica el Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva. Revocar la utilidad pública de una organización como la FPFE deja claro que el PP se suma a la estrategia de los anti-derechos que buscan obstaculizar el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones en relación con la planificación familiar y el libre uso de métodos anticonceptivos.
Tener “utilidad pública” supone gozar de beneficios fiscales, económicos, administrativos y procesales, de acuerdo con la normativa aplicable. Por eso, revocar esa calificación es un ataque a las políticas de prevención de embarazos no deseados y a toda la estrategia de Planificación Familiar en este país.
La decisión del Gobierno viene a satisfacer la demanda de un grupo ultra. El PP hace suyos todos los argumentos que la Asociación de Abogados Cristianos utiliza en una denuncia que acusa a la FPFE de “promover el aborto en clínicas privadas con ánimo de lucro y promocionar fármacos anticonceptivos contra las normas que regulan la publicidad de los medicamentos”.
El gobierno del PP debería saber que es la administración pública la que hace las derivaciones a las clínicas y que estas vienen a cubrir las prestaciones a que está obligada, por ley, la sanidad pública. ¿Se da cuenta el gobierno de que cualquier publicidad de un servicio legal es publicidad lícita?
El análisis detallado de la acusación de la Asociación de Abogados Cristianos no se sujeta seriamente ni tan siquiera utilizando el argumento peregrino de que la Comunidad de Madrid había procedido a una sanción administrativa a la FPFE  por haber incluido, en una de sus publicaciones, un anuncio de un servicio sanitario que en su texto incluyó la palabra “viagra”.  No hubo publicidad directa, de ese ni de ningún otro fármaco, y en todo caso, la cuestión no pasa de ser un desliz que ya había sido sancionado en via administrativa y no daba para más.
Atacar de forma tan desmedida, y con el BOE en la mano, a la principal organización de Planificación Familiar de España es una obscenidad que solo puede poner en práctica un gobierno reaccionario, antiguo y misógino. La FPFE promueve que mujeres, hombres y personas jóvenes tengan acceso a la información y servicios en materia de salud sexual y reproductiva y trabaja en formación,sensibilización, atención directa e investigación. ¿Acaso cree el gobierno que estas acciones y los estudios que realiza sobre el estado de la salud, de las prestaciones y de los servicios en el campo de la sexualidad y la reproducción, no son de utilidad pública?
¿Acaso cree el Gobierno del PP que los Centros Jóvenes de Anticoncepción y Sexualidad, que ha puesto en marcha la FPFE, dirigidos a menores de 29 años y que prestan servicio de información y asesoramiento para mujeres inmigrantes no son de utilidad pública?
Estos centros trabajan en el asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva, aconsejan sobre  anticoncepción y prescripción de métodos anticonceptivos. También ofrecen servicios de prevención y detección precoz del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, dan atención médica, hacen terapia sexual y de pareja y talleres de educación sexual, y asesoran a profesionales y familias. Esto según el PP ¿no es de utilidad pública?
Lo ocurrido supone no reconocer el beneficio que tiene para toda la sociedad contar con una organización que promueve la salud sexual y reproductiva. Pero también supone estigmatizar a quienes son una pieza clave en el apoyo a la formación e intervención social preventiva en materia de sexualidad y reproducción.
Revocar la utilidad pública de la FPFE es colocarse contra la eficiencia, la rigurosidad, el buen hacer de quienes, desde hace décadas, vienen trabajando en España para educar en salud, para prevenir embarazos no deseados, para combatir las infecciones de transmisión sexual y en definitiva para ayudarnos a todos/as a cumplir con los objetivos que en esta materia se impone la OMS: “tener un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, y hacerlo placenteramente con seguridad y libres de toda coacción, discriminación y violencia”. ¿O quizás sea esto lo que el PP no considera de utilidad pública?
Cuando un gobierno hace suyas, y pretende imponer a todos/as, las premisas de organizaciones religiosas solo cabe que nos reafirmemos en la idea de que, para consolidar los derechos, es esencial (y urgente) habilitar principios constitucionales que hagan realidad que el Estado se libere de las influencias religiosas.

sábado, 28 de mayo de 2016

LA FALSA "TRANSICIÓN" del régimen dictatorial tiránico y sanguinario franquista, ni fue transición ni medélica. Entrevista a Daniel Feierstein, uno de los mayores expertos en el estudio y análisis de las prácticas genocidas que asolaron al mundo en el siglo XX

Entrevista a Daniel Feierstein, uno de los mayores expertos en el estudio y análisis de las prácticas genocidas que asolaron al mundo en el siglo XX
"Parte del objetivo de la Transición fue que no se transformara el orden que levantó el genocidio franquista"

Público.es

Daniel Feierstein es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y como director del Centro de Estudios sobre Genocidio y de la Maestría en Diversidad Cultural, ambos en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es experto independiente por las Naciones Unidas para la elaboración de las Bases de un Plan Nacional de Derechos Humanos argentino.
Describir la trayectoria profesional de Daniel Feierstein (Buenos Aires, Argentina, 1967) ocuparía más líneas que paciencia tiene el lector para leer cargos, títulos y publicaciones varias. Una manera breve de resumir la importancia del personaje pasa por señalar que Feierstein es uno de los mayores expertos en el estudio y explicación de las prácticas genocidas que asolaron al mundo durante el siglo XX.

Recibe a Público antes de participar en una mesa redonda en la librería Traficantes de Sueños de Madrid sobre los crímenes de la dictadura franquista. Antes de llegar a la capital de España ha ofrecido conferencias en Londres, Atenas y Barcelona, entre otros lugares. La conversación con Fierstein, no obstante, corre el riesgo de derivar en complejos conceptos y referencias a tratados internacionales y/o convenciones de las Naciones Unidas. Es un riesgo.

El objetivo de la entrevista, sin embargo, pasa por aclarar conceptos básicos y fundamentales para conocer más y mejor la historia reciente de España. ¿Qué es un genocidio? ¿Cometió el franquismo un genocidio en España? ¿Repercute en la actualidad española aquel genocidio?
¿Cometió el franquismo un genocidio en España?

Sin duda. En los dos sentidos: en el sociológico y en el jurídico. En el sociológico, el eje del genocidio es la destrucción de la identidad de un pueblo y creo que está muy claro que en el caso español se buscó destruir la identidad del pueblo español. Y en el sentido jurídico del término también se puede decir que existió un genocidio porque la Convención sobre Genocidio de la ONU incluye la intención de la destrucción parcial de un grupo nacional. Y aún cuando no deja claro si el grupo nacional puede ser el mismo entre los perpetradores y las víctimas, y está abierto a interpretación, creo que en el caso español es absolutamente interpretable que el objetivo del franquismo fue destruir parcialmente el grupo nacional español. Querían transformar España a través del terror.

La Convención sobre el genocidio señala que se trata de la destrucción total o parcial de un "grupo nacional, étnico, racial o religioso". Hay quien interpreta que en España no hubo genocidio porque se trata de una lucha fratricida entre miembros de un mismo grupo nacional.
Exacto. Esa es la discusión. Pero la idea de que hay dos grupos es la idea del genocida. Todos los genocidios siempre se implementaron para transformar al propio grupo. El nazismo pretendió transformar Alemania y después transformar a Europa. Y convencer a la población de que había determinados grupos que no formaban parte del grupo nacional. Y esto fue lo que sucedió en España. Los genocidas planteaban que los rojos no formaban parte del grupo y por eso tenían que ser expulsados, erradicados. Todos los genocidios son intentos de transformar al propio grupo.
El Gobierno español y la Justicia han dicho que en España no hubo genocidio. Y ante esta posición parece que estamos ante el eterno debate de dos posturas enfrentadas y sin una verdad. ¿Cómo explicar que sí hubo un genocidio?
El Gobierno español impide la discusión. Para decir que sí o que no hubo un genocidio hay que abrir las causas y un Tribunal tiene que analizar las evidencias, escuchar a los testigos, que pueda tomar pruebas históricas del caso y luego, analizando la Convención sobre Genocidio, dirimir si lo hubo o si no lo hubo. Cuando alguien impide la discusión no está diciendo que no hubo genocidio sino que lo que está diciendo es que no se puede discutir el asunto.
¿El genocidio es sólo el asesinato de miles de personas?
El genocidio es principalmente la matanza de miembros del grupo pero tiene cinco acciones: la matanza; el sometimiento del grupo a condiciones que provoquen su destrucción; las lesiones al grupo tanto físicas como psíquicas; impedir los nacimientos dentro del grupo; y transferir los hijos del grupo que sufre la represión al otro grupo que la aplica. En España se han dado las cinco acciones. Hay genocidios, condenados, que sólo han implementado dos o tres de estas acciones. España implementó los cinco ejes de la Convención de la ONU. Por eso, la decisión de la Audiencia Nacional contraviene toda la normativa internacional. Habría que revisarla y ponerlo a discusión con juristas internacionales.
Un argumento habitual es que la izquierda también cometió asesinatos y que, por tanto, también habría cometido un genocidio.
La gran diferencia es el control del monopolio de la violencia. Esto es: quién tiene la capacidad de llevar a cabo determinadas acciones organizadas sistemáticamente. En estos casos, hay dos cuestiones a analizar. La primera es si había un aparato de poder con la capacidad de monopolio de la violencia para implementar esas acciones genocidas. En segundo término, tener en cuenta el riesgo que implica equiparar las acciones de quienes llevan a cabo un plan sistemático de destrucción de quienes resisten ese plan sistemático de destrucción. Esta equivalencia es muy dañina para la sociedad porque pone en un plano de igualdad lo que de ninguna manera puede ser igual.
En España lo que había era un gobierno democrático elegido por la población con su determinado porcentaje de votos y una oposición, que disentía de este Gobierno y apostaba por otra opción política con un determinado porcentaje de voto. En esta situación, hubo un golpe de Estado militar que a través de la violencia y el terror intenta destruir esa experiencia política. Estas dos situaciones no son equivalentes. Lo que no quiere decir que no tenga que ser revisado políticamente, moralmente, las acciones de la República española o de determinados grupos de izquierdas que defendían a la República. Creo que sí merece ser revisado, pero que la Justicia no es el lugar, pero sí un debate político que puede ser enriquecedor.
¿Se puede afirmar, sin ninguna duda, de que las élites militares y políticas que prepararon el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 tenían un "plan sistemático de destrucción" del adversario?
Sin duda. Está muy claro. Es un trabajo de la Justicia el comenzar a revisar documentos militares del franquismo y comenzar a abrirlos a la discusión para ver el papel que tuvo el terror en esta transformación social que acometieron.
Dice que el objetivo de un genocidio es eliminar la identidad de un pueblo e imponerle la identidad de las élites. ¿España sufre aún los efectos de ese genocidio de hace 80 años y de la imposición de la identidad de la élite al pueblo?
España es uno de los casos paradigmático donde se siente el efecto en la actualidad. Todo genocidio tiene sus niveles de efectividad y de logros, pero me parece que el caso español destaca por la imposibilidad de abrir la discusión. España y Turquía son los dos casos donde fue más difícil abrir una discusión colectiva. No sólo jurídica. Sino incluso una discusión social y política sobre lo que ocurrió. Esto tiene que ver con varios efectos: lo extensa de la dictadura franquista, que atravesó a varias generaciones. El otro elemento que no se tomó en cuenta suficientemente es la importancia de la apropiación sistemática de menores que se calcula en no menos de 30.000 casos. Es inconcebible. En Argentina hubo alrededor de 500 y se considera una barbaridad. Esto es importante porque atraviesa con el terror a toda la segunda generación. De tener siempre la duda con el origen. Es un elemento fundamental para entender el silencio de la Transición. La mayoría de los casos históricos logran determinados efectos pero cuando termina el régimen que lo implementó comienzan a abrirse discusiones a veces con la posibilidad de plantear acciones jurídicas.
En España hasta los 90 no se abrieron con cierta fuerza los debates sobre el pasado. Tenemos 20 años de Transición con una especie de pacto de silencio particularmente emblemático. Es algo para revisar en el presente y plantearse cuáles fueron los elementos del caso español que generaron tanto nivel de silencio y aún hoy tanta insistencia en que no hay que mirar para atrás, en que la Transición debe ser rescatada, que fue el modo de pacificar el país... Estas peticiones consisten en asumir los objetivos de los genocidas muchos años después y dentro de un un régimen muy distinto de lo que fue el régimen genocida.
¿Una de las consecuencias es que esas mismas élites pueden seguir en una situación de poder privilegiada que se ganó con las armas durante la Guerra Civil?
Sí. Pero el poder no es sólo seguir gobernando. Se trata de que la transformación de la sociedad no se toca. En ningún nivel. En general, podríamos decir que ha sido difícil tocar las transformaciones de la sociedad después de un proceso genocida. Parte del objetivo de la Transición fue que no fuera transformado el orden económico, que no fuera transformada la Justicia, el orden político... que los cimientos que levantó el genocidio a través del terror no se puedan discutir. Y eso está en la base de la idea de la reconciliación. Siempre plantean la reconciliación en los términos del genocida, que no se pueda tocar o cuestionar nada de lo que el genocidio construyó. Este es el desafío fundamental para la sociedad española: el revisar toda la estructura concebida por las autoridades genocidas.
Un ejemplo: cuando finaliza la dictadura de Argentina los organismos de derechos humanos señalaron que había que dar de baja a todos los jueces, a todos los funcionarios que habían trabajado en relaciones exteriores avalando al gobierno militar. A toda la estructura del Estado que habían participado en el genocidio. Esto implicaba poner en cuestión el aparato y el presidente, que era Alfonsín, dijo que no había suficientes jueces para nombrar si había que sustituir a los jueces que habían colaborado. La respuesta de los organismos de derechos humanos fue muy sólida. Les dijo que cualquier estudiante, cualquier abogado joven sería infinitamente mejor que un juez que había desarrollado su acción durante un genocidio. Este es el gran desafío para cualquier sociedad tras un proceso genocida.
Ahora se habla mucho de cambio político, ¿es necesario revisar nuestro pasado para poder cambiar España?
España tiene una gran oportunidad ante sí para poner en cuestión todo ese proceso de Transición. La pregunta es si esa oportunidad va a ser aprovechada o no. Si este nuevo proceso lo que va a hacer es simplemente cambiar algunos discursos y sostener esa estructura de impunidad y esa estructura política construida por el terror o si se va a animar a abrir la discusión y a ponerlo en cuestión. Ese es el gran desafío de España en el presente. Puede ser una oportunidad. La estructura política española ha comenzado a estar en jaque y la pregunta es si habrá fuerza política para ponerla realmente en cuestión. Ese es el desafío del presente.
Desde el Partido Popular están lanzando el mensaje de que cuidado que vienen los rojos, los comunistas, los radicales, en definitiva. ¿Esto tiene que ver con aquel genocidio fundacional del que habla?
Claro. Es apelar a ese terror. La pregunta es si ese terror seguirá siendo efectivo o no cuarenta años después del fin del régimen de terror. Hay dos generaciones, como mínimo, actuando más. Este es el gran desafío. Apelan al terror de hace 80 años, pero, ¿será efectivo aún? La trampa sería si esos sectores políticos que reciben los ataques quisieran desprenderse de esa actuación y tratar de pactar con los autores ideológicos de ese proceso genocida para demostrar que no son disruptivos y que no van a llevar a cabo ninguna transformación ni a poner en cuestión el orden político de la Transición.
En España, para las víctimas de la dictadura y las asociaciones memorialistas, Argentina es una referencia. No sólo porque ha abierto la única causa judicial que investiga a la dictadura de Franco sino porque están revisando y juzgando su propio pasado. ¿Qué está pasando ahora con este proceso con el Gobierno de Macri?
El Gobierno de Macri es un retroceso en Argentina e implica un intento de destruir algunas conquistas de la última década. No obstante, en este campo precisamente, las conquistas no han sido realizadas por un gobierno y sí por una lucha social. Por tanto, les resulta más difícil revertirlo. Ha habido un desmantelamiento de algunas áreas específicas o el intento de reponer a algunos represores en puestos públicos, pero no ha sido Macri el único. El jefe del Ejército del gobierno anterior tenía vínculos con el régimen genocida también. Me resulta llamativo, en el buen sentido, pese al retroceso que implica el gobierno de Macri, que no se ha puesto en cuestión el proceso de juzgamiento porque tiene un nivel de apoyo popular que implicaría un desgaste importante.
¿Macri tiene vínculos con la élite golpista?
Macri tiene relaciones con sectores vinculados, más que con los golpistas, con los sectores económicos que estuvieron detrás del proceso genocida sosteniéndolo, participando en algunos casos directamente y beneficiándose de ese proceso. No sólo tiene vínculos sino que él mismo es el hijo de un empresario que se hace millonario en los negocios estatales con la dictadura militar.
A largo plazo, ¿está planteando el macrismo una batalla por la memoria?
Sí. Justo. Y es una estrategia más inteligente. En lugar de avalar la impunidad y asumir la defensa directo de los represores, lo cual implicaría un costo político altísimo, lo que está haciendo es retrotraer la discusión a comienzos de los años 80 e intentar reinstalar la teoría de los dos demonios. Es lo mismo que sucede en España: plantean que la memoria debe ser completa y que es cierto que hubo hechos muy graves de los represores pero que también habría que revisar los hechos cometidos por los grupos de izquierdas. La política del macrismo tiende a eso. A la igualación de las víctimas y los victimarios. Esto es algo que tiene mucha fuerza en España y que era absolutamente marginal en Argentina y que ahora comienza a cobrar fuerza gracias al apoyo gubernamental.
Entiendo que es una estrategia que busca captar a los más jóvenes. A los que no vivieron la dictadura.
Absolutamente. Lo que buscan es esta igualación con mucho trabajo 'periodístico', sin sustento histórico, que busca distorsionar la historia con esta igualación. Esto ha sido bastante fuerte durante los últimos tres o cuatro años en Argentina. Es decir, antes del triunfo del Gobierno de Macri. Hay una verdadera campaña de bombardeo a la población con el intento de equiparar.
Fuente: http://www.publico.es/politica/genocidio-espanol-transicion-franquista.html