SI PODEMOS, AUNQUE NO QUIERAN LOS SINDICATOS OFICIALISTAS
DEL RÉGIMEN CAPITALISTA, Y LAS SUPUESTAS ORGANIZACIONES QUE SUPUESTAMENTE SE
AUTODENOMINAN DE “IZQUIERDAS” (sic), que de izquierdas tienen lo que yo de
“budista”, HAY QUE CONVOCAR UNA ¡HUELGA GENARAL YA! LO DEMANDAN URGENTEMENTE
LOS OBREROS, LOS TRABAJADORES DE TODOS LOS SERVICIOS, LOS ESTUDIANTES, LOS
PROFESORES Y TODA LA CIUDADANÍA EN
GENERAL, O PARAMOS LOS PIES A ESTE GOBIERNO NACIONAL-FASCISTA, O NOS DEVUELVE NUESTRAS VIDAS A LA TIRANIÁ
SERVILISTA-ESCLAVIZANTE DEL MEDIEVO
La
profundización de la crisis económica capitalista, unida a la política de
recortes de la derecha, está llevando la sociedad hacia una catástrofe. Ciñéndonos
al problema más grave para las familias trabajadoras, el del desempleo, éste ya
afecta a 6.202.700 personas y supera el 27% de la población activa, según la EPA del primer trimestre de
2013 (frente a 1.760.000, 8,5%, en 2007). La mitad de los parados ya son de
larga duración; el número de hogares con todos sus miembros en paro roza los
dos millones y la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es del
57,2%.
Mientras la situación se hace cada vez más
insoportable para la mayoría de la gente, el gobierno del PP, con su nuevo Plan
Nacional de Reformas, sigue ahondando en su política de recortes y atropello de
derechos sociales conquistados. Inmediatamente después de la reunión del
consejo de ministros del viernes 26 de febrero (momento en el que se escribe
este editorial) la portavoz del gobierno ha pospuesto para una futura
comparecencia de Rajoy la información detallada de las nuevas medidas, pero ha
señalado algunos puntos que, traducidos al lenguaje normal, implicarían lo
siguiente: nueva vuelta de tuerca en el recorte de las pensiones (probablemente
un aumento de la edad de jubilación más allá de los 67 años, desvinculación del
IPC y más tiempo de cotización para cobrar la totalidad de la pensión); un
nuevo incremento de los impuestos indirectos (presentado bajo el eufemismo de
“fiscalidad medioambiental” y nuevas “tasas medioambientales”); congelación
indefinida de los salarios en la administración pública; más desgravaciones
fiscales para los empresarios y los inversores extranjeros; una nueva
modificación de la reforma laboral; impulso a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
que obliga a todos los ayuntamientos a aplicar un programa de recortes (ver
artículo específico en la página 8) y nuevos recortes del gasto social para
conseguir el “saneamiento de las cuentas públicas, sobre todo de la Seguridad Social.
Un gobierno débil y deslegitimado
La determinación del gobierno del PP, con el
respaldo implícito de CiU y del PNV, de seguir con esta guerra emprendida
contra los trabajadores y sus derechos no se deriva, por su puesto, de su
legitimidad ni de su apoyo social. Por el contrario, el gobierno de Rajoy es un
gobierno débil y profundamente desgastado. Lo que impulsa la acción de la
derecha es la defensa acérrima de los intereses del capital financiero (tanto
internacionales como domésticos) y de las grandes empresas. El objetivo
esencial del gobierno del PP es garantizar el pago de intereses a la banca y
reducir los costes salariales para que los empresarios puedan compensar la
caída de beneficios derivada de la recesión. En ese sentido, la gestión del PP
está siendo un auténtico éxito.
Claro que les preocupa la crisis y sus efectos sociales, precisamente por ello se están preparando meticulosamente para enfrentarse a una contestación social y política cada vez más intensa por parte de los trabajadores y de la juventud. Lo están haciendo intensificando la campaña de criminalización con los sectores más combativos de la izquierda organizada, sea el Sindicato de Estudiantes o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que se acusa sistemáticamente de “terrorismo”. Con ello excitan y dan cobertura política a los sectores más reaccionarios del aparato represivo del Estado y preparan el terreno para justificar más medidas restrictivas en el ámbito de los derechos democráticos. Cualquier expectativa de que vayan a cambiar de rumbo, por el fracaso a la hora de propiciar la recuperación económica o por la pérdida de apoyo social, está completamente infundada. El PP ha asumido totalmente su función de destruir la máxima cantidad posible de derechos conquistados e intentará agotar la legislatura con este objetivo. Un gobierno profundamente impopular, que suscita la antipatía cuando no la hostilidad de una amplia mayoría social, puede mantenerse, aun suspendido en el aire, si no se le opone una estrategia de lucha y movilización consecuente que lleve a su caída, y esta es la principal responsabilidad de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda.
Por una nueva huelga general
En los pasados años, pero particularmente en los últimos
dieciocho meses, se ha producido un clarísimo incremento de la movilización
social, de la conflictividad sindical en las empresas, de la implicación de
decenas de miles de trabajadores y jóvenes a la lucha organizada y sobre todo
de un cuestionamiento del sistema capitalista y de las instituciones que lo
sostiene. Las condiciones para poner fin a la pesadilla del gobierno del PP son
mejores que nunca, incluso superiores a las que llevaron a la caída de Aznar en
2004.
Realmente, el punto de apoyo más importante de la derecha se lo suministran los continuos balones de oxígeno de los dirigentes sindicales y del PSOE. Tan reciente como el 25 de abril, en un acto en Tarragona, Toxo hacía un llamamiento al Consejo de Ministros del día siguiente a que hiciera “un alto en el camino y no plantee más reformas estructurales, sino que aproveche para convocar un encuentro entre la sociedad, partidos, empresarios y sindicatos para alcanzar un gran acuerdo nacional sobre el empleo”. Es posible que dicha propuesta haya provocado alguna risa en la reunión del Consejo de Ministros; en todo caso, lo que es seguro es que les ha reafirmado todavía más en que es el momento de aumentar la política de recortes. Lo que tendrían que haber hecho Toxo y Méndez, en vez se seguir anclados en la letanía de los pactos y consensos que la derecha interpreta como una clara señal de debilidad, es haber anunciado ya una huelga general, siguiendo el ejemplo de la ya convocada en Euskal Herria para el 30 de mayo. Una huelga general que incluyera la exigencia de dimisión del gobierno, convocatoria de elecciones anticipadas, la formación de un gobierno de izquierdas para echar atrás todas las medidas que el PP ha impuesto en su año de gobierno y la defensa de una alternativa a la crisis que pase por la nacionalización de toda la banca, para que los recursos sociales no sean dilapidados por los intereses de una ínfima minoría sino puestos al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad. Izquierda Unida, que sí está adoptando una política beligerante contra los recortes y la ofensiva criminalizadora del PP, que sí ha exigido la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones, tiene una gran oportunidad de crecer y desarrollarse, y situarse al frente de una amplia rebelión social que lleve a la transformación socialista de la sociedad. No hay otro camino en la defensa de los derechos más elementales de la clase obrera. Sí podemos, aunque no quieran. ¡Únete a la corriente marxista El Militante! |
Sociología ideológica
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