Por ello, el SAT defiende que esas tierras que fueron 
expropiadas «y que estaban en manos del Gobierno legítimo» pasen de 
nuevo a ser propiedad del Ejecutivo regional, ya que calculan que son 
800.000 hectáreas, el 10 por ciento de todas las tierras de Andalucía.
Aunque acaban de iniciar el proceso, que ahora perfilarán 
con sus abogados, Cañamero ha informado de que van a hablar con todos 
los partidos políticos y que están dispuestos a llegar «a donde haga 
falta». La primera opción del SAT es acordarlo con IU, aunque también lo
 van a hablar con el PSOE «e incluso con el PP», y si no obtienen 
resultado intentarán hacerlo como una iniciativa legislativa popular en 
el Parlamento de Andalucía, para la que hace falta recoger 40.000 firmas.
Ha explicado que han escogido la finca de Moratalla porque 
se trata de un lugar «emblemático» que en agosto de 1933 fue adquirido 
por el Gobierno de la República, y se ha quejado de la 
importante presencia de la Guardia Civil, ya que, según ha dicho, había 
un «batallón« con alrededor de un centenar de agentes frente a varias 
decenas de militantes del SAT.
 
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