Murcia: Querella del fiscal al agente antidisturbios sospechoso de patear a un manifestante
por Ricardo Fernández.
Después de casi un año de investigación se ha establecido la
identidad del presunto agresor, acusado de un delito de lesiones. Pateó
en el rostro a Carlos Gorairis, un miembro de la Plataforma contra los
Desahucios.
Después de casi un año de investigación, y tras haber
tomado declaración en calidad de imputados a una decena de agentes de la
escala básica, suboficiales y mandos del Cuerpo Nacional de Policía, la
Fiscalía Superior de la Región ha conseguido determinar la identidad
del policía antidisturbios que presuntamente, al final de una jornada de
protestas, pateó en el rostro a Carlos Gorairis, un miembro de la
Plataforma contra los Desahucios. La víctima sufrió graves lesiones, que
obligaron a intervenirlo quirúrgicamente y que lo mantuvieron
hospitalizado durante varios días.
Los hechos se produjeron en el transcurso de la jornada de
huelga general del 14 de noviembre de 2012, cuando decenas de miles de
ciudadanos se echaron a la calle para protestar contra los recortes del
Gobierno de Mariano Rajoy, exigir otra política económica y la
convocatoria de un referéndum.
La gran movilización obligó a desplegar por las calles a
1.400 efectivos policiales para evitar incidentes graves. El objetivo
parecía estarse cumpliendo hasta que a las 13.20 horas, poco después de
que un piquete hubiese forzado el cierre de puertas de El Corte Inglés,
un grupo de manifestantes se replegó hasta la calle Bando de la Huerta,
donde seguían negándose a disolverse. Los activistas, entre los que se
encontraban miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), profirieron consignas e insultos hacia los agentes, que les
conminaron a su vez a marcharse del lugar. Ante su resistencia, la
Policía inició una carga para forzar la disolución de la protesta, pero
con lo que nadie contaba era con que uno de los antidistubios
aprovechara la caída de un manifestante para golpearle al menos en dos
ocasiones con la porra, cuando se encontraba indefenso en el suelo, y
asestarle una brutal patada en pleno rostro.
La víctima, más tarde identificada como Carlos Gorairis,
quedó inconsciente y sangrando de manera abundante. Fue trasladado hasta
el hospital Virgen de la Arrixaca, donde se le diagnosticaron varias
fracturas de los huesos propios de la cara. Tuvo que ser intervenido en
quirófano.
La Fiscalía interviene
Las imágenes de vídeo tomadas por dos vecinos de la calle
Bando de la Huerta, en las que se apreciaba con claridad la bestial e
injustificada agresión al manifestante, movieron al fiscal superior de
Murcia, Manuel López Bernal, a ordenar la apertura de diligencias
informativas para tratar de averiguar la identidad del agresor y
establecer, a la vez, si podían existir responsabilidades penales por
parte de otras personas.
A lo largo de más de diez meses han pasado por la Fiscalía
una decena de policías de todas las escalas, que han prestado
declaración en calidad de imputados, así como un numeroso grupo de
testigos. Finalmente, la investigación se ha plasmado en una querella,
que fue presentada días atrás por el fiscal y que ha correspondido por
reparto a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia,
Marifé Tabasco.
Las responsabilidades penales las limita el fiscal, al
menos por el momento, a un agente de la escala básica, perteneciente a
la Unidad de Seguridad Ciudadana, quien ha sido identificado como el
presunto autor material de la agresión. Le imputa un delito de lesiones,
que es el cargo concreto por el que se ha iniciado el procedimiento.
Culpa individual
El resultado de la investigación descarta a priori que la
agresión sufrida por un manifestante fuera consecuencia de una orden
cursada por los mandos, en el sentido de actuar con especial
contundencia, y apunta a que se trató de un exceso por parte de un
agente, quien habría actuado con mala praxis profesional, de manera
desproporcionada y sin justificación alguna.
La identificación de este policía ha sido posible, en buena
medida, gracias a las gestiones realizadas por la propia Jefatura
Superior de Policía, que desde el primer momento se implicó en
establecer qué agente podía haberse excedido en su actuación. Llegar a
saber su identidad constituyó una ardua tarea, ya que todos los policías
llevaban el rostro protegido por los cascos reglamentarios y, por ello,
las imágenes tomadas por dos vecinos no hacían posible reconocer sus
rasgos.
Solo fue posible conocer de quien se trataba gracias a las
declaraciones de sus mandos y de algunos compañeros que tomaron parte en
la carga para disolver al grupo de manifestantes, así como mediante un
detallado análisis de los movimientos de cada uno de los antidisturbios.
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirmaron ayer a
'La Verdad' que el sospechoso fue apartado inmediatamente de las labores
que venía desempeñando hasta ese momento y que, de manera cautelar, se
le ha destinado a funciones muy diferentes. También explicaron que tiene
abierto un expediente disciplinario desde hace meses, aunque éste se
encuentra paralizado a la espera de que exista una resolución judicial.
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