Valcárcel ha
anunciado su inminente dimisión como presidente del gobierno de la Comunidad de
Murcia para presentarse a las próximas elecciones europeas, y ha señalado
claramente a quien quiere de sucesor. Mientras ha buscado una solución
provisional -Garre- que le permita ganar tiempo.
Esta forma de actuar,
propia de un partido caudillista que no practica la democracia interna, se ha
visto dificultada por la condición de imputado del verdadero elegido para
sucederle (que sin embargo no le ha impedido hasta ahora, como al también
imputado consejero de Agricultura, ser miembro del gobierno
regional)
En todo caso el
procedimiento, siendo legal, es muy poco legítimo. La respuesta democrática a
esta sucesión deberían ser unas elecciones anticipadas coincidentes con las
próximas elecciones europeas.
Valcárcel ha estado
19 años al frente del gobierno murciano, gobernando con mayoría absoluta. Se
niega ahora a abrir un debate institucional y público sobre lo que ha
significado esta larga etapa de gobierno.
Pero lo hechos son
inocultables: los sucesivos gobiernos del PP en Murcia han arrastrado a la
región a la mayor crisis de su historia. Esta crisis, que empezó siendo
económica, es ahora sobre todo una crisis social y una crisis
política.
Valcárcel y el PP
murciano, máximos responsables políticos del impulso al ciclo inmobiliario
especulativo que vivió Murcia por más de una década, lo es también de la
profunda crisis a que condujo el estallido de la burbuja
inmobiliaria.
LAS CIFRAS DE UN
FRACASO
Las cifras
espectaculares que dibujan esta crisis son el exponente del inmenso sufrimiento
que se ha extendido en pocos años por la sociedad murciana, y son el emblema del
fracaso del pacto de interés de las élites - políticas, económicas, financieras-
que han dirigido la región todo este tiempo.
En estos años el paro
ha llegado a más de 200.000 murcianos (de los que sólo 78.000 tienen
prestaciones), que representan más del 29% de la población activa; un 57% de los
jovenes menores de 25 años están desempleados; Murcia es la segunda región que
más se ha empobrecido (un 8,5 de pérdida entre 2008 y 2013); la renta familiar
ha caído un 22%, el PIB per cápita ha descendido un 11,4%; es la segunda región
com peor ingreso anual medio por persona; casi 20.000 familias (60.000 personas)
no tiene ningún ingreso; y la brecha salarial entre directivos y el resto de
empleados es la mayor del país (75.527 euros frente a 16.476). Murcia, con una
disminución del 9,61%, es la comunidad que más empleo público destruyó entre
abril de 2011 y abril de 2013.
En 2012 la tasa de
precariedad (las familias son ingresos iguales o inferiores a 12.000 euros
brutos anuales) llegaba al 48%, casi la mitad de los
murcianos.
El gobierno ha
fracasado en el objetivo de reducir las distancias que nos separan de la media
de riqueza española: en 1995 la renta per cápita era el 82,6% de la española,
pero en 2011 había bajado al 82,2%.
Uno de cada cuatro
hogares vive, según CCOO, de un jubilado; la pensión media de jubilación es la
tercera más baja del país; Murcia es la región con mayor porcentaje de población
"con mucha dificultad para llegar a fin de mes" (un cuarto de la población), la
primera cuyas familias no pueden permitirse una semana de vacaciones al año
(63,6%); la primera en número de hogares que se retrasan en los pagos sobre su
vivienda principal (casi un 20%); y la tercera peor en porcentaje de familias
que no pueden hacer frente a gstos imprevistos (53,3%).
La población en
riesgo de pobreza y exclusión llega al 36,9%, o sea, más de 500.000 personas
(más de ocho puntos por encima de la media española); también estamos en cabeza
en menores en riesgo de pobreza infantil (con respecto al umbral nacional, hasta
el 39,4%). Mientras se suceden los desahucios: las familias desahuciadas se
multiplicaron por diez en la región durante la crisis, según datos del TSJ. En
los últimos cinco años hasta 3.400 familias murcianas perdieron sus casas , al
tiempo casi 130.000 vivendas permanecen vacías en la
región.
La región está
presupuestariamente quebrada. Llevamos años vivendo del aumento de la deuda
autonómica, que se ha disparado estos años hasta casi los 6.000 millones (de
2007 a 2013 el aumento ha sido del 762%).
Los sucesivos planes
de ajuste han representado duros recortes sobre los servicios y prestaciones
públicas. Sólo en 2013 la sanidad regional perdió el 12,8% de su presupuesto,
mientra educación perdía el 9%, y la política social hasta un 26%. La pérdida
acumulada en educación durantre la crisis representa ya el 20% del presupuesto
educativo.
Cada día 7 murcianos
abandona la región hacia el extranjero por la crisis. La economía sumegida llega
al 26,3% del PIB según Gestha, lo que representa cada año 7.000 millones
opacos.
Para terminar, el
gobierno ha anunciado un nuevo ajuste presupuestario a fin de reducir el
déficit, el mayor del país, que supondrá un nuevo recorte regional de 300
millones de euros en 2014. Después de los recortes ya introducidos, el daño que
este nuevo hachazo puede suponer para la sociedad es inmenso e
inasumible.
LA PLAGA DE LA
CORRUPCIÓN Y EL COSTE DEL MAL GOBIERNO
Pero junto al
desastre económico y social el gobierno del PP debe atribuirse otro indiscutible
baldón: la extensión de una corrupción política de carácter estructural que ha
socavado la credibilidad de casi todas las instituciones públicas de la
región.
Varios consejeros y
ex-consejeros y un sinfin de alcaldes y concejales, incluidos bastantes del
PSOE, amen de decenas de cargos intermedios y técnicos de confianza política se
han visto implicados como imputados en la larga lista de procesos contra la
corrupción abiertos por la justicia en la región. En conjunto supone el mayor
ciclo de corrupción de toda la democracia, con un efecto corrosivo sobre la
sociedad que se expresa en términos de rabia como de desafección
política.
Además la corrupción,
asociada a las mayorías absolutas, la falta de transparencia y control, y las
posibilidades que abría el boom inmobiliario, han venido acompañadas de
despilfarro y mala gestión, de mal gobierno.
El mal gobierno no es
sólo un problema de ética pública y de baja calidad democrática. El uso
ineficiente, impropio o ilegal de los recursos públicos, que daña a la sociedad,
tiene también un valor económico, y es muy sangrante cuando la situación es
crítica para un amplio sector de la sociedad.
De la televisión
autonómica (más de 250 millones de euros invertidos) al aeropuerto son aviones
(no menos de 220 millones de euros), pasando por los sobrecostes de la autovía
del Noroeste (de la que terminaremos por pagar tres veces su precio), la
innecesaria desalinizadora de Escombreras (por la que se reclama al gobierno 550
millones), o los despilfarros del consejero Cruz, entre otros proyectos, son el
exponente del mal gobierno de la región en la era de las mayorías conservadoras
aplastantes.
EL MISMO GOBIERNO Y
LA MISMA POLÍTICA SÓLO PRODUCIRÁ MÁS DOLOR SOCIAL
¿Quién puede creer
que los que nos han traido hasta aquí nos van a sacar de donde estamos? Sin
reconocer los errores y la mala gestión de estos años no hay salida. Pero el
gobierno del PP es incapaz de estos reconocimientos. Antes al contrario, expresa
su voluntad contumaz de reiterar las políticas fracasadas: la apuesta por los
grandes proyectos (El Gorguel, el Parque de la Paramount, el Aeropuerto de
Corvera, etc.) es la confirmación de que no se ha entendido
nada.
Los recortes en
educación y universidades, en investigación e innovación, la falta de política
industrial, de apuestas serias por la defensa del territorio y una política
energética y ambiental sostenible, por un papel público mucho más activo en la
creación de empleo, junto al desmantelamiento acelerado de la política social y
el deterioro de los servicios públicos, son los exponentes de una política que
no puede continuar.
El empeño del
gobierno del PP en continuar la misma política, esperando la menor oportunidad
para retomar los proyectos aparcados, indican con claridad que es ha llegado la
hora de desalojarlos del poder. La región no puede permitirse este gobierno por
más tiempo si no quiere verse arrojada a situaciones extremas de fractura social
que están dejando a cientos de miles de personas abandonadas a su suerte sin
recursos algunos.
LA SOLUCIÓN NO ES
CAMBIAR DE PRESIDENTE
El gobierno del PP
por casi dos décadas ha destrozado el débil estado social que la etapa
democrática ha construido en Murcia. Además, ha dejado sin un horizonte claro a
la región. Salir de aquí va a costar mucho tiempo y mucho dolor social. Y salir
rediciendo las hondas desigualdades no lo puede hacer más que otro gobierno con
otro proyecto.
Por eso cambiar
parlamentariamente de gobierno no es sino ganar tiempo y profundizar en los
problemas. Lo que necesitamos en este momento de incertidumbre y marasmo social
es un verdadero cambio político.
Necesitamos devolver
la palabra a los ciudadanos, a través de unas elecciones regionales anticipadas
coincidentes con las europeas de mayo.
De esas elecciones ha
de salir una nueva mayoría capaz de definir dramáticamente otro horizonte para
Murcia, que incluya a la mayoría social y reordene las prioridades regionales,
atendiendo en primer lugar a los más necesitados.
Convocatoria por el
cambio hace un llamamiento a las organizaciones políticas y sociales de la
región de Murcia, y a la ciudadanía en general para forzar democráticamente, con
la movilización social y la convergencia política, el cambio que ya se hace
inaplazable y que debe empezar por la exigencia de unas elecciones anticipadas
para renovar la representación de los ciudadanos.
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