“Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe,
constructoras como Entrecanales, San
Román, Huarteo Banús,
mineras como Duro, Babero,
transformadoras de metales como Babor
Wilckok,Astilleros
de Cádiz, La
Maquinista Terrestre“. Una relación que el director científico del
proyecto Todos (…) los nombres,
José Luis Gutiérrez Molina, completa con “órdenes religiosas, ayuntamientos,
confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o
gubernativas”. “¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados,
en Andalucía más de 100.000″, enumera. Los derrotados, “botín de guerra” para
las fuerzas golpistas.
Eran “trabajadores, jornaleros y campesinos”, en gran parte, y debían
cargar con el “esfuerzo de la reconstrucción” del país. Una tarea abierta hasta
1956 que el coautor del libro El
Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la
explotación económica cuantifica en “al menos 800 millones de euros”. “Desde
el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta
Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios
que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos”.
El anteproyecto
de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): “Reparación
por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará
actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y
resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados
en su beneficio”. El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce
la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la
participación de las empresas implicadas.
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