El 17% de los hogares tiene dificultades para pagar las facturas mientras las compañías eléctricas mantienen grandes beneficios
La factura eléctrica en su laberinto
Hace años que el recibo de la luz es un arcano, un misterio insondable para la gente corriente. Pero en los últimos tiempos, con las subidas exorbitantes, se da una creciente interés por descodificar este gran enigma. Poco a poco, los paganos de la factura empiezan a familiarizarse con terminología esotérica como “déficit de tarifa”, “costes de transición a la competencia”, “peajes eléctricos” o “subastas CESUR”. El esfuerzo de organizaciones de consumidores, ecologistas y algunos periodistas y economistas críticos contribuye a descifrar el entramado.
En una conferencia titulada “Poderes, recibo de la luz y medio ambiente”, celebrada en el centro social Ca Revolta (Valencia), el miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción, portavoz de las campañas antinucleares de la organización ecologista y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Francisco Castejón, ha realizado su aportación a desvelar el enigma. Las ideas expuestas por el investigador del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) pueden hallarse en el artículo “El recibo de la luz y el abuso en el sistema eléctrico”, publicado en “Página Abierta” (revista de la federación Acción en Red), en el número 230 correspondiente a enero-febrero de 2014.
“Esta historia empieza en 1996”, afirma Francisco Castejón. Ese año se aprueba una directiva europea que pretendía forjar un mercado único eléctrico, donde todas las empresas pudieran operar en igualdad de condiciones en la generación y comercialización de la electricidad. En el estado español, una ley de 1998, con Aznar en la presidencia del gobierno y Josep Piqué (un habitual en el elenco de las “puertas giratorias”) al frente del Ministerio de Industria, se liberaliza el sistema, con alegría y sin complejos (países como Francia, Italia, Alemania o Bélgica mantienen empresas eléctricas estatales, matiza Francisco Castejón).
Antes de la liberalización, el gobierno fijaba el precio de la electricidad que cobraban a los consumidores las grandes empresas eléctricas, que negociaban con el gobierno el precio. La tarifa cubría los costes (no había “déficit de tarifa) y las empresas podían acumular beneficios. Pero el ejecutivo disponía de una herramienta básica, la empresa estatal Endesa, que le permitía actuar y en su caso frenar movimientos especulativos. Esto no significa que la intervención pública se realizara siempre a favor de los ciudadanos y el medio ambiente, y que el poder político pudiera esquivar a los grupos de presión, aclara Francisco Castejón en el artículo “El recibo de la luz y el abuso en el sistema eléctrico”.
Por ejemplo, en las compensaciones por la “moratoria nuclear” se reconoce un valor exagerado, que las empresas Valdecaballeros I y II, Lemóniz I y II y Trillo II (las declaradas en moratoria) cobran con cargo al recibo de la luz (una media de 15.000 millones de pesetas de 1998 al año). “Otro ejemplo no menos escandaloso”, subraya Castejón, es el de los Costes de Transición a la Competencia, por el que el ejecutivo de Aznar reconocía en 1998 que el estado debía abonar a las eléctricas 1,2 billones de pesetas, por los cambios para el paso del sistema regulado al liberalizado.
Desde que se produjo la liberalización en 1998, cinco grandes empresas dominan en el negocio de la electricidad -Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Fenosa, EDP y EON-, en el que se distinguen cuatro actividades: generación (producción de electricidad en centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas o renovables); transporte de la electricidad mediante las redes de alta tensión; distribución mediante redes de media y baja tensión hasta los hogares y las empresas. Y la comercialización, que llevan a cabo empresas eléctricas, financieras y algunas cooperativas de consumidores (actúan de intermediarios entre la distribución y los usuarios).
El enredo inextricable comienza ya en la producción de electricidad, que tiene una parte regulada (30% del total) y otra sometida al mercado. En ésta (el llamado mercado “marginalista”), los productores realizan ofertas hasta que se cubre la potencia demandada. El quid reside en que todas las ofertas se pagan al precio de la oferta más cara. Ello implica, apunta Francisco Castejón, que la electricidad procedente de la gran hidráulica, casi gratis para sus productores, se paga al precio de gas en los tramos más caros. O que la energía nuclear, subvencionada considerablemente hasta 2005, se pague también al precio de la potencia más cara.
En cuanto a la segunda fase de las cuatro citadas, el transporte de electricidad, corre a cargo de Red Eléctrica Española (REE), con mayoría accionarial del estado. La distribución, por el contrario, está controlada por las grandes compañías eléctricas aunque los costes (igual que ocurre con el trasporte) permanecen bajo regulación. En total, la mitad de los costes del sistema eléctrico se hallan reguladas, mientras que el otro 50% depende del mercado.
En última instancia aparecen las comercializadoras (empresas eléctricas, financieras y algunas cooperativas de consumidores, entre las que destacan ejemplos como el de “Som Energia”). En este punto continúa la intrincada maraña de conceptos. El precio del kilovatio/hora que paga el usuario viene fijado por las subastas CESUR, iniciadas en 2009, y en las que se compra electricidad y se fija un precio para los tres meses posteriores. Con los números en la mano, las subastas CESUR han supuesto un sobrecoste medio del 17% desde su vigencia, y el precio de la electricidad ha aumentado en España un 60% desde 2004.
Pero no finaliza aquí el laberinto. La tarifa que finalmente abona el usuario no es la de la subasta CESUR, dado que la mayoría de los consumidores cuenta con la Tarifa de Último Recurso que fija el gobierno. Otra regulación. Y un nuevo concepto: a la diferencia entre la tarifa final y los costes “reconocidos legalmente” (pero no costes reales del sistema eléctrico) se le denomina “déficit de tarifa”, que aumenta entre 2.000 y 5.000 millones de euros al año (y ha alcanzado ya los 30.000 millones de euros).
“Se trata de un sistema alambicado con muchos problemas, lo que, finalmente, hace que la tarifa que pagan los consumidores no cubra los costes reconocidos legalmente y que estos estén, a su vez, desconectados de los costes reales; este sistema produce paradojas tales como que nunca ha habido más potencia instalada y, por tanto, más oferta de electricidad que en la actualidad; y, sin embargo, el precio no deja de subir”, concluye el miembro de Ecologistas en Acción. El precio de la electricidad española es el tercero más elevado de la Unión Europea.
El sistema eléctrico español proporciona una electricidad cara, permite la existencia del “déficit de tarifa”, que otorga a las compañías eléctricas gran capacidad de presión sobre los gobiernos, e impide caminar hacia un modelo energético alternativo. “La extensión de renovables ha sido frenada por el interés de las empresas que poseen centrales de gas, a pesar de que el estado español había conseguido ser un líder mundial en producción de esta energía, y en exportación de tecnologías blandas”, resume Castejón.
En el capítulo de alternativas, añade el militante ecologista, parece imprescindible una quita de la deuda del déficit de tarifa, pues “sin ella todos los problemas de costes son irresolubles”. Pero “también es necesario que el gobierno recupere más competencias en este campo hasta llegar a una forma de gestión similar a la francesa, en que una única empresa de titularidad estatal y controlada por el gobierno gestiona todas las actividades, desde la generación hasta la comercialización”.
La factura eléctrica constituye un verdadero galimatías. Pero hay algunas claves que ayudan a la comprensión del problema y sus efectos. En primer lugar, las cifras de pobreza energética. Según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (con datos de 2012), el 17% de los hogares españoles (7 millones de personas) tienen dificultades para pagar las facturas de energía en el estado español, ya que dedican más del 10% de sus ingresos a tal fin. En 2012 (último año con cifras disponibles), uno de cada tres hogares en paro se hallaba en situación de “vulnerabilidad” energética (un incremento del 142% en cinco años). Además, el número de personas que se declaran incapaces de conservar su vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado en un 50% entre los años 2008 y 2012. España es, según este estudio, el cuarto país de la Unión Europea en número de hogares con incapacidad de mantener una temperatura adecuada.
Mientras, el 27 de octubre de 2013 Europa Press informaba de unos balances empresariales que permiten arrojar alguna luz en este confuso dédalo. Iberdrola y Endesa fueron en 2012 la segunda y la tercera compañía eléctrica -entre las grandes europeas del sector- en beneficios netos, con 2.868 millones de euros y 2.771 millones de euros, respectivamente, según la memoria Anual de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). Gas Natural-Fenosa fue, además, la décima eléctrica europea en ganancias (1.657 millones de euros).
El tercer factor de aproximación reside en las conexiones entre los poderes político y empresarial: las célebres “puertas giratorias”. Sobran los ejemplos de responsables públicos que integran o han formado parte en la dirección (o altos cargos) de las grandes compañías energéticas. Endesa (José María Aznar, Elena Salgado, Luis de Guindos, Pedro Solbes, Miquel Roca), Red Eléctrica Española (Miguel Boyer, Ángeles Amador, exministra de Sanidad con el PSOE; José Folgado, exsecretario de Estado con el PP); Iberdrola (Ángel Acebes; José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana); Acciona (Javier Solana, Pío Cabanillas, Carmen Becerril, exsecretaria de Estado de Energía con el PP), Hidroeléctrica (Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores con el PP); Gas Natural-Fenosa (Felipe González, Narcís Serra). En los dos últimos años, las ayudas de Cáritas-Barcelona para combatir la pobreza energética han aumentado un 326%.
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