La ONU acusa al Vaticano de violar la Convención contra la Tortura.
El informe de Naciones Unidas recoge que la Santa Sede podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo, ni investigó ni denunció los hechos delictivos
El
Vaticano ha violado la Convención contra la Tortura en los casos en los que
podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo, o en las ocasiones en que ni
investigó ni denunció los hechos delictivos, según la ONU. Así lo establece el
Comité contra la Tortura y otros tratos inhumanos de las Naciones Unidas, que
hoy presentó sus conclusiones finales sobre el informe del Vaticano.
"Nosotros
no decimos que el Vaticano es responsable de todas y cada una de las violaciones
cometidas por cualquier cura. Pero sí decimos
que la Santa Sede ha violado la Convención en los casos en que fue informada de
abusos e ignoró las acusaciones, y eso, que nosotros sepamos, ha
pasado al menos unas 50 veces", expresó
en rueda de prensa la relatora del caso, Felice Gaer.
La
principal conclusión del Comité es que la responsabilidad del Vaticano en los
casos de abusos sexuales no se limita a su territorio, sino que abarca los
abusos cometidos en otros Estados siempre y cuando la Santa Sede "ejerza
efectivo control" sobre el perpetrador.
"Efectivo
control significa que el Vaticano supiera del caso, fuera informado y no
actuara. O fuera informado y ordenase trasladar al abusador en lugar de
perseguirlo y castigarlo", explicó Gaer.
"El
Estado parte es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y
otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado. Esta responsabilidad se
extiende a las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado parte
desplegados en operaciones en el extranjero", concretó el Comité en el
informe.
Esta
conclusión rebate la interpretación del Vaticano deque carece de
jurisdicción penal y de responsabilidad por los delitos cometidos por sus
sacerdotes en otros países.
Para
el Comité de la ONU, esa "interpretación" del Vaticano "no es
congruente" con la Convención.
El
Vaticano se sometió al escrutinio del Comité los pasados 5 y 6 de mayo y el
argumento de su representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra,
Silvano Tomasi, fue que, desde el punto de vista legal, la Convención sólo se
puede aplicar a lo que suceda en la Ciudad del Vaticano y a los funcionarios que
trabajan exclusivamente en su territorio.
El
Comité no sólo entendió que esta interpretación es errónea, sino que solicitó al
Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a los principios del
tratado. "El Comité invita al Estado parte a que revise su interpretación y que
la reinterprete o la retire", demandó.
"Negamos
rotundamente la tesis de que la Santa Sede 'sólo' es responsable de lo que pase
en las cuatro esquinas de Ciudad del Vaticano. En los casos donde hay control
efectivo de sus funcionarios sí que son responsables, suceda donde haya sucedido
la acción", aclaró Gaer.
La
experta recordó que un Estado, en este caso la Santa Sede, tiene la
obligación de evitar que un abuso se cometa, y de investigar lo
sucedido, perseguir a los culpables y resarcir a las víctimas.
En
el informe, el Comité advirtió al Vaticano de que "debe evitar que sus
funcionarios u otros actuando oficialmente cometan actos de tortura o que
consientan la acción de tales violaciones".
En
caso de que los abusos sucedan o hayan sucedido, el Comité solicitó al Vaticano
que "se asegure" de que una vez conocidos los hechos, la persona investigada
"sea suspendida de sus funciones inmediatamente para evitar la posibilidad de
más abusos o intimidaciones a las víctimas".
Específicamente,
pidió que los clérigos que estén bajo investigación no sean trasladados a otro
destino como forma de evitar ser investigados y eventualmente castigados.
"A
los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones, incluidas
el despido de sus servicio como clérigos", solicitaron los expertos del
Comité.
Asimismo,
en sus conclusiones pidieron a la Santa Sede que se asegure de que todas
las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades civiles del
lugar donde se cometieron presuntamente los hechos, "para facilitar la
investigación y la acusación de los supuestos infractores".
Además,
el Comité instó a que se revisen los concordatos del Vaticano con otros Estados
para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar abusos o proteger a
acusados.
Con
respecto a las víctimas, solicitó que todas ellas obtengan una reparación sin
tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante la Justicia, y que la
Santa Sede cree un mecanismo de quejas para que puedan denunciar abusos.
#Papa
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