Privatizar la calle: barrios segregados para comerciantes ricos
Graffitis contra la videovigilancia en el barrio de Lavapiés. FERNANDO SÁNCHEZ
Antonio Maestre⎮La Marea⎮13 de junio de 2014
Un hombre que pinta
retratos en la Plaza Mayor es conminado a levantarse e irse de la plaza
por la seguridad privada de los comercios porque los hosteleros han
contratado a su propio dibujante de caricaturas. Mientras, en la Puerta
del Sol, los afectados por las preferentes son expulsados por los
guardias de seguridad del kilometro 0 porque el ruido de sus proclamas
puede molestar a los clientes de las terrazas que ocupan el centro
neurálgico de Madrid. Son situaciones ficticias que ya son realidad en
barrios de EEUU y Londres y pueden darse en España si el gobierno
impulsa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
de gestión de áreas comerciales urbanas.
La Comisión de
Economía del Congreso con una propuesta del PP ha instado al gobierno a
que instaure en España unos barrios comerciales de gestión
público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de los Business Improvement Districts (BID),
unos barrios para comerciantes con muchos recursos que pagan más
impuestos a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad
gestionados por los mismos comerciantes. Los BIDs son organizaciones
privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan
servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza,
seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de
los espacios. Los servicios premium son financiados por una contribución
extra pagada por los dueños de las propiedades de los barrios o
distritos. La cuota es acordada por la colectividad privada y recaudada
por la ciudad que a su vez devuelve al BID en servicios locales de mayor
calidad.
Los BIDs repercuten
de manera muy positiva en el barrio que tiene tal consideración, pero a
cambio precariza los barrios adyacentes. Los BID crean una ciudad dual
con barrios de primera y segunda categoría, privatizan el espacio
público e incluso son responsables de violación de derechos civiles,
criminalización de actividades económicas perjudiciales para el comercio
tradicional, persecución de la mendicidad, e incluso, limitación del
activismo político por considerarse perjudicial para los intereses del
comercio del BID.
Violación de derechos civiles, criminalización y limitación de activismo político.
Uno de los
servicios principales de los BIDs es el de proporcionar seguridad en el
espacio público del distrito. Servicios tales como contratación de
seguridad privada e instalación de cámaras de vigilancia. Las patrullas
de seguridad de los BIDs ya han causado multitud de casos de violación
de derechos civiles en Nueva York, donde los BIDs tienen una mayor
implantación. Es el caso del Grand Central Partnership que
ya ha sufrido una condena por este tipo de violación de derechos
fundamentales, según cuenta la doctora de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valladolid, Helena Villarejo.
Otra de las
controversias y problemática de la implantación de los BID se debe a la
regulación de los espacios públicos, que también se encuentra entre las
atribuciones de estos barrios premium. En EEUU se ha producido un
fenómeno de criminalización de la venta ambulante y actividades de arte
callejero por el énfasis que estas asociaciones comerciales ponen a la
hora de limpiar y embellecer su territorio acorde a la imagen de marca
que cada BID posee. Esto se ha producido según los estudios de la
doctora Helena Villarejo en BIDs como el de Midtown Manhattan o el
Financial District donde debido a la presión de estas asociaciones se
han restringido estas actividades por considerar que no son deseadas.
Algunos BID como el de Times Square han llegado a limitar el activismo político, protestas y manifestaciones al considerar estas actividades transgresoras y por lo tanto inconvenientes para el objetivo comercial del BID.
Ciudades duales.
Los BIDs no sólo
son una privatización encubierta del espacio público, sino que además
crean una ciudad de dos velocidades. Los barrios premium, debido a la
mejor calidad de los servicios públicos, ven como las propiedades se
revalorizan, lo que a su vez provoca una depauperación de las zonas
adyacentes a estas áreas comerciales. Además, la seguridad privada del
BID realiza una segregación por cuestión de clase, expulsa a los
mendigos y la prostitución de su área a las zonas perimetrales, por lo
que deprime otros barrios que sólo tienen la solución de crear su propio
BID haciendo que este tipo de gestión privada de la ciudad en virtud
del poder adquisitivo se extienda en poco tiempo. Esto acaba causando
que las zonas no comerciales o con bajo poder adquisitivo vean como los
servicios públicos van menguando al mismo ritmo que sube el nivel de los
BID.
En este afán de los
barrios premium por mantener su área vacía de mendicidad se llegan a
crear programas de atención a los indigentes, actuando de facto como
sustitutivo de los servicios sociales del ayuntamiento pero sin los
controles propios de una administración pública. Lo único que se
pretende con estos programas de atención a la indigencia es mantener
limpios de mendigos las áreas comerciales de su jurisprudencia. El
verdadero objetivo de estos programas es la dispersión de la mendicidad. En
el BID de Los Ángeles, el Downtown LA, poseen una patrulla que entre
otras atribuciones tiene la misión de limpiar la zona de mendigos. Se trata de la patrulla púrpura.
La patrulla púrpura y el BID Downtown LA han sido denunciados por
asociaciones en defensa de los derechos de los indigentes por considerar
que este tipo de patrulla tiene una agenda anti-homeless.
La propuesta del
Partido Popular en el Congreso sólo fue rechazada por el grupo de
Izquierda Plural que en palabras de Alberto Garzón considera que este
tipo de medidas establecen una discriminación territorial y distorsionan
el estado del bienestar ya que los impuestos sirven para corregir las
desigualdades y no para aumentarlas. El PSOE por su parte se abstuvo de
la propuesta al no serle atendida una enmienda que consideraba necesario
respetar las competencias de las CCAA. En su intervención, el diputado
del PSOE Felix Lavilla, expresó que el grupo socialista estaba de
acuerdo en la necesidad de ayudar al pequeño comercio frente a los
grandes centros comerciales pero establece que el mantenimiento de los
servicios públicos existentes son imprescindibles para empezar a hablar
sobre la aprobación de esta legislación.
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