El presidente del Consejo General de la Abogacía asegura que tiene
"aspectos anticonstitucionales", Jueces para la Democracia dice que se
trata de "un instrumento para poder acallar las críticas sociales" y la
Unión Progresista de Fiscales denuncia su "marcado carácter represivo".
El gobierno totalitario del PP se supera a sí mismo...
Agencias
La aprobación del proyecto de Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana por el Consejo de Ministros y su envío a las Cortes ha
levantado rápidamente una ola de reacciones en contra. Al poco de
conocerse el texto definitivo, que recoge alguna modificación respecto a
las versiones presentadas hasta ahora, jueces, fiscales y abogados,
además de fuerzas políticas y movimientos sociales, han salido para
mostrar su rechazo a la conocida como Ley Mordaza por sus detractores.
Especialmente significativa ha sido, por quien la hace y el grado de
la afirmación, la reacción del presidente del Consejo General de la
Abogacía Española, Carlos Carnicer, quien ha dicho en Zaragoza que este
proyecto de ley tiene aspectos "inconstitucionales" y que velarán por
los derechos de los ciudadanos. En un encuentro con los medios de
comunicación con motivo de la celebración del Día de la Justicia
Gratuita, Carnicer ha avanzado que es tiempo de discutir y convencer a
los políticos sobre sus alegaciones y que intentarán que "en el trámite
parlamentario de la ley se nos oiga" y "se nos permita comparecer".
De esta forma, el Consejo de la Abogacía quiere "abrir brecha" en el
Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado y que, si no se
recogen sus planteamientos, intentarán "que quien tenga competencias
interponga un recurso de inconstitucionalidad". Al respecto, ha
recordado que no se les permitió comparecer en la tramitación
parlamentaria de la Ley de Justicia Gratuita y que dos años y medio
después se encuentra recurrida por cinco comunidades autónomas, entre
ellas Aragón, y cientos de ciudadanos. Con este proyecto se pasa "de la
patada a la puerta de Corcuera" (en referencia la reforma que impulsó el
ministro socialista José Luis Corcuera) "a la patada al Estado de
Derecho".
"El rodillo es mucho rodillo", ha reconocido el presidente de la
Abogacía Española en referencia a la mayoría absoluta del PP en el
parlamento, al que el proyecto de ley, ha dicho, ha llegado
prácticamente como salió del gobierno. Tras indicar que espera que se
recojan muchas de sus alegaciones, ha añadido que si el nuevo texto
legal llega sin modificaciones al Boletín Oficial de Estado "trataremos
de buscar compañeros de viaje que tengan la competencia para un recurso
de inconstitucionalidad".
Joaquim Bosch: "Dudosa constitucionalidad"
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha tildado
de "innecesario" el proyecto, que lo único que pretende es impedir
determinadas críticas que son "especialmente incómodas" para el poder
político a costa de "restringir libertades". En un comunicado, asegura
que el texto "no está justificado por la realidad social", puesto que
"no existen problemas relevantes de seguridad ciudadana".
Para Bosch, la inmensa mayoría de las manifestaciones que se celebran
en nuestro país se desarrollan sin incidentes. Por ello, añade, "se
constata con claridad que la nueva ley lo que pretende es impedir
determinadas críticas que son especialmente incómodas para el poder
político". Con esta ley, explica, "no se produce ninguna protección de
la seguridad ciudadana, sino que el Gobierno pretende disponer de un
instrumento para poder acallar las críticas sociales".
La asociación judicial cita las retenciones, identificaciones y
cacheos como aspectos de "dudosa constitucionalidad" y critica la
"desorbitadas" cuantías económicas de algunas sanciones contra diversas
formas de ejercicio del derecho de manifestación, del derecho de crítica
y de la libertad de expresión.
La Unión Progresista de Fiscales denuncia su carácter "represivo"
El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz,
ha rechazado su "marcado carácter represivo"y ha considerado
"insuficientes" los cambios incluidos en la propuesta del Ejecutivo para
proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, unidos a la
modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada. En la nueva
ley, hay "una confusión entre seguridad ciudadana y orden público", así
como "una tendencia policial muy acentuada", en lugar de una "visión
garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha estimado
el representante de la UPF.
García Ortiz ha explicado que la evaluación de determinadas
actuaciones policiales, como por ejemplo un caso de insultos a un
policía, dejará de ser investigado o sancionado en el ámbito penal y
pasará a la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha subrayado que,
en el ámbito de lo contencioso-administrativo, el ciudadano tendrá que
pagar tasas judiciales, además de abogado y procurador, y perderá
garantías, puesto que habrá una presunción de veracidad de los actos del
funcionario público, que no existe en el caso de un juez de
instrucción.
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