Se presenta una querella contra la cúpula policial por la represión habida el día de proclamación de Felipe VI
La Coordinadora Republicana de Madrid y el partido político Soberanía
van a presentar conjuntamente una querella contra el secretario de
Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, la delegada del Gobierno
de Madrid, Cristina Cifuentes y los responsables policiales y
funcionarios de policía que ejecutaron las órdenes de "impedir el
derecho a la libertad de expresión" de republicanos en el acto de la
proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio.
Según han informado los demandantes, que darán cuenta de esta
denuncia mañana en rueda de prensa, la querella se extiende al abogado
del Estado autor del informe que "avaló la suspensión de derechos
constitucionales de los republicanos" el pasado 19 de junio, cuando se
prohibió la exhibición de elementos republicanos durante el recorrido
que hicieron los nuevos reyes por el centro de la capital.
De este modo, los querellantes acusan de un delito de impedimento
del ejercicio de los derechos cívicos recogido en el artículo 542 del
Código Penal a todos los querellados, un delito que en "se castiga con
pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas", han
destacado.
En su relato de hechos la querella aduce que hubo antes del 19 de
junio una instrucción general por parte de la cúpula policial de impedir
que los republicanos pudieran exhibir sus símbolos o expresar sus ideas
en la jornada de proclamación del nuevo rey. En el documento se
sostiene que la instrucción general acordada equivalía a una medida de
"estado de excepción adoptada al margen del procedimiento legal fijado
en la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio de 1981".
Además, menciona algunos casos de personas identificadas que
fueron "objeto de acoso, agresión policial o incluso detención o
coacciones, por expresar sus ideas republicanas con la exposición de
materiales como banderas, chapas y otras insignias, además de la
expresión de ideas, entre otras cosas". De esta forma, la querella
invoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de
diciembre de 2003 que reconoció que el uso de banderas republicanas está
amparado por la libertad de expresión.
En su opinión, es "evidente" que tanto la instrucción general de
"caza de brujas" contra los republicanos como las "medidas represivas"
contra estos son conductas descritas en el Código Penal como
prevaricación, impedimento de derechos cívicos, agresiones y coacciones.
Finalmente, la querella termina pidiendo la declaración de los
imputados querellados y de los testigos víctimas de abusos policiales.
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