La ley de asistencia jurídica gratuita deja sin protección judicial a la mayoría de los ciudadanos
La presidenta del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce,
manifestó el jueves, en nombre del PSOE, su rechazo al proyecto de ley
de Asistencia Jurídica Gratuita de Gallardón por dejar sin protección
judicial a la inmensa mayoría de los ciudadanos que lo necesitan.
"Es atentar contra los derechos fundamentales de los ciudadanos
pero, sobre todo, es algo tan importante como privar de la protección
judicial, de la tutela judicial efectiva a los ciudadanos cuando lo
necesitan, en casos, a veces, gravísimos como es un despido o como es un
desahucio", ha lamentado la responsable socialista.
Valcarce se ha pronunciado a este respecto al hilo de la
concentración llevada a cabo por decanos y miembros de las Juntas de
Gobierno de los 83 Colegios de Abogados para mostrar su rechazo.
En este sentido, la también portavoz socialista en la
Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento regional ha recordado
que su formación política considera esta medida "inconstitucional", y ha
acusado al Gobierno regional de dar "la segunda vuelta de tuerca" a
esta situación, porque "ha recortado en un 20,7 por ciento la
financiación de la justicia gratuita".
Además, ha calificado de "escandaloso" que el Ejecutivo
regional "esté mendigando" al Gobierno central y al ministro Gallardón
que les den el dinero de las tasas judiciales para pagar la justicia
gratuita, cuando es "su obligación en la Comunidad de Madrid".
Asimismo, ha afirmado que "un día sí y otro también" el
Gobierno regional "amenaza" con devolver las competencias en materia de
Justicia, antes de manifestar que "si no sabe o no quiere las
competencias de justicia ejercerlas, como es su obligación como
gobierno, lo correcto es que dimitan, que se vayan".
Finalmente, Valcarce ha criticado que los abogados y los
procuradores del turno de oficio de la Comunidad de Madrid están
cobrando "muy poco, muy tarde y muy mal", debido a que sus honorarios
están congelados en Madrid desde el año 2002 y han sufrido un recorte
del 20 por ciento en los presupuestos regionales, así como a que están
cobrando hasta con tres trimestres de retraso.
"Por lo tanto, la justicia gratuita no protege a los
ciudadanos, pero además abogados y procuradores del turno de oficio no
reciben los honorarios correspondientes. No están cobrando las
actuaciones que han realizado pero además las que reciben son pagadas de
una forma tan precaria y con unos retrasos que acumulan meses y meses",
ha denunciado.
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