Reforma fiscal y Ley Gallardón sobre el aborto: dos caras de la misma moneda
En la reforma fiscal que
prepara el Gobierno destacan dos aspectos: el primero es la rebaja
fiscal generalizada, que costará 9.000 millones de euros a las arcas
públicas. Esta rebaja aumentará en unos cuantos euros la renta
disponible de muchas personas (las que actualmente tienen rentas para
poder pagar IRPF),1,6 millones incluso quedarán eximidas.
Todo esto sería para
alegrarse si no fuera por la contrapartida que ello supone. En un
anuncio de la propia Agencia Tributaria nos lo explican muy bien, en
respuesta a alguien que no quiere pagar impuestos: “Si, claro, tienes
razón, nos ahorramos el impuesto, y también la sanidad, y las
pensiones…”. Sería para alegrarse si no fuera porque este es un paso más
para que todas y todos salgamos verdaderamente del sistema. Como mucho
tendremos unos euros más en el bolsillo, pero ¿de qué nos servirán en el
caso de que nos pase algo y necesitemos ayuda? Si ahorra usted esos
euros obtendrá (con suerte) una renta del banco, pero esa renta no
llegará al mínimo digno si su vida se prolonga hasta una edad avanzada. Y
si además tiene la mala suerte (bastante frecuente) de no poder valerse
por sí mismo, no le dará para pagar una residencia de calidad.
Aquí viene el segundo
aspecto destacado de la reforma fiscal: por si usted tiene un hijo con
rentas del trabajo que le acoja cuando sea mayor y dependiente, la
reforma ha previsto una nueva desgravación de 100 euros al mes para él.
Pero, ¿quién le cuidará? Correcto: la mujer de su hijo se verá
convertida en su “cuidadora informal”. Claro que en ese caso, si su hijo
tiene una renta suficientemente alta, se beneficiará también de la
desgravación por tributación conjunta.
Este segundo aspecto, la
política familiar, no ha sido objeto de mucha atención, más allá de la
declaración por parte del Gobierno de que esta reforma “favorecerá a la
familia”, sin entrar en detalles de qué familia, o la familia de quién,
se trata de favorecer. Por cierto, es muy extraño que nadie hable de la
desgravación por tributación conjunta de los matrimonios, a pesar de que
actualmente origina el segundo mayor gasto fiscal del IRPF y a partir
de esta reforma probablemente se convierta en el primero. Nadie niega
que esta desgravación es regresiva, antisocial y pro-desigualdad de
género; pero casi nadie se escandaliza de que se mantenga.
Tampoco provoca escándalo
que continúe el olvido de las familias monoparentales, ni que las rentas
bajas se queden sin ayudas por hijos/as (por cierto, la desgravación
por el primer descendiente subirá 1,6 euros, aunque el Gobierno la
califique de “fuerte subida”). ¡Qué ocasión perdida para avanzar en
prestaciones universales por hijos/as y por familias monoparentales!
¿Cómo es posible que la pobreza infantil no sea el primer problema de
Estado?
Estos dos aspectos de la
reforma tienen un nexo en común no declarado: el modelo de sociedad al
que nos dirigimos. Una sociedad en la que el sistema de impuestos,
prestaciones y servicios públicos esté reducido al mínimo y sólo cubra a
una pequeña parte acomodada de la población. El resto estará en la
economía sumergida y, cuando no esté en condiciones de trabajar y no
pertenezca a esa clase social y a ese modelo de familia “sustentador
masculino/esposa dependiente”, terminará como mucho en la asistencia
social.
A las mujeres se nos reserva
la gran tarea de proveer, en el seno del hogar, los cuidados que el
sector público y los hombres no asumen, aunque en realidad la familia
“sustentador masculino/esposa dependiente” tal como se la imagina “El
Legislador” ya no es tan frecuente. Para imaginarnos cómo será esa
sociedad podemos dirigir nuestra mirada a los países latinoamericanos,
en los que las mujeres también tienen mayor nivel de formación que los
hombres y altos índices de ocupación, pero están extensivamente en la
economía sumergida, por tanto sin pensiones y demás prestaciones
sociales. Una sociedad con alto índice de familias monoparentales;
bajísima cobertura de los servicios públicos; altísimas tasas de
pobreza, y en particular de pobreza femenina e infantil; altísimas tasas
de violencia y desestructuración juvenil….
Una sociedad sin derecho al
aborto, sí, como en la mayoría de los países latinoamericanos, en los
que la oligarquía y las jerarquías eclesiásticas campan por sus respetos
con el beneplácito de los organismos internacionales. Las mujeres no
cuentan, aunque de ellas se dice que son quienes mejor administran los
recursos (que no tienen) a favor de su prole. En estas sociedades sin
estado de bienestar fuerte es donde pueden mantenerse las supersticiones
y el machismo exacerbado de los hombres, que en el fondo creen
beneficiarse de la esclavitud femenina. No es así, sino que toda la
sociedad resulta perjudicada, aunque la ideología patriarcal nos impide
verlo. Esa es la sociedad que viene, pero podemos impedirlo si toda la
ciudadanía se implica. Aclaremos: toda la ciudadanía significa hombres y
mujeres.
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