Una novela en capítulos diarios con graves consecuencias sociales. Deuda y buitres
Continúa la historia de la deuda con los buitres y la justicia de EEUU, con capítulos diarios que agregan novedades al análisis y al problema del endeudamiento y sus gravosas consecuencias para la población.
Finalmente llegó el día D,
el 30 de Julio, fecha en que vencía el plazo para acreditar en cuenta
de los bonistas ingresados al canje de deuda del 2005 y 2010. Los fondos
estaban y están en el Banco Mellon de NY, depositados a fines de junio
pasado por el gobierno de Argentina, y el juez Griesa no permite su
acreditación, por lo que aun cuando el país dispuso de los fondos para
cancelar la deuda, los beneficiarios de esos recursos no los reciben.
Es el argumento para hablar de default, calificación que el gobierno
rechaza, mientras las calificadoras de riesgo, entidades privadas
vinculadas al sistema financiero mundial establecieron el “default
selectivo”, es decir, de una parte de la deuda. El resultado inmediato
es que dispararon el cobro de los seguros por default respecto de esos
títulos, lo que supone un gran negocio.
Las deudas y el sistema
financiero están llenos de oportunidades para buitres conocedores de
los pormenores de la especulación exacerbada del capitalismo de época.
Desde el gobierno se instruyó a la Comisión Nacional de Valores para
gestionar en EEUU una demanda de investigación sobre la connivencia del
juzgado de Griesa con el negocio de los seguros por default, en alusión a
la parcialidad del letrado con los fondos buitres.
Otro
elemento a considerar es el papel de los bancos. Primero fueron los
bancos nacionales de capital privado que intentaron una operación de
compra de los títulos de la sentencia Griesa o el depósito en garantía
de unos 250 millones de dólares para generar la posibilidad del stay o
cautelar que dispondría el Juez para pagar a los bonistas. Dijeron los
banqueros que era una acción “patriótica” y se dio a entender que había
guiño desde el gobierno, especialmente desde el BCRA. La operación no
prosperó pero estaban en juego las tenencias de títulos en manos de los
bancos y su potencial desvalorización.
La posta la asumen ahora
un conjunto de bancos extranjeros, con la misma preocupación
“patriótica”, es decir, sus intereses por resguardar las inversiones en
títulos de la deuda argentina.
Cada quien juega sus propios intereses
Estamos ante una situación de elevada complejidad donde cada quien atiende su juego.
El juez se planta en su sentencia.
Los fondos buitres tienen dictamen de cobro por el 100% y al contado y
negocian desde allí, además de cobrar sus seguros contra default.
Los bancos intentan intervenir y aun con fracaso, mientras la ilusión
de la negociación dura intervienen en la evolución del mercado de
capitales con alzas de valores que favorecen sus movimientos de corto
plazo.
La posición del gobierno pareciera apunta a llegar a
diciembre para que finalice el marco de vigencia de la cláusula RUFO y
entonces si negociar con los buitres sin temor a la potencial demanda
del 92,4% de ingresados al canje, estimada entre 120.000 y 500.000
millones de dólares.
En definitiva, todos los escenarios
culminan en el pago de la deuda, y lo que se discute es el cuanto y como
del pago de la misma.
La danza de valores se cuenta por
millones y son recursos que restringen la capacidad de asistencia de
otras demandas o deudas sociales.
Como sostuvimos varias
ocasiones, la deuda condiciona y establece privilegios en la disputa de
los recursos públicos. En la reunión del Mercosur en Caracas la
presidenta anunció que la Argentina canceló 190.000 millones de dólares
en el último tiempo y con esfuerzo propio, sin ayuda externa, ya que el
país estaba y está afuera del mercado de crédito internacional.
Las consecuencias son gravísimas, porque se postergan demandas
sociales, sea el 82% móvil que demandan los trabajadores jubilados, la
disminución del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o
directamente su eliminación, la solicitud de mejoras de ingresos
salariales o beneficios de planes sociales y ni hablar de los
presupuestos para el gasto social en educación, salud u otras áreas.
Más allá de las novedades cotidianas, esta novela con entregas diarias
devuelve un escenario de especulación financiera exacerbada a escala
global y por lo tanto la necesidad de disputar una nueva arquitectura
financiera mundial. No es novedad, y el intento tiene varios años y
fracasos múltiples motivados por quienes hegemonizan el sistema, a la
cabeza EEUU y el orden instrumentado hace 70 años con el FMI y el BM.
Ante el fracaso de infructuosos esfuerzos se organizan iniciativas
regionales cuyos resultados están por verse aún, por caso las
iniciativas de los BRICS o las enunciadas en torno al demorado Banco del
Sur.
El interrogante es si eso es posible en el marco del
orden capitalista y en rigor, la nueva arquitectura financiera solo será
posible si se modifican las relaciones sociales de producción a nivel
de cada país y una articulación productiva integrada regionalmente que
modifique el modelo productivo y de desarrollo, es decir, un camino que
suponga la crítica y la superación del orden capitalista.
Campaña para suspender pagos e investigar
Por ello es que resulta importante asumir una tarea de esclarecimiento y
difusión de estrategias alternativas, entre las que destacamos la
campaña iniciada por la “Asamblea por la suspensión del pago e
investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los
bienes comunes” que impulsan un conjunto de personalidades,
organizaciones sociales y políticas sustentando.
Entre las
principales consignas se sostiene que “El pueblo debe saber de qué se
trata”, qué “la única deuda es con el pueblo”, qué “no hay que pagar
deuda ilegitima, odiosa y fraudulenta”, que se requiere “suspender los
pagos e investigar la deuda” y además “defender los bienes comunes”.
En conjunto constituyen un programa alternativo al sustentado por el
club de pagadores, mayoritarios en el sistema político que conforman
oficialismo y oposición. Es un programa y una iniciativa política para
constituir subjetivad contra el pago de la deuda y por instaurar una
auditoría integral de la deuda con participación popular, con cuyos
resultados se pueda discutir el privilegio en el uso de los recursos
públicos.
Necesitamos fuerza social y política para terminar
con el cáncer de la deuda y discutir la política económica para un
modelo productivo y de desarrollo que parta de las necesidades populares
en un marco de integración no subordinada, por la liberación social.
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