Libia: violencia armada e inseguridad en un estado roto. Blanca Camps-Febrer i Pere Ortega.
Centre d'Estudis per la Pau J.M.Delàs - Justícia i Pau
La revuelta contra
el régimen de Qaddafi pareció alcanzar su objetivo en octubre de 2011.
Con la ayuda de una coalición de 18 países y una flexible interpretación
de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad, el llamado estado de
masas cayó tras el asesinato del dictador cerca de Sirte. Pero la era
post-Qaddafi ha comportado inseguridad y violencia generalizadas en el
país y las iniciativas desde dentro y fuera del país para pararlo no
parecen por ahora tener éxito.
Tres son los factores claves que
están determinando el panorama actual de la Libia post-Qaddafi: -
Debilidad institucional y estructural - Resurgimiento de conflictos
locales y regionales - Proliferación de armas y fragmentación de la
violencia armada
Debilidad institucional
Al
derrumbarse el régimen de Qaddafi, la sui generis estructura del estado
se derrumbó con él. Las nuevas instituciones, después de tres años con
una hoja de ruta poco clara, siguen sin afianzarse. La guerra de
facciones se traduce en la rivalidad de las mismas instituciones
creadas, que compiten entre sí, tanto en el propio Congreso Nacional
General como en el gobierno, donde varios ministerios, liderados por
hombres fuertes tienen el control de sus propias milicias. El Congreso
Nacional General gobierna de facto el país con caóticos equilibrios y
sin haber podido aprobar su propio reglamento interno. Las desavenencias
programáticas, y en especial en políticas económicas, son tan sólo la
punta de lanza de una lucha férrea por el poder. El país aplica la
receta estadounidense de construcción institucional que instaura una
democracia formal sin que las condiciones que generan la inseguridad
sean dirigidas de manera coherente. A mediados de verano, por ejemplo,
están previstas elecciones legislativas, pero el clima actual hace
difícil imaginar una organización transparente y libre de las
votaciones. La debilidad institucional enquista la posibilidad de un
proceso de construcción de paz, inviable sin garantizar la seguridad
ciudadana y el acceso de la población a los servicios básicos, entre
ellos un sistema legal funcional, con garantías jurídicas y que evite la
“justicia del vencedor”.
Resurgimiento de conflictos locales y regionales
Durante
42 años, Qaddafi gestionó el país con la estrategia de "divide y
vencerás", aliándose y enemistándose tribus y poblaciones enteras para
mantener un estrecho control del poder. Esto comportó enriquecimientos y
discriminación de unas y de otras poblaciones que el fin de la
dictadura aún no ha conseguido solucionar. Las reservas de petróleo de
Libia son las mayores de toda África, pero algunas facciones regionales
consideran que las ventajas de este oro negro no llegan a toda la
sociedad por igual. El conflicto se ha intensificado aún más con las
huelgas y bloqueos a puertos y centrales petrolíferas de la región, que
han hecho descender las exportaciones libias hasta una quinta parte de
la cantidad de inicios de año. Desde julio de 2013, tres puertos de la
zona oriental se encuentran paralizados debido a los bloqueos de
milicias y de la llamada Oficina Política de la Cirenaica. En marzo del
2014, un barco con bandera norcoreana transportando 234.000 barriles de
petróleo (por valor de unos 3 millones de dólares) de la Compañía
Nacional de Petróleo de Libia, salió del puerto de Sidra, supuestamente
en dirección a Corea del Norte. El barco pretendía evadir el bloqueo
impuesto por Trípoli y hacer realidad para los orientales el eslogan del
ministerio de Petróleo "El petróleo es nuestra fuerza". Pero la marina
de los Estados Unidos re-capturó la nave en aguas internacionales. Este
incidente, por otra parte, provocó la caída del primer ministro Ali
Zeidan que, acusado también de malversación, ha huido a Alemania.
También en el sur del país y desde febrero, varias protestas bloquean
los campos petroleros de AlSharara y otras instalaciones de extracción o
de canalización petrolífera. La revolución de febrero de 2011 no se
inició en Benghazi por casualidad. Las tribus y poblaciones de la región
oriental del país, conocida históricamente como Cirenaica o Barqa, se
habían sentido siempre discriminadas y la era post-revolución no ha
satisfecho ni mucho menos sus demandas. Así, la falta de compensación e
inversión económica en la región se ha canalizado a través de demandas
federalistas y en algunos casos de independencia. Sobre el terreno, esto
se traduce en milicias como la Brigada de los Mártires del 17 de
Febrero, de corte islamista (la más grande y equipada, con unos 12
batallones), la Brigada de Rafallah As-Sahat (1000 combatientes) o Ansar
Ash-Sharia. Esta última, de ideología salafista radical, ha sido
señalada como responsable del asesinato del embajador de Estados Unidos
en Benghazi Christopher Stevens, de la destrucción de mausoleos sufíes
centenarios y de graves violaciones de derechos humanos. Pero estas
brigadas no son las únicas que intentan imponer su ley. El hundimiento
del aparatus estatal de Qaddafi, y con él de las fuerzas armadas del
país, ha provocado la inseguridad y falta de servicios públicos y un
vacío de poder que algunos de los líderes locales y milicias han
sustituido con su propia gestión y control armado.
Proliferación de armas y fragmentación de la violencia armada
Hasta la caída del dictador, Libia era el país del Norte de África con
un mayor número de fuerzas armadas en relación a la población, con 12
militares por cada mil habitantes. Tras el fin de buena parte de las
sanciones al país en 2003 y la progresiva reintegración del régimen de
Qaddafi en la comunidad internacional, la importación de armas también
aumentó exponencialmente. El gasto militar ha aumentado aún más desde la
caída de Qaddafi, en un 209% si lo comparamos con datos de 2008. La UE
es el primer exportador de armas a Libia, y entre ellos de 2003 a 2011
España exportó por un valor de 15 millones de euros armamento y otros
materiales, incluidas bombas de racimo. Todos estos materiales fueron
posteriormente usados para reprimir la revuelta de 2011 y los arsenales
han ido a parar a grupos armados de todos los bandos en Libia, en otros
puntos calientes del Sahel e incluso en Siria. Evidencia de esto es el
conflicto en Mali en la que participaron ex combatientes pro-qaddafistas
o simplemente ex-militares africanos expulsados por la guerra y por el
fin del régimen que los alimentaba. La proliferación de armas y la
militarización de Libia han tenido un impacto directo en el estado
actual en que se encuentra el país, ya que magnifican las causas de
inestabilidad.
Alguien tiene un plan para el futuro de Libia? A
pesar de los problemas estructurales que asolan el país, los esfuerzos
para la construcción de paz parecen priorizar la seguridad a través de
la militarización del estado por delante de una reconstrucción
institucional coherente y de un programa de desarme, desmovilización y
reintegración con resultados. De momento, el único plan que se está
llevando a cabo, con la tutela de los Estados Unidos, es la creación de
la Fuerza de Propósito General (General Purpose Force o GPF). La GPF
surge como estrategia para sustituir la Libya Shield Force (LSF),
comprometida, como la mayoría de grupos y brigadas, por faccionalismo
interno. La LSF se estableció en 2012 con el objetivo de integrar
diversas milicias rebeldes bajo el mando del Ministerio de Defensa. En
el último año sin embargo, han protagonizado enfrentamientos con otras
unidades gubernamentales en todo el país. El objetivo manifiesto de la
General Purpose Force es desactivar este desmembramiento amalgamando la
mayoría de grupos y combatientes activos bajo una sola fuerza estatal.
Los EEUU ya se han comprometido a entrenar entre 5.000 y 8.000 soldados
en los próximos 7 años. El Reino Unido, Italia, Turquía o Marruecos
entre otros, también participarán en el programa. De hecho, EEUU ya ha
enviado el primer contingente de militares que preparan las formaciones y
que ayudarán a filtrar los participantes que se integrarán en las
nuevas fuerzas armadas. Las formaciones tendrán lugar en Bulgaria en
grupos en rotación. Uno de los emplazamientos concebidos originariamente
por EEUU para realizar estos entrenamientos había sido las Islas
Canarias, pero de momento la idea parece haber sido descartada en favor
de la búlgara Novo Sale. Excepto estas informaciones sobre el lugar de
entrenamiento, no parece que España participe activamente en la creación
de la GPF. Los EEUU, que en octubre pasado invadieron territorio libio
en una operación unilateral para detener a un supuesto líder de AlQaeda,
parecen estar muy interesados en estabilizar el país a golpe de
militar, a pesar de las evidentes consecuencias negativas que hasta
ahora ha tenido que pagar el país y la región. La receta: combatir la
violencia armada con un 'propósito general' confuso y desligado de los
programas de desarme, de reducción de la violencia y de desarrollo.
Según
el especialista Albert Caramés, los programas de DDR (Desarme,
Desmovilización y Reintegración) pueden perseguir tres objetivos en un
contexto post-bélico: el desarme total, la desmilitarización parcial o
la continuación de la lógica militarista. En el caso de Libia, el
objetivo prioritario sería conseguir una desmilitarización parcial, que
es lo que Caramés considera un programa típico de DDR:
"...
[C]omportaría el desarme y desmovilización de todos o casi todos los
combatientes de un bando y una reducción considerable del tamaño de los
otros (que conforma el núcleo de las futuras fuerzas armadas). Las armas
excedentes se destruyen y los soldados que no son indispensables se
reintegran a la vida civil: el resultado es un desarme y una
desmilitarización auténticos aunque parciales en términos globales, y un
reestablecimiento del control unificado sobre las armas y los
soldados".
Para los ex-combatientes, una reintegración centrada en
la comunidad es esencial en un conflicto que moviliza grupos armados
locales en torno a problemas locales. Pero los planes del estado libio y
de sus aliados parecen apuntar hacia otro lado. En medio de esta
fragmentación de grupos armados y de luchas de poder, en marzo el
gobierno libio declaró como prioridad la "guerra contra el terrorismo" y
pidió ayuda explícita a la comunidad internacional y a Naciones Unidas.
El control y legitimidad de esta lucha contra el terrorismo ya está
provocando, sin embargo, más enfrentamientos y debilidad en Benghazi,
donde el 18 de mayo pasado se proclamaba de nuevo una zona de exclusión
aérea.
La reducción de la violencia es urgente para evitar una
rotura casi consumada de Libia y para frenar la espiral de violencia
actual. La situación exige un enfoque a la vez global y local. Un
enfoque estrictamente securitario no podrá solucionar la inestabilidad
de un país en el que las raíces del conflicto son demasiado profundas,
desde la incapacidad del estado para proveer seguridad y servicios
básicos hasta la discriminación y desigualdad socioeconómica en el
territorio.
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