Ayudas ilegales a Telefónica, Santander e Iberdrola
FACUA-Consumidores en
Acción considera un escándalo las multimillonarias ayudas que el
Gobierno de España otorgó ilegalmente en 2011, en forma de deducciones
fiscales, a las mayores empresas españolas -Telefónica, Banco Santander e
Iberdrola, entre otras- al tiempo que aprobaba la reforma fiscal que ha
provocado que cerca de cinco millones de ciudadanos se encuentren sin
empleo y cuando empezaron los recortes en sanidad y educación.
En un comunicado, la asociación exige al
Ejecutivo que “deje de mirar para otro lado ante los fraudes que estas
empresas cometen contra los consumidores y ante los graves problemas que
los ciudadanos tienen que enfrentar por sus nefastas decisiones”, como
el drama de los desahucios, la pobreza energética, la falta de créditos,
etc.
FACUA recuerda que las multinacionales
implicadas representan a los tres sectores más denunciados por los
consumidores españoles: telecomunicaciones, banca y eléctricas.
Telefónica Movistar es una de las empresas españolas con más denuncias
por parte de los usuarios por sus abusos y fraudes a través de ofertas
engañosas e incumplimientos contractuales. Según ha informado El País,
tan sólo en el caso de esta empresa, el importe de las deducciones que
pudo recibir tras la compra de la brasileña Vivo asciende a cuatro mil
millones de euros.
Por su parte, Iberdrola, la principal
empresa de generación eléctrica del país, sigue impasible ante los
cientos de miles de familias a las que corta la luz por su incapacidad
de hacer frente al pago de las facturas. Además, es una de las
responsables de la brutal subida tarifaria de la última década y
recientemente ha sido expedientada por Competencia por posible
alteración fraudulenta de los precios.
En el caso de Banco Santander, es
responsable junto a Bankia, BBVA y La Caixa del 59 % de las cientos de
miles de ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo desde 2011.
Además, señala Facua, ideó el “macrofraude relacionado con la venta de
Valores Santander”, un producto similar a las acciones preferentes de
otras entidades, que ha perjudicado a cerca de 130.000 consumidores
desde 2007.
La Comisión Europea obliga al Gobierno,
tras un expediente iniciado en 2013, a recuperar los miles de millones
de euros que las grandes empresas dedujeron tras la adquisición de
compañías extranjeras. El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió en marzo de
2012 aprobar estas ayudas con carácter retroactivo y pese a que estaba
terminantemente prohibido por la Unión Europea.
Tras la decisión de la Comisión, que
será efectiva el próximo miércoles, el Gobierno está obligado a indicar
el importe y número exacto de empresas beneficiadas.
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