Para organizar un buen
servicio público audiovisual, primero hay que definir el modelo en
función de lo que se pretende, después considerar las posibilidades de
financiación y al final, entre lo que se quiere y lo que se puede,
establecer la plantilla necesaria. En la reforma de RTVE, el gobierno de
Zapatero lo hizo al revés. Primero redujo la plantilla (¡un 40%!),
después improvisó un perverso sistema de financiación, pasando de la
publicidad a los impuestos sobre las televisiones comerciales y las telecos,
y al final desbarató el modelo, rebajándolo en la Ley General
Audiovisual desde el servicio público esencial al de interés económico
general. Era un escenario perfecto para que la política depredadora del
gobierno de Rajoy gangrenara la estructura de RTVE, gubernamentalizando
la información, contratando sin necesidad productoras y directivos,
degradando la gestión y reduciendo el presupuesto, haciendo caer la
audiencia por debajo del 10%.
RTVE tiene la plantilla más pequeña y es el que menos cuesta entre los servicios públicos audiovisuales más importantes de la Unión Europea. Los seis canales de TVE y las seis emisiones de RNE nos cuestan cinco céntimos de euro por persona y día.
No es cierto que RTVE haya acumulado una deuda de 700 millones de euros.
La deuda es de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy con RTVE. De
Zapatero, por haber improvisado una chapuza de modelo y de sistema de
financiación. No se debe y no se puede sostener a RTVE con impuestos
sobre el negocio de las telecos y de las televisiones comerciales
que además compiten por la audiencia. Y de Rajoy, por gubernamentalizar
la información y recortar (¡un 40%!) la aportación económica del
Estado. Los 700 millones en números rojos son la consecuencia de la
reducción de 250 millones anuales en los Presupuestos Generales del
Estado y de la disminución en los pagos de las televisiones comerciales y
de las telecos. Zapatero no garantizaba la financiación de RTVE y Rajoy multiplica las dificultades del servicio público y su desprestigio.
RTVE
necesita una intervención inmediata para democratizar la información,
garantizar la calidad del servicio público, mejorar su gestión y blindar
una financiación suficiente y estable.
La buena información
es imprescindible para la democracia. En un escenario de concentración y
sectarismo en los grandes medios de comunicación, y con las iniciativas
sociales bloqueadas, sin un buen servicio público no puede haber
participación democrática con conocimiento.
José Manuel Martín Medem. Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)
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