El Gobierno sale en defensa de los fascistas acusados de asesinatos durante el franquismo
La Policía española no detendrá a la veintena de personas reclamadas
por la jueza argentina María Servini por crímenes cometidos durante el
franquismo. La Policía se acoge a una resolución aprobada en 2010 que
evita las extradiciones cuando afecten a ciudadanos de un país miembro
de Interpol y este país “proteste” ante la Secretaría General de
Interpol con sede en Lyon. Entre las personas a las que se reclamaban su
arresto se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa, Licinio de
la Fuente y Fernando Suárez, y José Utrera Molina, suegro del exministro
y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.
La sede general de Interpol ha aceptado la reclamación de la oficina
en el Estado español y no ha aplicado el distintivo rojo, lo que
significaría que pasarían a ser personas buscadas internacionalmente con
una orden de arresto. En la Asamblea de la Interpol de 2010 se acordó
seguir cooperando en solicitudes presentadas por países miembros -caso
de Argentina- “salvo en el caso de que la solicitud se refiera a un
ciudadano de otro país miembro -España-, y este otro país miembro al ser
informado de la solicitud proteste contra esta”, que es lo ocurrido con
la solicitud de detención de estos acusados por crímenes franquistas.
La orden de detención se emitió a raíz de un escrito de la jueza
María Servini del pasado 4 de noviembre, lo que llevó a la sección de
Interpol radicada en Argentina a cursar una comunicación “muy urgente” a
su oficina de Interpol Madrid solicitando la detención preventiva con
fines de extradición de las veinte personas investigadas por la
magistrada por crímenes cometidos durante el franquismo.
Según consideraba ayer la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina (CEAQUA), personada en la causa abierta en Buenos Aires, una
vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las
autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad del Estado español
deberían proceder a la detención de los reclamados para ponerles a
disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional
que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas.
Una vez procedida a la detención -que la Policía ya ha anunciado que
no llevará a cabo-, el Juzgado español debería después comunicar su
decisión al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
número 1 de Buenos Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo
que determine. En caso de ordenar una detención preventiva, esta no
puede prolongarse más allá de 40 días si dentro de este plazo no se
presenta la solicitud de extradición, según afirmaban desde CEAQUA.
LEY DE AMNISTÍA Además de la
decisión de la Policía española de no detener a las personas reclamadas
por la magistrada argentina, el ministro español de Justicia, Rafael
Catalá, afirmó ayer en el Congreso que, a su entender, la Audiencia
Nacional denegará una solicitud de extradición de estas personas
basándose en la prescripción de los hechos por los que son reclamados y
en función de la Ley de Amnistía promulgada en 1977.
Para negar la posibilidad de entregar a la justicia argentina a las
personas reclamadas por la jueza Servini, Catalá se refirió a la
resolución que emitió la Audiencia Nacional en la que se rechazó la
entrega a Argentina del expolicía Juan Antonio González Pacheco Billy el Niño
y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, de quienes la jueza
Servini también reclamó su extradición por crímenes del franquismo. “Hay
que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que
tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares, creo que la
resolución será equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar
la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de
Amnistía”, afirmó Catalán, para quien “está totalmente superado” lo que
consideró “una etapa trágica de nuestra historia”.
A juicio del abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de querella
investigada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo,
el Gobierno español “protege a estos criminales”.
MOCIÓN DEL PNV En este
contexto, el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, presentó
ayer una moción en la que se insta al Gobierno español a que investigue
las muertes e injusticias cometidas tanto en la Guerra Civil como
posteriormente en el régimen franquista. A juicio de Bildarratz es
imprescindible poner todos los medios al alcance para restituir,
reconocer, recordar y recuperar. Por ello, la moción del grupo jeltzale
pide al Senado que inste al Ejecutivo de Rajoy al cumplimiento de las
recomendaciones planteadas por el Relator Especial de la ONU, Pablo de
Greiff, para promover la verdad, la justicia, la reparación y dar
garantías de no repetición.
LOS RECLAMADOS
Se le acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte
de Salvador Puig Antich en 1974. Por ello también están acusados Antonio
Carro y Licinio de la Fuente.
Se le considera responsable de la represión de una concentración de
trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz que acabó con la muerte de
cinco trabajadores y más de cien heridos.
Está acusado por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Jon Paredes Txiki, Anjel Otaegi y los miembros del FRAP Humberto Baena, José Luis Sánchez y Ramón García.
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