El hispano-peruano Mario Vargas Llosa encubridor de la masacre de Uchuraccay
 GABRIEL ADRIAN – El 26 de enero de 1983 ocho periodistas y un guía 
andino fueron brutalmente masacrados por campesinos al servicio de las 
fuerzas armadas. Este brutal crimen fue perpetrado en la comunidad de 
Uchuraccay (Ayacucho) por campesinos adiestrados y dirigidos por la 
Marina de guerra del Perú. Con este crimen, el gobierno y las fuerzas 
armadas ponen en evidencia la utilización de rondas campesinas en la 
lucha contrainsurgente contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. 
Con este crimen el gobierno inaugura las aldeas estratégicas (rondas) 
contra la subversión. Ello ocurrió durante el gobierno de Fernando 
Belaúnde Terry (1980-1985) un personaje del derechista partido Acción 
Popular (AP) que en la década del 90 colaboraría estrechamente con el 
régimen de Alberto Fujimori.
Los periodistas habían llegado hasta esa localidad para investigar la
 muerte de presuntos miembros del Partido Comunista del Perú, entre 
ellos algunos menores de edad, por pobladores de la vecina comunidad de 
Huaychao. Las Fuerzas Armadas habían empezado con su táctica de 
organizar comunidades campesinas contra las guerrillas como lo hicieron 
norteamericanos en Vietnam y que después se haría de uso corriente en 
Guatemala, El Salvador y Colombia.
Los periodistas fueron asesinados a golpes con palos, piedras y 
hachas. Tras la masacre se creó una comisión investigadora presidida por
 el escritor Mario Vargas Llosa, hoy premio Nóbel de Literatura. La 
comisión investigadora determinó que los comuneros de Uchuraccay habían 
creído que los periodistas eran miembros de Sendero Luminoso 
confundiendo sus cámaras fotográficas con fusiles. Esta comisión 
investigadora presidida por Vargas Llosa concluyó que la masacre era 
producto de la existencia de diferencias culturales entre los 
campesinos quechuahablantes y los periodistas provenientes de un mundo 
urbano y que las Fuerzas Armadas no habían tenido ninguna 
responsabilidad en el hecho. Todos somos culpables, dijo Vargas Llosa
 en su conclusión final.
Estas conclusiones contradecían todas las evidencias. En esta época 
las Fuerzas Armadas ejercían el control militar del campo. Uchuraccay 
estaba controlada por la Marina. Los militares intentaban organizar 
comunidades campesinas contra Sendero Luminoso y estaban en contacto 
directo con los campesinos, controlándolos y organizándolos para lucha 
antiguerrillera. La versión oficial decía que los campesinos de 
Uchuraccay habían confundido las cámaras fotográficas de los periodistas
 con armas. Pero se sabía que muchos campesinos de la zona habían hecho 
el servicio militar obligatorio y no podian confundir un fúsil con un 
aparato de fotografia
De esta manera, la comisión Vargas Llosa exculpó la política de 
violación sistemática de derechos humanos como pilar de la estrategia 
contrainsurgente del Estado peruano y eximió a militares asesinos, 
encubrió una masacre y, de esta manera, muchas otras y legitimó la 
militarización del campo peruano.
Al exculpar a los militares, Vargas Llosa se convirtió en complice de la matanza de Uchuraccay.
El escritor peruano, para encubrir este crimen, pretendió dar un tono
 literario a la masacre. En una entrevista concedida posteriormente 
Vargas Llosa afirmó que la masacre había sido producto de la existencia 
de dos Perús, uno compuesto por hombres que viven en el siglo veinte y
 otros, como los pobladores de Uchuraccay, que vivían en el siglo XIX o 
incluso en el siglo XVIII.
Los hechos posteriores fueron confirmando las sospechas en torno a la
 responsabilidad de las Fuerzas Armadas. 135 de los comuneros de 
Uchuraccay fueron muertos en los años posteriores, la mayoría de ellos 
desaparecidos por militares quienes pretendían de tal manera desaparecer
 cualquier vestigio de responsabilidad en la masacre de los periodistas.
 Los familiares de las víctimas han denunciado en repetidas 
oportunidades que han sido amenazados y presionados para que no hagan 
denuncias para el esclarecimiento de la masacre.
A pesar de esto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada 
para investigar los crímenes cometidos en el marco de la guerra interna 
entre 1980 y 2000, avaló la tesis de la comisión Vargas Llosa y exculpó a
 las Fuerzas Armadas. Es este uno de los casos más claros en los cuales 
se evidencia que esta Comisión de la Verdad ha servido a escribir una 
Historia Oficial de la guerra interna exculpando a militares, policías o
 paramilitares o para minimizar su responsabilidad en los asesinatos, 
masacres, desapariciones y torturas cometidas contra ciudadanos y 
ciudadanas peruanos.
Posteriores investigaciones no sólo han traído más luces y demuestran
 la coautoría de las Fuerzas Armadas en la masacre. Fernando Fuchs 
Valdez ha investigado el caso y ha revelado detalles de la coautoría de 
los militares. Según las investigaciones Fuchs Valdez, los militares no 
sólo alentaron la masacre sino que tendieron la celada a los periodistas
 y su guía. La región estaba llena de agentes de inteligencia que 
avisaron a los comuneros de Uchuraccay de la llegada de los periodistas y
 les dieron las órdenes de asesinarlos. Los responsables de la masacre 
fueron el Presidente Fernando Belaúnde en tanto Jefe de las Fuerzas 
Armadas, el General Clemente Noel como Jefe del Comando Militar de 
Huamanga, capital de Ayacucho, el oficial de la Marina Duffo, mando 
militar de la provincia de Huanta y su lugarteniente el marino Artaza 
Adrianzén. (Ver entrevista a Fuchs Valdez en: 
http://www.puntodevistaypropuesta.com/2013/01/por-fin-la-verdad-estos-son-los-que.html).
 La comisión Vargas Llosa y la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
son responsables de encubrir la masacre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José 
de Costa Rica ha declarado en el 2010 admisible la demanda interpuesta 
por los familiares de la masacre para que lleve acciones para que el 
Estado peruano corrija las irregularidades en las investigaciones de la 
masacre de Uchuraccay por parte del Poder Judicial peruano. Esta demanda
 fue interpuesta por los familiares de las víctimas.
Se han cumplido 30 años de mentiras, amedrentamiento sistemático a 
los familiares de las víctimas para intentar ocultar a los verdaderos 
responsables y asesinato selectivo de los testigos. Esta historia de 
infamia empezó con el informe de la Comisión Vargas Llosa que se esmero 
en tergiversar y ocultar informaciones, acallar a los familiares, 
exculpar a los militares y al gobierno de Belaúnde de toda culpa. El 26 
de enero, aniversario de la masacre de Uchuraccay, quedara marcada con 
sangre en la copiosa biografía de Mario Vargas Llosa cuya pluma sivió y 
renombre ha servido para encubrir a militares asesinos.
 eldiariointernacional.com
http://www.contrainjerencia.com/?p=61582
 
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