Sanciones económicas, principal obstáculo para el desarrollo de Cuba. Por Salim Lamrani
A
pesar del establecimiento de un diálogo histórico con La Habana el 17
de diciembre de 2014 y pese a la visita oficial del presidente Barack
Obama a la isla en marzo de 2016, Washington sigue aplicando sanciones
económicas contra la población cubana, suscitando la incomprensión de la
comunidad internacional. Establecidas en 1960, en plena Guerra Fría,
las sanciones perduran más de medio siglo después, ocasionan importantes
dificultades a la economía cubana e infligen sufrimientos inútiles a
las categorías más vulnerables de la población. Su costo elevado y su
alcance extraterritorial motivan el rechazo unánime de la comunidad
internacional. No obstante la resolución de este conflicto asimétrico
depende del poder ejecutivo estadounidense, que dispone de las
prerrogativas necesarias para desmantelar gran parte de la red de
sanciones impuestas a la isla.
Costo de las sanciones económicas
El 13 de
septiembre de 2016 Barack Obama volvió a renovar por un año la Ley de
Comercio con el Enemigo, una legislación de 1917 utilizada por primera
vez por el presidente John F. Kennedy en 1962 para imponer sanciones
económicas totales a Cuba, que prorroga el estado de sitio contra la
isla. Esta ley, prorrogada cada año por los nueve presidentes de Estados
Unidos desde esa fecha, sólo se aplica contra La Habana [1].
Una vez más
el impacto de las sanciones ha sido dramático para la economía y la
sociedad cubanas. En un año, de abril de 2015 a marzo de 2016, costaron
4.680 millones de dólares a la isla según Bruno Rodríguez, ministro
cubano de Relaciones Exteriores. En su informe anual sobre las sanciones
económicas, las autoridades cubanas estimaron los daños causados a
nivel nacional. Resultaron afectados particularmente tres sectores.
Primero las exportaciones, ya que Cuba no puede vender bienes ni
servicios a Estados Unidos. Luego el costo producido por la búsqueda de
mercados alternativos geográficamente alejados de la isla. Y finalmente
el impacto financiero, pues Cuba todavía no puede usar el dólar en sus
transacciones internacionales, a pesar de las declaraciones del
presidente Obama sobre la supresión de esta restricción. “No existe
elemento en nuestras vidas en el que no esté presente su impacto”,
concluyó Bruno Rodríguez [2]. En total las sanciones económicas han
costado 125.000 millones de dólares a Cuba desde su implementación en
los años 1960 [3].
Otros
sectores vitales, como el de la salud, resultan afectados por las
sanciones económicas. Sólo para citar un ejemplo, Cuba no puede adquirir
los estimuladores cerebrales profundos, que permiten tratar las
enfermedades neurológicas, que produce de modo exclusivo la empresa
estadounidense Medtronic. Varios centenares de pacientes cubanos con la
enfermedad de Parkinson, que podrían beneficiar de una mejor calidad de
vida gracias a este equipo, se ven privados de él a causa de un
diferendo político que opone Washington a La Habana desde hace más de
medio siglo [4].
Aspecto extraterritorial de las sanciones
A pesar del
acercamiento histórico de diciembre de 2014, varias entidades
internacionales fueron fuertemente sancionadas después de esa fecha por
realizar, en perfecta legalidad con el derecho internacional,
transacciones financieras con Cuba. Así, en mayo de 2015, el banco
francés BNP Paribas fue condenado a una multa record de 8.900
millones de dólares por mantener, entre otros, relaciones financieras
con Cuba [5]. En octubre de 2015 otro banco francés, Crédit Agricole, tuvo que pagar una multa de 1.116 millones de dólares por el mismo motivo. Conviene recordar queBNP Paribas y Crédit Agricole
no violaron ninguna ley francesa y respetaron escrupulosamente el
derecho europeo y el derecho internacional. Washington aplicó de modo
extraterritorial, es decir ilegal, sus sanciones contra Cuba. Otras
entidades financieras también fueron fuertemente sancionadas. Así el
banco alemán Commerzbank tuvo que pagar una multa de 1.710
millones de dólares y puso término a todas sus relaciones con Cuba [6].
El poder ejecutivo estadounidense tomó todas estas decisiones.
Margen de maniobra del presidente Obama
No obstante,
el presidente Obama lanzó varios llamados al Congreso convidándolo a
poner fin al estado de sitio anacrónico, cruel e ineficiente. Expresó
varias veces su oposición al mantenimiento de medidas de retorsión
económica que además de afectar gravemente el bienestar de los cubanos
han aislado a Estados Unidos en la escena internacional. Durante su
histórico viaje a Cuba admitió lo siguiente: “La política de Estados
Unidos ha fracasado. Debemos tener la valentía de reconocer esta verdad.
Una política de aislamiento elaborada para la Guerra Fría no tiene
ningún sentido en el siglo XXI. El embargo sólo hace daño al pueblo
cubano en vez de ayudarlo. Es una carga de otro tiempo que pesa sobre el
pueblo cubano”. La comunidad mundial, favorable a la resolución
pacífica de este conflicto, aplaudió este discurso marcado por la
lucidez [7].
Sin embargo
la retórica constructiva de Barack Obama no ha sido corroborada por
hechos tangibles, a pesar de sus prerrogativas como jefe del poder
ejecutivo. Es verdad que el presidente de Estados Unidos restableció el
diálogo político con Cuba en diciembre de 2014, amplió el número de
categorías de ciudadanos estadounidenses autorizados a viajar a la isla
en enero de 2015, retiró a Cuba de la lista de los países patrocinadores
del terrorismo en mayo de 2015, restableció los lazos diplomáticos con
la reapertura de embajadas en Washington y La Habana en julio de 2015,
autorizó la exportación de bienes y servicios en el campo de las
telecomunicaciones en marzo de 2016 (sólo hacia el sector no estatal) y
facilitó la reanudación del transporte marítimo de pasajeros entre ambas
naciones en mayo de 2016 y de los vuelos comerciales en agosto de 2016.
No obstante,
más allá de estas medidas positivas pero muy limitadas, el presidente
de Estados Unidos dispone de todo el margen de maniobra necesario para
desmantelar la casi totalidad de la red de sanciones impuestas desde
1960, sin necesitar la autorización del Congreso. Barack Obama podría
autorizar a las empresas cubanas a abrir cuentas bancarias en Estados
Unidos para facilitar las transacciones comerciales y financieras.
Podría también poner fin a la persecución financiera contra Cuba, de la
cual han sufrido muchos bancos internacionales. En total la
administración de Obama infligió multas por un importe total de 14.000
millones de dólares a diversas entidades bancarias del mundo por sus
relaciones con la isla del Caribe. Del mismo modo, la Casa Blanca podría
permitir el comercio bilateral entre las empresas cubanas y
estadounidenses (importaciones/exportaciones). También podría consentir a
los capitales estadounidenses la posibilidad de hacer inversiones en
Cuba. Por fin, podría, por ejemplo, eliminar la restricción que impide
que todo barco, cual fuere su origen, que transporte mercancía a Cuba,
entre en un puerto estadounidense durante los siguientes seis meses [8].
Sólo hay
cuatro sectores que el poder ejecutivo no puede tocar sin el acuerdo del
Congreso. El Presidente Obama no puede autorizar el comercio entre las
subsidiarias de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior y
Cuba (Ley Torricelli de 1992). En cambio, puede permitir el comercio
entre la empresa matriz instalada en Estados Unidos y las empresas
cubanas, lo que hace que resulte de facto inútil toda transacción con una subsidiaria establecida en un tercer país [9].
Del mismo
modo, Barack Obama no puede permitir el turismo ordinario en Cuba (Ley
de Reforma de las Sanciones Comerciales de 2000). En cambio puede
perfectamente multiplicar el número de categorías de ciudadanos
autorizados a viajar a la isla y ampliar su definición. Así, la Casa
Blanca podría redefinir la noción de “viaje cultural” e integrar por
ejemplo la visita de un simple museo. De este modo todo ciudadano que se
comprometa a visitar un museo durante su estancia en Cuba podría
beneficiarse de la categoría “viaje cultural” [10].
Sin el
acuerdo del Congreso, el presidente Obama tampoco puede autorizar la
venta a crédito de materias primas alimenticias (Ley de Reforma de las
Sanciones Comerciales de 2000). En cambio puede perfectamente consentir
la venta a crédito de todo producto no alimenticio, lo que limitaría
considerablemente el impacto de la sanción [11].
Finalmente
la Casa Blanca no puede permitir las transacciones con las propiedades
estadounidenses nacionalizadas en los años 1960 (Ley Helms-Burton de
1996). No obstante, puede abrir la vía a todo negocio que implique las
demás propiedades de la isla [12].
Rechazo unánime de las sanciones
Todos los
sectores de la sociedad estadounidense están a favor del levantamiento
de las sanciones económicas. El mundo de los negocios, mediante la
Cámara de Comercio de Estados Unidos, desea fuertemente su fin pues ve
un mercado de 11 millones de habitantes a 150 kilómetros de las costas
estadounidenses que acoge a otros inversionistas internacionales. La
opinión pública favorece a más del 70 % la normalización completa de las
relaciones bilaterales entre ambas naciones, pues no entiende por qué
su gobierno le prohíbe viajar a Cuba para hacer turismo ordinario. Las
autoridades religiosas, mediante el Consejo Nacional de Iglesias, han
condenado las sanciones por el sufrimiento que infligen a la población
de la isla. Los cubanoamericanos, con un 63 % según un sondeo de
septiembre de 2016, también son partidarios del levantamiento de las
sanciones, pues saben que las medidas económicas hostiles afectan a sus
familiares en la isla [13]. Por fin conviene recordar que en 2015, por
vigesimocuarta vez consecutiva, 191 países sobre 193 pidieron el fin del
estado de sitio contra la isla durante la reunión anual de la Asamblea
General de Naciones Unidas [14].
Un conflicto asimétrico
Algunos
observadores consideran que Cuba debe responder a los gestos que realizó
el presidente Obama con cambios de orden interno. Olvidan de hecho el
carácter asimétrico del conflicto. En efecto, en el diferendo que opone
Washington a La Habana, la hostilidad es unilateral. Cuba no impone
sanciones económicas a Estados Unidos, no ocupa de modo ilegal una parte
de su territorio soberano (Guantánamo), no financia abiertamente a una
oposición interna con el objetivo de conseguir un “cambio de régimen”,
no roba el capital humano como lo hace la Ley de Ajuste Cubano, no
realiza transmisiones ilegales destinadas a fomentar la subversión
interna –como es el caso con Radio y TV Martí- Por otra parte, Cuba es
una nación independiente y según el derecho internacional y desde el
Congreso de Westfalia de 1648, que reconoce la igualdad soberana entre
los Estados, los cambios en la isla son competencia exclusiva del pueblo
cubano, el único que puede decidir su sistema político y su modelo de
sociedad.
Conclusión
Las
sanciones contra Cuba son anacrónicas, crueles e ineficientes. Tienen un
impacto desastroso sobre la economía cubana y afectan durablemente el
bienestar de la población de la isla. A pesar de las declaraciones
constructivas de la Casa Blanca a favor de un levantamiento de este
estado de sitio, no se ha adoptado ninguna medida de envergadura para
aliviar a los cubanos de este estrangulamiento económico que dura desde
hace más de medio siglo y que la comunidad internacional condena de modo
masivo. Desde luego, ninguna normalización completa de las relaciones
será posible mientras esté en vigor esta política hostil.