Derechos humanos y democracia en Estados Unidos. Por Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
No
 puede hablar de derechos humanos y democracia un país cuyo sistema 
electoral es corrupto por naturaleza y tiene un gobierno de millonarios,
 destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos 
ingresos, los pobres, las minorías y los inmigrantes. Un país en el que,
 en las campañas electorales y los procesos políticos, no hay límites 
éticos, se promueve el odio, la división, el egoísmo, la calumnia, el 
racismo, la xenofobia y la mentira. En el que el dinero y los intereses 
corporativos son los que definen quién será electo.
En Estados Unidos, se niega el derecho 
al voto a centenares de miles de estadounidenses por ser pobres. En 
nueve Estados, no pueden votar quienes tengan facturas legales o multas 
judiciales por abonar. En Alabama, más de 100.000 personas con deudas 
fueron eliminadas de las listas de votantes en 2017.
Los medios de información son coto de 
élites corporativas. Un grupo extremadamente pequeño de corporaciones 
controla los contenidos que el público consume, mientras se anula o 
convierte en marginal cualquier versión u opinión discrepante.
Es una vergüenza que en el país más rico
 del mundo cerca de 40 millones de personas vivan en situación de 
pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema y 5.3 millones en condiciones 
de pobreza absoluta. La vida de los “sin hogar” es miserable. En el 
2016, 553 742 personas pasaban las noches a la intemperie en Estados 
Unidos.
El diseño y aplicación de políticas ha 
sido secuestrado por los llamados “intereses especiales”, es decir, el 
dinero corporativo. La falta de garantías de educación, salud y 
seguridad social, las restricciones a la sindicalización y la 
discriminación terrible de género son prácticas cotidianas.
Las mujeres estadounidenses son 
claramente discriminadas laboralmente y siguen recibiendo salarios 
inferiores a los de los hombres por la realización de iguales trabajos. 
La pobreza, salud y problemas de seguridad de los niños son 
preocupantes. Las personas con discapacidades sufren abusos violentos. 
El acoso sexual y las violaciones generalizadas motivan múltiples 
denuncias y protestas. Los asesinatos de personas LGTBI se incrementaron
 durante el 2017, en un marco de discriminación continuada contra ese 
colectivo en la legislación estatal y federal.
En Estados Unidos, la riqueza media de 
las familias blancas es siete veces superior a la riqueza media de las 
familias negras. Más de uno de cada cuatro hogares negros tenía un 
patrimonio neto de cero o negativo. La tasa de desempleo de los negros 
es casi el doble que la de los blancos.
El gobierno de los Estados Unidos debería 
responder por las 987 personas que murieron durante 2017 a manos de 
agentes encargados de hacer cumplir la ley empleando armas de fuego. 
Según esos datos, las personas afroamericanas, que constituyen un 13% de
 la población, representaron casi el 23% de las víctimas.
Existe una discriminación racial 
sistemática en la aplicación de la ley y en los órganos judiciales. Los 
infractores varones negros fueron condenados, como promedio, a penas un 
19,1% más largas, que aquellos blancos infractores que se encontraban en
 situaciones similares.
Los crímenes de odio por motivos de raza
 alcanzaron un récord en los últimos años y sólo en el 2016, fue 
informado un total de 6.121 delitos de odio ocurridos en Estados Unidos.
Los delitos violentos han ido en 
aumento. El gobierno de ese país, al servicio del lobby de las armas, no
 ejerce un control efectivo sobre estas, lo que causó un continuo 
incremento de homicidios, incluso de adolescentes.
Estados Unidos debería poner fin a la 
separación de familias migrantes, y a la reclusión de centenares de 
niños, incluso en jaulas, separándolos de sus padres.
Mientras Estados Unidos le da la espalda
 a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, Cuba 
mantiene un elevado nivel de actividad y cooperación, lo que le ha 
granjeado el respeto en los órganos pertinentes de la Organización y 
entre los Estados miembros.
Estados Unidos, que fue el promotor y 
sostén de las sangrientas dictaduras militares en nuestra región, con la
 complicidad de la OEA, ha declarado la vigencia y aplicabilidad de la 
Doctrina Monroe como instrumento de política exterior, en total 
desprecio de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de 
Paz.
(Fragmento de Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba:Fracasó el show anticubano para justificar el bloqueo)
