Pide la derogación de los plazos de investigación hasta que la Fiscalía y los juzgados dispongan de suficientes medios humanos y materiales
El
fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, expresó
ayer su «honda preocupación» por la situación «más crítica y grave» de
la Justicia en años por la falta de medios humanos y materiales y por la
vigencia de normas que atacan «los principios básicos» del Derecho.
Díaz Manzanera recalcó, en la presentación de la Memoria de 2018 de su
departamento, que la Justicia «sigue siendo la gran asignatura pendiente
en este país» y se quejó, aún a riesgo de resultar «cansino y
desolador», de que «se hace muy duro el sentir día tras día que un
trabajo, que se realiza con el máximo de profesionalidad, se ve
seriamente condicionado por una regulación legal que ataca a la línea de
flotación de esos principios básicos».
De esta manera, Díaz
Manzanera venía a referirse, concretamente, a las lamentables
consecuencias que está teniendo la aplicación del artículo 324 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, que establece unos plazos máximos para
finalizar las investigaciones judiciales y que ha supuesto, en los
últimos tiempos, que al menos cuatro grandes procedimientos sobre
corrupción se hayan visto archivados o gravemente dañados.
Así,
consideró que muchos de los calificativos que se han otorgado desde
distintos ámbitos para describir las sensaciones que despiertan esos
sobreseimientos, como los de «vergüenza, ridículo, estupor, falta de
diligencia o de compromiso y hasta de responsabilidad», eran «realistas y
certeros», sobre todo por generar «una vergonzante sensación de
impunidad».
La plantilla de fiscales debería haber crecido en 13 profesionales para asumir el aumento de delitos
«Es muy difícil explicar a un ciudadano del
siglo XXI que un asunto en el que se ha visto afectado, directa o
indirectamente o como simple testigo de la realidad, se va al traste por
la regulación de unos plazos inasumibles», puntualizó.
Con los de
inasumibles se refería, muy específicamente, a la carencia de medios
materiales y humanos que sufre la Administración de Justicia en general,
y la Fiscalía en particular, que está provocando que resulte casi
imposible acabar la instrucción de los asuntos en los plazos previstos y
que se multiplique el riesgo de cometer errores de lamentables
consecuencias. «Si hay medios se puede plantear la exigencia de unos
plazos para investigar, pero si no se dan esos medios, no es de recibo
que se impongan plazos; así de sencillo y claro es», sentenció.
Por
esta razón reclamó la derogación del artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal hasta que los juzgados y la Fiscalía dispongan
de los recursos necesarios. «Yo me comprometo a que si nos dan los
fiscales y los medios técnicos adecuados, esos plazos se cumplen
seguro», señaló.
«Íntegros y honestos»
Díaz Manzanera
entabló a la vez una férrea defensa de los profesionales que trabajan en
la Administración de Justicia, a los que calificó de «íntegros,
honestos y altamente cualificados», por lo que consideró que «no se
puede consentir que esa profesionalidad y dignificación de nuestra
función se pueda poner en duda». Y ello a pesar de que admitió que en
momentos puntuales se pueden cometer errores.
El fiscal Superior
señaló que solo con el incremento en el número de diligencias
experimentado en 2018, que fue del 21,9%, ello tendría que haber
supuesto un aumento de al menos 13 funcionarios en la plantilla de
profesionales de esta institución, integrada en la actualidad por 63
miembros de la carrera fiscal.
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