Viernes, 12 Septiembre 2014 08:40
¡Por el derecho a la autodeterminación, por el socialismo!
En
los últimos años la cuestión nacional en Catalunya se ha colocado en el
primer plano de la situación política con una intensidad que no se veía
desde la caída de la dictadura franquista. Esto no es ninguna
casualidad, tiene una relación directa con la profunda crisis económica,
política y social del capitalismo a escala mundial, que en el Estado
español se está expresando con especial intensidad. Como en los años 30 y
los años 70, también períodos de inflexión histórica, la agudización de
la cuestión nacional emerge de forma paralela e interrelacionada al
recrudecimiento de la lucha de clases.
La
cuestión nacional siempre es un arma en constante disputa: por un lado,
tanto la burguesía de la nación opresora (española) como la de la nación
oprimida (catalana o vasca) trata de utilizarla (y lo hace de manera
activa, persistente, meticulosa, plenamente consciente) como una
herramienta para apuntalar su dominación de clase; por otro lado, los
oprimidos, la clase trabajadora y la juventud, las capas medias
empobrecidas, tienen la posibilidad de utilizar la lucha contra la
opresión nacional para hacer confluir todas sus reivindicaciones y
aspiraciones democráticas y sociales en el torrente del combate contra
el sistema capitalista. Sólo así se pueden defender consecuentemente la
libertad de las nacionalidades oprimidas y de la mayoría social que las
integran.
Ligar la
lucha en defensa de los derechos democrático-nacionales con la
transformación de la sociedad es el único camino, pero no es un objetivo
que se conseguirá pasivamente, exige la adopción de un programa y una
estrategia revolucionaria, socialista e internacionalista; y no sólo en
las palabras, sino sobre todo y fundamentalmente en los hechos. La
finalidad de este documento es —partiendo del análisis de la realidad
concreta y basándonos en la teoría marxista— aportar al debate sobre
cómo conseguir que la lucha contra la opresión nacional se convierta en
una palanca que contribuya a la lucha contra la dictadura de los bancos y
los grandes monopolios, contra el sistema capitalista, que es la causa
fundamental de la existencia del problema nacional, de la expoliación
imperialista y de la negación de los derechos democráticos a los
pueblos.
Los últimos diez años de ‘aquelarre’ españolista
Uno de
los hechos más llamativos de la situación política en Catalunya en los
últimos años ha sido el notable incremento del porcentaje de la
población favorable al derecho a la autodeterminación y a la
independencia. Más allá de las cifras que revelan las múltiples
encuestas, las masivas manifestaciones de la Diada de 2012 y 2013 y el
anuncio hecho en diciembre de 2013 por parte del gobierno de CiU
presidido por Artur Mas —con el respaldo de ERC, ICV-EUiA y la CUP-- de
la celebracion de la consulta sobre la independencia para el 9 de
noviembre de 2014 son acontecimmientos que han tenido un enorme impacto
político y social.
¿Qué
posición tenemos los marxistas ante la cuestión nacional en Catalunya y
sobre la anunciada consulta en particular? En primer lugar los marxistas
dejamos claro que frente a la brutal ofensiva de la derecha
españolista, de los sectores más reaccionarios del ejército y del
aparato judicial contra los derechos democráticos del pueblo catalán,
vasco y gallego, apoyamos estos derechos sin reservas y nos colocamos en
la vanguardia de la lucha contra esa ofensiva.
Desde la
segunda legislatura de Aznar, la ofensiva de la derecha españolista
contra los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, y de
Catalunya en particular, se ha hecho particularmente intensa. Hay un
efecto acumulativo que, lógicamente, es un ingrediente determinante del
ambiente político que existe en Catalunya. Las provocaciones del PP, de
los medios de comunicación de la derecha y del aparato del Estado
(militares, policías, judicatura) han sido continuas, intensas y muy
graves. No han sido acontecimientos esporádicos o anecdóticos.
Uno
los pretextos que el PP utilizó para desatar esta ofensiva españolista
fue la reforma del Estatut, promovida desde 2004 por el Tripartit
(PSC-ERC-ICV). El debate sobre el Estatut no había provocado demasiado
entusiasmo en la mayoría de la población catalana, ya que no
representaba un avance sustancial ni en el terreno de los derechos
democráticos ni en el de los derechos sociales. De hecho, las
referencias progresistas del borrador inicial fueron eliminadas para que
fuese aceptado por CiU. Así, la simpatía o el apoyo social con el que
contó el Estatut —contra el cual el PP presentó un recurso de
inconstitucionalidad— fue, fundamentalmente, producto de una reacción
defensiva frente a una campaña anti-catalana al más puro estilo
franquista.
A pesar
de que el Estatut se aprobó en el parlament (2005) y en el parlamento
español (2006) y finalmente en un referéndum en Catalunya (con un 74% a
favor), el Tribunal Constitucional (TC) anuló, con su sentencia de
verano de 2010, parte de su contenido, resolviendo así el recurso del PP
y provocando una gran indignación entre la población. A pesar de que la
referencia a Catalunya como nación, recogida en el preámbulo del
Estatut, no tenía ninguna consecuencia práctica, la sentencia del TC
dictaminó que “la Constitución no conoce otra que la nación española".
En doce ocasiones recordaba la “indisoluble unidad de la nación
española”. El mensaje que querían dar la mayoría de los jueces del TC
era muy claro: nos pasamos por el forro todas vuestras opiniones y
decisiones, ya sean las aprobadas en el parlamento o las sancionadas por
la población en referéndum, y aquí quien manda, con Franco o sin
Franco, somos los de siempre. Como respuesta a la sentencia se produjo
una manifestación masiva en Barcelona el 10 de julio de 2010, bajo el
lema “Som una nació, nosaltres decidim”.
La saña contra el catalán
En lo
referente a la cuestión lingüística —un aspecto particularmente sensible
para la población catalana—, la decisión del TC sirvió de base para
que, en diciembre de 2010, el Tribunal Supremo dictara tres sentencias
contra el sistema de inmersión lingüística vigente en el sistema
educativo catalán; un atropello que se agravó con la LOMCE que, como
claramente explicó el ministro de Educación, Wert, tiene entre sus
objetivos el de “españolizar a los alumnos catalanes”.
Efectivamente,
uno de los ejes fundamentales de la campaña franquista del PP ha sido y
sigue siendo el de presentar al castellano como un idioma perseguido en
Catalunya, algo que no tiene nada que ver con la realidad. El nivel de
conocimiento del castellano en Catalunya es superior a la media estatal.
En Catalunya hay una gran tradición de convivencia entre las dos
lenguas y es habitual que se produzcan conversaciones bilingües con
absoluta naturalidad. En muchos ámbitos la presencia del castellano es
marcadamente superior a la del catalán como por ejemplo en el cine,
internet, las publicaciones impresas o los libros técnicos de todo tipo.
Es evidente es que la derecha española está empeñada en utilizar la
cuestión lingüística para tratar —aunque sea introduciendo la división y
el odio nacional— de consolidar y ampliar su base de apoyo social,
dentro y fuera de Catalunya.
La
actitud de la derecha española hacia la lengua catalana es sañosa y
reaccionaria hasta el extremo, dentro y fuera de Catalunya. Las
instituciones controladas por el PP se niegan a reconocer que el
valenciano, el mallorquín y el catalán son el mismo idioma. En Aragón,
el gobierno del PP-PA eliminó oficialmente en 2003 el término catalán
para denominar la lengua que se habla en la Franja por el 75% de sus
habitantes, sustituyéndolo por el ridículo acrónimo LAPAO (Lengua
Aragonesa Propia del Área Oriental). En Valencia, el gobierno de Fabra,
suspendió la publicación del Diccionari Normatiu Valencià, elaborado por
la propia Academia Valenciana de la Llengua, tras años de trabajo e
investigación, porque definía al valenciano como la “lengua románica
hablada en la Comunitat Valenciana, así como en Cataluña, las Islas
Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, el
Principado de Andorra, la franja oriental de Aragón y la ciudad sarda de
l'Alguer, lugares donde recibe el nombre de catalán”. El PP valenciano
consideró que esta definición “no se acomoda” al Estatuto de Autonomía.
El gobierno del PP en les Illes, aparte de suprimir las horas de clase
impartidas en catalán en el sistema educativo balear, trató de utilizar
el anti-catalanismo más furibundo contra la huelga indefinida de
profesores de la enseñanza pública. Aprobó una escandalosa Ley de
Símbolos, por la que se podrá multar con hasta 10.000 euros a quien
cuelgue la senyera en un colegio, instituto o cualquier edificio
público.
La “amenaza separatista” y el ejército
Insistimos,
la actitud ofensiva y violenta de la derecha y de sectores del aparato
estatal contra los sentimientos nacionales del pueblo catalán no son una
anécdota aislada. En vísperas de la Diada de 2011 el coronel Francisco
Alamán afirmó en una entrevista que la independencia de Catalunya sólo
se produciría “por encima de mi cadáver y el de muchos” y advirtió en
referencia al papel del ejército: “aunque el león parezca dormido, que
no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su
ferocidad a lo largo de los siglos”. Estas declaraciones, que tuvieron
un gran impacto en Catalunya, muestran el estado de ánimo de amplios
sectores del aparato del Estado, impregnados hasta la médula del
nacionalismo español más rancio, exacerbado por el contexto de
polarización e inestabilidad política creciente.
Dos
semanas después de la declaración del coronel Alamán, la Asociación de
Militares Españoles (AME), que agrupa a 3.500 militares, alentaba al
poder judicial y al gobierno a tomar “inmediatamente las medidas
oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión” y que si el
ejército tuviera que tomar cartas en el asunto no habría “la menor duda”
de que quienes hayan “permitido, participado o colaborado” en la
“amenaza de fractura de España” habrán de responder de “alta traición
ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense”. Después
de leer estas declaraciones y comprobar que no se ha producido ninguna
sanción contra los responsables de las mismas. ¿Quién puede rebatir que
el ejército, la judicatura y el resto de instituciones del Estado están
llenos de reaccionarios y fascistas? ¿De qué tipo de “consolidación
democrática” se puede hablar en las altas esferas del régimen político
español, conociendo estos hechos?
“Demócratas” como Aleix Vidal-Quadras, ex eurodiputado del PP y ex portavoz de este partido en Catalunya, ha apelado públicamente a la intervención de la Guardia Civil en Catalunya; Rosa Díez, la dirigente de UPyD, ha sugerido en numerosas ocasiones la supresión de la Generalitat si se continúa por el camino de la consulta. En septiembre de 2013 el economista Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, en una entrevista que le hacían en Telemadrid recordó que Azaña consideraba conveniente bombardear Catalunya cada 50 años. Sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Constitucional y militante confeso del PP, Francisco Pérez de los Cobos, llamó onanistas a los catalanes y les tildó de peseteros e individualistas en su libro Parva Memoria publicado en junio de 2006. Los ejemplos ocuparían páginas y páginas de actitudes semejantes entre lo más florido de la derecha españolista.
Es obvio
que en los círculos de poder del aparato estatal, tan estrechamente
ligados al PP y al franquismo, la cuestión catalana está provocando una
gran excitación. Tanto es así que hasta un alto mando del Ejército, el
teniente general Pedro Pitarch, advirtió, en un artículo publicado en
marzo de 2014, que “el perverso espíritu que animó el intento de golpe
del 23-F parece seguir latiendo y aflora a la menor ocasión”. Alertó de
que “hay militares en activo y retirados que tratan de inocular y
fomentar un estado de opinión a favor de una intervención militar en
Catalunya”, que hay militares que están “instando públicamente” a
quebrar la disciplina y el ordenamiento legal.
Recientemente, un informe del Instituto de Estudios Económicos, dependiente de la CEOE, señalaba la forma de proceder en el caso de convocarse un referéndum en Catalunya: “nos adentraríamos en una situación de conflicto abierto que inevitablemente acarrearía la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la destitución del Gobierno catalán y el cierre de su Parlamento y la restricción de algunos derechos constitucionales como es normal en estas situaciones extraordinarias”, lo que desembocaría en una situación en la que “abortada la secesión, encarcelados sus líderes e ilegalizados los partidos políticos que la apoyaron, se abriría un peróodo transitorio durante el cual el Estatut quedaría en suspenso y las competencias transferidas volverían a manos del Gobierno”. Esto es lo que defiende una “institución” a cuya cabeza se encuentra José Luis Feito, el que dijo que “hay que aceptar trabajos aunque sean en Laponia” o que, recientemente, solicitó que se prolongara la edad de jubilación hasta los 70 años. Un digno ejemplo del carácter ultrarreaccionario de la burguesía española.
El nacionalismo español, una tradición reaccionaria que mantiene su vigencia
Incluso un medio con un supuesto pedigrí democrático, como El País,
no está al margen de la ofensiva criminalizadora hacia todo lo que
huela a desafío contra el nacionalismo español. En un histérico arrebato
españolista, muy al estilo de 13TV, cargó en su editorial del 19 de
marzo de 2014 contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una plataforma
política en manos de CiU y de ERC y nada peligrosa para los intereses
del capital, a la que acusó de diseñar un “golpe” contra la “democracia
representativa”, de preparar un complot “asambleario”, basado en el
poder de la “calle” para tomar “puertos, aeropuertos y otras
instalaciones estratégicas”. Desarrollando hasta el final la lógica
argumental de El País, el periódico monárquico y reaccionario ABC
exigía, el mismo día, la ilegalización de la ANC. Por supuesto, la ANC
se reafirmó públicamente y por escrito en su total subordinación al
poder burgués legal, pero ahí quedaba el aviso a navegantes, contra
todos los que quieran subvertir la “democracia representativa”, es
decir, la dictadura de los mercados, mediante la “calle” y las
“asambleas”.
Evidentemente,
todas las amenazas de represión contra el derecho de autodeterminación,
de intervención del ejército en caso de celebrarse el referéndum, de
suspensión de la autonomía catalana, provenientes de estos círculos
reaccionarios, no sólo representan un peligro para los derechos
democráticos del pueblo catalán, vasco y gallego; amenazan directamente
al conjunto de clase trabajadora, la juventud y la mayoría de la
población de todo el Estado.
Aunque la
derecha “democrática” española se autopresente como
“anti-nacionalista”, como baluarte de la justicia e igualdad entre los
pueblos, contra los “privilegios”, en realidad es la portavoz del
nacionalismo más reaccionario y opresor. Un nacionalismo que es parte
irrenunciable de su tradición histórica y que encaja perfectamente con
los actuales objetivos políticos de la burguesía. La apelación constante
a los prejuicios contra los derechos democráticos del pueblo gallego,
vasco o catalán; la criminalización de los trabajadores por hacer
huelga y de los movimientos sociales por manifestarse contra los
recortes, los desahucios, y las medidas de austeridad; la ley mordaza;
la ley de aborto, la contrarreforma franquista de la enseñanza (LOMCE),
etc.; todo eso es parte del mismo paquete para atacar las conquistas
sociales y las libertades democráticas de la clase obrera, tratar de
dividirla en líneas nacionales, mantener en estado de histeria a la base
social del PP, incluida su ala ultraderechista, y crear un clima de
excepcionalidad para justificar medidas represivas y frenar las
movilizaciones masivas contra estas políticas.
Si hay un
factor que alimenta las tendencias a favor de la independencia y que
enquista el problema nacional es precisamente la actitud de la derecha
españolista que, no podemos olvidar, es la heredera directa del
franquismo y de una maquinaria represiva sin depurar desde la caída de
la dictadura, con todo lo que la represión franquista supuso en las
nacionalidades históricas. La derecha española no es parte de la
solución, es parte fundamental de todos los problemas, incluidos por
supuesto los relacionados con la cuestión nacional y los derechos
democráticos.
Derecho a la autodeterminación sí, subordinarse a CiU no. El ‘Estado propio’ del President Mas y su mentor Pujol
La
oposición de los marxistas a cualquier tipo de opresión nacional, a
mantener por la fuerza y la represión cualquier nacionalidad dentro del
Estado español, y nuestra defensa del derecho a la autodeterminación del
pueblo catalán, vasco y gallego, no nos lleva, en absoluto, a la
conclusión de que la clase obrera catalana, vasca o gallega, ni sus
organizaciones sindicales y políticas, tengan que subordinarse o
alinearse, activa o pasivamente, a los intereses, a los objetivos y a
los argumentos de la burguesía de las respectivas nacionalidades. Es
evidente que no sólo la burguesía españolista, sino también la burguesía
catalana y vasca, actúan con su propio guión en la cuestión nacional,
engañando, tergiversando, manipulando y utilizando los sentimientos
nacionales, el justo rechazo de amplios sectores del pueblo catalán y
vasco a los ataques de la derecha neofranquista, como los anhelos de
cambio de la mayoría de la población, para beneficio de sus propios
intereses de clase.
Así,
hay que distinguir muy bien entre el nacionalismo egoísta y
reaccionario de la burguesía catalana —que en realidad no tiene ningún
inconveniente en llegar a todo tipo de acuerdos con la burguesía
española, incluido la supresión de los derechos democráticos más
elementales (basta recordar el apoyo de la burguesía catalana al
franquismo)— y el nacionalismo de la gran mayoría del pueblo catalán,
que refleja fundamentalmente un rechazo a la opresión nacional y un
anhelo de justicia social. Eso es algo bastante obvio, pero nos parece
importante remarcar esta distinción en el actual debate no solo por
“constatarla” sino por extraer las consecuencias prácticas que de ello
se derivan en el terreno de la confrontación ideológica, de la lucha
política y de las alianzas.
Una de
las cuestiones fundamentales a poner sobre la mesa en el debate sobre el
derecho a decidir es qué tipo de Estado defiende la burguesía catalana y
el President Mas, y en qué medida éste supondría un avance en
el terreno de los derechos democráticos y sociales de la mayoría de la
población catalana. CiU está vendiendo la idea de que con un “Estado
propio” capitalista, Catalunya podría evitar el colapso del llamado
Estado del Bienestar e incluso aprovechar mejor la “salida de la
crisis”. La clave está, según CiU, en acabar con el “expolio fiscal”. Al
margen de otras consideraciones —como la posibilidad o no de “salir de
la crisis” sin “salir del capitalismo”, o la utilización que hace CiU
del “expolio fiscal” para encubrir el “expolio social” que siempre ha
practicado— es el propio Mas y los dirigentes fundadores de CiU, como el
Molt Honorable Jordi Pujol, quienes nos dan bastantes pistas respecto a
qué cabe esperar de su “Estado propio”.
En una
entrevista pública con el periodista Jordi Évole, el President Mas dejó
bien claro que en el “Estado propio” que proyecta CiU para Catalunya ni
se derogaría la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni se
revertirían los recortes en sanidad. Obvio. Incluso reconoció que su
política económica seguiría totalmente supeditada al capital financiero
alemán y francés, al que, ni por asomo, pretende enfrentarse.
Igualmente, en el plano militar, abogó por que Catalunya se apoyase para
su defensa en “ejércitos ya existentes”. Por no hablar del tipo de
policía que tendría ese Estado pensado por Mas, teniendo en cuenta lo
que tenemos ahora con los Mossos y su brutal expediente represivo. En la
Convención Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
celebrada a mediados de marzo de 2014, se aprobó un modelo de Estado
para una futura Catalunya independiente en una línea clara y
abiertamente thatcheriana, con todavía menos impuestos para las
empresas, menos prestaciones sociales (que deberán “adaptarse” a la
nueva situación económica) y más privatización de la sanidad y la
educación. En el documento aprobado se defiende descaradamente el
copago: “Junto con el principio de universalidad también se tiene que
tener en cuenta la corresponsabilidad o cofinanciación de los recursos,
dependiendo de la capacidad económica de cada uno”.
Recientemente,
el Consejo de Transición Nacional, compuesto por asesores designados
por Mas, recomendaba que el nuevo Estado catalán debería mantener una
unión con el Estado español con “cooperación en varios ámbitos:
monetario, industrial, fiscal, cultural, infraestructuras, defensa,
migraciones…”. El organismo recomienda que el Barça y el Español sigan
jugando en la liga española y que las relaciones con España “sean más
sólidas que las actuales” pero en el plano de igualdad. ¡Vaya forma de
independencia y de autodeterminación más curiosa! El proyecto
“independentista” de Mas es abierta y vergonzosamente sumiso con los
grandes poderes económicos a los que representa —como se ha demostrado
siempre que CiU ha gobernado la Generalitat— y con sus hermanos de
clase: el capital español y europeo.
Otra
“pista” que nos puede acercar al tipo de “estado propio” que planea el
President Mas es su abierta simpatía con el Estado de Israel, modelo de
la más brutal opresión nacional y social donde los haya. ¿Puede un
“luchador por la democracia”, un “campeón de la liberación del pueblo
catalán” tomar como modelo un estado que se sostiene sobre el genocidio
sistemático de otra nacionalidad, sobre la ocupación, las colonias, la
represión indiscriminada, las bombardeos, los presos o los millones de
refugiados? ¿Lo que vale para el pueblo catalán no vale para el pueblo
palestino? En su visita a Isreal de noviembre de 2013, acompañado de un
nutrido grupo de empresarios, dijo que “la lucha de Israel por su
supervivencia es un gran ejemplo a seguir” y que “tenemos que aprender
muchas cosas de Israel”. CiU, aunque trate de simularlo, tiene un
carácter también racista y discriminatorio hacia las demás
nacionalidades. Fue muy conocida la posición del alcalde de Vic de
negarse a empadronar a los inmigrantes que no tuvieran permiso de
trabajo. O las declaraciones despectivas de Duran i Lleida contra los
andaluces que “reciben el PER para ir al bar del pueblo”, al más puro
estilo de la ultraderechista y racista Liga Norte italiana, con cuyo
número dos, Roberto Maroni, que califico a la Ministra italiana de
Integración, originaria del Congo, de “orangután, no dudo en reunirse
Más este pasado enero.
El
reciente escándalo protagonizado por Jordi Pujol y su familia revela,
mejor que cualquier otro hecho, lo que realmente persiguen estos
individuos cuando hablan tan solemnemente sobre la “patria catalana”:
llenarse los bolsillos de manera obscena a costa de los presupuestos
públicos, del saqueo del dinero que debería ir destinado a la educación,
la sanidad, los equipamientos sociales, el bienestar de la población
catalana, para vivir como una élite intocable, como marajás,
exactamente igual que sus hermanos de clase, y de latrocinio, de España,
de Francia, de EEUU y de cualquier otro país capitalista. Este es el
modelo de nación que siempre ha defendido la burguesía catalana, desde
Cambó hasta Pujol, desde los industriales que se lucraron con la
dictadura de Primo de Rivera y con la de Franco hasta los ejecutivos de
La Caixa que amasan su fortuna insultante gracias a la especulación, los
desahucios o las ayudas estatales concedidas por el PP a cambio de los
recortes sociales. ¿Este es el tipo de proyecto nacional que queremos
levantar? ¿Una nación gobernada por los mismos explotadores que nos han
oprimido durante décadas?
Por
cierto, hay que señalar que el fraude fiscal multimillonario de Pujol
era ampliamente conocido por la burguesía española, por el PP y por el
PSOE, partidos ambos duchos en este tipo de tejemanejes (ver la fortuna
de los dirigenets del PP, el caso Barcenas, la fortuna de Felipe
González y el acomodo de los ministros del PSOE en los consejos de
administración de las grandes multinacionales). Los negocios ilegales de
Pujol se callaron, y se guardaron como un secreto de Estado, debido a
los servicios políticos que Pujol y CiU han prestado para la
gobernabilidad de España y en la defensa de los intereses colectivos de
la clase dominante. No en vano Jordi Pujol fue nombrado español del año
en 1986 por ABC. Ahora, la burguesía española y el aparato del estado,
que han guardado a buen recaudo todos los expedientes, ha decidido jugar
esta carta para "ablandar" a CiU en la negociación que están
manteniendo en secreto sobre la cuestión del referéndum y otros temas.
¿Es CiU independentista? Un breve recordatorio
¿Cuáles
son las causas del giro de CiU hacia el “independentismo”? Para
contestar a esta pregunta hay que recordar, aunque sea someramente, cuál
era la situación de la derecha nacionalista catalana inmediatamente
anterior a su viraje.
CiU
recupera la Generalitat en las elecciones de noviembre de 2010, un año
antes de que el PP hiciera lo propio en el gobierno central. Desde el
primer minuto se lanzó a una ofensiva brutal contra la sanidad y
educación públicas. El gobierno de Mas fue pionero en cerrar quirófanos y
centros de salud y aplicar el copago sanitario. Llevó la represión
policial a una escala superior: brutal desalojo por parte de los Mossos
d’Esquadra de Plaça Catalunya durante el movimiento 15-M; salvaje carga
contra la manifestación de la huelga general del 29-M de 2012 (que acabó
con 74 detenciones en toda Catalunya); nueva acción represiva en la
huelga general del 14-N de 2012, en cuya manifestación de Barcelona una
mujer joven, Ester Quintana, pierde un ojo por el impacto de una pelota
de goma lanzada por los Mossos d’Esquadra; sistemática infiltración
policial en las manifestaciones para organizar altercados que
justifiquen la represión; tres muertos como consecuencia de acciones de
“reducción” de los Mossos en un año. Hasta el Consejo de Europa ha
tenido que calificar la situación de “lamentable” al constatar que
después de sus visitas a Catalunya se sigan recibiendo “constantes
denuncias de malos tratos a los detenidos”.
Al igual que el PP, CiU desarrolló una intensa campaña de criminalización contra las manifestaciones y grupos de izquierda. La derecha catalana es vehemente partidaria de la restricción del derecho a huelga y manifestación, y así lo defienden siempre que tienen oportunidad. Para justificar los recortes, CiU hizo una utilización a fondo de toda la demagogia liberal clásica contra el llamado estado del bienestar. Basta recordar las palabras de Boi Ruiz, exconseller de Sanidad, que afirmaba hace apenas tres años, que “la salud es un bien privado que depende de uno mismo, y no del Estado”. Cuando era el jefe de la patronal catalana de la sanidad privada invitaba a los catalanes a hacerse de una mútua privada. Al igual que la dimitida Esperanza Aguirre en Madrid, Mas-Colell, conseller de Economía, otro acérrimo liberal, proclamó que era necesario poner fin al “acceso gratuito universal” a las prestaciones sociales.
Al inicio
de 2011, CiU situó al PP como su socio principal en el Parlament,
estableciendo una colaboración política que nunca se había producido de
forma tan descarada en Catalunya, justamente donde los “populares”
tienen un perfil nada oculto, marcadamente cavernícola y españolista.
Tras las elecciones municipales, en mayo de 2011, esta alianza se
reforzó con el apoyo del PP a CiU para que alcanzara la alcaldía de
Barcelona y el apoyo de CiU al PP para que éste se hiciera con la
alcaldía de Badalona, encabezada por un racista declarado como Xavier
García Albiol. La colaboración se fortaleció aún más con la llegada al
gobierno de Rajoy, tras las elecciones de noviembre de 2011; CiU ha
apoyado en el congreso, por convicción propia y en compensación por la
ayuda que ha recibido del PP en Catalunya, todas sus medidas
antiobreras: la reforma laboral, la amnistía fiscal, la ley de
estabilidad presupuestaria, los recortes en sanidad y educación. Las
únicas críticas de CiU a la política del PP han sido para que este
endurezca aún más sus medidas, como así fue con la reforma laboral o con
el recorte salarial de los funcionarios.
Catalunya
ha sido, precisamente, uno de los focos de movilización y contestación a
los recortes más potente de todo el Estado. Desde las manifestaciones
multitudinarias contra los recortes en sanidad, las grandes
movilizaciones del 15-M (2011), o el seguimiento masivo de la huelga
general del 29-M y del 14-N de 2012 y de sus respectivas manifestaciones
con más de un millón de personas en las calles, las contundentes
movilizaciones convocadas por la PAH, el seguimiento de las huelgas y
manifestaciones impulsadas por el Sindicato de Estudiantes contra los
recortes en educación fueron también multitudinarias. Todas estas
movilizaciones de masas han sido minimizadas por los medios, dentro y
fuera de Catalunya, pero han contado con el mismo nivel de
participación, o incluso más, que las movilizaciones relacionadas con la
cuestión nacional.
¿Independencia? Ya veremos, pero para hoy lo único que hay son más recortes
En
un contexto de protesta social creciente, y de profunda deslegitimación
de las instituciones y partidos del sistema, el desplazamiento del eje
político de la confrontación social y de clase al terreno de la cuestión
nacional ofrecía muchas más ventajas que desventajas para CiU. Para que
esta operación tuviera éxito, los líderes de CiU contaban con dos
elementos: la existencia de un sentimiento masivo entre la población de
rechazo a la ofensiva españolista contra los derechos democráticos
nacionales de Catalunya, y la colaboración de los dirigentes reformistas
y socialdemócratas de la izquierda política y sindical, como veremos
más adelante.
El
congreso de CDC de marzo de 2012, antes de la masiva Diada del mismo
año, aprobó el objetivo de “construir un Estado propio” para Catalunya.
Jordi Pujol, para asombro de propios y extraños (tras el Pacto del
Majestic y el codo con codo durante años con Aznar), se pasaba
al “independentismo” y auguraba una “gran confrontación con España”, sin
regatear soflamas y arengas a los militantes de CiU a que se hicieran
soldados de Catalunya en esa gran batalla. Tanto patriotismo no le
impidió evadir junto a su familia cientos de millones de euros a Suiza y
otros paraísos fiscales durante décadas, provenientes, tal como se
señala en las investigaciones hechas públicas en los medios de
comunicación, del cobro de comisiones que salían directamente de los
contratos adjudicados desde la Generalitat a sus amigos empresarios.
Está claro que en la primavera de 2012 había un movimiento político en
marcha y que tenía dos objetivos centrales: desviar la atención de la
salvaje política de recortes sociales practicada por CiU desde la
Generalitat y disputar a la burguesía española una parcela mayor de
poder en las decisiones políticas, sobre todo en materia económica y
presupuestaria.
Un
ejemplo muy simbólico de las ventajas que para la burguesía catalana
comportó este cambio de tercio lo tenemos en el hecho de que el mismo
Parlament que fue rodeado en 2011 por un movimiento de protesta bastante
masivo, con una potente carga de crítica a las instituciones
capitalistas, en el contexto de la oleada del 15-M, ahora dice estar
“mandatado” por el “pueblo catalán”, al que teóricamente se “subordina”,
para conquistar el “derecho a decidir”. Es obvio que el viraje ha
servido para tratar de paliar la crisis de autoridad de las
instituciones burguesas catalanas.
El camino
recorrido para llegar al anuncio de la consulta ha estado trufado de
todo tipo de cambalaches por parte de CiU. De entrada, Mas vinculó su
celebración a que esta fuera legal o al menos que tuviese el
consentimiento del Gobierno del PP. Luego, de un modo descarado,
supeditó la convocatoria de la consulta al apoyo de ERC a los
presupuestos de 2014, que suponen una nueva vuelta de tuerca de los
recortes sociales (que en Catalunya han sido especialmente salvajes) y
de las privatizaciones. Desde que CiU se hiciera con el gobierno de la
Generalitat en 2011 ha disminuido el gasto social por habitante en un
22%, retrocediendo una década. El presupuesto de 2014 es una
consolidación de los brutales recortes de los últimos tres años. Todo lo
anterior da una idea bastante clara de cómo CiU trafica con los
“principios fundamentales”.
Los
efectos de los recortes, el desempleo y los bajos salarios son
sangrantes: a principios de agosto el Síndic de Greuges [equivalente al
Defensor del Pueblo en Catalunya] alertaba de que 50.000 niños sufrían
privaciones alimenticias en Catalunya y que la sanidad catalana había
registrado 750 casos de niños con síntomas de malnutrición. Hace un año
la Diputación de Barcelona reconocía que un 57% de la población tiene
dificultad para llegar a fin de mes y un 29,5% es pobre. Según el
instituto de estadística de Catalunya, IDESCAT, en su “Estadística de
distribución personal de la renta y de riesgo de pobreza”, el 26,4% de
los catalanes menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza, un
porcentaje 8,8 puntos superior al que se registró en el 2008.
CiU, con
el respaldo abierto de ERC, insiste una y otra vez en que estos
presupuestos son “los únicos posibles” en estas circunstancias. Desvía
su total responsabilidad achacándola a las “imposiciones de Madrid”,
cuando realmente CiU ha sido el principal aliado del PP en la política
de recortes y pérdida de derechos que ha llevado a un dramático
empobrecimiento de la población, tanto en Catalunya como en el resto del
Estado. El apoyo de CiU a la reforma laboral y a la ley de Estabilidad
Presupuestaria del PP, que prioriza el pago de intereses a la banca
sobre el gasto público, por poner dos ejemplos, fue entusiasta. No
escucharemos a ningún líder de CiU clamar ni actuar contra el fraude
fiscal en Catalunya que, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio
de Hacienda, se eleva cada año a 16.000 millones de euros (mucho más que
todo el presupuesto conjunto de Sanidad, Educación y Bienestar Social
de la Generalitat y el doble del “déficit fiscal” cuantificado por CiU).
Mientras
la política social y económica de CiU se sigue aplicando, ahora bajo el
manto de progresismo que le ofrece ERC, el plan “independentista” de Mas
siempre se podrá posponer por el propio Mas si le conviene o si se
llega a un acuerdo entre bambalinas sobre un nuevo reparto de poder y de
presupuestos con la burguesía española, que es lo que realmente
persigue.
¿CiU “no pinta nada” en este proceso?
Evidentemente,
nuestra denuncia de las maniobras de CiU, de la utilización demagógica
que hace de los sentimientos democráticos del pueblo catalán, de los
verdaderos intereses que han llevado a los convergentes a realizar su
efectista giro “independentista”, no restan un ápice de importancia al
calado de la movilización social a favor del derecho a la
autodeterminación que se ha producido en Catalunya en los últimos años.
Lo hemos señalado: la ofensiva españolista, la crisis capitalista, la
deslegitimación institucional, el malestar que afecta a amplias capas
sociales constituyen los ingredientes fundamentales de dicha
movilización. La irrupción de la cuestión nacional en Catalunya tiene
una sólida base objetiva y un significado político de primer orden. ¿Qué
contradicción hay entre esta afirmación y la denuncia de la
manipulación que está haciendo CiU de los sentimientos del pueblo
catalán? ¿O entre esta afirmación y la constatación de que CiU está
marcando la pauta del llamado “proceso soberanista”?
Resultan
cuanto menos sorprendentes algunas opiniones, asumidas o defendidas
incluso desde una óptica supuestamente progresista, según las cuales la
denuncia de los intereses de CiU y de su papel hegemónico en este
proceso equivale a despreciar los sentimientos del pueblo catalán. La
denuncia de las maniobras de CiU es, según estas opiniones, la negación
del carácter masivo o genuino de las movilizaciones a favor del derecho a
decidir. Se trata de una argumentación carente de lógica y peligrosa
políticamente, ya que desarma completamente a la izquierda frente a la
derecha nacionalista. Es precisamente por el hecho de que existe un
sentimiento extendido de rechazo al nacionalismo españolista, es
precisamente por el hecho de que el malestar social también se expresa
(aunque no exclusivamente) a través de reivindicaciones
democrático-nacionales, por lo que la burguesía catalana trata de
explotar este estado de ánimo, este ambiente, para sus propios fines. Si
no existiese una base social objetiva sobre la que intervenir, la
maniobra no tendría sentido ninguno.
Reconocer
que CiU representa los intereses de los capitalistas catalanes pero que
“no pinta nada en este proceso” no mejora mucho las cosas. ¿Cómo que
CiU no determina las pautas y el contenido del “proceso soberanista”?
¿Quién ha decidido una consulta con doble pregunta en vez de una
pregunta clara sobre la voluntad de independizarse o no? ¿Quién está
forzando a que la consulta esté supeditada a la legalidad vigente (es
decir, a la aprobación del PP)? ¿Quién ha determinado que sea una
“consulta” y no un referéndum vinculante? ¿Quién lleva el peso de las
negociaciones con el gobierno central? ¿Quién condiciona que todo el
foco del proceso esté en las instituciones viciadas y corruptas del
“viejo régimen”? ¿No lo ha impuesto CiU? ¡Obvio que sí!
El lamentable papel de los dirigentes socialdemócratas
Y lo más
paradójico de todo es que CiU está marcando la agenda y el contenido a
pesar de su debilidad, de su declive, de su pérdida de credibilidad, de
su crisis interna… ¿Cómo puede ser que CiU siga gobernando desde la
“UVI” política? La respuesta está en la actitud, el programa y la
estrategia socialdemócrata y reformista de los dirigentes de los
partidos de la izquierda y de los sindicatos, tanto en Catalunya como en
el resto del Estado. Este aspecto, que está completamente ausente de
los análisis habituales sobre la situación en Catalunya, es
absolutamente central.
Hay que
recordar que las tensiones en el terreno de la cuestión nacional
catalana no siempre han favorecido a CiU. De hecho, la ofensiva
españolista y antiobrera del PP contribuyó a que en 2003 se produjera
un espectacular giro electoral hacia la izquierda en Catalunya,
poniendo fin a 22 años de gobierno de CiU y anticipando la caída de
Aznar al año siguiente. Sin embargo, el Tripartit, en vez de basarse en
ese apoyo masivo para impulsar un cambio radical en la política social y
en la defensa de los derechos democráticos, adoptó una política
continuista que en poco se diferenciaba a la aplicada por la derecha:
privatización de los servicios públicos, aceptación de los despidos de
las multinacionales mientras estas seguían recibiendo subvenciones
públicas a mansalva, uso de la represión contra el movimiento
estudiantil, etc.
Una de
las medidas centrales del Tripartit fue la aprobación de la Ley de
Educación de Catalunya (LEC), un verdadero manual de privatización de la
educación pública, que contó con el respaldo entusiasta de la patronal y
de CiU, y la oposición de la comunidad educativa que protagonizó cuatro
huelgas generales exitosas. Cuando el gobierno Zapatero anunció el
recorte salarial del 5% a los empleados públicos, el Tripartit se
apresuró a anunciar un plan de ajuste de mayor calado, afectando en
Catalunya a unas 260 empresas públicas o semipúblicas.
Así, la
vuelta de CiU a la Generalitat, en noviembre de 2010, no fue producto de
su fortaleza sino de la abstención y la desmovilización electoral de la
izquierda, provocada por la profunda decepción por la política del
Tripartit, con el PSC a la cabeza, tras siete años en la Generalitat.
Ya en la
oposición los dirigentes tanto del PSC como de ICV-EUiA adoptaron una
política de seguidismo escandalosa. Aunque se han opuesto de palabra a
los recortes, le han tendido la mano constantemente, haciendo un “frente
común” en la cuestión del pacto fiscal y en otros temas. Esto permitía a
CiU presentar os recortes sociales como algo “impuesto desde fuera” y
ajeno a sus intenciones. El 25 de julio de 2012 se aprobó una propuesta
de pacto fiscal con el apoyo de CiU, ERC, ICV-EUiA y la extinguida
formación de Joan Laporta.
Los
dirigentes de CCOO y UGT en Catalunya mantuvieron una táctica
desmovilizadora con un celo todavía mayor que en el resto del Estado. El
aparato de CCOO y UGT firmó un acuerdo con Foment de Treball, la
patronal calatalana, para “impulsar la economía productiva”, encubriendo
tanto la ofensiva patronal contra los trabajadores como los recortes
salvajes de la Generalitat; desconvocó la huelga general del Metal en
mayo de 2013 en una contexto de gran malestar en las plantillas, una
acción que se podría haber convertido en la antesala de una huelga
general contra la brutal ofensiva patronal contra los convenios;
saboteó, en la práctica, la impresionante huelga indefinida de los
trabajadores de Panrico, una lucha que contaba con la simpatía de los
trabajadores y de la gran mayoría de la población catalana. A pesar de
la crisis, a pesar de los recortes, CCOO y UGT no han convocado ninguna
movilización seria y centralizada en Catalunya desde la huelga general
del 14 de noviembre de 2012.
Después
del revés que se llevó la burguesía catalana y CiU en las elecciones
anticipadas del 25 de noviembre de 2012, Mas condicionó, como ya
señalamos, la convocatoria de una consulta sobre el “futuro de
Catalunya” (con un contenido y unas implicaciones completamente difusas)
al respaldo de ERC a su política de recortes sociales (bastante
concretos). La maniobra fue muy clara y los dirigentes de ERC la han
aceptado, convirtiéndose en cómplices de la política antisocial de la
derecha.
El PSC,
sumido en una grave crisis que huele a descomposición, ha quedado fuera
de juego. Sus dirigentes o bien caen el españolismo rancio del PP, o
bien acuerdan alianzas con CiU de lo más penosas, como en el caso del
macrocomplejo de juego y prostitución impulsado en Tarragona. La falta
de una mínima alternativa de transformación social los convierte en
peleles de una u otra burguesía, de CiU o del PP. Por más que el PSOE
trate de diferenciarse del PP con su “federalismo”, a la pregunta
fundamental de si se defiende el derecho a la autodeterrminación la
respuesta del flamante nuevo secretario general, Pedro Sánchez (igual
que antes la de Rubalcaba) es no. Sánchez y Rajoy defienden las “mismas
líneas rojas” en la cuestión nacional.
Por
supuesto que, a pesar de la cobertura que recibe desde su flanco
izquierdo, CiU gobierna entre dificultades crecientes (aunque si se
hubiese mantenido en su línea inicial, de pacto abierto y descarado con
el PP, su situación sería indudablemente peor). Hagan lo que hagan los
partidos de la burguesía, o los que sostienen en la práctica una
política capitalista, gobernarán entre dificultades cada día más agudas
en esta época de tremenda inestabilidad política, de polarización
extrema, de movilización social, de crisis económica y social profunda,
de revolución y contrarrevolución.
¿Independencia para “cambiarlo todo” pactando con CiU?
Que CiU
esté en una situación de extrema debilidad no puede ser un argumento
para colaborar con ella, encubrir o restar importancia a sus maniobra o
tratar de “aplazar” la lucha de clases a “después” de conseguido el
objetivo de la independencia. Es completamente contradictorio decir que
CiU está superada por los hechos, desbordada por la movilización, que
“no determina el proceso” y, al mismo tiempo, mostrar continuamente una
disposición a apoyar o incluso participar en un gobierno con Mas. ¿En
qué quedamos? Una de dos: o el pacto con CiU es importante, en la actual
fase, para defender los derechos democráticos del pueblo catalán o se
le está regalando un protagonismo gratuito sin ningún sentido político.
En ambos casos se estaría haciendo un flaco favor a la lucha por el
derecho a la autodeterminación y el socialismo.
La
escenificación solemne del pacto alcanzado por CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP
sobre la pregunta en el referéndum propuesto para noviembre, fue la
coronación, de facto, de una política de colaboración de clases que los
representantes de la burguesía están explotando a fondo: “todos estamos
en el mismo barco en este momento histórico, desde los demócratas
cristianos hasta los antisistema”.
La
irrupción de las CUP en las elecciones de noviembre de 2012, con tres
diputados en el parlament, reflejó la voluntad de cambio de un sector de
la sociedad, sobre todo de jóvenes, que piensan que la independencia
puede ser una vía para propiciar una profunda transformación social, una
ruptura con el capitalismo. La propia consigna que esta formación
popularizó, “Independencia para cambiarlo todo”, refleja este anhelo de
la base electoral y militante de las CUP.
Sin
embargo, los máximos dirigentes de la CUP han hecho declaraciones
públicas demostrando estar dispuestos a llegar bastante lejos en su
frente con CiU. En una entrevista concedida el 13 de junio de 2013 a RAC
1, el diputado David Fernández afirmó que en caso de emergencia social y
económica no descartaría que la CUP formen parte de un gobierno de
concentración liderado por Mas. Luego insistió: “en situación de
emergencia social y nacional nosotros no descartamos, yo diría
personalmente, yo no descartaría nada”. Lo peor es que pone una
condición para participar en un “gobierno de unidad”: que el gobierno de
Mas ponga en marcha un “plan de choque contra la pobreza”, cuando lo
que hay que denuncar es que el gobierno de CiU i la clase social que
representa son los principales reponsables de la desigualdad y la
pobreza.
En marzo
de 2014, en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio, David
Fernández volvió a insistir en que no descartaba la formación de un
gobierno de unidad nacional en caso de determinados “factores exógenos”,
se entiende que en caso de que la agresividad del PP suba de tono. En
la misma entrevista hablaba de “defender la tarea del President” ya que
“este señor está gestionando la voluntad de la mayoría social de este
pueblo”, destacaba que “lo importante es avanzar” y, en otro contexto,
lamentaba “reconocer la tarea de una derecha civilizada que hace falta
en nuestra sociedad”. En la presentación de un libro de Josep Lluís
Carod-Rovira en abril de 2014, el mismo dirigente dio a entender que no
descartaba la entrada de la CUP en un gobierno de coalición con CiU y
ERC. “No descartamos ningún escenario”, señaló.
La
experiencia práctica de la lucha de clases demuestra que es imposible
compaginar esta orientación con un combate consecuente contra los
recortes y contra el sistema capitalista. La política de alianzas de los
dirigentes de la CUP es completamente contradictoria con el objetivo de
“cambiarlo todo”. En los hechos se están deslizando por la misma línea
que ERC, con la diferencia de que ERC lo justifica descaradamente. Lluís
Salvadó, secretario general adjunto de ERC tiene “muy claro que éste no
es el momento de frentes de izquierdas, es el momento de arrimar el
hombro para conseguir la independencia de nuestro país y trabajar en la
unidad y la coordinación del máximo número de formaciones de izquierdas,
de centro, de derechas, de cualquier ámbito ideológico, para trabajar
para el 9N y para conseguir que Catalunya obtenga su independencia”.
Sigue: “Si estamos en pleno proceso de conseguir la independencia,
priorizaremos de forma muy clara el eje nacional y la suma transversal
para conseguir la independencia, en forma de candidaturas o de pactos a
posteriori” (Ara, 17/06/2014). No se puede ser más transparente. Esto
entronca con la categórica afirmación de Alfred Bosch, actual portavoz
de ERC en el Congreso, que sin pudor afirmaba el mes anterior que “Mas
es imprescindible”.
Las consecuencias del “etapismo”, la experiencia de la Transición
Desde
algunos sectores de la izquierda que se reclama “revolucionaria”, se
plantea que el actual proceso político, que supuestamente llevará
Catalunya a la independencia, es el golpe más importante al régimen
nacido de la constitución de 1978, y que eso justifica ir de la mano de
CiU para lograr la convocatoria del referéndum. Pero un análisis sobrio
nos indicará que esto no es así, sino todo lo contrario. En realidad, la
imagen de Mas con los representantes de ERC, de ICV-EUiA y de la CUP
tiene un paralelismo muy claro con la imagen de unidad que los
dirigentes del PSOE y del PCE se prestaron a escenificar con los
representantes de la derecha franquista, que habían llegado a la
conclusión de que era necesario un lavado de cara del sistema para
mantener el poder en manos de los de siempre —la oligarquía financiera,
industrial y terrateniente— y descarrilar la revolución social que se
estaba gestando en los años setenta. Por cierto, en aquel entonces, los
representantes de CiU jugaron un papel muy activo para apuntalar una
Transición por la que se acordó que todo el aparato represivo heredado
de la dictadura quedara intacto. Y ahora, de la mano de estos mismos
representantes de la oligarquía catalana resulta que vamos a asistir a
una “ruptura histórica” con el régimen de la Transición. ¿De la mano de
los mismos que se ensañan en la represión del movimiento obrero y
estudiantil, que apoyan todas la medidas antidemocráticas y antisociales
del PP, resulta que vamos a protagonizar un “conflicto democrático” con
el Estado español?
En los
años 70, Felipe González y Santiago Carrillo justificaban los acuerdos
con Suárez y Fraga como algo táctico, como el medio de “consolidar la
democracia”, burguesa obviamente, y posponer la lucha por el socialismo
para mejores momentos. Los actuales dirigentes de IC-EUiA y de la CUP
justifican los acuerdos con CiU también como algo “táctico”, como un
pacto necesario “en la actual etapa” para “defender los derechos
democráticos” del pueblo catalán, para lograr la independencia, y “luego
veremos” qué carácter se le da al nuevo Estado, como si el hecho de la
independencia, por sí misma, facilitase el cambio de la naturaleza de
clase que pueda tener el Estado. Es decir, en esta visión etapista, se
defiende que un Estado capitalista dirigido y gobernado por los mismos
oligarcas de siempre, constituye un paso necesario y positivo… ¡¡al
socialismo!! ¿Acaso no nos suena esta música? Después de la etapa que
hipotéticamente conduzca a una Catalunya capitalista independiente, la
burguesía exigirá una nueva “etapa” para consolidar este Estado, en la
que igualmente los trabajadores tendrán que posponer sus exigencias. Y
así, de etapa en etapa, la burguesía seguirá indefinidamente en el
poder.
Los
hechos han demostrado a qué camino condujeron las justificaciones
etapistas en la lucha por la transformación de la sociedad: a la total
adaptación al sistema, al desprestigio de las organizaciones de
izquierdas y a incrementar el margen de maniobra de la burguesía frente a
la clase obrera y la juventud. Lo que ocurrió en la Transición
española, en Portugal en 1974, en Irlanda del Norte, donde los
dirigentes del Sinn Féin justificaron el pacto con los unionistas por
estos mismos motivos, son ejemplos muy elocuentes.
Se
argumenta a favor de este frente con la burguesía catalana que,
teóricamente según sus defensores en la izquierda, está circunscrito a
una cuestión democrática, como el derecho a decidir; y se insiste en que
este pacto no impide que en la cuestión social y económica, la
oposición a CiU “sea total”. Cualquier persona con un poco de
experiencia política sabe que esta separación es completamente falsa. La
situación real es que, primero, CiU no está apoyando el derecho a la
autodeterminación sino su falsificación, su castración. De hecho, ella
supedita su impulso del difuso “derecho a decidir” a un apoyo concreto a
su política antisocial. ¡Es la propia burguesía la que vincula,
descaradamente, la cuestión nacional a la cuestión social! Segundo,
ayuda a CiU a centrar el debate político en la cuestión nacional, en los
términos que a la burguesía le interesa, en detrimento de la lucha de
la clase obrera y de la juventud contra los recortes y su política
represiva.
Los
diputados de ICV, de EUiA o de la CUP pueden hablar de lucha contra los
ricos, de la necesidad de enfrentarse a los recortes, pero si en la
práctica sitúan como punto fundamental para cambiar la situación de
angustia y sufrimiento que vive la mayoría de la sociedad, la
celebración de una consulta y la creación de un “Estado propio”, en
realidad capitalista, y se defiende como táctica fundamental para llegar
a ello un acuerdo con los representantes de la burguesía catalana,
lógicamente la idea central que se transmite es la necesidad de
priorizar este acuerdo y estos objetivos en detrimento de la lucha
social, y también en detrimento del vínculo que existe entre la clase
obrera y la juventud catalana con la del resto del Estado. Un vínculo
necesario y fundamental en la movilización contra los recortes, por el
derecho de autodeterminación y por el socialismo, que ha sido expresado
en todos y cada uno de los grandes movimientos de protesta social de los
últimos años: 15-M, huelga generales, PAH, movimiento estudiantil
contra la LOMCE, etc., y que, por supuesto, la burguesía catalana está
encantada en romper y enterrar.
Marxismo y cuestión nacional
Para
tener una posición revolucionaria sobre la cuestión nacional es
fundamental que nos basemos en la teoría marxista. Los textos más
importantes sobre el tema son de Lenin, y fueron escritos entre 1913 y
1916, precisamente en un contexto de crisis general del sistema
capitalista, de exacerbación del problema nacional y de auge del
movimiento obrero, y de preparación de la primera guerra mundial
imperialista.
Textos
como “El derecho de las naciones a la autoderminación”, “Notas críticas
sobre la cuestión nacional” y otros tenían como objetivo afianzar las
bases teóricas, metodológicas y programáticas del marxismo sobre la
cuestión nacional y su relación con la lucha de clases, ofreciendo así
una orientación política a los sectores más avanzados de la juventud y
de la clase obrera sobre este tema. Esto explica que muchos pasajes de
estos trabajos parezcan escritos pensando en la situación actual en el
Estado español y la cuestión nacional en Catalunya, Euskal Herria o
Galiza. Sin una lucha consecuente contra la opresión nacional, hubiera
sido imposible para los bolcheviques ganar la confianza de las masas de
las nacionalidades oprimidas —en su mayoría campesina— para la causa de
la revolución socialista y, por lo tanto, esta no hubiera triunfado.
El
Imperio del Zar distaba mucho de ser nacionalmente homogéneo y su
unidad, debido al retraso histórico de la burguesía y del capitalismo
ruso, se forjó con el ingrediente fundamental de la opresión nacional a
manos del Estado absolutista gran ruso. Como señaló Lenin, Rusia era una
cárcel de naciones. A pesar de que la mayoría de la población del
Imperio era no rusa —ucranios, polacos, finlandeses, lituanos, letonios,
judíos, musulmanes, tártaros, los pueblos del Cáucaso, etc.,— el idioma
ruso se imponía en la escuela, en el ejército y, por supuesto, en toda
la administración; la Iglesia ortodoxa aseguraba esta rusificación
ejerciendo de “policía espiritual” del zarismo.
La
participación de Rusia en la guerra imperialista de 1914 endureció
todavía más la opresión nacional: la represión a gran escala de los
derechos democráticos de las naciones oprimidas, los encarcelamientos y
el asesinato de los activistas, la expulsión en masa de la población
autóctona, la absoluta prohibición de cualquier prensa nacional, se
intensificaron. En estas condiciones era inevitable que con la caída del
zarismo y la irrupción de la revolución, las reivindicaciones
democrático-nacionales de las nacionalidades oprimidas, unidas a las
otras demandas democráticas generales y de carácter social, se pusieran
al orden del día. Este proceso se vio en la revolución de 1905 y se
volvió a poner de manifiesto en 1917.
Leninn
consideraba que la defensa del derecho a la autodeterminación, unido a
un programa socialista revolucionario, era la mejor manera de
contrarrestar la influencia del nacionalismo burgués, y pequeño-burgués,
sobre las masas obreras y campesinas de las nacionalidades oprimidas.
Cuando existe una situación real de opresión nacional, subestimar este
hecho o ignorarlo, incluso cuando se hace partiendo de una posición
internacionalista, conduce en el mejor de los casos a entregar la
bandera de la defensa de los derechos democráticos nacionales a la
burguesía de la nacionalidad oprimida, y en el peor a caer en la misma
posición que la burguesía de la nacionalidad opresora. Para Lenin, la
defensa del derecho a la autodeterminación tenía una labor educativa
fundamental, sobre todo de cara a los trabajadores y campesinos de la
nacionalidad opresora, en este caso de Rusia. “¿Puede acaso ser libre un
pueblo que oprime a otros pueblos? No. Los intereses de la libertad de
la población rusa exigen que se luche contra tal opresión. La larga
historia, la secular historia de represión de los movimientos de las
naciones oprimidas, la propaganda sistemática de esta represión por
parte de las ‘altas’ clases han creado enormes obstáculos a la causa de
la libertad del mismo pueblo ruso en sus prejuicios, etc.”, señala
Lenin.
Independencia de clase
Ahora
bien, la defensa de Lenin del derecho a la autodeterminación, que
incluye el derecho a la separación, es sólo una parte de su posición
sobre la cuestión nacional. Es importante remarcar que esta defensa del
derecho a la autodeterminación no significaba para Lenin, y para los
marxistas, la obligatoriedad de alentar la independencia. De hecho,
Lenin consideraba que cuanto más amplia fuera la unión de los pueblos en
un mismo estado socialista se darían mejores condiciones para
desarrollar la economía y mejorar las condiciones de vida y culturales
de la población. Claro está que esta unidad tenía que ser absolutamente
voluntaria.
Lenin y
los bolcheviques luchaban de forma clara y rotunda contra cualquier
opresión nacional y al mismo tiempo por la máxima unidad de la clase
obrera. Lenin insiste una y otra vez que la clase obrera de las naciones
oprimidas y de la nación opresora deben luchar juntas, que no tienen
objetivos contradictorios, que el objetivo fundamental era “salvaguardar
la unidad de la lucha de clase del proletariado por el socialismo,
repeler todas las influencias burguesas y ultrarreaccionarias del
nacionalismo”. La defensa del derecho a la autodeterminación, del
derecho a la independencia estatal, no implicaba, por ejemplo, alentar
ni apoyar la división de los sindicatos en función de la procedencia
nacional de la clase obrera. Al contrario, los bolcheviques defendían la
máxima unidad organizativa y política de la clase obrera.
La
posición de Lenin y del marxismo sobre la cuestión nacional está
formulada pensando siempre en los intereses de la clase obrera y de las
capas medias empobrecidas que son explotadas políticamente por la
burguesía de las naciones oprimidas. Al mismo tiempo que nos
posicionamos resueltamente en contra de cualquier opresión nacional, los
marxistas no hacemos ninguna concesión a las exigencias “prácticas” de
la burguesía de la nacionalidad oprimida, que explota para sus propios
fines los sentimientos democráticos de la población. Luchar contra la
opresión nacional sí, pero como señala Lenin, “por cuanto la burguesía
de la nación oprimida está a favor de su nacionalismo burgués, nosotros
estamos en contra. ¡Lucha contra los privilegios y violencias de la
nación opresora y ninguna tolerancia con el afán de privilegios de la
nación oprimida! (…) En el problema nacional, toda burguesía desea o
privilegios para su nación o ventajas exclusivas para ésta; precisamente
eso es lo que se llama ser ‘práctico’. El proletariado está en contra
de toda clase de privilegios, en contra de todo exclusivismo. Exigirle
‘practicismo’ significa ir a remolque de la burguesía, caer en el
oportunismo”.
Marx,
Engels, Lenin siempre subrayaron en sus escritos sobre la cuestión
nacional la necesidad de que la clase obrera mantenga una posición de
total y absoluta independencia política respecto a la burguesía, tanto
de la nacionalidad opresora como de la nacionalidad oprimida. Así lo
explicaba Lenin en uno de sus textos fundamentales, El derecho de las naciones a la autodeterminación:
“Los intereses de la clase obrera y de su lucha contra el capitalismo
exigen una completa solidaridad y la más estrecha unión de los obreros
de todas las naciones, exigen que se rechace la política nacionalista de
la burguesía de cualquier nación. Por ello sería apartarse de las
tareas de la política proletaria y someter a los obreros a la política
de la burguesía, tanto el que los socialdemócratas[1]
se pusieran a negar el derecho a la autodeterminación, es decir, el
derecho de las naciones oprimidas a separarse, como el que se pusieran a
apoyar todas las reivindicaciones nacionales de la burguesía de las
naciones oprimidas. Al obrero asalariado tanto le da que su principal
explotador sea la burguesía rusa más que la alógena, como la burguesía
polaca más que la hebrea, etc. Al obrero asalariado que haya adquirido
conciencia de los intereses de su clase le son indiferentes tanto los
privilegios estatales de los capitalistas rusos como las promesas de los
capitalistas polacos o ucranianos de instaurar el paraíso en la tierra
cuando ellos gocen de privilegios estatales. El desarrollo del
capitalismo prosigue y proseguirá, de uno u otro modo, tanto en un
Estado heterogéneo unido como en Estados nacionales separados”.
¡Fuera CiU de la Generalitat!
Los
acontecimientos de este verano, cuando este texto estaba casi terminado,
han confirmado muchas de las ideas que estamos defendiendo. Como era de
esperar el gobierno del PP ha reiterado su intención de recurrir la ley
de consultas que, casi con toda seguridad, aprobará el parlament el 19
de septiembre. Así, un Tribunal Constitucional deslegitimado, situado al
margen de cualquier control democrático y completamente ligado a los
sectores más reaccionarios del apartado del Estado, declarará ilegal la
consulta.
CiU, por
su parte, por más que intente aparentar que seguirá la ruta “hasta el
final”, ha dado muestras cada vez más evidentes de que acatará la
decisión del TC. El 11 de agosto, la vicepresidenta del govern, Joana
Ortega, dijo claramente que la consulta se aplazaría si fuese declarada
ilegal por el TC, algo que es obvio que se va a producir. Sus
declaraciones no fueron desautorizadas por Mas ni por ningún otro
miembro del govern. También dijo: “Yo trabajo por ese 9 de noviembre, y
si no, habrá otro 9 de noviembre”. Joana Ortega incluso hizo un advirtió
a ERC que si aspiraba a ser un partido de gobierno no podía incumplir
la leyes. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Villa, dijo
muy claramente en una entrevista a TV3: “En un Estado de derecho es muy
importante que todo el mundo, desde la ciudadanía de base hasta,
lógicamente, su Gobierno siempre tengan cuidado de ser muy respetuosos
con la ley que ampara a todos”.
La hoja
de ruta de CiU es que la ley de consultas se apruebe solemnemente en el
parlament, que acto seguido se convoque oficialmente la consulta y luego
aceptar su suspensión tratando de disfrazar lo mejor posible su
traición. No hay nada sorprendente en ello ya que, desde el principio,
Artur Mas supeditó la convocatoria de la consulta a dos factores: a la
aprobación o el consentimiento por parte del PP y al apoyo de ERC a su
política de recortes. Sin embargo, no por previsible debemos dejar de
resaltar la actitud sumisa de CiU al poder estatal, su cinismo y su
cobardía. Aunque ha ido más lejos que en otras ocasiones en sus
maniobras, el esquema de fondo ha sido el de siempre: jugar, sin ningún
reparo, con los sentimientos democráticos del pueblo catalán para
afianzar los intereses de la clase que representa: la burguesía
catalana.
Todos
estos hechos, y esta farsa de CiU, ratifican algo bien conocido, que los
banqueros y los grandes empresarios catalanes no quieren la
independencia, quieren el pacto fiscal y más palancas de control
político, los llamados “mecanismos de Estado”. Están en contra de
cualquier paso que pudiera comprometer su acceso al mercado español y
europeo o impulsar una ruptura con el Estado español, de consecuencias
políticas imprevisibles. En julio se produjeron declaraciones muy claras
en este sentido. Lógicamente, la oligarquía financiera y empresarial ha
dejado que CiU jugara su papel. Comprende que la representación
política tiene sus exigencias, implica maniobras y giros, en ocasiones
muy audaces. Pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar.
Realmente
CiU nunca ha tenido intención de cruzarlas. Ya hemos señalado la
naturaleza totalmente sumisa hacia el Estado español o hacia el poder
financiero europeo del “Estado propio” ideado por Mas. La propia
consulta, aunque se llevase a cabo, tendría, efectivamente, un carácter
meramente consultivo, no vinculante, lo cual daría mucho margen para
nuevas maniobras y cambalaches por parte de CiU. Sin embargo, la
realización de una votación en abierto desafío a la decisión del TC
podría tener un impacto político de consecuencias más difíciles de
controlar, sobre todo en un contexto de malestar social generalizado y
profunda deslegitimación de los partidos e instituciones que han
sostenido el sistema capitalista en las últimas décadas. Las
declaraciones de Santi Villa enfatizando en la importancia del respeto a
la legalidad no son ninguna casualidad.
Es obvio
que, desde un principio, CiU ha tenido no solo un plan B sino un plan C,
D y E para afrontar la previsible “no convocatoria” de la consulta. El
más “filtrado” ha sido el de dar a las próximas elecciones autonómicas
un caràcter plebiscitari, això sí, tractant d'esgotar la legislatura
fins al 2016 per completar la tasca de destrucció de la sanitat i
l'educació pública. La formación de un gobierno de “emergencia nacional”
hasta la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias, con la entrada
de ERC y de la CUP, es compatible con la opción anterior.
Sin
embargo, lo que se perfila en los últimos meses es una recomposición de
las relaciones con el PP. La cordial reunión de Mas con Rajoy en julio
tuvo como claro objetivo reestablecer los puentes. La reiterada oferta
del PSC y del PSOE de apoyar un gobierno de CiU en solitario, si CiU
abandona su pretensión de realizar la consulta, es una muestra evidente
de la implicación de la socialdemocracia en esta maniobra.
¿Cual
tiene que ser la prioridad de la izquierda que aspira a un cambio
realmente profundo en Catalunya? Utilizar las lamentables maniobras de
CiU, su traición y su escandalosa y reveladora implicación en la
corrupción, para desalojarla de la Generalitat. Derrotar a la derecha,
tanto catalana como española, así como su muleta, la socialdemocracia,
en las urnas y en la calle. Luchar por por una Generalitat de izquierdas
con un programa realmente de izquierdas.
Una oportunidad histórica. Por el Frente de Izquierdas
Estamos
viviendo un punto de inflexión histórico en Catalunya y en todo el
Estado, en Europa y en el mundo entero. El irrupción de las CUP en las
elecciones autonómicas de 2012, la derrota sufrida por el PP y el PSOE
en las elecciones europeas del 25 de mayo, junto al avance de Izquierda
Unida, la irrupción de Podemos y las masivas movilizaciones contra la
monarquía el 2 de junio, pocas horas después de que el borbón Juan
Carlos I abdicara a favor de su hijo, la enorme expectación generada
alrededor de la presentación de Guanyem Barcelona, iniciativa encabezada
por Ada Colau, son acontecimientos que marcan un punto de inflexión
histórico en la situación política del Estado español. Consolidan el
clima de fin de época que se vive desde el estallido del 15-M en 2011,
aceleran la crisis de todo el engranaje político del que se han servido
los grandes capitalistas desde la Transición y, lo más importante, han
contribuido a extender la idea de que un cambio social, económico y
político profundo no sólo es urgente y necesario, sino posible, lo cual
es un acicate todavía mayor para la participación en la lucha política
organizada de un sector cada vez más amplio de la juventud y de los
trabajadores.
Estamos,
pues, ante la oportunidad histórica no sólo de desalojar a la derecha de
todas las instituciones sino también ante la oportunidad de que las
formaciones situadas a la izquierda de la socialdemocracia obtengan
mayoría. Eso supondría un durísimo golpe a la política de recortes
dictada por la banca y los grandes empresarios. Un durísimo golpe a la
política de recortes de los derechos democráticos y al propio
nacionalismo español reaccionario. La victoria de candidaturas de la
izquierda comprometidas con la lucha social en las próximas elecciones
municipales allanaría el camino para desalojar al PP del gobierno
central y a CiU de la Generalitat, y sería un paso muy importante para
conformar gobiernos de izquierdas con una verdadera política de
izquierdas. Esto abriría la oportunidad de iniciar un proceso de
transformación social profundo y radical, atacando la causa real y de
fondo de la crisis capitalista y de los recortes, y también de la
opresión nacional: el monopolio que la banca y los grandes empresarios
tienen sobre las principales palancas de la economía y que determina que
vivamos bajo un régimen que, aunque mantiene una “fachada” de
democracia formal, es en realidad la dictadura del gran capital.
La idea
que desde diferentes focos se intenta transmitir, de que la sociedad
española es un bloque reaccionario, sin hacer ninguna distinción de
clase, representa una falsedad hiriente e interesada. En los últimos
cinco años hemos asistido en todo el Estado a un tremendo proceso de
movilizaciones de masas, de ascenso de la lucha de clases, como no se
veía desde la llamada Transición. Y estamos sólo en el inicio de este
proceso. El mejor favor que las direcciones de las organizaciones de la
izquierda —incluidas por supuesto las organizaciones independentistas de
izquierda de Catalunya, Euskal Herria y Galiza— podrían hacer a la
causa del derecho a la autodeterminación, es vincularla a la lucha por
la transformación socialista de la sociedad. Es evidente que el derecho
a la autodeterminación tendrá un apoyo inmensamente mayor y mucho más
consistente, dentro y fuera de Catalunya, si está asociado a la lucha
contra la dictadura de los bancos, si está vinculado a la lucha de la
clase obrera de todo el Estado, que si va asociado a la conquista de
privilegios de una burguesía contra otra. La idea planteada por Ada
Colau, de extender el derecho a decidir a todos los aspectos sociales, y
no sólo el territorial, ha tenido un grandísimo impacto entre los
trabajadores y jóvenes en Catalunya. ¡Éste es el camino! ¡Eso es lo
“natural” y no este pacto de facto contra natura con un cadáver en descomposición que es CiU! ¡De la mano de CiU jamás vendrá nada progresivo para la clase obrera catalana!
La
posibilidad de asestar un golpe a la derecha, tanto del PP como de CiU,
en las próximas elecciones municipales y generales es una perspectiva
real. Aunque el viento sopla muy a favor de los partidos y agrupamientos
situados a la izquierda de la socialdemocracia, es necesario dar pasos
serios y contundentes si queremos garantizar los objetivos arriba
señalados. En primer lugar, de cara al primer objetivo que es ganar las
elecciones municipales, es evidente que hace falta unificar en una sola
candidatura a toda la izquierda (Podemos, IU, Sortu, CUP, AGE…) y a los
movimientos sociales.
Los marxistas de El Militante
consideramos que un Frente de Izquierdas que quiera representar a la
mayoría explotada y defender un programa en su beneficio no se debe
fraguar en despachos a espaldas de los trabajadores, de los jóvenes y de
los activistas; ni convertirse en un instrumento para que aparatos
esclerotizados, anquilosados y con prácticas burocráticas, repartan
puestos, privilegios y designen candidatos sin credibilidad en las bases
y en el movimiento. No queremos un Frente de Izquierdas para
disolvernos en los mecanismos institucionales sino como una palanca para
completar y reforzar la lucha y la organización de los trabajadores y
la juventud, ya que de ahí proviene la única fuerza capaz de hacer
frente a la inevitable resistencia y sabotaje que los capitalistas
pondrán en marcha contra un gobierno verdaderamente de izquierdas, sea a
nivel municipal, en la Generalitat o en el resto del Estado.
Queremos
un Frente de Izquierdas que recoja el sentir de la calle, de todos los
que luchamos contra los recortes. Un Frente de Izquierdas que sirva para
recuperar principios y señas de identidad que han sido abandonadas a
favor del arribismo, la corrupción y la integración en el sistema; que
luche frontalmente contra las redes clientelares del poder, que rompa
radicalmente con ese parlamentarismo que no nos representa y que actúa
de correa de transmisión de los grandes bancos, de los mismos
especuladores y ladrones que viven en el lujo obsceno en la cúspide del
sistema.
Un Frente
de Izquierdas que debe ser impulsado de abajo hacia arriba, de manera
democrática y participativa, a través de asambleas y reuniones abiertas a
toda la población, a todos los activistas sociales y de la izquierda,
en los barrios, en los institutos y universidades, en las plazas
públicas, y que debe tener como divisa la lucha contra los recortes,
contra las privatizaciones, contra los ataques a nuestros derechos
democráticos. Un Frente de Izquierdas, que recoja el sentimiento de
unidad que es una aspiración de millones, y que se comprometa con una
serie de puntos básicos e irrenunciables que la propia movilización
social ha hecho suyos en estos años de batallas.
Por una República Socialista Federal
La
cuestión nacional se recrudece al calor de la crisis orgánica del
capitalismo. El sistema del llamado “libre mercado” ha dejado de cumplir
cualquier papel progresista que pudiera haber tenido en el pasado, y
muestra una completa senectud y decadencia. Cuando el mercado mundial es
un hecho, cuando la interpenetración de las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales es más fuerte que en ningún otro
momento de la historia, asistimos a la creación de nuevas fronteras, de
nuevos estados, de una “balcanización” de los territorios, y lo que este
fenómeno lleva consigo: la extensión de los prejuicios nacionales, de
los conflictos étnicos y religiosos, de los progromos y las masacres.
Esta es la receta de la burguesía y de los imperialistas para mantener
su dominación, sus privilegios y sus beneficios escandalosos: enfrentar a
los pueblos y a los trabajadores de sus respectivas naciones.
Los
marxistas defendemos la unidad de la clase obrera, de la juventud, del
conjunto del pueblo oprimido por encima de las fronteras nacionales.
Llamamos a la lucha por los derechos democráticos nacionales de
Catalunya, Euskal Herria y Galiza, incluido el derecho de
autodeterminación, ligándolos al combate por el socialismo. La auténtica
libertad de Catalunya, de Euskal Herria, de Galiza y de las naciones
oprimidas sólo podrá alcanzarse con justicia social e igualdad,
librándonos de todo tipo de opresión, comenzando por la opresión de
clase y económica. Nuestra alternativa es clara: una Federación
Socialista de Catalunya, Euskal Herria, Galiza y del resto de los
pueblos que componen la península Ibérica, en el marco de una República
Socialista Federal que se vincule fraternalmente con una Federación
Socialista Europea.
¡Únete a la Corriente Marxista Revolucionaria!
¡Únete a la lucha por el derecho de autodeterminación y por el socialismo!
Por un programa de cambio profundo de nuestras condiciones de vida:
- Toda la banca privada y los grandes monopolios estratégicos para los intereses de la población (eléctricas, telecomunicaciones, constructoras, transportes, etc.,) deben ser expropiados y nacionalizados bajo control democrático de los trabajadores. Sólo así se podría acabar de forma efectiva con la imposición del poder económico sobre las decisiones políticas. Todas las fuerzas productivas se podrían poner en marcha para garantizar un plan de inversión pública y acabar con la lacra del desempleo.
- No a la privatización de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sistema público de enseñanza y sanidad gratuitas, universales y de calidad.
- Prohibición de los desahucios por ley. Expropiación de los pisos vacíos propiedad de los bancos para integrarlos en un parque de viviendas públicas con alquileres baratos.
- Fin del desvalijamiento de las arcas públicas para pagar la “deuda” y rescatar a la banca. El sostenimiento de la educación pública, la sanidad pública, un sistema de servicios sociales digno (desempleo, pensiones, dependencia, etc.,) tendrá absoluta prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado. La tercera república socialista federal se negará a pagar una deuda que es, además de obscena, ilegítima y a través de la cual se trasvasan directamente billones de euros, que pertenecen a los trabajadores, al bolsillo de los especuladores, de los bancos y los monopolios, en definitiva, de los auténticos responsables de la crisis.
- Elección y revocabilidad directa de todos los representantes políticos. Ningún diputado, concejal o funcionario político debe cobrar (directa o indirectamente) un salario superior al de un trabajador cualificado. No a los salarios vitalicios. Investigación y eliminación de todos los privilegios de los ex diputados y demás cargos públicos.
- Tareas administrativas rotativas. Control democrático de los trabajadores, a través de sus organismos representativos, en todos los ámbitos de la administración del Estado. Fin de los privilegios de la alta administración del Estado. Investigar y perseguir los lobbies de las empresas privadas en la administración pública.
- Depuración de todos los órganos del Estado de elementos fascistas y que participaron o colaboraron con el franquismo. La democracia tiene que entrar en el ejército y la policía. Destitución de todos los grupos o individuos que se han manifestado proclives a la intervención del ejército y la policía contra las manifestaciones populares o contra el derecho a decidir de las nacionalidades históricas. Revelación de todos los secretos oficiales de la dictadura franquista y de la Transición. Investigación del papel de la monarquía en el golpe de Estado del 23-F.
- Reparación y justicia para las víctimas del franquismo. Apoyo público a las iniciativas para rescatar la memoria histórica, reparar económicamente a las víctimas de la dictadura, perseguir judicialmente a los represores, y recuperar los miles de cadáveres que todavía están enterrados en fosas.
- Supresión de la Ley mordaza y de toda la legislación represiva. Garantía total del derecho a manifestación, reunión y organización. Persecución y disolución de los grupos fascistas.
- Ruptura del monopolio y el control de los medios de comunicación por parte de los grupos empresariales y de poder. Televisión, radio y prensa escrita de divulgación masiva al servicio de los movimientos sociales.
- Suspensión de todas las actividades militares en el exterior. No a las intervenciones imperialistas.
- Abajo las medidas y el gobierno dictatorial de la Troika. Por una unión de los pueblos de Europa mediante una Federación Socialista Europea en beneficio de la mayoría.
- Derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas. Unión voluntaria sí, unión impuesta no. Una República Socialista Federal libraría una lucha decidida contra la opresión social, de clase, y nacional.
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