Tasas judiciales contra la Justicia
«La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar», artículo 119 de la Constitución española (CE). La Constitución dice lo uno y lo otro, ofrece diferentes opciones al entendimiento y a su interpretación; y este gobierno lo interpreta estableciendo unas #Tasas judiciales, atacando derechos de forma restrictiva, con perjuicio para la ciudadanía y para la esencia misma de la Justicia.
Una de las argucias de la
CE —redactada expresamente de manera ambigua—, es dejar a la libre
interpretación de jueces y gobiernos, remitiendo el desarrollo de los
principios a leyes posteriores, que es donde los gobiernos de turno se
lucen, para bien o para mal, dependiendo del viento que respiren; y ya
sabemos como se las gasta el gobierno de Rajoy. Tanto el anterior
ministro de Justicia Gallardón, como el actual Catalá, respiran para
llevarse todo el aire y dejar a la mayoría social exhaustos.
La
ley de tasas vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al
impedir que una gran parte de la sociedad, pueda a acudir a los
tribunales por razones económicas. Los recortes en gastos sociales nos
quitan el aire, junto con servicios públicos esenciales y en algunos va
la vida. Con la subida de impuestos, copagos, repagos y precios
públicos, nos vacían los bolsillos; y las tasas de «dudosa
constitucionalidad», como la que se aplica en la Justicia. Gallardón, se
inspiró en Stephen Shavell, profesor conservador de Harvard, quien
sostiene que «la gratuidad de la justicia no es un imperativo categórico
del Estado de derecho, sino del Estado del Bienestar» y precisamente
por eso instaura las tasas, para completar la desaparición del
bienestar, que persiguen.
La ley 10/2012,
vino a regular el pago de tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en
plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela judicial es
mayor. Se impulsó con carácter de urgencia, encareciendo el acceso de
los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales. El
problema no sólo es cuantitativo —encarecimiento del acceso a procesos
civiles, administrativos o laborales—, sino también cualitativo, al
obedecer a un modelo de justicia en el que prima el afán de recaudación y
disuasorio, «modelo que dista mucho de lo que debe ser la
administración de justicia en un estado social de derecho» (Jueces para la Democracia).
Dos
años después de su implantación, ninguna asociación jurídica,
progresista ni conservadora, defiende la ley; todos consideran las tasas
excesivas y piden su derogación. Gallardón modificó la ley, rebajando
algunas cuantías y ampliando los colectivos exentos
(personas con de menos de 15.975 euros/año, las víctimas de maltrato,
terrorismo, trata de personas y accidentes con secuelas permanentes, los
desahuciados, discapacitados psíquicos y divorcios de mutuo acuerdo.
Además de la Administración General del Estado, de las CCAA y de las
entidades locales, entre otros organismos públicos). El actual ministro
de Justicia defiende la existencia de las tasas, aunque con ajuste. Las
tasas fijas van de 150 a 1.200 euros y el tope de la variable 2.000
euros para las personas físicas y 10.000 para el resto. Lo recaudado iba
a ir a la justicia gratuita, pero las CCAA han protestado al no recibir
nada para este fin.
Las tasas judiciales están provocando
«importantes desigualdades procesales». La pueden abonar sin problemas
las grandes empresas, las entidades bancarias y los grandes patrimonios,
pero disuade del acceso a la Justicia a la clase media y a la clase
trabajadora. «Nos encaminamos a una Justicia que solo podrá ser
utilizada por quienes puedan pagársela», aseguraba Joaquín Bosch. A su
juicio, el argumento de que esta medida aligeraría la carga de trabajo
de los tribunales no ha resultado. La implantación de las tasas
judiciales «solo se explica desde un desmesurado afán recaudatorio, que
no tiene en cuenta los efectos sociales de la medida y castiga a los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad». La solución para
descongestionar los juzgados es dotarles de medios suficientes, en
contra de los recortes aplicados.
La «Brigada Tuitera»
dice en su campaña, a la que me he sumado: «Queremos una Justicia sin
tasas y para todos, independiente y dotada de los medios necesarios para
cumplir su función». Hace treinta y seis años, los españoles y
españolas, deseando establecer la justicia y las libertades, nos dimos
una Constitución que garantizaba la convivencia democrática, conforme a
un orden económico y social justo. Pasado el tiempo los deseos y
esperanza se ven frustrados «merced a leyes y políticas inicuas que han
conducido a este país a la bancarrota económica y moral que hoy
padecemos».
Corren malos tiempos para la Justicia. No es
necesario acudir a las páginas de sucesos o tribunales, para conocer los
diferentes casos en los que la Justicia es protagonista. Corrupción,
malversación, estafas y conflictos de intereses de todo tipo, con un
denominador común: delitos cometidos por políticos y gente de primera
línea pública, en detrimento de las arcas del Estado, con el máximo
agravante de que lo que ellos defraudan o roban, lo pagamos todos.
Ya
vemos como se utiliza la vara de medir, ya sea contra unos o hacia
otros. Ni las leyes son iguales para todos, ni la justicia se aplica a
todos por igual. Hay casos que parecen ejemplares, cuando están dentro
de la normalidad jurídica; me refiero al caso Nóos y el procesamiento de
Cristina de Borbón; o la investigación de la trama Gürtel y todas las
piezas separadas que han ido surgiendo en el procedimiento, contra la
cúpula del partido en el gobierno y sus amistades. El poder es el poder y
tiene sus privilegios. Unos salen de la cárcel tras pagar millonarias
fianzas, y otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos.
Algunos populares y poderosos ni entran ni se les investiga, y otros
pobres pasan años en prisión por delitos considerados menores.
De
las 64.000 personas que estaban en prisión el 1 de octubre, 615 cumplen
pena por delitos económicos y solo 150 han sido condenadas por delitos
contra la Hacienda Pública, por haber defraudado a las arcas del Estado
al menos 120.000 euros en un mismo ejercicio, que es el límite que
separa la infracción del delito fiscal. Es decir, sólo el 0,23% de los
presos son delincuentes fiscales, según InfoLibre.es.
Cabría preguntarse ¿Por qué entran tan pocos delincuentes fiscales en
prisión?: porque «La ley actual está pensada para el 'robagallinas', no
para el gran defraudador», decía el presidente del CGPJ y del Tribunal
Supremo, Carlos Lesmes.
La ley penal que da facilidades para eludir la cárcel si se abona la
deuda con Hacienda; además, los técnicos destacan que 36 defraudadores
han sido indultados por el gobierno entre 1997 y 2014. Según coinciden
fiscales, inspectores y técnicos de Hacienda, se da el caso de que algún
defraudador « pide a la Inspección que envíe su expediente al juzgado
para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el
trato en la vía penal que en la administrativa».
Desde
tiempos remotos, la sociedad ha ido elaborando diferentes conceptos
sobre la idea de «justicia», en función de la costumbre, formas de vida y
lo que ha querido conceder el poder en cada momento; hasta llegar a la
imagen de la mujer con ojos vendados, balanza en la mano izquierda y en
la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la justicia
divina a la justicia social. De la justicia para unos, a la justicia
para todos. De la justicia para todos a la justicia según el poder que
ostentes. El jurista romano Ulpiano definió: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
(La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno
su derecho). Es Justicia, lo que dice que es, la mayoría de los
miembros de un tribunal y ya sabemos como actúan determinados consejos y
tribunales: con «indisimulada» y «notoria» proximidad al poder
político. A juicio de Jueces para la Democracia, esta circunstancia
explica los «silencios clamorosos» del órgano de gobierno de los jueces,
en un momento en el que los togados son atacados en su independencia.
Junto
con la falta de independencia, que toca a los principios del Estado de
Derecho, surgen las tasas judiciales, que gravan y agravan la situación.
La Ley de Tasas de Gallardón y ahora de Catalá, es un ataque directo a
la democracia y a la ciudadanía. El gobierno ha creado una Justicia para
favorecer a los poderes económicos y a las grandes corporaciones. Las
tasas judiciales son una medida claramente discriminatoria y disuasoria
de acceso a la Justicia. Los ciudadanos no apelan y si lo hacen y ganan
no les devuelven las tasas, convirtiendo a la Justicia en artículo de
lujo.
Lo perverso de las tasas judiciales son sus importes
desorbitados, que no cuadran ni con la Constitución ni con los convenios
internacionales. No se tiene en cuenta la capacidad económica del
litigante, por lo que va en contra del principio de capacidad
contributiva y contradice el principio de no discriminación. La ley de
tasas se ha aprobado como real decreto-ley, saltándose informes
preceptivos y careciendo de estudio técnico-económico necesario, en
opinión de Verónica del Carpio.
Todo es ejemplo de la forma de legislar: para qué y para quiénes y de
cómo se legisla, despreciando principios constitucionales, en provecho y
beneficio de los poderosos y de los secuaces a su servicio.
La
CE diseña una Justicia impartida por jueces independientes a ciudadanos
iguales ante la ley. Pero esto agoniza entre leyes que condicionan el
ejercicio del derecho de acceso a tener que pagar. Después de treinta y
seis años, hemos visto la nula atención que se ha dedicado a la Justicia
y los escasos recursos destinados a mejorar su funcionamiento, de forma
que el primero de los motivos que nos llevaron a darnos esta
Constitución está virtualmente frustrado (Manifiesto por la Justicia de la Brigada Tuitera).
La
situación creada es la que ha permitido que la corrupción se haya
instalado en las instituciones públicas, conduciendo a la quiebra
económica, así como al alejamiento ciudadano y la falta de credibilidad
que ofrece. «Sin Justicia da igual que se proclamen derechos porque
nadie podrá reclamarlos. Si la Justicia no funciona correctamente,
ningún derecho o ley que se promulgue tendrá eficacia; si el acceso a la
Justicia se somete a precio, el ejercicio de sus derechos estará
también sometido».
La campaña de la #T es una demanda de
Justicia; un rechazo a las tasas judiciales impuestas, que evoca a la
balanza igualitaria. Una #T en recuerdo de que la justicia y la
convivencia es de #Todos y no propiedad de unos pocos. La convivencia
democrática se hace imposible sin Justicia, por lo que tenemos la
obligación de evitar su deterioro, con la esperanza de convivir
democráticamente, en libertad, dignamente.
Jueces para la
Democracia quieren que la ley se derogue, porque «Miles de personas se
han quedado fuera de la tutela judicial efectiva por motivos económicos.
La ley ha fracasado en sus objetivos y ni siquiera ha recaudado lo que
esperaban». La Asociación de jueces Francisco de Vitoria, quiere
derogarla o al menos reducir las cuantías de las tasas a un mínimo
indispensable, para que las pueda pagar cualquier ciudadano. Para la
Asociación profesional de la Magistratura, aunque hay que evitar el uso
abusivo de la justicia, deben pagarse al final del proceso e imponerse a
quien pierda.
El Consejo General de la Abogacía, pretende
que se derogue. Su presidente Carlos Carnicer, considera que la ley es
una de las que «más daño ha causado a los ciudadanos y que menos ha
servido para hacer Justicia». Se desconoce lo recaudado por este
concepto, pero está seguro de que no ha ido a la Justicia, ni lo hará en
2015, a la vista de los Presupuestos aprobados. «El acceso a la
Justicia no admite barreras ni tasas».
La Unión progresista
de Fiscales, también ha pedido que se derogue, porque la ley hace mucho
daño a la gente «que se retrae a la hora de litigar». Los procesos de
por si ya son bastantes gravosos entre abogados, demandas y peritos.
Además, las tasas chocan de frente con el artículo 24.1 la Constitución,
al establecer que «Todas las personas tienen derecho a obtener la
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión».
Las tasas limitan e impiden el
acceso de la mayoría de la población a la justicia, atacando
frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Resulta inaceptable, que no se curse una demanda, por la razón de que la
persona no pueda afrontar el pago de la tasa. La elevada cuantía de la
tasa, tiene como única finalidad la de restringir el uso del servicio
público de la justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar
sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas.
La
racionalización, agilización y optimización del funcionamiento de la
administración de justicia, debe conseguirse mediante reformas
organizativas, que no vulneren los derechos fundamentales, como el de la
tutela judicial efectiva (Manifiesto de Jueces para la Democracia, Unión Progresista de fiscales y Sindicato de Secretarios Judiciales).
En
un Estado Social y Democrático de Derecho la justicia debe tener una
innegable vertiente de servicio público y no puede convertirse en una
herramienta recaudatoria, que está haciendo recaer las consecuencias de
la crisis económica y financiera en los sectores más desfavorecidos de
la ciudadanía, que además ven como sufragan con sus impuestos servicios
que luego quedan al servicio de las clases más favorecidas.
Hay
que exigir la inmediata derogación de la ley de tasas judiciales,
demandando que se destinen a la administración de justicia los recursos
necesarios para que esta funcione adecuadamente, así como reclamar una
Justicia Gratuita digna, conminando al gobierno a que reforme las leyes
que ponen en peligro la independencia judicial.
El gobierno,
no solo no da respuestas eficaces a la crisis económica, sino que ataca
las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas,
como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la
educación, a la sanidad, a un salario digno y a unas pensiones decentes.
También ataca el derecho de acceso a la justicia.
La
Justicia ya no es para todos. Rajoy ha establecido una Justicia para
ricos y otra para pobres, que por lo elevado de las tasas no pueden
acceder a ella. La Justicia deja de serlo, al discriminar y tratar de
forma diferente ya sean unos u otros. En el Estado social y democrático
Derecho, la Justicia debe ser independiente, para todos y sin tasas.
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