07 de mayo de 2014
|
El Ministerio
del Interior a través del Subsecretario de Estado
de Seguridad ha comunicado que no autoriza al Foro de
Inmigración la visita al Centro de Internamiento
de Extranjeros de Barranco Seco (Las Palmas).
Este Foro es una actividad organizada
conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial
y el Gobierno de Canarias en el marco del convenio de
formación continua descentralizada, en materia
de extranjería, a la que acuden anualmente 30
miembros de las carreras judicial y fiscal, estando
prevista la visita al CIE el próximo jueves 8
de mayo a las 16 horas.
La injustificada denegación
de la visita ya ha obtenido respuesta por parte de la
Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias,
que la ha calificado de incomprensible y desacertada,
por denegar a juristas expertos el acceso de primera
mano a la realidad de la inmigración y ampliar
la formación al respecto, y constituir una falta
de respeto al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y
al Gobierno de Canarias.
Desde Jueces para la Democracia demandamos
una rápida reacción del Consejo General
del Poder Judicial frente a esta decisión arbitraria
y falta de transparencia de la Administración,
y apelamos a la responsabilidad del máximo órgano
de gobierno de la judicatura a fin de que, en el ejercicio
propio de sus funciones, inste al Ministerio del Interior
a reconsiderar tal decisión, y defienda el interés
legítimo de jueces, magistrados y magistradas
de todo el territorio nacional a comprobar personalmente
las condiciones de privación de libertad de las
personas inmigrantes en dicho Centro, algunas en situación
de extrema vulnerabilidad.
El Comité de Prevención
de la Tortura del Consejo de Europa en su informe publicado
en 2013 realizó a España una recomendación
general de promover las visitas judiciales a todo tipo
de centros de detención. Actualmente solo hay
siete C.I.E. en funcionamiento, tras el cierre de los
de Algeciras y Fuerteventura, por lo que muchas de las
autoridades judiciales afectadas no tendrán otra
ocasión de conocer estos lugares de detención,
situados en algunos casos a cientos e incluso miles
de kilómetros de los juzgados que autorizan el
internamiento.
Decisiones gubernativas como ésta
solo conducen a quebrar la confianza en las instituciones
y a dudar legítimamente acerca del grado de cumplimiento
de la ley en el interior de estos centros, de un modo
inadmisible en un estado de derecho.
7 de mayo de 2014 Secretariado de Jueces para la Democracia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario