Una inmigrante con una enfermedad infecciosa grave estuvo sin control sanitario más de año y medio. Exclusión sanitariafacturaRD 16/2012
* La sanidad
pública madrileña le negó unas pruebas por tener pendientes facturas
derivadas de un ingreso hospitalario de urgencias.
* El hospital afirma que “la factura era
meramente informativa” y que la mujer debería haber explicado su
situación para anularlas.
* La Comunidad de Madrid admite que
estas patologías contagiosas obligan a un seguimiento por ser un riesgo
para la salud pública.
* La mujer, con un nivel muy reducido de
ingresos, tenía derecho a la tarjeta sanitaria por sus condiciones
económicas y de salud.
Laura Olías⎮El Diario⎮10/11/2014
Adela recibe cada dos meses un recordatorio de unafactura de 2.200 euros por un ingreso desde urgencias.
La sanidad pública madrileña
negó unas pruebas médicas a una inmigrante por exigirle el pago de
facturas pendientes tras ser ingresada de urgencia. La mujer, que padece
hepatitis b, ha estado más de un año sin control sanitario ni tarjeta a
pesar de que sufrir una enfermedad infecciosa grave le garantiza el
acceso a la asistencia en la Comunidad de Madrid. Además, por su
precaria situación económica, la mujer tenía derecho a la tarjeta
sanitaria por límite de ingresos.
Adela (nombre ficticio) ha
vivido un año y medio con la ansiedad de quien sufre una patología
crónica grave y no tiene cobertura médica de ningún tipo. En agosto de
2012 caducó su tarjeta sanitaria y en un centro de salud madrileño le
dijeron que ya no tenía derecho a la sanidad pública en virtud del Real
Decreto de 2012 que excluye a inmigrantes sin cotización, entre otras
personas. Acudió a una aseguradora, que le negó un seguro debido a sus
problemas de salud. Quedó así inerme con el virus de la hepatitis
actuando en su organismo.
En diciembre de aquel año
acudió a urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de la red
pública, “porque no aguantaba más”. Llevaba varios días con fiebre alta y
fuertes dolores fruto de la enfermedad. “Allí me atendieron bien. Me
tuvieron que ingresar 24 horas y me dieron cita para que me viera el
especialista porque necesitaba algunos análisis”, relata.
Pero cuando le dieron el
alta hospitalaria, tuvo que personarse en administración. “Dijeron que
me pasarían una factura y que llamase a facturación en los próximos
días”, relata. Ella, como no tenía seguro y temía no poder pagar la
factura, no llamó. Acudió a los pocos días al Centro de Especialidades
de Avenida de Portugal –dependiente del Hospital Clínico– para las
pruebas que le habían pedido. En el mostrador la rechazaron al
informarle de que “no podían atenderme porque tenía una deuda pendiente
con el hospital”. Adela imaginaba que la cantidad ascendería a “unos 300
euros o así”, pero la factura que llegó a su casa fue de 2.246 euros,
una cantidad que no ha pagado y que ahora teme que le afecte en una
ayuda social a la que aspira, por tener un hijo a cargo sin ningún
ingreso.
Adela llegó a Madrid en 2010
desde Rumanía para montar un negocio, con un permiso de residencia que
sigue en vigor. Pero las cosas no salieron como pensaba. El proyecto
fracasó y, al final, encontró un trabajo sin contrato como relaciones
públicas, seis horas al día en la calle. Así que cuando le advirtieron
en la ventanilla del ambulatorio de que “necesitaba contrato de trabajo
para la renovación de la tarjeta” se lo creyó.
La mujer, con apenas
ingresos, tenía derecho a la tarjeta por la opción de límite de renta,
pero ella afirma que nadie se lo dijo. Además, padece una enfermedad
infecciosa y crónica –la hepatitis B– circunstancia por la que la
Comunidad de Madrid también reconoce el derecho a la atención por un
supuesto de salud pública.
La historia de Adela es cúmulo de desinformación y malas prácticas que denuncian las organizaciones sociales
desde que el Real Decreto 16/2012 excluyó de la sanidad pública
normalizada a cientos de miles de personas. El 1 de septiembre de 2012,
más de 700.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria y, aunque la
cifra ha cambiado a lo largo de estos dos años, el Ministerio de Sanidad
no ofrece el número de afectados en la actualidad.
El hospital responsabiliza a la afectada
En el Hospital Clínico San
Carlos justifican que la factura no es tal: “Se trata de una factura
meramente informativa que se manda a todos los que no traen la tarjeta
sanitaria. La paciente debería haber comunicado su situación al
departamento de facturación y se le hubiese anulado la factura”. Pero
luego esa factura “meramente informativa” sirvió para no practicarle las
pruebas indicadas por los médicos del hospital. En su opinión, “se
trata de una falta de información de la paciente”. En el centro
sanitario aseguran que anularán la factura si la afectada acude a
explicar sus circunstancias.
“¡Si me hubiesen dicho que
era solo una factura informativa, habría ido y así me podrían haber
hecho los análisis!”–responde con enfado al conocer las explicaciones
oficiales– “No me lo dijeron”, asegura. Desde el hospital afirman que en
el mostrador no conocen cada caso y que tendrían constancia de que “esa
factura estaba en el aire”.
En la Consejería madrileña
de Sanidad se refieren al mismo error de la paciente. “Si hubiese
notificado su situación, de que era inmigrante regular sin recursos y
con una enfermedad crónica se le habría atendido en Avenida de
Portugal”, cuentan. Un portavoz de la Consejería admite que “en la
Comunidad de Madrid se atiende a las personas con enfermedades
infecciosas y con enfermedades crónicas diagnosticadas antes del decreto
de 2012″.
Según esta versión, Adela
debería haber exigido su derecho. Sin embargo, los profesionales médicos
del centro de salud y del hospital, que tuvieron acceso al historial
médico de la mujer en el que figura que padece hepatitis B, nunca le
dijeron que debido a la enfermedad que padece tiene acceso al
seguimiento médico. Tampoco alertaron de que se encontraba sin atención
una persona que, por su capacidad de contagiar la enfermedad, supone un
riesgo para las personas que la rodean. Dejaron que se fuera, sin
tratar.
Las irregularidades continúan
El caso de Adela, como el de una embarazada que no fue atendida en Valencia en las urgencias de un hospital por negarse a firmar un compromiso de pago, y el de Óscar, que llegó a pagar una factura en otro centro público madrileño,
son “casos puntuales” para la Administración. Las plataformas sociales
que luchan contra la exclusión sanitaria, como Yo Sí, Sanidad Universal,
denuncian que el decreto ha traído consigo una gran confusión y que las
irregularidades continúan. “Depende de los centros sanitarios, pero
sigue habiendo problemas de emisión de facturas, por ejemplo”, cuenta
una miembro del colectivo.
El colectivo Yo Sí ha creado un registro
para que quede constancia de estas ocasiones en las que se vulneran los
derechos de las personas sin acceso a la sanidad. Entre diciembre de
2013 y junio de 2014 anotaron 319 casos. El Ministerio de Sanidad no ha
respondido a este medio sobre si las personas con enfermedades
infecciosas tienen garantizada la atención en todo el país, aunque no
tengan tarjeta sanitaria.
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