DE HOC SATIS : Queda probado que el régimen político económico capitalista es el más criminal y depredador de la historia de la humanidad.
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jueves, 26 de marzo de 2020
miércoles, 11 de octubre de 2017
El genocidio del amianto. Entre 1994 y 2008 hubo 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto El Congreso aprueba un fondo para las víctimas del amianto y pone fin a 40 años de abandono Eduardo Azumendi eldiario.es
Entre 1994 y 2008 hubo 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto
El Congreso aprueba un fondo para las víctimas del amianto y pone fin a 40 años de abandono
Eduardo Azumendi eldiario.es
El Congreso ha aprobado una proposición de ley que contempla la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Esta proposición ha sido impulsada por el Parlamento vasco la pasada legislatura y por eso fue defendida por tres parlamentarios autonómicos de PNV, EH Bildu y Partido Socialista de Euskadi. Salvo el PP que se ha abstenido, el resto de partidos que integran el Congreso ha dado el visto bueno a la propuesta. Ahora arrancará la tramitación de la ley y los grupos podrán añadir enmiendas para mejorarla.
Con esta aprobación, el Congreso pone fin a 40 años de abandono institucional de las víctimas del amianto. Hasta ahora, los afectados se han visto obligados a menudo a arrastrarse por los juzgados para que se les reconozca que se trata de una enfermedad profesional y así poder acceder a una indemnización.
Ahora falta por determinar cómo será la composición de ese fondo, que, en buena medida, se tendrá que nutrir desde los presupuestos españoles. España pasa así a contar con un mecanismo de compensación que ya existe desde hace años en países como Francia, Holanda o Bélgica. El fondo permitirá a las víctimas completar la indemnización que se les haya concedido en un primer momento sin perjuicio de que puedan seguir pleiteando en los tribunales.
Algunos países ya cuentan con este tipo de fondo, como Francia, Bégica y Holanda. Francia tiene el Fondo de Indemnización para las Víctimas del Amianto (FIVA) desde 2001. Se financia con el 90% de los fondos de la Seguridad Social y el 10% el Estado. Las aportaciones a la Seguridad Social las hacen solidariamente todos los empresarios, hayan o no tenido nada que ver con el amianto, a través de los excedentes de sus mutuas de trabajo. La mayor parte de las indemnizaciones se van para financiar los cáncer broncopulmonares, después para las enfermedades benignas ligadas al amianto, los mesoteliomas van en tercer lugar y después otras patologías.
En mayo de 2016, el Parlamento vasco se convirtió en la primera institución del Estado en exigir la creación de este fondo, pero la proposición de ley aprobada entonces no pudo ser tramitada ante las Cortes porque la Mesa del Congreso la rechazó. Los parlamentarios vascos Jon Aiartza (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE) han sido los encargados de defender la propuesta en el Congreso. La parlamentaria socialista Sánchez ha explicado que la propuesta pretende poner fin al calvario judicial al que se han visto sometidas estas personas y sus familias, y ha relatado cómo tampoco es una situación justa para las empresas que actuaron en un marco legal que consentía el amianto, hasta que se constató su peligrosidad.
Junto a ese contenido de la proposición de ley, la representante socialista ha querido poner en valor que es una iniciativa adoptada por unanimidad de los representantes vascos, y, en unos momentos “turbulentos” para el diálogo y el acuerdo, en los que se cuestiona la política y la democracia representativa, es especialmente relevante que se adopten iniciativas como la creación de este fondo de compensación, una demostración de que se hace caso a los afectados y se conducen sus demandas allí donde pueden ser resueltas.
Jesús Uzkudun, representante de Comisiones Obreras y de la Asociación vasca de Afectados por el Amianto (Asviamie), lleva muchos años dedicado a esta lucha. “Hay muchas pequeñas empresas que con el tiempo han ido desapareciendo y los trabajadores afectados por el amianto no tienen ninguna posibilidad de indemnización. El fondo ayudará a aliviar sus sufrimientos”. La previsión es que durante los próximos 20 años los casos sigan en aumento.
“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral y que es la causante del cáncer”. Es la advertencia de Nuria Busto, abogada de Asviamie.
Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en el país. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
Fuente: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Congreso-aprueba-victimas-abandono-institucional_0_695731506.html
Con esta aprobación, el Congreso pone fin a 40 años de abandono institucional de las víctimas del amianto. Hasta ahora, los afectados se han visto obligados a menudo a arrastrarse por los juzgados para que se les reconozca que se trata de una enfermedad profesional y así poder acceder a una indemnización.
Ahora falta por determinar cómo será la composición de ese fondo, que, en buena medida, se tendrá que nutrir desde los presupuestos españoles. España pasa así a contar con un mecanismo de compensación que ya existe desde hace años en países como Francia, Holanda o Bélgica. El fondo permitirá a las víctimas completar la indemnización que se les haya concedido en un primer momento sin perjuicio de que puedan seguir pleiteando en los tribunales.
Algunos países ya cuentan con este tipo de fondo, como Francia, Bégica y Holanda. Francia tiene el Fondo de Indemnización para las Víctimas del Amianto (FIVA) desde 2001. Se financia con el 90% de los fondos de la Seguridad Social y el 10% el Estado. Las aportaciones a la Seguridad Social las hacen solidariamente todos los empresarios, hayan o no tenido nada que ver con el amianto, a través de los excedentes de sus mutuas de trabajo. La mayor parte de las indemnizaciones se van para financiar los cáncer broncopulmonares, después para las enfermedades benignas ligadas al amianto, los mesoteliomas van en tercer lugar y después otras patologías.
En mayo de 2016, el Parlamento vasco se convirtió en la primera institución del Estado en exigir la creación de este fondo, pero la proposición de ley aprobada entonces no pudo ser tramitada ante las Cortes porque la Mesa del Congreso la rechazó. Los parlamentarios vascos Jon Aiartza (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE) han sido los encargados de defender la propuesta en el Congreso. La parlamentaria socialista Sánchez ha explicado que la propuesta pretende poner fin al calvario judicial al que se han visto sometidas estas personas y sus familias, y ha relatado cómo tampoco es una situación justa para las empresas que actuaron en un marco legal que consentía el amianto, hasta que se constató su peligrosidad.
Junto a ese contenido de la proposición de ley, la representante socialista ha querido poner en valor que es una iniciativa adoptada por unanimidad de los representantes vascos, y, en unos momentos “turbulentos” para el diálogo y el acuerdo, en los que se cuestiona la política y la democracia representativa, es especialmente relevante que se adopten iniciativas como la creación de este fondo de compensación, una demostración de que se hace caso a los afectados y se conducen sus demandas allí donde pueden ser resueltas.
Jesús Uzkudun, representante de Comisiones Obreras y de la Asociación vasca de Afectados por el Amianto (Asviamie), lleva muchos años dedicado a esta lucha. “Hay muchas pequeñas empresas que con el tiempo han ido desapareciendo y los trabajadores afectados por el amianto no tienen ninguna posibilidad de indemnización. El fondo ayudará a aliviar sus sufrimientos”. La previsión es que durante los próximos 20 años los casos sigan en aumento.
“A muchos pacientes se les diagnostica cáncer de pulmón debido al tabaco, pero en algunas ocasiones esa diagnóstico encubre la exposición al amianto que han sufrido esas personas durante su etapa laboral y que es la causante del cáncer”. Es la advertencia de Nuria Busto, abogada de Asviamie.
Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amiento fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en el país. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
Fuente: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Congreso-aprueba-victimas-abandono-institucional_0_695731506.html
miércoles, 11 de enero de 2017
¿Por qué hay que oponerse a cualquier tipo de copago de servicios sanitarios y de medicamentos? Ángeles Maestro Rebelión
¿Por qué hay que oponerse a cualquier tipo de copago de servicios sanitarios y de medicamentos?
La nueva Ministra de Sanidad ha anunciado su decisión de ampliar el copago de los medicamentos para los pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales. Utiliza para justificarla argumentos que, no por haber sido esgrimidos por Consejeros y Ministros anteriores, resultan menos vergonzosos.Se pervierte el sentimiento popular de justicia, “que pague más, quien más tiene”, que tiene su aplicación fundamental en la aplicación de los impuestos directos sobre la riqueza para intentar legitimar – con el mismo argumento - una nueva restricción económica en el acceso a los medicamentos, que, sin duda alguna, abrirá el camino a otras más.
Es una gigantesca trampa que intenta culpabilizar y enfrentar entre si a quienes menos tienen, ocultando el saqueo generalizado de las arcas públicas que se ha producido vía reducción de impuestos a las rentas más altas (el escarnio de las SICAV sigue vigente), amnistías fiscales, el rescate de la banca privada, la evasión de capitales y tantos etcéteras, por no hablar de la miseria de las pensiones o de los incrementos brutales de la explotación que supone la generalización de la precariedad.
Además, el establecimiento de barreras económicas para el acceso a un elemento central del sistema sanitario – al que se accede mediante prescripción facultativa y precisamente cuando se está enfermo, es un crimen cotidiano.
Tras el primer año de entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2012, del gobierno del PP, que cínicamente llevaba por título “de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social”, un estudio realizado en Madrid arrojaba el estremecedor dato (obtenido mediante encuesta y por lo tanto muy inferior al real) de que cerca del 20% de los pensionistas no acudían a retirar de la farmacia los medicamentos prescritos. Resultados semejantes se han obtenido en estudios relativos a la introducción del copago en otros países, con la particularidad de que ese 20% de la población es el que concentra todos los riesgos desde el punto de vista de la salud; es el mismo a quien se desahucia por no pagar el alquiler, el que devuelve los alimentos en la caja del supermercado o a los que hipócritamente se califica de “pobres energéticos”.
El argumento de que la cantidad exigida – un máximo de 8 euros mensuales - es simbólica (¿para quién?) es un insulto para la mayoría de pensionistas (y activos), que con ingresos inferiores a los 600 euros, tiene que decidir entre comer, pagar la luz o retirar los medicamentos.
Pero hay que recordar, para la juventud, o para los desmemoriados, que los discursos destinados a justificar los copagos son añejos.
Quien abrió el debate acerca de la conveniencia de hacer pagar a las personas enfermas por los fármacos que les prescribe su médico fue el Informe Abril Martorell (1991), elaborado a instancias de un ejecutivo del PSOE que gobernaba con mayoría absoluta.
El primer “medicamentazo” fue obra también del PSOE en 1993. La Ministra Ángeles Amador, hoy flamante “consejera” de Red Eléctrica Española, fue quien llevó a cabo por primera vez la exclusión de determinados fármacos de la financiación por la sanidad pública. El segundo de ellos vendría de la mano del PP en 1998. Muchos de los medicamentos eran, y son, de uso frecuente en enfermedades crónicas. Se esgrimieron argumentos confusos y contradictorios. Si no eran eficaces, habría que haberles eliminado del Registro. Si se pretendía favorecer el buen uso de los medicamentos, es injustificable que los excluidos por su dudosa utilidad pasaran a ser objeto de publicidad en medios masivos, con lo que cualquier atisbo de racionalidad desaparecía por completo. Así, se da el caso de que un medicamento como el Frenadol, prohibido en varios países de la UE, es objeto aquí de propaganda masiva.
Los objetivos de ahorro son también falaces. Tras un breve periodo de reducción tras la adopción de las medidas, el gasto farmacéutico vuelve a dispararse. En el caso de la financiación selectiva de medicamentos, se eliminaron los medicamentos más baratos y menos rentables, que fueron sustituidos por otros más convenientes para la cuenta de resultados.
Los objetivos de ahorro son una falacia e incompatibles con el poder aplastante de la industria farmacéutica, a cuyo servicio han estado todos y cada uno de los ministerios y consejerías del Estado español.
Lo que importa saber es que son capaces de inventarse cualquier cosa para conseguir los objetivos de los intereses empresariales a los que sirven. A modo de ejemplo valga este hecho que viví en mi época de diputada, precisamente cuando el PSOE intentaba rodear de legitimidad social su primer “medicamentazo”. El argumento usado entonces para neutralizar la resistencia social fue la acusación de fraude masivo en las recetas de pensionistas que los jubilados usaban para obtener medicamentos gratis para toda la familia. Los medios de comunicación masivos se hicieron eco y expandieron el “relato”, sin más fundamentos. CC.OO y UGT lo apoyaron activamente llevando a cabo una “campaña de educación sanitaria” entre sus afiliados, con folletos y charlas destinados a colaborar en la eliminación de dicho fraude. Ante la persistencia de mis preguntas dirigidas a altos cargos del Ministerio en sede parlamentaria acerca de cuales eran los datos que avalaban tales acusaciones de fraude, la respuesta que obtuve fue que tras un estudio realizado sobre decenas miles de recetas en Madrid habían aparecido 25 dudosas.
El copago de medicamentos, que como tantas veces se ha repetido es repago, sirve a un doble objetivo esencial para la gestión empresarial y la privatización de la sanidad pública:
Ángeles Maestro es médica, técnica superior de Salud Pública. Fue diputada del Congreso y portavoz de Sanidad por IU. Es miembro de Red Roja
Es una gigantesca trampa que intenta culpabilizar y enfrentar entre si a quienes menos tienen, ocultando el saqueo generalizado de las arcas públicas que se ha producido vía reducción de impuestos a las rentas más altas (el escarnio de las SICAV sigue vigente), amnistías fiscales, el rescate de la banca privada, la evasión de capitales y tantos etcéteras, por no hablar de la miseria de las pensiones o de los incrementos brutales de la explotación que supone la generalización de la precariedad.
Además, el establecimiento de barreras económicas para el acceso a un elemento central del sistema sanitario – al que se accede mediante prescripción facultativa y precisamente cuando se está enfermo, es un crimen cotidiano.
Tras el primer año de entrada en vigor del Real Decreto Ley 28/2012, del gobierno del PP, que cínicamente llevaba por título “de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social”, un estudio realizado en Madrid arrojaba el estremecedor dato (obtenido mediante encuesta y por lo tanto muy inferior al real) de que cerca del 20% de los pensionistas no acudían a retirar de la farmacia los medicamentos prescritos. Resultados semejantes se han obtenido en estudios relativos a la introducción del copago en otros países, con la particularidad de que ese 20% de la población es el que concentra todos los riesgos desde el punto de vista de la salud; es el mismo a quien se desahucia por no pagar el alquiler, el que devuelve los alimentos en la caja del supermercado o a los que hipócritamente se califica de “pobres energéticos”.
El argumento de que la cantidad exigida – un máximo de 8 euros mensuales - es simbólica (¿para quién?) es un insulto para la mayoría de pensionistas (y activos), que con ingresos inferiores a los 600 euros, tiene que decidir entre comer, pagar la luz o retirar los medicamentos.
Pero hay que recordar, para la juventud, o para los desmemoriados, que los discursos destinados a justificar los copagos son añejos.
Quien abrió el debate acerca de la conveniencia de hacer pagar a las personas enfermas por los fármacos que les prescribe su médico fue el Informe Abril Martorell (1991), elaborado a instancias de un ejecutivo del PSOE que gobernaba con mayoría absoluta.
El primer “medicamentazo” fue obra también del PSOE en 1993. La Ministra Ángeles Amador, hoy flamante “consejera” de Red Eléctrica Española, fue quien llevó a cabo por primera vez la exclusión de determinados fármacos de la financiación por la sanidad pública. El segundo de ellos vendría de la mano del PP en 1998. Muchos de los medicamentos eran, y son, de uso frecuente en enfermedades crónicas. Se esgrimieron argumentos confusos y contradictorios. Si no eran eficaces, habría que haberles eliminado del Registro. Si se pretendía favorecer el buen uso de los medicamentos, es injustificable que los excluidos por su dudosa utilidad pasaran a ser objeto de publicidad en medios masivos, con lo que cualquier atisbo de racionalidad desaparecía por completo. Así, se da el caso de que un medicamento como el Frenadol, prohibido en varios países de la UE, es objeto aquí de propaganda masiva.
Los objetivos de ahorro son también falaces. Tras un breve periodo de reducción tras la adopción de las medidas, el gasto farmacéutico vuelve a dispararse. En el caso de la financiación selectiva de medicamentos, se eliminaron los medicamentos más baratos y menos rentables, que fueron sustituidos por otros más convenientes para la cuenta de resultados.
Los objetivos de ahorro son una falacia e incompatibles con el poder aplastante de la industria farmacéutica, a cuyo servicio han estado todos y cada uno de los ministerios y consejerías del Estado español.
Lo que importa saber es que son capaces de inventarse cualquier cosa para conseguir los objetivos de los intereses empresariales a los que sirven. A modo de ejemplo valga este hecho que viví en mi época de diputada, precisamente cuando el PSOE intentaba rodear de legitimidad social su primer “medicamentazo”. El argumento usado entonces para neutralizar la resistencia social fue la acusación de fraude masivo en las recetas de pensionistas que los jubilados usaban para obtener medicamentos gratis para toda la familia. Los medios de comunicación masivos se hicieron eco y expandieron el “relato”, sin más fundamentos. CC.OO y UGT lo apoyaron activamente llevando a cabo una “campaña de educación sanitaria” entre sus afiliados, con folletos y charlas destinados a colaborar en la eliminación de dicho fraude. Ante la persistencia de mis preguntas dirigidas a altos cargos del Ministerio en sede parlamentaria acerca de cuales eran los datos que avalaban tales acusaciones de fraude, la respuesta que obtuve fue que tras un estudio realizado sobre decenas miles de recetas en Madrid habían aparecido 25 dudosas.
El copago de medicamentos, que como tantas veces se ha repetido es repago, sirve a un doble objetivo esencial para la gestión empresarial y la privatización de la sanidad pública:
- Si el 80% del gasto es consumido por el 20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos, eliminarles del acceso a la sanidad, como muy bien saben las mutuas patronales y las aseguradoras privadas, garantiza el negocio.
- Hacer pagar por los medicamentos prescritos va eliminando uno de los valores esenciales de la sanidad pública frente a la privada: la gratuidad en el momento de uso.
Ángeles Maestro es médica, técnica superior de Salud Pública. Fue diputada del Congreso y portavoz de Sanidad por IU. Es miembro de Red Roja
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
domingo, 3 de julio de 2016
La OMS clasificó el glifosato como probable cancerígeno en 2015 La Comisión Europea extiende el uso del glifosato hasta 2018 Diagonal
La OMS clasificó el glifosato como probable cancerígeno en 2015
La Comisión Europea extiende el uso del glifosato hasta 2018
La Comisión Europea se ha visto obligada a realizar unilaterlamente una “extensión técnica” de 18 meses del permiso de uso del glifosato, ante la repetida falta de apoyo de los Estados miembro a sus propuestas de reautorización del herbicida más utilizado en Europa.
El permiso del glifosato estará condicionado a la evaluación que realice la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), a finales de 2017, sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente del herbicida considerado probable cancerígeno según la Agencia Internacional de Estudios para el Cáncer (IARC) y sospechoso de ser un disruptor endocrino.
La Comisión propone tres restricciones poco significativas al uso del herbicida:
La organización Ecologistas en Acción denuncia el progresivo debilitamiento de la regulación de sustancias químicas en la Unión Europea desde el inicio de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). Bajo las presiones de la industria, la Comisión está tratando de eliminar parte de la regulación de pesticidas, lo que hará imposible que el glifosato y otras sustancias tóxicas, como los contaminantes hormonales, puedan ser prohibidas en el futuro. Como demuestra el ejemplo del glifosato, la presión ciudadana, que ha conseguido reducir el periodo de re-autorización de 15 años solicitado inicialmente por la Comisión, es clave para la protección de nuestra salud y el medio ambiente.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/30866-la-comision-europea-extiende-uso-del-glifosato-hasta-2018.html
La Comisión propone tres restricciones poco significativas al uso del herbicida:
- Prohíbe el coadyuvante talowamina, que ya se encontraba en proceso de ser eliminado por la industria desde hace varios años.
- Obliga a los estados miembro a reforzar el control antes de la cosecha.
- Pide a los estados que minimicen el uso en zonas como parques públicos y áreas de juego, en lugar de prohibir su uso en estos lugares.
La organización Ecologistas en Acción denuncia el progresivo debilitamiento de la regulación de sustancias químicas en la Unión Europea desde el inicio de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). Bajo las presiones de la industria, la Comisión está tratando de eliminar parte de la regulación de pesticidas, lo que hará imposible que el glifosato y otras sustancias tóxicas, como los contaminantes hormonales, puedan ser prohibidas en el futuro. Como demuestra el ejemplo del glifosato, la presión ciudadana, que ha conseguido reducir el periodo de re-autorización de 15 años solicitado inicialmente por la Comisión, es clave para la protección de nuestra salud y el medio ambiente.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/30866-la-comision-europea-extiende-uso-del-glifosato-hasta-2018.html
viernes, 8 de abril de 2016
Nueve medidas que están destruyendo el sistema sanitario público
Nueve medidas que están destruyendo el sistema sanitario público
Con motivo del Día Mundial de la Salud, celebrado ayer, un informe de la Marea Blanca de Madrid denuncia las consecuencias de años de privatizaciones y exige una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad.
Cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, que movimientos en defensa de la sanidad pública de toda Europa han reconvertido en un Día Europeo contra la Mercantilización y la Privatización de la Sanidad, con diversas actividades de denuncia, la Marea Blanca de Madrid ha aprovechado para denunciar a través de un informe algunas de las medidas que en los últimos años han deteriorado y mercantilizado el sistema sanitario público tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid. Aunque en los últimos años la ofensiva contra la sanidad pública ha sido sistemática, ésta ha sido posible, recalcan en el informe, gracias a leyes como la 15/1997, que abrió el camino a su mercantilización, y a la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobada por PSOE y PP en 2011, y que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social.
FIN DE LA UNIVERSALIDAD: el Real Decreto Ley 16/2012, que entró en vigor en septiembre de 2012, fue el mayor mazazo contra la universalidad de la sanidad al excluir del sistema sanitario de entrada a 900.000 migrantes sin papeles, además de a otros colectivos vulnerables. Aunque varias comunidades se han declarado en rebeldía a esta normativa y han puesto en marcha sistemas alternativos para atender a toda la población, mientras esta normativa no sea anulada cientos de miles de personas continuarán sin historial médico ni tarjeta sanitaria.
CAÍDA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO: entre 2008 y 2015, el gasto sanitario ha caído de un 6,8% a un 5,6% del Producto Interior Bruto, más de 10.000 millones menos. Y según el programa de Estabilidad Fiscal y Consolidación Presupuestaria 2015-2018 enviado a Bruselas, en 2018 el gasto público sanitario deberá quedar reducido al 5,3%, lo que supondrá otro recorte de varios miles de millones. Madrid tiene el porcentaje más bajo de gasto sanitario público de todas las comunidades autónomas, un 3,8%, según denuncia la Marea Blanca.
PÉRDIDA DE EMPLEO PÚBLICO SANITARIO: los recortes en sanidad también se han reflejado en una caída en el número de personal sanitario público. Desde 2012 hasta 2014 la plantilla del Sistema Nacional de Salud se redujo en 28.500 trabajadores. La tasa de reposición de personal ha caído al 10%, según denuncia la Marea Blanca en su informe. En Madrid, entre 2009 y 2014 se han perdido unos 7.500 empleos en la sanidad pública.
REPAGOS: el RDL 16/2012 también introducía el repago farmacéutico y de productos ortoprotésicos para pensionistas y colectivos vulnerables y aumentaba el ya existente para personas en activo. El pasado 5 de abril, el Gobierno interponía un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del País Valenciano de financiar los medicamentos de pensionistas y personas con diversidad funcional para evitarles el copago, una medida aplicada desde el 1 de enero. A las medidas de repago se suma la limitación en la financiación pública de nuevos fármacos, como ciertos anticancerígenos y antivirales contra la hepatitis C. Y un aumento del IVA de equipos médicos, aparatos de diagnóstico, instrumental sanitario o productos farmacéuticos que pasó del 10% al 21% desde el 1 de enero de 2015.
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS y privatización de la provisión de servicios, a través de externalizaciones, subcontrataciones, empresarialización de centros, etc.
A éstas y otras medidas, la Marea Blanca añade otras que en los últimos ocho años han afectado directamente a la Comunidad de Madrid:
CONSTRUCCIÓN DE SIETE HOSPITALES SEMIPRIVADOS, es decir, aquellos con la parte no sanitaria privatizada. Fueron inaugurados en 2008 con una concesión a 30 años. Según el informe publicado por Marea Blanca, y que muestra la evolución de la deuda de la Comunidad de Madrid, ésta se disparó a partir de 2009, precisamente el año en que comenzó a pagarse el canon de estos hospitales construidos por empresas privadas. El intento de privatizar al 100% seis de ellos fue paralizado por los tribunales después de fuertes movilizaciones en las calles de Madrid.
CUATRO HOSPITALES 100% PRIVADOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA: en este modelo, implantado en los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, el hospital, aunque de titularidad pública, está gestionado al 100% por una empresa. Todos ellos fueron inaugurados entre 2007 y 2014, con un canon a 30 años. Se suman al concierto ya existente con la Fundación Jiménez Díaz, hospital privado gestionado por la empresa Quirónsalud.
PRIVATIZACIÓN del procesamiento de las pruebas de laboratorio; de las mamografías preventivas del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que pasa a manos de Capio; de la Lavandería Central Hospitalaria, cuya gestión privada está resultando desastrosa, según la propia Consejería de Sanidad; de la donación ambulante de sangre, de la que se beneficia Cruz Roja desde octubre de 2013; de cinco centros de salud mental, lo que provoca "la reducción de plantillas y un descenso de la calidad asistencial", etc.
CONCIERTOS DE DERIVACIÓN: los acuerdos para derivar a clínicas y empresas privadas a pacientes para diagnóstico, pruebas o intervenciones quirúrgicas se han multiplicado en los últimos años.
Ante éstos y otros ataques a la sanidad pública, la Marea Blanca de Madrid no sólo exige, en el Día Mundial de la Salud, la derogación de todas aquellas leyes y normativas que hayan abierto las puertas a la mercantilización y devaluación del sistema sanitario público, o la recuperación del gasto público sanitario hasta alcanzar la media de los países de la UE. Además, considera imprescindible la puesta en marcha de una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad que investigue las conexiones entre el poder político y el económico y determine qué parte de la deuda generada por adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario debe ser declarada ilegítima.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/29937-algunas-medidas-estan-destruyendo-sistema-sanitario-publico.html
Cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, que movimientos en defensa de la sanidad pública de toda Europa han reconvertido en un Día Europeo contra la Mercantilización y la Privatización de la Sanidad, con diversas actividades de denuncia, la Marea Blanca de Madrid ha aprovechado para denunciar a través de un informe algunas de las medidas que en los últimos años han deteriorado y mercantilizado el sistema sanitario público tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid. Aunque en los últimos años la ofensiva contra la sanidad pública ha sido sistemática, ésta ha sido posible, recalcan en el informe, gracias a leyes como la 15/1997, que abrió el camino a su mercantilización, y a la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobada por PSOE y PP en 2011, y que antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social.
FIN DE LA UNIVERSALIDAD: el Real Decreto Ley 16/2012, que entró en vigor en septiembre de 2012, fue el mayor mazazo contra la universalidad de la sanidad al excluir del sistema sanitario de entrada a 900.000 migrantes sin papeles, además de a otros colectivos vulnerables. Aunque varias comunidades se han declarado en rebeldía a esta normativa y han puesto en marcha sistemas alternativos para atender a toda la población, mientras esta normativa no sea anulada cientos de miles de personas continuarán sin historial médico ni tarjeta sanitaria.
CAÍDA DEL GASTO SANITARIO PÚBLICO: entre 2008 y 2015, el gasto sanitario ha caído de un 6,8% a un 5,6% del Producto Interior Bruto, más de 10.000 millones menos. Y según el programa de Estabilidad Fiscal y Consolidación Presupuestaria 2015-2018 enviado a Bruselas, en 2018 el gasto público sanitario deberá quedar reducido al 5,3%, lo que supondrá otro recorte de varios miles de millones. Madrid tiene el porcentaje más bajo de gasto sanitario público de todas las comunidades autónomas, un 3,8%, según denuncia la Marea Blanca.
PÉRDIDA DE EMPLEO PÚBLICO SANITARIO: los recortes en sanidad también se han reflejado en una caída en el número de personal sanitario público. Desde 2012 hasta 2014 la plantilla del Sistema Nacional de Salud se redujo en 28.500 trabajadores. La tasa de reposición de personal ha caído al 10%, según denuncia la Marea Blanca en su informe. En Madrid, entre 2009 y 2014 se han perdido unos 7.500 empleos en la sanidad pública.
REPAGOS: el RDL 16/2012 también introducía el repago farmacéutico y de productos ortoprotésicos para pensionistas y colectivos vulnerables y aumentaba el ya existente para personas en activo. El pasado 5 de abril, el Gobierno interponía un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del País Valenciano de financiar los medicamentos de pensionistas y personas con diversidad funcional para evitarles el copago, una medida aplicada desde el 1 de enero. A las medidas de repago se suma la limitación en la financiación pública de nuevos fármacos, como ciertos anticancerígenos y antivirales contra la hepatitis C. Y un aumento del IVA de equipos médicos, aparatos de diagnóstico, instrumental sanitario o productos farmacéuticos que pasó del 10% al 21% desde el 1 de enero de 2015.
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS y privatización de la provisión de servicios, a través de externalizaciones, subcontrataciones, empresarialización de centros, etc.
A éstas y otras medidas, la Marea Blanca añade otras que en los últimos ocho años han afectado directamente a la Comunidad de Madrid:
CONSTRUCCIÓN DE SIETE HOSPITALES SEMIPRIVADOS, es decir, aquellos con la parte no sanitaria privatizada. Fueron inaugurados en 2008 con una concesión a 30 años. Según el informe publicado por Marea Blanca, y que muestra la evolución de la deuda de la Comunidad de Madrid, ésta se disparó a partir de 2009, precisamente el año en que comenzó a pagarse el canon de estos hospitales construidos por empresas privadas. El intento de privatizar al 100% seis de ellos fue paralizado por los tribunales después de fuertes movilizaciones en las calles de Madrid.
CUATRO HOSPITALES 100% PRIVADOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA: en este modelo, implantado en los hospitales de Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, el hospital, aunque de titularidad pública, está gestionado al 100% por una empresa. Todos ellos fueron inaugurados entre 2007 y 2014, con un canon a 30 años. Se suman al concierto ya existente con la Fundación Jiménez Díaz, hospital privado gestionado por la empresa Quirónsalud.
PRIVATIZACIÓN del procesamiento de las pruebas de laboratorio; de las mamografías preventivas del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, que pasa a manos de Capio; de la Lavandería Central Hospitalaria, cuya gestión privada está resultando desastrosa, según la propia Consejería de Sanidad; de la donación ambulante de sangre, de la que se beneficia Cruz Roja desde octubre de 2013; de cinco centros de salud mental, lo que provoca "la reducción de plantillas y un descenso de la calidad asistencial", etc.
CONCIERTOS DE DERIVACIÓN: los acuerdos para derivar a clínicas y empresas privadas a pacientes para diagnóstico, pruebas o intervenciones quirúrgicas se han multiplicado en los últimos años.
Ante éstos y otros ataques a la sanidad pública, la Marea Blanca de Madrid no sólo exige, en el Día Mundial de la Salud, la derogación de todas aquellas leyes y normativas que hayan abierto las puertas a la mercantilización y devaluación del sistema sanitario público, o la recuperación del gasto público sanitario hasta alcanzar la media de los países de la UE. Además, considera imprescindible la puesta en marcha de una auditoría ciudadana de la deuda en sanidad que investigue las conexiones entre el poder político y el económico y determine qué parte de la deuda generada por adjudicaciones de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario debe ser declarada ilegítima.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/29937-algunas-medidas-estan-destruyendo-sistema-sanitario-publico.html
miércoles, 6 de abril de 2016
“La salud no es un gasto… es una inversión”
Entrevista con Nicola Magrini, alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud
“La salud no es un gasto… es una inversión”
El tema de la salud, esencial para la humanidad entera, está estrechamente ligado al del acceso a los medicamentos que permiten combatir las diversas enfermedades. Salud y farmacología -de igual forma como, por ejemplo, salud pública y prevención-, constituyen una de esas duplas esenciales en el sistema médico-profesional planetario. Los *medicamentos esenciales* son parte esencial de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue en 1977 cuando la OMS publicó su primera Lista Modelo de Medicamentos Esenciales. A menos de cuarenta años de aquel momento, dicha Lista dotada hoy de 416 medicamentos de referencia debió ser actualizada, ganando cada vez más relevancia para médicos, científicos y responsables políticos. La más reciente actualización de abril del 2015 –con el correspondiente informe de octubre del mismo año- fue el resultado del trabajo de un grupo internacional de reconocidos expertos independientes. A la cabeza, coordinando dicho trabajo, el doctor italiano Nicola Magrini, responsable del Departamento de Medicamentos Esenciales y productos de Salud de la OMS. Entrevista exclusiva con el profesor italiano realizada en su oficina en la sede ginebrina de dicha organización internacional. P: El abc… ¿Qué son los medicamentos esenciales?
Nicola Magrini: Son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de la atención de la población. Además de su relevancia para la salud pública, son seleccionados a partir de tenerse en cuenta la evidencia sobre la eficacia y seguridad. Así como el criterio comparativo de costo-efectividad. Fue el Comité Ejecutivo de la OMS quien en 2001 revisó los métodos para la selección de dichos fármacos con el objetivo de introducir en 2002 varios nuevos medicamentos contra el SIDA. Entonces se estableció claramente que el costo absoluto del tratamiento no debe ser una causa excluyente para incorporar nuevos medicamentos a la Lista. El costo e impacto presupuestario, junto con otros factores, influyen evidentemente en la toma de decisión al momento de decidir la ampliación la lista…pero sin ser una condición única.
Nuevos medicamentos esenciales
P: ¿Por qué la OMS decidió reactualizar completamente en 2015 esa Lista?
NM: Porque la anterior estaba superada, especialmente teniendo en cuenta que existía la demanda de recapitular los medicamentos contra el cáncer. Por otra parte, la misma OMS había hecho recomendaciones para incorporar nuevos medicamentos disponibles para tratar ciertas patologías como la hepatitis C o la tuberculosis. Y así se hizo. Se incorporaron, entre otros, todos los medicamentos propuestos para la hepatitis C, cuatro para la tuberculosis así como diversos para confrontar el cáncer.
P: ¿Cómo se analizaron los medicamentos oncológicos?
NM: Con respecto al cáncer fue lo más difícil porque estamos considerando muchas patologías. Identificamos 29 tipologías de tumores, entre ellas 22 de adultos y 7 pediátricas. Tres ligadas al cáncer de colon; dos al de seno y así sucesivamente. Establecimos la prioridad de proponer a todos los países los medicamentos para los tumores más corrientes, en particular leucemia y linfoma, que pueden facilitar la cura en casi un 80% de los casos. Con respecto a los cánceres pediátricos evaluamos los tumores más curables e hicimos una proposición. Para el de colon no propusimos ningún medicamento nuevo porque la eficacia resulta modesta.
P: Algunos ejemplos concretos…
NM: El Imatinib, para la leucemia, que permite una alta tasa de remisión luego de 7 años o el Rituximab que permite un aumento real de la tasa de sobrevivencia (de 50-55% a 70%) o bien el Trastuzumabe adiuvant, para el estado precoz del cáncer de seno y que asegura hasta un 13 % de aumento de la tasa de sobrevivencia en las mujeres de alto riesgo.
P: ¿Incorporar un medicamento en la Lista significa otorgarle un reconocimiento particular?
NM: La Lista tiene un valor de carta de referencia, de promoción, de subrayar el interés público y el derecho a la salud. El interés hacia la Lista fue aumentando en los últimos años por parte de especialistas, de publicaciones científicas, incluso de los Gobierno de las naciones miembro de la OMS. Esto es esencial de recordarlo: la Lista es un instrumento ofrecido por nuestra organización a los Gobiernos para que los integren en sus sistemas públicos de salud.
“No estoy de acuerdo con los dobles estándares”
P: ¿Los países más empobrecidos del planeta también tienen a la Lista como referencia?
NM: Sí, en efecto. Es un marco de referencia científico. Muchos de los países más pobres incorporan esos medicamentos contra el cáncer como referenciales. Siento que en esos países con menos recursos se vive una especie de vigilia en la espera. Debemos recordar que cuando la Lista incluyó en 2002 los medicamentos contra el SIDA, en paralelo se creó un Fondo Global que permitió adquirirlos – así como los fármacos contra la malaria, la tuberculosis y algunas otras enfermedades tropicales- para ponerlos a disposición de todas las naciones. Actualmente no existe un mecanismo de esta naturaleza para los medicamentos anti-cáncer. Sin embargo la Lista permite a esas naciones a reflexionar sobre las inversiones necesarias para dar respuestas a las nuevas demandas. No estamos de acuerdo con la política de dobles estándares. En nuestra concepción, la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS es un puente que puede acercar realidades, convertirse en un referente para todos, ricos y pobres. Somos conscientes que a nivel de posibilidad de adquisición no es lo mismo Boston, Nueva York, Berlín o Ginebra que un país del África subsahariana. Sin embargo esta referencia científica plantea en el Norte, en el Sur, en el Este o el Oeste el gran desafío actual o de futuro de asegurar tratamientos para cada uno que lo necesite. Se trata de estándares terapéuticos y éticos que deberían lograrse con los mejores resultados posibles. Es un medio parea compartir los conocimientos.
P: El objetivo estratégico más importante de la OMS para los próximos años es asegurar la “cobertura universal”, es decir el acceso de todo el mundo a la atención de salud esencial. ¿Esta Lista que incluye, por ejemplo, productos caros para el tratamiento del cáncer, no complica la ejecución de ese desafío estratégico?
NM: Nosotros definimos los medicamentos esenciales. La cobertura universal implica introducir un sistema que establece lo que cada país debe garantizar para asegurar la salud de su población. Y el cáncer es parte de esta realidad. Cada Nación, su poder político, su sociedad civil, sus actores, deben discutir cómo hacer posible esa cobertura universal destinando los recursos necesarios y reestructurando incluso sus presupuestos nacionales. Claro que el cáncer por su propia complejidad e impacto confronta a una reflexión de fondo. Pero estoy persuadido que con la Lista ayudamos a cada uno a definir prioridades. Y el cáncer es una. Tal vez mi reflexión pueda ser entendida como utópica. Pero para cambiar las cosas, modificar las realidades, es necesaria siempre una parte de utopía.
El debate de los precios
P: Insisto. ¿Definiendo medicamentos caros no se corre el riesgo que en esas naciones del “Sur” se beneficie a los grupos más ricos en detrimento de los gastos de prevención y diagnóstico precoz que pueden favorecer a todos los sectores de la sociedad?
NM: Trabajamos para que no se corra ese riesgo e hicimos elecciones razonadas, en particular para el cáncer. Es verdad que si un país cuenta con un presupuesto para la salud que no quiere modificar e introduce nuevos medicamentos costosos, puede ser un problema. Pero la OMS busca de promover siempre el aumento efectivo de los presupuestos globales para la atención de salud. Y ahí hay una clave de lectura e interpretación. Debemos cada día explicar con más energía y determinación que la salud no es un gasto sino una inversión. La salud pública incluso debe ser entendida como un apoyo indirecto pero esencial al desarrollo de la economía de una nación.
P: Muchos de los medicamentos que se encuentran en el mercado tienen precios sobrestimados. Uno de los problemas principales de los países más empobrecidos es el precio creciente que debe pagar por los fármacos. ¿Existe una reflexión de vuestra parte sobre la necesidad de reducir esos precios para que los medicamentos esenciales puedan ser adquiridos realmente por todos los habitantes de los cinco continentes?
NM: Es una reflexión y una pregunta muy pertinente. Nuestra introducción a la nueva Lista, un texto de apenas cinco páginas- pero basado en un Informe Final de 600 páginas con 1082 referencias- , busca entre otras cosas abrir el debate sobre cómo hacer para que los medicamentos tengan precios más bajos y sean más accesibles. Pienso que se requiere de una estrategia a largo plazo y que es difícil establecer cambios de un día a otro dado la cantidad de intereses que están en juego. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de discutir con todo el mundo, sean ONG, industria, autoridades etc. para que los medicamentos, en especial los que integran la Lista de la OMS, sean accesibles para todos los que realmente los necesiten. Tenemos ya planificados encuentros para promover esta reflexión de fondo.
Retrato del doctor Magrini
Con 52 años, en abril del 2014, el doctor Nicola Magrini fue designado Responsable del Departamento de Medicamentos Esenciales y Productos de Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, organización con la que había colaborado desde 2007 con diversos mandatos externos.
Antes de asumir dicha función, este especialista en farmacología había recorrido un largo camino de formaciones superiores y compromisos profesionales. En 1989 concluyó sus estudios en Medicina en la Universidad de Bolonia, Italia, con un trabajo final denominado “FARMAGUIDA: un banco de datos para clasificar y evaluar la prescripción de fármacos”. Continuando una formación en el Instituto de Investigación Farmacológica “Mario Negri” de Milán, completada luego por el post-grado en la misma temática en la Universidad de Milán. Entre el año 90 y su llegada a Ginebra, entre otras actividades, el Dr. Nicola Magrini enseña e investiga en la Universidad de Bolonia; en la ciudad de Módena; dirige el Comité de Ética del Hospital de Regio Emilia; participa en la fundación del Centro Cochrane (Italia); y es miembro del equipo de redacción de la Revista Médica Británica.
Sergio Ferrari, artículo publicado en francés, en marzo 2016, en el Bulletin Suisse du Cancer
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
jueves, 24 de marzo de 2016
Sanidad pública Disminuyen las plantillas, aumenta la mortalidad
Sanidad pública Disminuyen las plantillas, aumenta la mortalidad
CASMadrid
Ningun partido político incluye entre sus propuestas el establecimiento de “leyes de proteccion del paciente” que establezcan ratios obligatorias, por lo que entendemos, no lo consideran importante. Solo con una movilizacion desde la base de pacientes y trabajadores, que no hay en estos momentos, se podria poner en el centro del debate este importante asunto.Desde hace años venimos advirtiendo que elestablecimiento de ratios adecuadas de personal de enfermería por paciente es el principal factor, tanto para reducir el estrés de los profesionales, como los efectos adversos y la mortalidad en los hospitales, aspectos que a medio plazo permiten reducir el gasto sanitario.
Sin embargo, tanto políticos, como gerentes y sindicatos corporativos no lo consideran importante puesto que en todos estos años, no ha habido ni una sola convocatoria de huelga cuya reivindicación principal haya sido el aumento de plantillas, y los políticos y gestores huyen como de la peste de todo lo que suene a aumento de gasto a corto plazo.
Ningun partido político incluye entre sus propuestas el establecimiento de “leyes de proteccion del paciente” que establezcan ratios obligatorias, por lo que entendemos, no lo consideran importante. Solo con una movilizacion desde la base de pacientes y trabajadores, que no hay en estos momentos, se podria poner en el centro del debate este importante asunto. En otros paises,California y el estado federal deVictoria (Australia) han adoptado Leyes de Protección al Paciente que incluyen ratios obligatorias (con multas económicas en caso de incumplir la ley) que han logrado salvar vidas y ahorrar dinero como puedes ver en este documento que CAS tradujo en su día.
Hoy nuevas investigaciones vienen a confirmar lo que ya se sabe desde hace décadas: que el incremento de pacientes por puesto de enfermero incrementa la mortalidad:
La Noticia: La mortalidad de los pacientes crece si las enfermeras que los cuidan tienen a su cargo más de seis pacientes, según un estudio de la Universidad de Southampton y el King’s College de Londres, donde se estudiaron 137 casos del NHS (las siglas en inglés del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido). Así, el estudio demostró que por debajo de seis enfermos cuidados por cada profesional, la tasa de fallecimientos baja un 20 por ciento con respecto a cuidar de diez o más personas simultáneamente.
Además prueba que, aunque haya más auxiliares de Enfermería, la tasa continúa en la misma proporción. A este respecto, la investigación estudia los vínculos entre el número de trabajadores sanitarios (teniendo en cuenta a médicos, enfermeros y auxiliares sanitarios) y la mortalidad de los pacientes. Así, se evidencia que las políticas de los últimos años en Reino Unido de suplir los puestos de Enfermería por más auxiliares repercuten negativamente en la calidad en el tratamiento de los pacientes.
“El estudio señala la necesidad de cautela y los peligros de la sustitución del personal de Enfermería cualificado por el personal de apoyo”, ha explicado a The Telegraph la autora de la investigación, Jane Ball, de la Universidad de Shouthampton, que recalcó que las decisiones de personal deben hacerse sobre la base de la seguridad al paciente, no de financiación. “Hospitales con niveles más altos de trabajadores de apoyo a la salud tienen tasas de mortalidad más altas”, sentencia Ball.
La atención individualizada de bebés en cuidados intensivos cae un 40% Otra investigación paralela muestra que la proporción de bebés que recibieron una atención enfermera individualizada en cuidados intensivos neonatales se ha reducido drásticamente en cuatro años.
El estudio, publicado en la revista Archives of Disease in Childhood, encontró que la proporción de niños que reciben esa atención se redujo de casi un 40 por ciento a menos del 36 por ciento entre 2008 y 2012.Cada 10 puntos porcentuales en la proporción de días en cuidados intensivos, la tasa de mortalidad crece un 0,6 por ciento.
Los expertos del Imperial College de Londres, la Universidad de Leicester, University College de Londres y la Universidad de Warwick extrajeron los datos mensuales de Inglaterra a partir de la Base de Datos de Investigación Neonatal Nacional de los bebés ingresados en unidades de cuidados intensivos entre 2008 y 2012.
Fuente: http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/337-2016-02-23-disminuyen-las-plantillas-aumenta-la-mortalidad
Sin embargo, tanto políticos, como gerentes y sindicatos corporativos no lo consideran importante puesto que en todos estos años, no ha habido ni una sola convocatoria de huelga cuya reivindicación principal haya sido el aumento de plantillas, y los políticos y gestores huyen como de la peste de todo lo que suene a aumento de gasto a corto plazo.
Ningun partido político incluye entre sus propuestas el establecimiento de “leyes de proteccion del paciente” que establezcan ratios obligatorias, por lo que entendemos, no lo consideran importante. Solo con una movilizacion desde la base de pacientes y trabajadores, que no hay en estos momentos, se podria poner en el centro del debate este importante asunto. En otros paises,California y el estado federal deVictoria (Australia) han adoptado Leyes de Protección al Paciente que incluyen ratios obligatorias (con multas económicas en caso de incumplir la ley) que han logrado salvar vidas y ahorrar dinero como puedes ver en este documento que CAS tradujo en su día.
Hoy nuevas investigaciones vienen a confirmar lo que ya se sabe desde hace décadas: que el incremento de pacientes por puesto de enfermero incrementa la mortalidad:
La Noticia: La mortalidad de los pacientes crece si las enfermeras que los cuidan tienen a su cargo más de seis pacientes, según un estudio de la Universidad de Southampton y el King’s College de Londres, donde se estudiaron 137 casos del NHS (las siglas en inglés del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido). Así, el estudio demostró que por debajo de seis enfermos cuidados por cada profesional, la tasa de fallecimientos baja un 20 por ciento con respecto a cuidar de diez o más personas simultáneamente.
Además prueba que, aunque haya más auxiliares de Enfermería, la tasa continúa en la misma proporción. A este respecto, la investigación estudia los vínculos entre el número de trabajadores sanitarios (teniendo en cuenta a médicos, enfermeros y auxiliares sanitarios) y la mortalidad de los pacientes. Así, se evidencia que las políticas de los últimos años en Reino Unido de suplir los puestos de Enfermería por más auxiliares repercuten negativamente en la calidad en el tratamiento de los pacientes.
“El estudio señala la necesidad de cautela y los peligros de la sustitución del personal de Enfermería cualificado por el personal de apoyo”, ha explicado a The Telegraph la autora de la investigación, Jane Ball, de la Universidad de Shouthampton, que recalcó que las decisiones de personal deben hacerse sobre la base de la seguridad al paciente, no de financiación. “Hospitales con niveles más altos de trabajadores de apoyo a la salud tienen tasas de mortalidad más altas”, sentencia Ball.
La atención individualizada de bebés en cuidados intensivos cae un 40% Otra investigación paralela muestra que la proporción de bebés que recibieron una atención enfermera individualizada en cuidados intensivos neonatales se ha reducido drásticamente en cuatro años.
El estudio, publicado en la revista Archives of Disease in Childhood, encontró que la proporción de niños que reciben esa atención se redujo de casi un 40 por ciento a menos del 36 por ciento entre 2008 y 2012.Cada 10 puntos porcentuales en la proporción de días en cuidados intensivos, la tasa de mortalidad crece un 0,6 por ciento.
Los expertos del Imperial College de Londres, la Universidad de Leicester, University College de Londres y la Universidad de Warwick extrajeron los datos mensuales de Inglaterra a partir de la Base de Datos de Investigación Neonatal Nacional de los bebés ingresados en unidades de cuidados intensivos entre 2008 y 2012.
Fuente: http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/337-2016-02-23-disminuyen-las-plantillas-aumenta-la-mortalidad
lunes, 2 de marzo de 2015
El negocio de la salud El poder del lobby farmacéutico.
El negocio de la salud. El poder del lobby farmacéutico
Una vez más, India ha sido
pionera. El 14 de enero el organismo regulador de patentes del país
asiático, conocido como "la farmacia de los pobres", rechazaba la
petición de patente presentada por el laboratorio farmacéutico Gilead
para la producción del sofosbuvir (de nombre comercial Sovaldi), el
fármaco contra la hepatitis C, lo que permitirá que los laboratorios
farmacéuticos indios fabriquen genéricos a bajo coste. El rechazo tiene
un motivo claro: el sofosbuvir, apunta el organismo, no es una
innovación, sino una pequeña modificación molecular de un fármaco ya
existente. Según un estudio de la Universidad de Liverpool, un
tratamiento de 12 semanas de este preparado tiene un coste de producción
de 85 euros, y sin embargo Gilead, con una posición de monopolio
después de negociar con las autoridades sanitarias país por país, lo
vende a 71 000 euros en Estados Unidos, 40 000 en Francia y 25 000 en
España.
“Si no es innovación en Nueva Delhi, no lo es aquí tampoco. Esto tendría que dar pie a que toda Europa lo fabricara como genérico y si no lo hacen están jugando con la salud de la gente”, afirma Antonio Gómez, del Comité Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid). Sin embargo, la Comisión Europea, que ya en julio rechazó la petición de 15 países no ya de elaborar un genérico, sino de hacer presión para lograr una rebaja de los precios, no parece dispuesta a seguir los pasos de India. La sombra de la industria farmacéutica, que dedica al menos 40 millones de euros anuales a hacer lobby en Europa –según un informe de la Health Action International y el Corporate Europe Observatory– planea sobre esta postura. Es más, la reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) de retirar 700 genéricos fabricados por laboratorios indios es denunciada en varios foros sanitarios como una medida de represalia contra India por su decisión. No en vano, recuerda la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), un 80% de la financiación de la AEM proviene de multinacionales farmacéuticas.
En España, la situación no parece distinta. Con el precio acordado para el sofosbuvir, la partida de 125 millones de euros aprobada por el Ministerio de Sanidad para el año 2015 servirá para curar sólo a 5 000 de los 700 000 afectados por hepatitis C que hay en el país. Eso si el Gobierno no sigue los pasos de India, algo que parece poco probable a pesar de que las leyes lo permiten. “Teóricamente sí podría. Hay un caso de salud pública, de emergencia sanitaria y dudas sobre el origen de la patente, pero está claro que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad se han plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas”, afirma Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP. De hecho, todos y cada uno de los miembros del recién creado comité de expertos designado por el Gobierno para elaborar una estrategia contra la hepatitis C tienen conflictos de intereses, y la mayoría de ellos tienen una relación directa con el laboratorio Gilead, según un documento publicado por esta federación.
Financiación privada
Pero los conflictos de intereses no sólo se dan en el caso de la hepatitis C. Según Antonio Gómez, “las sociedades científicas y médicas están financiadas por la industria farmacéutica”. Un caso sonado es el de la vacuna contra la varicela Varivax, que la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur Merck Sharp and Dohme ha conseguido vender de forma masiva en España, incluso en contra de la recomendación de las autoridades sanitarias, que la retiraron de las farmacias, aunque sigue dispensándose en centros privados y en hospitales. Como explica el último informe de Transparencia Internacional sobre lobbies, en España, donde no hay un precio fijo para las vacunas fijado por ley, la empresa productora “inició diversas acciones para lograr la mayor venta posible en farmacias y su aplicación a niños pequeños”. Sanofi ha contado con el respaldo de las asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, todas ellas con numerosos conflictos de intereses. Como consecuencia, mientras que en Francia por 820 000 nacidos se utilizan 58 000 dosis, y en Inglaterra por 805 000 nacidos se usan 17 000, en España para 405 000 nacidos se han aplicado 360 000 dosis, y con el precio más elevado de toda la UE, 71 euros por vacuna.
Según el periodista especializado en temas de salud Miguel Jara, las diferentes industrias, también la farmacéutica, “usan hoy tres herramientas para imponer sus intereses por encima de los de la ciudadanía: el lobby o presión corporativa sobre políticos y líderes de opinión, los conflictos de intereses y las puertas giratorias”. De este último fenómeno son públicos casos como el del exministro de Sanidad, Bernat Soria, fichado por la farmacéutica Abbott para realizar un informe “sobre el papel de la industria farmacéutica en la promoción de la calidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, o el de Isabel Barreiro, que pasó de dirigir el gabinete de Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad de Madrid a trabajar para GlaxoSmithKlein. También fueron llamativos los casos de varios exdirectores generales de Farmacia del Ministerio, como Regina Sevilla, que tras dejar su puesto ingresó en el laboratorio Merck, o Fernando García Alonso, que fue fichado sucesivamente por las farmacéuticas Schering-Plough, Bristol-Myers y Grupo Ferrer.
De momento, al calor del poder de los laboratorios, reunidos en torno a Farmaindustria, España es uno de los países con mayor gasto farmacéutico del mundo. “Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se va en farmacia, y eso es por la dependencia de las multinacionales”, añade Gómez, quien destaca que a menudo las farmacéuticas se aprovechan de la investigación básica, la que se hace en las facultades públicas, para llevar a cabo una investigación aplicada. “Los medicamentos nacen, en un 80 % de los casos, en universidades e instituciones públicas. Los pagamos dos veces con nuestros impuestos, pues esas entidades son financiadas así y luego es el erario público el que ejerce de máximo cliente de la industria”, añade Jara.
Para llevar a cabo un gasto público más eficiente hay más medidas que se pueden implementar. CAS Madrid defiende la eliminación de los medicamentos que han quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas sobre otros de precio inferior del registro público, las compras centralizadas para todo el sistema público y la dispensación de medicamentos directamente en centros sanitarios, entre otras iniciativas. Según la organización, con todo ello, junto a la creación de un sistema público de investigación y una industria farmacéutica estatal, se podría ahorrar un tercio del gasto actual en farmacia.
Respecto a la dispensación, la actual Ley General de Sanidad permite hacerlo directamente en los centros sanitarios, pero sólo lo han desarrollado los hospitales para ciertas enfermedades. “Podríamos estar dando todos los medicamentos que se prescriben en los centros de salud al paciente sin que éste pase a la farmacia de la acera de enfrente”, afirma Gómez. Países como Gran Bretaña o Suecia lo han hecho en el pasado. Se trata de una forma de eliminar del gasto el margen de las farmacias (que CAS Madrid cifra en un 30 % del precio) y la distribución, creando además empleo público para farmacéuticos. Gómez también es crítico con las compras descentralizadas, ya que unificando el ahorro llegaría por medio de compras al por mayor y por la posibilidad de conseguir márgenes mucho más baratos.
Una farmacéutica pública
Una de las opciones más nombradas para abaratar costes a las arcas públicas y resolver problemas de acceso a medicinas es la creación de un sistema farmacéutico público que abarque la investigación, producción y distribución de fármacos que han perdido la patente o que, sin haberla perdido, sean considerados necesarios por motivos de salud pública.
“Sería posible, y evidentemente muy razonable en emergencias como la de la hepatitis C”, apunta el presidente de la FADSP. Gómez es de la misma opinión y añade que se podrían usar las facultades públicas de Farmacia para temas de investigación “y con dinero público apoyar tanto la fabricación de genéricos como el desarrollo de nuevos fármacos”. Además, eliminaría otro problema: el desabastecimiento de fármacos baratos que dan pocos beneficios a las multinacionales, tal como denunciaba la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Catalunya y Baleares el pasado diciembre con respecto a 170 sustancias. “Las empresas hacen lo posible por maximizar beneficios y cuando un medicamento tiene baja rentabilidad procuran dejar de fabricarlo. Una farmacéutica pública aseguraría el suministro”, asegura Sánchez Bayle.
En cualquier caso, la creación de un sistema público chocaría con los intereses de las multinacionales del sector. Luis Hernández, cardiólogo pediatra y vicepresidente de PATUSalud, opina que “habría que competir de una forma tremenda y hacerlo muy bien, con una agencia estatal con competencias muy claras y en la que se metan muchos recursos”.
La medida se planteó en 1982, en la precampaña de las elecciones que llevaron al PSOE por primera vez al poder. “Iba a ser ministro de Sanidad Ciriaco de Vicente, que proponía montar un servicio nacional de farmacia. Nunca llegó a serlo. Sabemos que no le dejaron hacer por presiones de las farmacéuticas”, asegura Gómez. En los primeros borradores de la Ley General de Sanidad existían artículos en los que se establecía al Estado como institución que se reservaba el derecho a la planificación estratégica de farmacia, líneas que finalmente no aparecieron en el texto aprobado en 1986.
Un posible germen de esta estructura se encuentra actualmente en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que en 2013 inauguró nueva sede en la base de San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid), instalaciones que se adjudicaron en 2011 por 21 millones de euros. El espacio pretende centralizar los servicios de producción y almacenamiento del centenar de preparados médicos que fabrica esta institución, entre antivirales, antibióticos, antídotos, pomadas, analgésicos, ansiolíticos, opioides y sueros, entre otros. Su cadena de producción podría ser, además, usada actualmente para fabricar de forma masiva preparados contra posibles pandemias, como ya se hizo en 2008 en sus antiguas instalaciones en Burgos con el oseltamivir, principio activo contra la gripe aviar. En la actualidad el Ejército dispone de sus propios puntos de dispensación de medicamentos. Además, atienden pedidos de centros penitenciarios, de la Guardia Civil o de la Cruz Roja.
“Lo mismo que se reconvierten hospitales militares para uso de la ciudadanía se puede hacer lo mismo con la farmacia del Ejército”, apunta Hernández. El cardiólogo pone como ejemplo el Hospital Gómez Ulla de Madrid, que aunque está gestionado por Defensa, es el centro de referencia para 120 000 madrileños.
13/02/2015
https://www.diagonalperiodico.net/p...
“Si no es innovación en Nueva Delhi, no lo es aquí tampoco. Esto tendría que dar pie a que toda Europa lo fabricara como genérico y si no lo hacen están jugando con la salud de la gente”, afirma Antonio Gómez, del Comité Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid). Sin embargo, la Comisión Europea, que ya en julio rechazó la petición de 15 países no ya de elaborar un genérico, sino de hacer presión para lograr una rebaja de los precios, no parece dispuesta a seguir los pasos de India. La sombra de la industria farmacéutica, que dedica al menos 40 millones de euros anuales a hacer lobby en Europa –según un informe de la Health Action International y el Corporate Europe Observatory– planea sobre esta postura. Es más, la reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) de retirar 700 genéricos fabricados por laboratorios indios es denunciada en varios foros sanitarios como una medida de represalia contra India por su decisión. No en vano, recuerda la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), un 80% de la financiación de la AEM proviene de multinacionales farmacéuticas.
En España, la situación no parece distinta. Con el precio acordado para el sofosbuvir, la partida de 125 millones de euros aprobada por el Ministerio de Sanidad para el año 2015 servirá para curar sólo a 5 000 de los 700 000 afectados por hepatitis C que hay en el país. Eso si el Gobierno no sigue los pasos de India, algo que parece poco probable a pesar de que las leyes lo permiten. “Teóricamente sí podría. Hay un caso de salud pública, de emergencia sanitaria y dudas sobre el origen de la patente, pero está claro que el Gobierno y el Ministerio de Sanidad se han plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas”, afirma Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP. De hecho, todos y cada uno de los miembros del recién creado comité de expertos designado por el Gobierno para elaborar una estrategia contra la hepatitis C tienen conflictos de intereses, y la mayoría de ellos tienen una relación directa con el laboratorio Gilead, según un documento publicado por esta federación.
Financiación privada
Pero los conflictos de intereses no sólo se dan en el caso de la hepatitis C. Según Antonio Gómez, “las sociedades científicas y médicas están financiadas por la industria farmacéutica”. Un caso sonado es el de la vacuna contra la varicela Varivax, que la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur Merck Sharp and Dohme ha conseguido vender de forma masiva en España, incluso en contra de la recomendación de las autoridades sanitarias, que la retiraron de las farmacias, aunque sigue dispensándose en centros privados y en hospitales. Como explica el último informe de Transparencia Internacional sobre lobbies, en España, donde no hay un precio fijo para las vacunas fijado por ley, la empresa productora “inició diversas acciones para lograr la mayor venta posible en farmacias y su aplicación a niños pequeños”. Sanofi ha contado con el respaldo de las asociación Española de Pediatría, la Asociación Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, todas ellas con numerosos conflictos de intereses. Como consecuencia, mientras que en Francia por 820 000 nacidos se utilizan 58 000 dosis, y en Inglaterra por 805 000 nacidos se usan 17 000, en España para 405 000 nacidos se han aplicado 360 000 dosis, y con el precio más elevado de toda la UE, 71 euros por vacuna.
Según el periodista especializado en temas de salud Miguel Jara, las diferentes industrias, también la farmacéutica, “usan hoy tres herramientas para imponer sus intereses por encima de los de la ciudadanía: el lobby o presión corporativa sobre políticos y líderes de opinión, los conflictos de intereses y las puertas giratorias”. De este último fenómeno son públicos casos como el del exministro de Sanidad, Bernat Soria, fichado por la farmacéutica Abbott para realizar un informe “sobre el papel de la industria farmacéutica en la promoción de la calidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, o el de Isabel Barreiro, que pasó de dirigir el gabinete de Juan José Güemes en la Consejería de Sanidad de Madrid a trabajar para GlaxoSmithKlein. También fueron llamativos los casos de varios exdirectores generales de Farmacia del Ministerio, como Regina Sevilla, que tras dejar su puesto ingresó en el laboratorio Merck, o Fernando García Alonso, que fue fichado sucesivamente por las farmacéuticas Schering-Plough, Bristol-Myers y Grupo Ferrer.
De momento, al calor del poder de los laboratorios, reunidos en torno a Farmaindustria, España es uno de los países con mayor gasto farmacéutico del mundo. “Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se va en farmacia, y eso es por la dependencia de las multinacionales”, añade Gómez, quien destaca que a menudo las farmacéuticas se aprovechan de la investigación básica, la que se hace en las facultades públicas, para llevar a cabo una investigación aplicada. “Los medicamentos nacen, en un 80 % de los casos, en universidades e instituciones públicas. Los pagamos dos veces con nuestros impuestos, pues esas entidades son financiadas así y luego es el erario público el que ejerce de máximo cliente de la industria”, añade Jara.
Para llevar a cabo un gasto público más eficiente hay más medidas que se pueden implementar. CAS Madrid defiende la eliminación de los medicamentos que han quedado obsoletos o que no ofrezcan ventajas sobre otros de precio inferior del registro público, las compras centralizadas para todo el sistema público y la dispensación de medicamentos directamente en centros sanitarios, entre otras iniciativas. Según la organización, con todo ello, junto a la creación de un sistema público de investigación y una industria farmacéutica estatal, se podría ahorrar un tercio del gasto actual en farmacia.
Respecto a la dispensación, la actual Ley General de Sanidad permite hacerlo directamente en los centros sanitarios, pero sólo lo han desarrollado los hospitales para ciertas enfermedades. “Podríamos estar dando todos los medicamentos que se prescriben en los centros de salud al paciente sin que éste pase a la farmacia de la acera de enfrente”, afirma Gómez. Países como Gran Bretaña o Suecia lo han hecho en el pasado. Se trata de una forma de eliminar del gasto el margen de las farmacias (que CAS Madrid cifra en un 30 % del precio) y la distribución, creando además empleo público para farmacéuticos. Gómez también es crítico con las compras descentralizadas, ya que unificando el ahorro llegaría por medio de compras al por mayor y por la posibilidad de conseguir márgenes mucho más baratos.
Una farmacéutica pública
Una de las opciones más nombradas para abaratar costes a las arcas públicas y resolver problemas de acceso a medicinas es la creación de un sistema farmacéutico público que abarque la investigación, producción y distribución de fármacos que han perdido la patente o que, sin haberla perdido, sean considerados necesarios por motivos de salud pública.
“Sería posible, y evidentemente muy razonable en emergencias como la de la hepatitis C”, apunta el presidente de la FADSP. Gómez es de la misma opinión y añade que se podrían usar las facultades públicas de Farmacia para temas de investigación “y con dinero público apoyar tanto la fabricación de genéricos como el desarrollo de nuevos fármacos”. Además, eliminaría otro problema: el desabastecimiento de fármacos baratos que dan pocos beneficios a las multinacionales, tal como denunciaba la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Catalunya y Baleares el pasado diciembre con respecto a 170 sustancias. “Las empresas hacen lo posible por maximizar beneficios y cuando un medicamento tiene baja rentabilidad procuran dejar de fabricarlo. Una farmacéutica pública aseguraría el suministro”, asegura Sánchez Bayle.
En cualquier caso, la creación de un sistema público chocaría con los intereses de las multinacionales del sector. Luis Hernández, cardiólogo pediatra y vicepresidente de PATUSalud, opina que “habría que competir de una forma tremenda y hacerlo muy bien, con una agencia estatal con competencias muy claras y en la que se metan muchos recursos”.
La medida se planteó en 1982, en la precampaña de las elecciones que llevaron al PSOE por primera vez al poder. “Iba a ser ministro de Sanidad Ciriaco de Vicente, que proponía montar un servicio nacional de farmacia. Nunca llegó a serlo. Sabemos que no le dejaron hacer por presiones de las farmacéuticas”, asegura Gómez. En los primeros borradores de la Ley General de Sanidad existían artículos en los que se establecía al Estado como institución que se reservaba el derecho a la planificación estratégica de farmacia, líneas que finalmente no aparecieron en el texto aprobado en 1986.
Un posible germen de esta estructura se encuentra actualmente en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que en 2013 inauguró nueva sede en la base de San Pedro, en Colmenar Viejo (Madrid), instalaciones que se adjudicaron en 2011 por 21 millones de euros. El espacio pretende centralizar los servicios de producción y almacenamiento del centenar de preparados médicos que fabrica esta institución, entre antivirales, antibióticos, antídotos, pomadas, analgésicos, ansiolíticos, opioides y sueros, entre otros. Su cadena de producción podría ser, además, usada actualmente para fabricar de forma masiva preparados contra posibles pandemias, como ya se hizo en 2008 en sus antiguas instalaciones en Burgos con el oseltamivir, principio activo contra la gripe aviar. En la actualidad el Ejército dispone de sus propios puntos de dispensación de medicamentos. Además, atienden pedidos de centros penitenciarios, de la Guardia Civil o de la Cruz Roja.
“Lo mismo que se reconvierten hospitales militares para uso de la ciudadanía se puede hacer lo mismo con la farmacia del Ejército”, apunta Hernández. El cardiólogo pone como ejemplo el Hospital Gómez Ulla de Madrid, que aunque está gestionado por Defensa, es el centro de referencia para 120 000 madrileños.
13/02/2015
https://www.diagonalperiodico.net/p...
martes, 17 de febrero de 2015
martes, 3 de febrero de 2015
McDonald's: Video: Cómo y con qué hacen las papas fritas de McDonald's.
Video: Cómo y con qué hacen las papas fritas de McDonald's
El
gigante de la comida rápida levantó el telón de su cadena de producción
de papas fritas y la lista de ingredientes que se usan en su
preparación con el fin de disipar los mitos acerca de uno de sus
productos más populares.
"Resulta que las patatas fritas de McDonald's están hechas de patatas. Pero en realidad tienen 19 ingredientes", informa la CNBC, en un reportaje realizado en una planta que abastece de patatas a McDonald's en EE.UU.
Además de los diferentes aceites, la lista incluye varios productos químicosque
realizan diferentes funciones, entre ellas las que añaden sabor, un
agente antiespumante que evita que el aceite salpique y otros conservantes que ayudan a mantener el color y forma de las papas.
Otro ingrediente presente en las populares papas fritas de la multinacional es la dextrosa, sustituto del azúcar,
"para asegurarnos que tenga un color consistente sin importar la época
del año", explicaron los responsables de la planta. Pero también se
añade "pirofosfato ácido de sodio para conservar la forma de las patatas después de ser congeladas".
Una de las etapas finales en esta cadena de producción, es la fritura
parcial de las papas, tras lo cual son congeladas y transportadas hasta
los respectivos restaurantes, donde se realiza la preparación final.
"No es una fritura compuesta de productos químicos. Las patatas fritas de McDonald's están hechas de patatas", aseguran los responsables de la multinacional. Bueno, patatas y otros 18 ingredientes más.
viernes, 2 de enero de 2015
Cuba aumenta producción de fármaco para tratar Hepatitis C crónica
Cuba aumenta producción de fármaco para tratar Hepatitis C crónica. Lilliam Riera. Granma
El pasado año el PEG-Heberon recibió el Premio Nacional de Salud y en el 2012 obtuvo el de Innovación Tecnológica que entrega el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Una cantidad cada vez mayor de
pacientes cubanos aquejados de Hepatitis C crónica podrán beneficiarse
del tratamiento con PEG-Heberon, un fármaco desarrollado por el Centro
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de La Habana, que
introdujo mejoras tecnológicas para incrementar la capacidad productiva
de este fármaco.
La información fue ofrecida a Granma por
el doctor en Ciencias Hugo Nodarse Cuní, experto clínico de Heber Biotec
S.A., quien aseguró que el aumento productivo permitirá entregar al
sistema nacional de salud todo el medicamento que demande y así lograr
una más amplia cobertura terapéutica.
PEG-Heberon es el nombre
comercial del Interferón alfa-2b pegilado, un fármaco cubano con
propiedades similares a otros productos de su tipo que se comercializan
en el mundo, principalmente para la terapia de la Hepatitis C crónica.
Según
refirió Nodarse Cuní, jefe del Departamento de Oncología y otros
proyectos de la Dirección de Investigaciones Clínicas del CIGB, la
biosimilitud fue demostrada por estudios que evaluaron su comportamiento
en el organismo y los mecanismos de su acción, además de otros sobre
seguridad biológica.
El biofármaco está diseñado para reducir el
número de aplicaciones parenterales en el paciente y lograr que se
mantengan niveles estables del medicamento en sangre, lo que redunda en
un mayor y mejor control de la enfermedad.
Tal logro ha sido
posible porque Cuba cuenta con la tecnología necesaria y una experiencia
acumulada en más de 30 años en la producción de Interferones.
Primero
se logró el Interferón alfa leucocitario natural, a partir de la sangre
de donantes, y posteriormente, mediante técnicas de ingeniería
genética, de los interferones alfa- 2b y gamma recombinantes.
No
es ocioso recordar que con la obtención del Interferón en su forma
natural (leucocitaria), el 28 de mayo de 1981, científicos cubanos
hicieron realidad una idea visionaria de Fidel y dieron el primer paso
en el desarrollo de la biotecnología en el país.
Desde diciembre
del 2009, el PEG-Heberon cuenta con registro sanitario otorgado por el
Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos
Médicos (CECMED), el cual solo incluye su uso en la Hepatitis crónica
tipos B y C, siendo esta última la indicación más distinguida.
Se
conoció que en un futuro el registro pudiera extenderse a su empleo en
la terapia del melanoma (lesión tumoral), una indicación ya reconocida
en el mundo para los interferones pegilados.
En el 2010 pasa a
formar parte del cuadro básico de medicamentos, compuesto por 888
fármacos esenciales, y al año siguiente inicia su introducción en el
sistema nacional de salud para ser distribuido a nivel hospitalario de
forma gratuita para el paciente.
Un esfuerzo conjunto del CIGB y
el Ministerio de Salud Pública permitió en el 2011 comenzar su uso, como
parte de una terapia combinada con ribavirina, en tres hospitales de La
Habana, experiencia que luego ha continuado expandiéndose a otros
centros médicos de todo el país, indicó el experto clínico.
En el
tratamiento de la Hepatitis C crónica, la inyección subcutánea de un
bulbo de 180 microgramos de PEG-Heberon semanal, se combina con la
administración diaria y por vía oral del antiviral ribavirina en dosis
ajustadas periódicamente al peso corporal del paciente.
La
duración del tratamiento puede oscilar entre 12 y 72 semanas, en
dependencia del genotipo viral (forma de presentarse el virus) que
manifieste el paciente y del resultado de las evaluaciones en relación
con la disminución del virus en sangre.
Nodarse Cuní afirmó que
desde el punto de vista clínico, el tratamiento combinado con empleo del
PEG-Heberon y ribavirina resulta un 27 % más efectivo en la eliminación
del virus de la Hepatitis C crónica en la sangre, que el logrado con la
monoterapia de interferón alfa convencional.
De acuerdo con
estadísticas disponibles, la cifra de individuos con Hepatitis C crónica
tratados en Cuba con PEG-Heberon hasta el 2014 supera los 800, pero la
cantidad ha ido aumentando en la medida en que la nación ha dispuesto de
mayor capacidad en sus laboratorios para el diagnóstico y seguimiento
evolutivo del tratamiento.
El experto clínico adelantó que se
realizan trámites en varios países para lograr el registro sanitario del
PEG-Heberon, lo cual permitiría su exportación a mercados foráneos.
El
pasado año el producto recibió el Premio Nacional de Salud y en el
2012 obtuvo el de Innovación Tecnológica que entrega el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Igualmente se conoció que
el PEG-Heberon estará presente en la Feria Internacional de La Habana, a
celebrarse en noviembre próximo, como parte de la cartera de Heber
Biotec S.A.
Esta empresa es una de las nueve
importadoras-comercializadoras que posee BioCubaFarma, Grupo de la
Industria Biotecnológica y Farmacéutica surgido el 27 de noviembre del
2012, y que el pasado año se convirtió en el mayor exportador de bienes
de la Isla.
lunes, 29 de diciembre de 2014
Hepatitis C: No son muertes, son crímenes de Estado
Hepatitis C: No son muertes, son crímenes de Estado
Relacionado
“Hay que respetar las leyes, siempre que las leyes sean respetables”. (José Luis Sampedro)
“El sistema sanitario es una verdadera mafia que crea enfermedades y mata por dinero y poder”
(Ghislaine Lanctot)
(Ghislaine Lanctot)
La austeridad homicida que ejecuta este sádico Gobierno tiene
múltiples manifestaciones. Vamos a abordar aquí una de las más
recientes, crueles e inhumanas. De los 7.000 pacientes de Hepatitis C
que aproximadamente necesitan el medicamento de nombre comercial
“SOVALDI” para poder sobrevivir, los Presupuestos garantizan que
únicamente lo recibirán unos 1.200 pacientes. El resto será abandonado a
su suerte, probablemente morirán en un período más o menos breve de
tiempo. De hecho, ya han muerto varias personas durante los últimos
meses, víctimas de este abondono oficial por parte del Ministerio de
Sanidad, lo cual ha provocado que su Plataforma de Afectados realice un
encierro indefinido a las puertas del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Al momento de escribir este artículo, la Dirección General de Farmacia
ha confirmado que se administrará este fármaco a todos los pacientes
críticos que lo necesiten, pero como decimos, las cifras realmente
cubiertas van a ser irrisorias.
Y no estamos hablando de un brote virulento de una cruel enfermedad
epidémica incontrolable, ni siquiera de una enfermedad mortal para la
cual no exista medicamento curativo. No. La enfermedad es conocida, el
tratamiento existe, su éxito en la curación es certero, el único
problema es el presupuesto público para sufragarlo y expedirlo para
todos los pacientes que lo necesiten. Pero claro, eso lo haría un
Gobierno socialmente responsable, éticamente impecable, y humanamente
justo. Un Gobierno al que le importaran las personas. Evidentemente,
nuestro actual Gobierno del PP está muy alejado de dichos parámetros.
Porque lo cierto es que muy ruín y despreciable tiene que ser un
Gobierno para que sea capaz de sacrificar vidas humanas en pro del
supuesto saneamiento de sus cuentas públicas. Es el más fiel exponente y
ejemplo de cuando un Gobierno se convierte y trabaja como una empresa
privada, en vez de estar al servicio de su sociedad.
Tanto que a este Gobierno le gusta comparar la gestión de las
Administraciones Públicas con las de una familia, esto es como si unos
padres renunciaran a salvar la vida de su hijo o hija que padece una
enfermedad, porque tienen que saldar su cuenta con la comunidad de
vecinos. Absolutamente miserable. Una conducta cruel y abyecta,
demostrativa, una vez más, de que estamos gobernados por gente que
desprecia absolutamente a la ciudadanía. Porque lo que un Gobierno
responsable haría, si es que quiere priorizar el derecho a la salud, es
enfrentarse con las grandes empresas farmacéuticas, para conseguir por
300 euros lo que dichas empresas quieren ofrecer por 80.000 (son cifras
imaginarias). En todo caso, no es posible que una cuestión tan básica
como la salud y la investigación necesaria para la creación de
medicamentos se encuentre en manos de empresas privadas, que únicamente
pretenden asaltar las Administraciones Públicas para enriquecerse. Hoy
día, la investigación farmacéutica se encuentra absolutamente
privatizada, las empresas privadas son las que investigan y monopolizan
el conocimiento creado mediante patentes comerciales, y posteriormente
roban al erario público y a la sociedad en general, sabiendo que
necesitan de sus medicamentos.
Llegados por tanto a esta situación, se hace más necesaria que nunca
la nacionalización de los grandes sectores estratégicos de nuestra
economía productiva, para que pasen al control público las grandes
empresas que monopolizan la investigación, el conocimiento y la
comercialización de sus productos, cuando estos productos resultan
básicos para la sociedad a la que deben servir. Por un lado, el ámbito
público debiera fomentar un sector de Investigación y Desarrollo (I+D+i)
que se ponga realmente al servicio de la sociedad, porque ¿cuántos
investigadores e investigadoras podríamos financiar todos los años con
el dinero con el que el Estado adquiere ciertos medicamentos? Ese
conocimiento podríamos utilizarlo para fomentar una industria
farmacéutica pública, que ayude realmente a curar enfermedades, y no a
enriquecer a algunas empresas a costa de nuestra salud. Los criterios
que deben guiar esta labor son los de rentabilidad social, no los del
lucro particular y privado. Y todo ello tiene que ver también, como
hemos dicho, con el rechazo y la indiferencia social que nuestro
desalmado Gobierno practica con nuestro sector de Investigación y
Desarrollo, especialmente con el mundo de los jóvenes investigadores,
que se ven obligados a emigrar a terceros países donde reconocerán su
valía profesional, porque en su país, tristemente, sólo se ven abocados
al paro o a la precariedad. Mientras todo ello no se aborde con un
mínimo de sensibilidad social, continuarán muriendo dependientes y
pacientes crónicos en nuestro país.
Una cadena humana rodea simbólicamente el Ministerio de Sanidad por los enfermos de hepatitis C
Una cadena humana rodea simbólicamente el Ministerio de Sanidad por los enfermos de hepatitis .
Cerca de dos mil personas se han concentrado esta mañana frente al
Ministerio de Sanidad para reclamar tratamiento para todos los enfermos
de hepatitis C. La protesta ha comenzado con una cadena humana que ha
rodeado simbólicamente el edificio oficial.
Hacia las 12 horas, cientos de personas se han ido reuniendo en las
inmediaciones de la entrada del Ministerio. Muchos de ellos portaban las
camisetas rojas identificativas de la Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C, que llevan inscrito “Los recortes matan”. Además, han
desplegado una pancarta con su reivindicación de “tratamientos para
tod@s”.
Una vez realizada la cadena humana, las dos mil personas presentes
han permanecido más de una hora concentrados. El portavoz de la
Plataforma, Mario Cortés, ha leído un comunicado dirigido al “pueblo de
Madrid” en el que han recordado que desde el 18 de diciembre permanecen
encerrados en el hospital 12 de Octubre con el fin de que les sean
suministrados los medicamentos de última generación (Sovaldi) que “curan
la enfermedad”.
Cortés ha explicado que “los ciudadanos tienen un contrato con el
Estado, por el que pagan impuestos y su contribución a la Seguridad
Social, a cambio de una sanidad pública y de la subvención de los
medicamentos necesarios para curar enfermedades, contrato que el Estado
no está cumpliendo”. Han reafirmado su intención de permanecer
encerrados en el hospital 12 de Octubre hasta que todos los enfermos
reciban su tratamiento.
Numerosos políticos y representantes de diversos colectivos y
partidos han acudido a la protesta para expresar su apoyo. Es el caso de
Juan Carlos Monedero y Rafa Mayoral, ambos de Podemos, y Tomás Gómez
del Partido Socialista de Madrid. También se ha podido ver al colectivo
de los yayoflautas de Madrid. El acto ha concluido con la actuación de
la Solfónica pasadas las 13.30 de la mañana. disopress
viernes, 5 de diciembre de 2014
Más de 100.000 dependientes han muerto sin atención desde 2011 Agencias
Más de 100.000 dependientes han muerto sin atención desde 2011
Agencias
Un total de 101.070 personas dependientes han muerto sin recibir la atención que habían solicitado desde 2011, según ha asegurado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales,
que ha explicado que la reducción en 135.645 personas de la lista de
espera (un 44 por ciento del total) que se señala el Gobierno se debe de
forma mayoritaria a las defunciones antes de acceder al servicio.
De hecho, la organización ha acusado al Gobierno de "confundir"
ofreciendo "datos sesgados" y de "alardear de unas cifras que en
realidad corroboran el colapso del sistema y el abandono de miles de
familias".
Así, ha criticado la "trampa" de situar la cifra de nuevos beneficiarios (274.796 más que en 2011) junto a la reducción de las listas de espera, dado que, según han indicado, esta última se ha producido "fundamentalmente a fallecimientos estando en espera y a retirada de derechos" de los solicitantes.
"Siendo ese dato cierto, --ha explicado en referencia al aumento de las personas que reciben atención-- es un engaño pretender que la reducción de la lista de espera se haya producido por un incremento de las atenciones".
Por el contrario, señala que el saldo de altas y bajas del sistema, desde 2011 hasta el pasado 31 de octubre aporta un saldo negativo de 11.861 beneficiarios menos en la actualidad de los que entonces recibían atención.
Además, han recordado que la lista de espera solamente se reduce de tres modos: o bien atendiendo a quienes han solicitado servicios, o bien por la retirada del derecho a la atención, o bien porque fallezcan antes de acceder a ella.
Así, la organización ha indicado que desde 2012 hasta octubre de 2014 un total de 270.032 personas han entrado en la lista de espera de los Servicios de Atención a la Dependencia (SAAD) tras haber sido valorados con derecho a ello. La cifra, sumada a la de los que ya estaban en lista de espera, alcanza las 575.973 personas dependientes.
De todas ellas, 274.769 han recibido atención, mientras que al resto se les ha suprimido el derecho a solicitarla (29.838 personas) u "obviamente" han fallecido antes de recibirla (101.070 personas), según los datos aportados por la asociación.
De este modo, la reducción de la lista de espera se ha operado, no debido únicamente al número de personas que acceden a la atención cada año (que se ha ido reduciendo desde las 131.898 de todo 2012 hasta las 49.959 de los diez primeros meses de 2014) sino a la suma de las personas que han muerto antes de recibir los servicios, según la organización.
Así, ha criticado la "trampa" de situar la cifra de nuevos beneficiarios (274.796 más que en 2011) junto a la reducción de las listas de espera, dado que, según han indicado, esta última se ha producido "fundamentalmente a fallecimientos estando en espera y a retirada de derechos" de los solicitantes.
"Siendo ese dato cierto, --ha explicado en referencia al aumento de las personas que reciben atención-- es un engaño pretender que la reducción de la lista de espera se haya producido por un incremento de las atenciones".
Por el contrario, señala que el saldo de altas y bajas del sistema, desde 2011 hasta el pasado 31 de octubre aporta un saldo negativo de 11.861 beneficiarios menos en la actualidad de los que entonces recibían atención.
Además, han recordado que la lista de espera solamente se reduce de tres modos: o bien atendiendo a quienes han solicitado servicios, o bien por la retirada del derecho a la atención, o bien porque fallezcan antes de acceder a ella.
Así, la organización ha indicado que desde 2012 hasta octubre de 2014 un total de 270.032 personas han entrado en la lista de espera de los Servicios de Atención a la Dependencia (SAAD) tras haber sido valorados con derecho a ello. La cifra, sumada a la de los que ya estaban en lista de espera, alcanza las 575.973 personas dependientes.
De todas ellas, 274.769 han recibido atención, mientras que al resto se les ha suprimido el derecho a solicitarla (29.838 personas) u "obviamente" han fallecido antes de recibirla (101.070 personas), según los datos aportados por la asociación.
De este modo, la reducción de la lista de espera se ha operado, no debido únicamente al número de personas que acceden a la atención cada año (que se ha ido reduciendo desde las 131.898 de todo 2012 hasta las 49.959 de los diez primeros meses de 2014) sino a la suma de las personas que han muerto antes de recibir los servicios, según la organización.
lunes, 17 de noviembre de 2014
Cuba: Ya están en su hospital los médicos cubanos que combaten el virús ébola en Guinea Conakry (+ fotos)
Ya están en su hospital los médicos cubanos que combaten el virús ébola en Guinea Conakry (+ fotos).
Brigada Médica Cubana contra el virus Ebola.
Guinea Conakry.
Guinea Conakry.
Desde la brigada médica cubana que combate el ébola en Guinea nos envían esta crónica acompañada de varias fotografías sobre el inicio de su trabajo asistencial.
Bien temprano en la mañana del 14 de noviembre, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a los 37 colaboradores cubanos que integran la Brigada Médica de lucha contra el virus ébbola en Guinea Conakry, fuimos despedidos por el bravío océano Atlántico rumbo a la región de Forecariah, situada a 120 kilómetros de la Capital, bien intrincado en la floresta; donde se ubica un Cetro de atención a pacientes con Ebola.
Después de cuatro horas de viaje por carreteras en mal estado, no observamos la presencia de centros de salud, solo dos escuelitas, por cierto cerradas desde el inicio de la epidemia, llamó nuestra atención un niño de apenas 9 años de edad con un pico en la mano cavando en la tierra para que su mamá sembrara, otros de 10 a 12 años de edad, cargando sobre sus cabezas cubetas de diez litros llenas de naranjas y melones para la venta, realidad que no permitiremos vuelva a nuestra Patria jamás.
Así las cosas, llegamos al Centro de Forecariah, realizando recorrido por el mismo, donde intercambiamos criterios con el personal guineano que allí labora y con los expertos de la OMS. Debatimos sobre el funcionamiento de un Centro ébola, aspectos sobre Bioseguridad y el flujo de los pacientes. Se crearon equipos de trabajo y se realizaron simulacros de atención a pacientes infestados por el virus.
En tal sentido, los doctores Constanza Vallenas, Paola Méndez y Edward Zuroeste, profesores principales del entrenamiento a cargo de este Organismo Internacional, coincidieron en referir que nuestros profesionales poseen un alto nivel científico y una alta motivación para enfrentar la misión asignada.
El entrenamiento de dos días, concluyo exitosamente. Esta experiencia permitió que los 37 guerrilleros de batas blancas, una vez más, demostraran que en condiciones adversas como estas, siempre enarbolaremos banderas de unidad y victoria. A nuestro Pueblo, al Partido Comunista de Cuba y a nuestro Gobierno, le enviamos desde Guinea Conakry un mensaje de confianza y de total compromiso con la historia de nuestra Patria. Nada ni nadie nos detendrá.
No hay Revolución sin revolucionarios – los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos. José de San Martín.
15 de noviembre de 2014.
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