La juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades
detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de
Mercasevilla ha ampliado la imputación contra siete empresarios que
pujaron por dichos suelos, entre los que se encuentran dos hermanos de
la ministra de (des)Empleo.
Agencias
En un auto dictado el pasado 31 de julio
y notificado ahora a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press,
la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, atribuye a
estos siete empresarios, además del inicial delito de maquinación para
alterar el precio de las cosas, los presuntos delitos de prevaricación y
fraude y exacciones ilegales en su condición de extraneus.
En concreto, estos empresarios son
Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta
presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez
García, consejero delegado solidario de esta empresa, así como Ignacio
Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia
Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de
Administración de Prasa.
También amplía la imputación contra
Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada
del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín
Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó
disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de
junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del
anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado
solidario.
La juez argumenta que a todos ellos
"debe hacérseles extensiva la misma calificación, provisional, hasta
ahora efectuada a anteriores imputados" en la causa, ya que "todos ellos
ocupan la misma posición en el 'iter delictual' que los representantes
de Sanma en su relación con Mercasevilla, quien convocó el concurso
público que se investiga".
Hay que recordar que el grupo
promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora
Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones y pese a
que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo
Noga, ascendente a 158 millones.
Al hilo de ello, la magistrada
acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil para que investigue "los posibles beneficios que hubiera podido
obtener la entidad Noga, ya bien por alguna otra adjudicación
importante, por incidencias relativas a avales de licencias, o por
cualquier otra circunstancias que pudieran haber abocado a que la
referida entidad no impugnara el resultado del concurso público, a pesar
de ser la empresa que presentó la mejor oferta económica".
La juez, igualmente, relata que se
han recibido por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo los
informes exigidos tras la declaración como imputado de Alfredo Delmo
Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento
hispalense.
"De la documentación recibida parece
desprenderse que antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación, tendrían que haber sido tres los servicios que deberían haber
informado", como son los servicios de Coordinación y Conservación de la
Vía Pública, y de Proyectos y Obras, y la Oficina de Ejecución del
PGOU, por todo lo cual la juez libra un nuevo oficio a la Gerencia de
Urbanismo "para que informe si llegó a realizarse visita de inspección
por el servicio de Proyectos y Obras, y en este caso, técnico que
realizó la visita e informe emitido por el mismo".
En esta línea, reclama que, "por
quien corresponda, se informe si la licencia de primera ocupación se
otorgó sin la existencia de este informe".
Por último, la magistrada libra
oficio a la UCO "para que informe del paradero" de Juan López Cohard,
cuya declaración como imputado fue solicitada hace varios meses por la
Fiscalía Anticorrupción, "así como las relaciones que pudiera tener el
mismo con el resto de implicados beneficiarios".
Asimismo, y en relación a la entidad
Edamar, reclama a la Guardia Civil que localice a José Sánchez Pamplona y
Jesús García García, director y subdirector de Promoción de la entidad,
respectivamente.
En esta causa, y además de los
citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel
Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
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