Tribuna VIENTO SUR
Por qué hay que apoyar la consulta al pueblo de Catalunya
Martí Caussa.
Las fuerzas políticas partidarias
del derecho de Catalunya a decidir han presentado ya su propuesta de
fecha y pregunta. Son el fruto de un consenso entre CiU, ERC, ICV-EUiA y
CUP, que suman 88 de los 135 diputados del Parlament, el 64,2 %. La
fecha es el 9 de noviembre, el veinticinco aniversario de la caída del
muro de Berlín. La pregunta tiene dos apartados: 1) “¿Quiere usted que Catalunya sea un Estado?”; 2) En caso afirmativo “¿Quiere que sea un estado independiente?” Como
todo consenso no satisface completamente a ninguno de los
participantes, pero en mi opinión se trata de una pregunta aceptable y
tiene algunas virtudes sobre una única pregunta acerca de la
independencia.
Una primera virtud es que ha permitido un consenso amplio, que ha incorporado a Unió Democrática (siempre reticente) y a ICV-EUiA; y al mismo tiempo puede facilitar la participación en la consulta de los militantes y votantes socialistas que discrepan de la línea de sumisión al PSOE de Pere Navarro, en la medida que permite expresar una opción federal.
En segundo lugar hay que recordar que, en estos momentos, el conflicto básico con el Estado español (que no con España, entendida como el conjunto de sus ciudadanos) es si los representantes del pueblo de Catalunya tienen derecho a preguntar a su ciudadanía (a toda ella, independientemente de su origen, lengua, sentimientos identitarios, etc.) sobre las relaciones que desean mantener con el Estado español; en unas circunstancias en que esta consulta ha sido exigida por impresionantes movilizaciones masivas. La doble pregunta permite que se expresen todas las posiciones fundamentales y comprobar cual es la mayoritaria. Aunque el sentimiento independentista ha crecido mucho en Catalunya no es seguro, ni mucho menos, que sea mayoritario, pues una cosa es contestar una encuesta y otra votar efectivamente; también hay un amplio sector que preferiría una solución federal o confederal, en caso que fuera posible; y otro sector (minoritario según las encuestas) que está de acuerdo con el actual Estado de las Autonomías. Los partidarios de la independencia pueden votar sí a las dos preguntas; los partidarios de un estado federal o confederal (al estilo de EEUU, Alemania o Suiza) pueden votar sí a la primera y no a la segunda; los partidarios de seguir más o menos como estamos pueden votar no a las dos preguntas. Todos los que apoyan la consulta asumen el riesgo de ganar o perder. Oriol Junqueras, el líder de ERC, juega limpio y lo ha dejado bien claro: “Si en la primera pregunta gana el sí y en la segunda pregunta gana el no, el independentismo de Catalunya no habrá ganado”. También puede decirse que si en la primera pregunta y la segunda gana el no, habrán perdido tanto el independentismo, como el federalismo o el confederalismo. Pero en todos los casos habrá ganado la democracia.
Esta consulta, además de ser democrática, podría ser perfectamente legal, según la legalidad vigente en el Estado español. Bastaría que el gobierno central aceptara transferir la competencia de celebrar referendos a través del artículo 150.2 de la Constitución. Si no lo hace se abrirá un conflicto agudo entre legalidad y democracia, que posiblemente tomará la forma de un conflicto entre dos legalidades si el Parlament aprueba una ley propia y convoca la consulta al amparo de la misma. Y en estos días en que todo el mundo habla de la figura de Nelson Mandela, vale la pena recordar que en los conflictos entre democracia y legalidad, a la larga, acaba venciendo la primera, aunque sea a costa de mucho sufrimiento.
Como era de esperar, Rajoy ha rechazado violentamente la consulta en base a dos argumentos tradicionales. Primero porque es inconstitucional, como si la Constitución no se pudiera interpretar para permitir la consulta, o cambiar si fuera necesario (tan rápidamente como se hizo con el artículo 135 para obedecer el mandato de la troika); las dos cosas son posibles, pero el PP y el PSOE no quieren. El segundo argumento es que la consulta choca con la “indisoluble unidad de la nación española”; a lo cual hay que objetar que la consulta por si misma no disuelve nada, porque no tiene un resultado prefijado; y que en democracia no es aceptable un dogma de “indisolubilidad” contrapuesto a la voluntad de los ciudadanos, tal como nos lo recuerdan numerosos ejemplos internacionales: el Reino Unido (que permite la consulta en Escocia), Canadá (que la permitió en Quebec) o Checoslovaquia que se separó amigablemente en dos estados. Rubalcaba ha apoyado sin reservas la posición de Rajoy sobre la consulta, tal como ha venido haciendo repetidamente, y sigue confiando que la sumisión que ha logrado por parte de Pere Navarro bastará para mantener al PSC unido y obediente. Entre las organizaciones de ámbito estatal solo IU, por boca de Cayo Lara, ha reconocido el derecho de Catalunya a decidir; y al mismo tiempo ha recordado que su organización defiende un estado federal. Una posición que es perfectamente democrática: se explica la alternativa propia, pero se acepta que la cuestión sea decidida por el conjunto de la ciudadanía de Catalunya.
La cuestión decisiva en los próximos meses será: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y el PSOE, si los parlamentarios catalanes se mantienen firmes? Rubalcaba dice confiar en que bastará una votación contraria en el Congreso o, en todo caso, una resolución del Tribunal Constitucional; parece confiar en que llegados a este punto, Mas no insistirá en la consulta y optará por unas elecciones plebiscitarias (algo que tanto él como Rajoy parecen considerar menos peligroso). No obstante todos los pronósticos son inciertos, porque dependen de relaciones de fuerzas cambiantes e inestables: por ejemplo, los empresarios catalanes y el propio Duran buscan frenar a Mas, pero si éste les hace caso se arriesga al triunfo electoral de ERC y a ser desbordado por el movimiento de masas que convocó la manifestación del 11 de septiembre del 2012 o la cadena humana del 2013. Alfonso Alonso, portavoz del PP, parece admitir implícitamente que las cosas pueden ir más lejos y ha recordado en los pasillos del Congreso que la suspensión de una autonomía es una posibilidad contemplada en la Constitución. Pero debería considerar que aun así se pueden celebrar consultas populares; centenares de municipios catalanes ya lo han hecho y lo pueden repetir a mayor escala si cuentan con el apoyo de la mayoría del Parlament: ¿Movilizarán al Ejército y a la Guardia Civil para impedirlo? ¿Encarcelarán al gobierno catalán y a dos tercios del Parlament? ¿Y si lo hacen, se podrá seguir hablando de democracia?
Hasta el momento la mayoría de la ciudadanía del Estado español es contraria a la independencia de Catalunya y también a la realización de la consulta. Tanto el PP como el PSOE han utilizado todos los medios a su alcance para afianzar este rechazo y para demonizar estas posibilidades; y lo han conseguido, pese a que en otros terrenos la adhesión hacia sus políticas es escasa y menguante, por ejemplo frente a la crisis, la democracia o la corrupción. Pero las cosas pueden cambiar: ¿La mayoría de ciudadanos españoles va a seguir impasible si el gobierno del PP, apoyado por el PSOE, empieza a suprimir parcelas de democracia en Catalunya y a reprimir a los que luchan por la consulta? ¿No se dará cuenta que permitir los ataques contra la democracia en Catalunya es allanarles el camino en toda España?
La lógica que anuncian las declaraciones de los dirigentes del PP y del PSOE es ésta: para impedir la consulta a los catalanes no hay que dudar en atacar la democracia; pero este ataque difícilmente se detendrá en las fronteras de Catalunya.
Es urgente que todas las personas que defendemos la democracia, y especialmente los movimientos sociales y sindicales, que están experimentando importantes restricciones en sus derechos, pongamos en marcha otra dinámica en todo el Estado. Hay que exigir al gobierno que permita una consulta legal al pueblo de Catalunya y que se avenga a negociar en base a los resultados de la misma. Y si no la hace y la consulta se realiza sólo al amparo de la legalidad catalana hay que apoyarla igualmente, porque será una expresión de democracia; y hay que oponerse también a cualquier medida represiva contra los ciudadanos de Catalunya que la hayan impulsado. La cuestión no es independencia de Catalunya sí o no. Lo que está en juego es: democracia sí o no. En Catalunya y en toda España.
13/12/2013
Una primera virtud es que ha permitido un consenso amplio, que ha incorporado a Unió Democrática (siempre reticente) y a ICV-EUiA; y al mismo tiempo puede facilitar la participación en la consulta de los militantes y votantes socialistas que discrepan de la línea de sumisión al PSOE de Pere Navarro, en la medida que permite expresar una opción federal.
En segundo lugar hay que recordar que, en estos momentos, el conflicto básico con el Estado español (que no con España, entendida como el conjunto de sus ciudadanos) es si los representantes del pueblo de Catalunya tienen derecho a preguntar a su ciudadanía (a toda ella, independientemente de su origen, lengua, sentimientos identitarios, etc.) sobre las relaciones que desean mantener con el Estado español; en unas circunstancias en que esta consulta ha sido exigida por impresionantes movilizaciones masivas. La doble pregunta permite que se expresen todas las posiciones fundamentales y comprobar cual es la mayoritaria. Aunque el sentimiento independentista ha crecido mucho en Catalunya no es seguro, ni mucho menos, que sea mayoritario, pues una cosa es contestar una encuesta y otra votar efectivamente; también hay un amplio sector que preferiría una solución federal o confederal, en caso que fuera posible; y otro sector (minoritario según las encuestas) que está de acuerdo con el actual Estado de las Autonomías. Los partidarios de la independencia pueden votar sí a las dos preguntas; los partidarios de un estado federal o confederal (al estilo de EEUU, Alemania o Suiza) pueden votar sí a la primera y no a la segunda; los partidarios de seguir más o menos como estamos pueden votar no a las dos preguntas. Todos los que apoyan la consulta asumen el riesgo de ganar o perder. Oriol Junqueras, el líder de ERC, juega limpio y lo ha dejado bien claro: “Si en la primera pregunta gana el sí y en la segunda pregunta gana el no, el independentismo de Catalunya no habrá ganado”. También puede decirse que si en la primera pregunta y la segunda gana el no, habrán perdido tanto el independentismo, como el federalismo o el confederalismo. Pero en todos los casos habrá ganado la democracia.
Esta consulta, además de ser democrática, podría ser perfectamente legal, según la legalidad vigente en el Estado español. Bastaría que el gobierno central aceptara transferir la competencia de celebrar referendos a través del artículo 150.2 de la Constitución. Si no lo hace se abrirá un conflicto agudo entre legalidad y democracia, que posiblemente tomará la forma de un conflicto entre dos legalidades si el Parlament aprueba una ley propia y convoca la consulta al amparo de la misma. Y en estos días en que todo el mundo habla de la figura de Nelson Mandela, vale la pena recordar que en los conflictos entre democracia y legalidad, a la larga, acaba venciendo la primera, aunque sea a costa de mucho sufrimiento.
Como era de esperar, Rajoy ha rechazado violentamente la consulta en base a dos argumentos tradicionales. Primero porque es inconstitucional, como si la Constitución no se pudiera interpretar para permitir la consulta, o cambiar si fuera necesario (tan rápidamente como se hizo con el artículo 135 para obedecer el mandato de la troika); las dos cosas son posibles, pero el PP y el PSOE no quieren. El segundo argumento es que la consulta choca con la “indisoluble unidad de la nación española”; a lo cual hay que objetar que la consulta por si misma no disuelve nada, porque no tiene un resultado prefijado; y que en democracia no es aceptable un dogma de “indisolubilidad” contrapuesto a la voluntad de los ciudadanos, tal como nos lo recuerdan numerosos ejemplos internacionales: el Reino Unido (que permite la consulta en Escocia), Canadá (que la permitió en Quebec) o Checoslovaquia que se separó amigablemente en dos estados. Rubalcaba ha apoyado sin reservas la posición de Rajoy sobre la consulta, tal como ha venido haciendo repetidamente, y sigue confiando que la sumisión que ha logrado por parte de Pere Navarro bastará para mantener al PSC unido y obediente. Entre las organizaciones de ámbito estatal solo IU, por boca de Cayo Lara, ha reconocido el derecho de Catalunya a decidir; y al mismo tiempo ha recordado que su organización defiende un estado federal. Una posición que es perfectamente democrática: se explica la alternativa propia, pero se acepta que la cuestión sea decidida por el conjunto de la ciudadanía de Catalunya.
La cuestión decisiva en los próximos meses será: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar el PP y el PSOE, si los parlamentarios catalanes se mantienen firmes? Rubalcaba dice confiar en que bastará una votación contraria en el Congreso o, en todo caso, una resolución del Tribunal Constitucional; parece confiar en que llegados a este punto, Mas no insistirá en la consulta y optará por unas elecciones plebiscitarias (algo que tanto él como Rajoy parecen considerar menos peligroso). No obstante todos los pronósticos son inciertos, porque dependen de relaciones de fuerzas cambiantes e inestables: por ejemplo, los empresarios catalanes y el propio Duran buscan frenar a Mas, pero si éste les hace caso se arriesga al triunfo electoral de ERC y a ser desbordado por el movimiento de masas que convocó la manifestación del 11 de septiembre del 2012 o la cadena humana del 2013. Alfonso Alonso, portavoz del PP, parece admitir implícitamente que las cosas pueden ir más lejos y ha recordado en los pasillos del Congreso que la suspensión de una autonomía es una posibilidad contemplada en la Constitución. Pero debería considerar que aun así se pueden celebrar consultas populares; centenares de municipios catalanes ya lo han hecho y lo pueden repetir a mayor escala si cuentan con el apoyo de la mayoría del Parlament: ¿Movilizarán al Ejército y a la Guardia Civil para impedirlo? ¿Encarcelarán al gobierno catalán y a dos tercios del Parlament? ¿Y si lo hacen, se podrá seguir hablando de democracia?
Hasta el momento la mayoría de la ciudadanía del Estado español es contraria a la independencia de Catalunya y también a la realización de la consulta. Tanto el PP como el PSOE han utilizado todos los medios a su alcance para afianzar este rechazo y para demonizar estas posibilidades; y lo han conseguido, pese a que en otros terrenos la adhesión hacia sus políticas es escasa y menguante, por ejemplo frente a la crisis, la democracia o la corrupción. Pero las cosas pueden cambiar: ¿La mayoría de ciudadanos españoles va a seguir impasible si el gobierno del PP, apoyado por el PSOE, empieza a suprimir parcelas de democracia en Catalunya y a reprimir a los que luchan por la consulta? ¿No se dará cuenta que permitir los ataques contra la democracia en Catalunya es allanarles el camino en toda España?
La lógica que anuncian las declaraciones de los dirigentes del PP y del PSOE es ésta: para impedir la consulta a los catalanes no hay que dudar en atacar la democracia; pero este ataque difícilmente se detendrá en las fronteras de Catalunya.
Es urgente que todas las personas que defendemos la democracia, y especialmente los movimientos sociales y sindicales, que están experimentando importantes restricciones en sus derechos, pongamos en marcha otra dinámica en todo el Estado. Hay que exigir al gobierno que permita una consulta legal al pueblo de Catalunya y que se avenga a negociar en base a los resultados de la misma. Y si no la hace y la consulta se realiza sólo al amparo de la legalidad catalana hay que apoyarla igualmente, porque será una expresión de democracia; y hay que oponerse también a cualquier medida represiva contra los ciudadanos de Catalunya que la hayan impulsado. La cuestión no es independencia de Catalunya sí o no. Lo que está en juego es: democracia sí o no. En Catalunya y en toda España.
13/12/2013
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