La Fiscalía pide años de cárcel para decenas de sindicalistas por participar en piquetes
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Los sindicatos denuncian que se trata de una forma de desprestigiar la protesta y atentar contra el derecho de huelga y creen que hay órdenes por parte de la Fiscalía General.
- Uno de los últimos casos es el de dos miembros de UGT para los que piden ocho años de prisión por participar en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.
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Hay al menos cuarenta procedimientos judiciales abiertos en Madrid, Andalucía, La Rioja, Baleares, Galicia o Asturias por hechos ocurridos durante huelgas generales.
Ana Requena Aguilar – Madrid⎮El Diario⎮07/05/2014
Pintada de huelga general en Madrid (Juan Luis Sánchez)
La Fiscalía pide siete años y dos meses
de cárcel para José Manuel y para Rubén. Les acusa de un delito contra
los derechos de los trabajadores, un delito de atentado y cuatro faltas
de lesiones. Los hechos sucedieron en la huelga general del 29 de marzo
de 2012, cuando los dos eran liberados sindicales de UGT y participaron
en un piquete durante el que se produjeron momentos de tensión a las
puertas de un bar.
Este es solo el último caso de una
lista que ha engordado con rapidez en los últimos meses: actualmente hay
hasta 40 procedimientos judiciales abiertos, algunos penales y otros
sancionadores, contra sindicalistas que participaron en las últimas
huelgas generales, especialmente en la que se produjo el 29 de
septiembre de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero aún en el Gobierno.
Entre todos suman más de 140 años de cárcel. Los sindicatos ven detrás
de estos casos una estrategia
para desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y
atentar contra derechos fundamentales como el derecho de huelga.
“Es absolutamente desproporcionado, sin
duda se debe a instrucciones precisas que proceden de la estructura
jerárquica de la Fiscalía para limitar un derecho fundamental como es la
huelga”, señala Manuel de la Rocha, uno de los abogados de UGT que se
encarga del caso de José Manuel y Rubén, que insiste en que se ha
producido un “cambio de criterio” en el Ministerio Fiscal porque nunca
antes se habían pedido en España penas tan elevadas por este tipo de
sucesos.
De la Rocha, exdiputado socialista,
explica que el piquete en el que participaban recorrió varios puntos de
Madrid hasta que a las siete de la mañana llegaron a la puerta de un bar
cercano al Congreso de los Diputados. Una vez allí, un trabajador abrió
la puerta y arrojó varios pasquines. Un camarero salió a la puerta y
comenzó la tensión. “Un grupo de policías que les seguía desde hacía
tiempo comenzó a cargar muy duramente”, continúa el abogado. Hubo dos
detenidos y varios miembros del piquete denunciaron a la policía, una
denuncia que llegó a un juicio cuyo resultado fue la absolución de los
policías.
“Piden más de tres años por atentado
porque consideran que se resistieron a la carga y a la detención. Y
otros tres años por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Es desmesurado pedir siete años en una situación como la actual, donde
hay personajes que han dañado la vida de miles de personas y que siguen
en la cañe y a unas personas por participar en un piquete, por unos
hechos que apenas duraron minutos, se les pide años de cárcel. El
Tribunal Constitucional ha señalado que los piquetes son un instrumento
para dar publicidad a la huelga y que en esas situaciones se producen
tensiones. La aplicación de delitos penales no puede desfigurar el
derecho de huelga”, insiste De la Rocha.
Procedimientos abiertos
Hay procedimientos abiertos en varias
comunidades, entre ellas Madrid, Galicia, La Rioja, Islas Baleares,
Andalucía o Asturias. La mayoría de los implicados tienen vinculación
con CCOO o UGT, aunque en algún caso también hay personas ligadas a
otras centrales, como la CIG.
En el caso de Baleares, la Fiscalía
pide cuatro años y medio para la secretaria general de CCOO en las
islas, Katiana Vicens, a la que acusa de un delito contra los derechos
de los trabajadores por participar en un piquete durante la huelga del
29 de marzo de 2012. La acusación asegura que subió a un autobús para
convencer a un conductor de que abandonara su puesto de trabajo y que
llegó a romper un cristal. En La Rioja, cinco sindicalistas de CCOO
están imputados por un delito de coacciones durante el paro del 29 de
septiembre de 2010 y la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno
de ellos. Los cinco formaban parte de un grupo más amplio que entró en
una empresa para informar a los trabajadores sobre la huelga.
Para CCOO la situación es preocupante.
En el sindicato defienden que los criterios de actuación de la Fiscalía
atentan contra el principio de libertad sindical. “Son
anticonstitucionales: limitan el derecho a la huelga y atentan contra
las libertades fundamentales”, subrayan. Por eso, el sindicato está
preparando una batería de medidas jurídicas y sindicales, pero también
barajan convocar movilizaciones.
Uno de los casos que más repercusión ha tenido es el de los ocho trabajadores de Airbus,
para los que la Fiscalía pide ocho años de cárcel por participar en un
piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 en el que
se produjeron altercados y una carga policial en la que los
antidisturbios llegaron a disparar al aire. Es la mayor pena que se ha
solicitado nunca en España por hechos similares desde que llegó la
democracia.
más INFO
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Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Fiscalia-sindicalistas-cuarenta-procedimientos-judiciales_0_257575005.html
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