El escandaloso comportamiento de la industria farmacéutica
España se gasta muchísimo en el capítulo de farmacia, un
dato que es incluso más notorio y visible porque el gasto público
sanitario es muy bajo. En realidad, nos encontramos con la situación
paradójica de que España es uno de los países que se gasta menos en
sanidad pública (mucho menos de lo que debería por su nivel de riqueza)
y, a la vez, es uno de los que se gasta más en farmacia. El argumento
que se utiliza con mayor frecuencia para explicar el elevado gasto en
farmacia es que los pacientes, al no tener que pagar el coste de
producir el fármaco, abusan del sistema, adquiriendo muchas más
medicinas de las que en realidad necesitan.
Además de errar en este diagnóstico –pues la mayoría de la ciudadanía
española tiene que pagar por los fármacos–, el hecho es que dicha
explicación del elevado consumo farmacéutico ignora que el acceso a los
fármacos no es tan fácil como se cree, pues aunque los precios de los
productos farmacéuticos son inferiores a los de otros países, se olvida
que el nivel de los salarios y/o transferencias públicas a las familias,
ancianos y grupos sociales vulnerables es mucho más bajo que el que
existe en la mayoría de países de la UE-15, el grupo de países de la UE
de semejante nivel de desarrollo económico al español.
Pero las consideraciones más importantes deberían hacerse sobre el
comportamiento de la industria farmacéutica, una de las industrias con
mayores beneficios en la economía, fenómeno que es generalizado en la
mayoría de países desarrollados a los dos lados del Atlántico Norte. En
EEUU, los beneficios empresariales de este sector económico –el
farmacéutico– son de los más elevados de aquel país. Las diez empresas
más importantes del sector tienen una tasa de beneficios (el porcentaje
que representan sobre el total de ventas) del 17%, que es muchísimo
mayor que el promedio (5%) de las 500 empresas más grandes de aquel
país.
Estos enormes beneficios (que ocurren también en España) se basan en
la protección que les ofrece el Estado, permitiéndoles dictar el precio
de los productos farmacéuticos al nivel que deseen, a través de las
patentes. Estas patentes son una manera de saltarse el mercado,
asegurando a las empresas farmacéuticas el poder de controlar la
producción y distribución, con un comportamiento claramente
monopolístico. El caso más claro es el precio de un nuevo tratamiento
para la hepatitis C, que cuesta nada menos que la friolera cantidad de
25.000 euros por paciente. En EEUU es 84.000 dólares (unos 63.000 euros)
por paciente. Esta situación, por cierto, ha creado un problema enorme
en el sistema penitenciario estadounidense. Paradójicamente, en un país
donde el Estado no garantiza la accesibilidad a los servicios sanitarios
por parte de la población, sí que lo hace en el caso de los prisioneros
en las cárceles estatales (1,3 millones de presos) y federales (200.000
presos). Estos sí que tienen el derecho a recibir los servicios
sanitarios gratuitos, situación que, repito, no existe para la mayoría
de la población estadounidense. Y un 17% de toda la población en prisión
está infectada por el virus que causa la hepatitis C, que se transmite
al compartir las jeringuillas entre los drogadictos. En realidad, un
tercio de todas las personas infectadas con el virus está en prisión. El
tratamiento de estos pacientes está suponiendo una crisis enorme del
sistema penal de aquel país (ver Margot Sanger-Katz, “Why the Hepatitis
Cure Sovaldi Is a Budgetary Disaster for Prisons”, The New Yor Times,
07.08.14).
Cuando analizamos la causa de que el precio del Sovaldi sea tan
elevado, vemos que tanto el Estado federal de EEUU como el Estado
español garantizan que el laboratorio que lo produce defina el precio de
la medicina, impidiendo por varios años que otros laboratorios
produzcan el mismo fármaco o uno de semejante. El mercado no funciona en
el sector farmacéutico cuando las patentes son las que rigen el precio
de los productos. La justificación para que el Estado garantice tal
beneficio al productor es que la empresa farmacéutica tiene que
recuperar los costes de haber inventado y producido la medicina. Es lo
que se llama coste de la investigación y desarrollo de un fármaco. Ahora
bien, dicho argumento debe cuestionarse en base a la mucha evidencia
ignorada en este argumento. Una es que el coste en investigación y
desarrollo del fármaco es mucho más bajo de lo que indica la propia
industria. La evidencia de ello es robusta. En realidad, Egipto produce
el mismo fármaco genérico por 900 dólares (unos 675 euros) y la India va
a sacar un producto idéntico por 200 dólares (unos 150 euros). ¿Por qué
el Estado español se gasta tanto dinero por paciente cuando puede
adquirirlo por muchísimo menos?
Se me dirá que la Comisión Europea (teóricamente el máximo exponente
de las teorías neoliberales promotoras del mercado) no lo permite. Le
sorprenderá al lector conocer que la Comisión Europea, a pesar de su
discurso neoliberal, en la práctica se ve a sí misma como la defensora
de la industria farmacéutica europea. Pero debería saberse que para el
Estado español sería más barato pagarle al paciente español para que se
fuera a comprar el fármaco a Egipto o a la India (viaje y hotel
incluido), que no comprarlo en España. Esto es lo que precisamente Dean
Baker, uno de los economistas más interesantes de EEUU, aconseja al
Estado de California que haga: que las autoridades públicas de aquel
Estado les paguen a los pacientes de hepatitis C el viaje a Egipto
(familiares incluidos). Con ello, dichas autoridades gastarían 7.000
millones de dólares menos de los que se gasta solo el Estado de
California en comprar el producto al fabricante actual en EEUU (ver Dean
Baker, “Who’s Afraid of Trade? Expensive Drugs and Medicaid”,
Counterpunch, 06.08.14).
Pero más económico que todo ello sería incluso que el Estado fuese el
que investigara y desarrollara el producto. En realidad, el Estado ya
financia la gran mayoría de la investigación básica que determina el
descubrimiento de nuevos fármacos. En EEUU, los famosos centros de
investigación médica (NIH) son los mayores centros de investigación
básica. Lo que hace la industria farmacéutica es aplicar este
conocimiento básico a su investigación aplicada, mercantilizándola. Si
el Estado financiara también la aplicada (lo que le significaría doblar
la cantidad de dinero en investigación), se ahorraría muchísimo dinero,
pues el precio del producto sería muchísimo menor. El hecho de que ello
no se esté considerando se debe única y exclusivamente al enorme poder
de la industria farmacéutica, uno de los grupos económicos más poderosos
e influyentes sobre el Estado tanto en EEUU como en España.
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