Las FARC-EP y nuestras razones (II)
http://www.pazfarc-ep.org
«La propia historia nos alecciona para no repetir los errores del pasado, como sucedió con los acuerdos de La Uribe y la Unión Patriótica» |
La burguesía
colombiana, adaptando su discurso a las políticas norteamericanas de
cada momento, ha mantenido a lo largo de los años su política de terror,
garantizando por medio de la violencia sistemática su permanencia en el
poder y la eliminación de todo vestigio de oposición revolucionaria.
Pero además, en una muestra de su doble moral, mientras por un lado
adopta la política antidrogas de los EEUU que eleva el narcotráfico a la
categoría de amenaza para la seguridad nacional, asimila la llamada
clase emergente, surgida a partir del narcotráfico, fusionando los
intereses de la vetusta oligarquía latifundista con los dineros e
intereses de los capos de la mafia, alianza que dará origen al monstruo
del narcoparalatifundismo, con su principal exponente, Álvaro Uribe
Vélez.
Del mismo modo
obrará luego del 11 de septiembre de 2001 cuando el gobierno de los
EEUU, declaró su guerra contra el terrorismo. Sumisa y oportunista, la
oligarquía colombiana cambia nuevamente el empaque a su campaña de
terror oficial, para comenzar a venderla bajo la presentación de lucha
contra el terrorismo.
Basta examinar objetivamente los resultados
de las últimas décadas de esa política de terror oficial, para
comprender a qué intereses ha obedecido: Genocidio contra la Unión
Patriótica, asesinato selectivo de centenares de dirigentes sindicales y
populares e incontables masacres de humildes campesinos; más de 6
millones de colombianos desplazados de sus territorios y un botín de
guerra de 10 millones de hectáreas expropiadas a sus dueños y a
disposición de la clase dominante y las compañías transnacionales para
la realización de los mega proyectos minero – energéticos, agro
exportadores y de agro combustibles. Todo lo cual no ha hecho más que
acrecentar, profundizar y complejizar el conflicto colombiano hasta
llevarlo a adquirir un carácter socioeconómico, político, territorial,
ambiental y de soberanía, siendo la lucha armada apenas una de sus
expresiones.
Un examen sencillo del Acuerdo General de La Habana,
permite observar que en su preámbulo, así como en sus seis numerales,
se recogen aspectos centrales de la problemática que caracteriza hoy el
conflicto colombiano. Pero además podemos decir que los acuerdos
parciales firmados en la Mesa, relacionados con los temas de desarrollo
agrario, participación política y drogas ilícitas, así como los
principios convenidos para la discusión del punto de víctimas,
constituyen un avance significativo, pese a que sobre ellos pende la
máxima de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y
salvando las diferencias sustanciales recopiladas en las salvedades que
habrán de retomarse en algún momento.
De lo que se trata es de
encontrar unos mínimos que permitan poner fin al enfrentamiento entre
hermanos, lo cual es abiertamente contrario a lo presentado por los
grandes medios, en el sentido de que queremos hacer la revolución en la
Mesa. Nuestra posición tampoco puede ser entendida como la disposición a
la rendición o la desmovilización incondicional, para insertarnos
dentro del actual modelo de democracia restringida, sin ningún tipo de
cambio en el régimen de dominación oligárquica, sin medidas que ataquen
las ya mencionadas causas estructurales que dieron origen y alimentan el
conflicto.
Como es apenas previsible que al avanzar en acuerdos
persistan las diferencias frente a algunos temas, se hace necesario
pensar en una fórmula a fin de evitar que aborte el proceso. Al respecto
hemos propuesto una Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria y
composición debe ser convenida por las partes, como la fórmula más
realista y democrática para que sea el pueblo soberano el que entre a
definir de fondo sobre esos asuntos. Pero, además, que dicha Asamblea
Constituyente sea la encargada de diseñar el marco político que refleje
la nueva realidad surgida de la firma de los acuerdos definitivos, dando
a su vez garantía de cumplimiento de lo pactado, mediante normas que no
puedan ser cambiadas por futuros gobiernos. La propia historia nos
alecciona para no repetir los errores del pasado, como sucedió con los
acuerdos de La Uribe y la Unión Patriótica.
Sabemos que la
culminación exitosa del proceso, así como la profundidad y el alcance de
las trasformaciones económicas, políticas y sociales que se acuerden,
dependen de la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Nunca
hemos creído que la salida a la encrucijada nacional pueda encontrarse
sin contar con el concurso de las más amplias mayorías, única garantía
de poner freno a las fuerzas que abogan por la continuidad de la guerra.
Los episodios alrededor de la reciente campaña presidencial muestran
claramente la forma en que manejan estos temas tan delicados para el
futuro de la nación los grupos de poder que componen la clase dominante.
Por un lado está claro hasta dónde están dispuestos a llegar quiénes se
oponen al proceso que se adelanta en La Habana, mientras que por el
otro se hace evidente el maniqueísmo y el tratamiento oportunista que el
gobierno le da al tema de la paz.
Como revolucionarios nacidos
de las entrañas del pueblo, sabemos de los padecimientos que significa
la guerra, muy especialmente para los sectores populares de donde
provienen los combatientes de uno y otro bando. Nos duelen profundamente
todos los muertos de esta guerra fratricida y, en correspondencia con
nuestros principios y convicciones humanistas, creemos que es urgente
poner fin al derramamiento de sangre entre colombianos. Por experiencia
sabemos que lo más sensato sería adelantar las conversaciones en medio
de un cese al fuego bilateral, que pare de una vez por todas ese
desangre; pero que además contribuya a ampliar el ambiente político y de
opinión favorable a la solución política, a la vez que le resta espacio
de maniobra al militarismo de civil y de uniforme que le sigue
apostando a la guerra y todos los días conspira contra la reconciliación
de los colombianos.
En esa dirección apuntan la reiterada
propuesta de cese al fuego bilateral rechazada por el gobierno y las
cuatro declaratorias de cese al fuego unilateral que hemos dispuesto en
el transcurso de los diálogos de La Habana. En contraste, hemos tenido
la oportunidad de escuchar repetidamente las amenazas proferidas por el
Presidente Juan Manuel Santos, los ultimátum y negativas a considerar el
cese al fuego bilateral, todo lo cual revela una macabra concepción: a
más muertos, más barata saldrá la paz.
Ahí tiene uno de sus retos
principales el bloque mayoritario de fuerzas que se viene agrupando en
torno de la lucha por la paz con justicia social. Imponer un cese el
fuego bilateral, arrebatando de las manos de los enemigos del proceso,
el pretexto más socorrido en el pasado para provocar el fracaso de la
reconciliación nacional y la reconstrucción de la patria.
Montañas de Colombia, 9 de agosto de 2014.
(*) Carlos Antonio Lozada es miembro del Secretariado Nacional de las FARC-EP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario