jueves, 30 de mayo de 2013

POR UN FERROCARRIL ESTATAL PÚBLICO Y DE CALIDAD. Es absolutamente necesario planificar por todo el pueblo trabajador, y ciudadanos en general por los distintos Ministerios competentes que se creen un grupo de empresas ferroviarias españolas, tanto de fábricar la construcción de Trenes, vagones, Automotores, Máquinas etc., empresas públicas estatales, para transportar viajeros y mercancías, y que den un servicio de transporte público, seguro, saludable, no contaminante, en definitiva de calidad para todos los ciudadanos, y eso sí, con un precio popular, siendo para estudientes, personas de bajo poder económico, y pensionistas de bajos ingresos inferiores al salario mínimo profesional, viajarían de forma gratuita con su identificación por la propias empresas públicas



Por un holding ferroviario español

A diferencia de otros sectores, todavía se está a tiempo de defender para España la permanencia de un modelo de ferrocarril público y de calidad.
| 25 Mayo 2013 - 15:28 h.
Con toda la importancia que tiene la actualidad del anunciado cierre de servicios públicos de transporte por ferrocarril (esta es la autentica definición de la medida) en diversas comunidades autónomas, que hay que intentar evitar por todos los medios ya que lejos de ser solo un problema de empleo, que lo es, o del volumen de la empresa RENFE, que también lo es, va a afectar de manera trascendental a la cohesión del territorio y al desarrollo de extensas zonas rurales con graves problemas de despoblación, que se acelerarán, contradiciendo las reiteradas promesas políticas y gubernamentales sobre la necesidad de reordenación del territorio y la búsqueda de fórmulas para un reequilibrio poblacional en las diversas zonas geográficas de este, los problemas que se ciernen sobre el modelo de transporte ferroviario en España van sin embargo mucho más allá y tienen el objetivo final de su recorte, disminución y final privatización.
Son suficientemente conocidas las experiencias que en este sentido han tenido otros países, el caso más emblemático es el del Reino Unido donde después de una liberalización salvaje, seguida de masivas pérdidas de empleo, deterioro del servicio y gravísimos accidentes con víctimas mortales, el Gobierno tuvo que renacionalizar la red para poner orden, con los consiguientes costes económicos, sociales y humanos gratuitamente causados.
Pero no hace falta irse a otros países. En España tenemos ya ejemplos suficientes de lo negativo de esta manera de actuar. Uno de ellos puede ser Endesa que después de una pelea política sobre quien podría ser su comprador acaba en manos de la italiana Enel, paradójicamente empresa pública en su país, y que ahora, ante su anuncio de trasladar su cúpula y todo el poder de decisión a su sede central en Roma, se rasgan las vestiduras todos aquellos que más hicieron por su privatización y venta con el recurrente y falso argumento del mejor servicio a la sociedad desde el mercado privado que desde la empresa pública , en un sector tan sensible y estratégico como el de la energía en este caso.
Otro ejemplo es el de Iberia primero privatizada y luego vendida, en una falsa fusión, a la inglesa British Airwais, la primera ahora en proceso de franco desmantelamiento y que lleva a la actual ministra de Fomento a confundir y a contradecir su filosofa exigiendo que Iberia actúe como una compañía de bandera del país, frente a los intereses de la inglesa, cuando ello no es posible gracias a sus propias políticas de privatizaciones.O se es una compañía pública dirigida por el Gobierno y al servicio de los ciudadanos o se es una compañía privada al servicio de sus propietarios y accionistas, las dos cosas al mismo tiempo no son posibles señora ministra.
 El gobierno español tiene que dejar de jugar a ser el alumno aventajado de la liberalización
Se trata de evitar que el ferrocarril español siga parecidos caminos, el Gobierno actual vuelve a querer actuar como alumno aventajado planteando la división de las empresas ferroviarias Adif y RENFE +FEVE en seis empresas nuevas, mas pequeñas y fáciles de manipular a partir del mes de Julio y adelantar la liberalización de los servicios de transporte de mercancías y de viajeros, estos últimos establecidos por la Comisión Europea a diciembre de 2019, con el objetivo final, nada disimulado, de su privatización con la reciente ayuda de la Comisión Nacional de la Competencia planteando la separación de RENFE del ministerio de Fomento con el fin de facilitar las cosas.
Paradójicamente países como Francia y Alemania mantienen sus ferrocarriles públicos, sus empresas ferroviarias integradas y son los candidatos más probables a hacerse con el control de las partes más rentables de un ferrocarril español privatizado. Sea esta la situación final o la aparición de algún empresario amigo del gobierno, o lo más probable una solución mixta entre ambos, el transporte público ferroviario español acabaría corriendo la misma suerte  de Iberia y Endesa, es decir, disminución drástica del empleo, también de derechos laborales en el medio plazo, control en manos extranjeras,parcial o totalmente de empresas públicas de otros países, disminución del tamaño y de la calidad de los servicios y el riesgo tan importante en este medio de transporte de una reducción en los niveles de seguridad. 
Frente a estos riesgos la solución más plausible pasa por proponer la creación de un holding ferroviario, que deberían encabezar los sectores políticos, sindicales y sociales que ya se están movilizando frente al recorte de servicios anunciado para el mes de junio, holding que venga a reforzar el sector ferroviario español, Adif y RENFE +FEVE coordinado con las empresas de construcción y fabricación ferroviaria que eleve la capacidad para competir también  en el terreno internacional con otras compañías, especialmente SNCF Francia y DB Alemania, que permita una planificación en España que garantice la comunicación y el transporte en igualdad de condiciones a todos los territorios y a todos los ciudadanos, con un convenio colectivo de sector que refuerce la productividad y la integración de los trabajadores en el proyecto.
Paralelamente el Gobierno español tiene que dejar de jugar a ser el alumno aventajado de la liberalización ampliando plazos para analizar negociar y consensuar estas medidas, con trabajadores y usuarios, comprometerse a dar los pasos que al final puedan ser inevitables nunca antes que los competidores que mantienen una estrategia más correcta de empresa pública y dirección gubernamental, no se puede regalar el esfuerzo que España ha hecho y sigue haciendo en inversiones ferroviarias.
Este holding ferroviario también sería mas rentable en los términos de ahorro y reducción del déficit que tanto utiliza como coartada el actual Gobierno para sus desmanes privatizadores, el mantenimiento de los puestos de trabajo evita el gasto en seguros de paro y pensiones, su capacidad de compra, venta y ejecución ahorra costes sobre la actividad de seis empresas (públicas o privadas) divididas, que junto a la generación de ingresos contribuye a reducir realmente la deuda pública, no mediante el truco de la pseudoprivatización con subvenciones y exenciones fiscales, dinero público en definitiva, posteriores a los empresarios amigos.
Junto a la oposición al desmantelamiento de servicios públicos esenciales como la Sanidad la Educación y los Servicios Sociales, otros que ya lo han sido como la Energía o la escandalosa falta de garantías para los ciudadanos en el derecho a una vivienda digna, el derecho a un transporte público por ferrocarril accesible, digno y seguro no es secundario ni menor, más bien al contrario, sin él otras muchas cosas se resentirán, principalmente la capacidad de movilidad de los ciudadanos y la articulación ordenada del territorio con sus efectos sobre la economía el desarrollo y el bienestar.
A diferencia de otros sectores, todavía se está a tiempo de defender para España la permanencia de un modelo de ferrocarril público y de calidad, eso sí, los partidos políticos de la oposición y los sindicatos no deberían perder más tiempo para llevarlo al frente de sus propuestas con este u otros planteamientos similares, una positiva iniciativa sería por ejemplo la petición inmediata de un pleno del Congreso de los Diputados, para abordar la importancia estratégica de este asunto y sacarlo de la obscuridad y las confusas propuestas en que el Gobierno lo quiere mantener a la espera de asestar el golpe definitivo.

miércoles, 29 de mayo de 2013

Más de 60 ciudades europeas saldrán a la calle contra la Troika y el "austericidio" el próximo 1 de junio


Más de 60 ciudades europeas saldrán a la calle contra la Troika y el "austericidio" el próximo 1 de junio

por Kaos. Indignación globalizada
 
 
La plataforma ´Marea Ciudadana´ ha convocado para el próximo sábado 1 de junio movilizaciones en más de 60 ciudades europeas bajo el lema ´Pueblos unidos contra la Troika´ con el objetivo de evidenciar "el gran fracaso que han supuesto las políticas económicas y financieras de recortes, desahucios..
La plataforma ´Marea Ciudadana´ ha convocado para el próximo sábado 1 de junio movilizaciones en más de 60 ciudades europeas bajo el lema ´Pueblos unidos contra la Troika´ con el objetivo de evidenciar "el gran fracaso que han supuesto las políticas económicas y financieras de recortes, desahucios, reforma laboral y privatizaciones" impuestas por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de la segunda movilización a nivel español y europeo que convoca la plataforma ´Marea Ciudadana´, constituía a finales del pasado año para luchar "contra los recortes y por una verdadera democracia" y que aúna a las mareas contra la privatización de servicios públicos, a asambleas del 15-M y diferentes colectivos sociales.
De este modo, si el pasado 23 de febrero la ´Marea Ciudadana´ salió a las calles para denunciar "el golpe de Estado de los mercados", coincidiendo con el aniversario del intento de golpe de Estado del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, en esta ocasión llaman a la ciudadanía europea a unirse contra las políticas aplicadas por la llamada Troika.
"Las brutales e inhumanas políticas de ajuste impuestas por la odiosa Troika con la ayuda de los gobiernos cómplices, están causando en Europa la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Millones de personas estamos siendo condenadas al paro, la pobreza e incluso a la muerte por una deuda ilegítima e impagable, que en su mayor parte es privada; de bancos, grandes empresas y entidades financieras", denuncian en el manifiesto elaborado para la ocasión.
DESDE NEPTUNO A LA SEDE DE LA UE EN MADRID
   En Madrid, donde se prevé que tenga lugar la marcha más multitudinaria de las convocadas en España, los organizadores han fijado como punto de partida la plaza de Neptuno. De allí partirá la "marea ciudadana" a las 18.30 horas para llegar alrededor de las 20.30 hasta la sede de la Unión Europea en Madrid, en la Glorieta de Emilio Castelar.
   Según ha explicado a Europa Press una de las portavoces de la plataforma, Sol Sánchez, la idea es pasar a largo del recorrido frente a los principales centros de poder para llevar a cabo actos simbólicos que representen el rechazo a las medidas de "austericidio" de la Troika y la demanda de "una verdadera democracia".
   Así, empezarán en los alrededores del Congreso de los Diputados, el centro que, según Domínguez, "menos poder tiene", para pasar a continuación frente a la Bolsa y el Banco de España y continuar por el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana hasta llegar a la sede de la UE.
   "No es una manifestación festiva sino que estamos manifestando nuestra repulsa por todas las políticas de la Troika y por su propia presencia aquí. Aunque sea una marcha pacífica y cívica mostraremos el gran cabreo y el gran hartazgo de la ciudadanía de este país", ha explicado la portavoz.
COMUNICADA A DELEGACIÓN DE GOBIERNO
   Al igual que ya hicieran el 23-F, los organizadores han decidido comunicar a la Delegación del Gobierno en Madrid el recorrido y los horarios de la marcha por los cauces oficiales para evitar, entre otras cosas, que la Policía utilice este pretexto para cargar contra los manifestantes y evitar disturbios.
   No obstante, tal y como ha confirmado Domínguez, los representantes de la plataforma que se reunieron con la Delegación del Gobierno para abordar los preparativos solicitaron en persona a la institución dirigida por Cristina Cifuentes que "se abstenga de criminalizar la protesta social como, desgraciadamente, hizo con motivo de la manifestación convocada el pasado 23-F así como en otras ocasiones".

Mientras el Estado se desmorona, el gobierno acelera el expolio

Mientras el Estado se desmorona, el gobierno acelera el expolio



Parecía imposible hace sólo unos meses empeorar la situación general de las instituciones del Estado, pero cada día se supera una barrera que lleva al régimen a su autodestrucción. Desde la monarquía al parlamento pasando por el poder judicial y las autonomías, el régimen borbónico nacido en la transición da síntomas de agotamiento y parálisis. El mal arranca de lejos con la amnesia del franquismo, la desmovilización de las fuerzas sociales y la idealización de un tránsito teledirigido de la dictadura a su heredera legítima la monarquía juancarlista. La entrada en la OTAN, apoyada fundamentalmente por el PSOE, y la penetración capilar del dogma neoliberal como “paraíso en la tierra”, sentaron las bases de la miseria política y social en que vivimos. Intuyendo la progresiva desaparición del ciudadano transmutado en mero consumidor al que se le ofrece un producto manipulado casi idéntico ─ “hay ya poquísima distancia entre ‘propaganda’ (política) y ‘publicidad’ (comercial)” ─, Rafael Sánchez Ferlosio, nuestro gran escritor vivo, acertó en el diagnóstico hace ya diez años: “esta democracia da vergüenza”, declaró 1. Para desgracia general, habría que hablar hoy más que de “consumidor”, de “consumido” pues éste es el estado de buena parte de la población.
Un régimen que se derrumba
Comenzando por la cabeza, la corrupción se incrustó en el conjunto del régimen borbónico convirtiéndose en moneda de curso legal que sólo la actual crisis económica ha descarnado en toda su insolencia. Los recientes episodios de la trama Cristina de Borbón/Iñaki Urdangarín han puesto al descubierto las previsibles, y no por ello menos censurables, maniobras exculpatorias del poder. Señalemos algunos de estos movimientos en el tablero judicial: el monarca, que está situado por encima de la ley y que se atrevió a afirmar en una frase retórica que “la justicia es igual para todos” (¡menuda broma más propia del Día de los Inocentes que del discurso de Navidad!), critica al honorable juez instructor José Castro por haberse atrevido a imputar a su hija; el fiscal, que está para defender la ley, defiende… a la aristócrata imputada y critica al juez; el abogado del Estado sigue dócilmente los pasos del fiscal; la audiencia provincial de Palma, sensible a los anteriores posicionamientos, quita la imputación a la infanta Cristina y, para salvar las apariencias, ordena a la Agencia Tributaria una investigación sobre ella antes de que prescriba un posible delito fiscal.
Ni siquiera en la Edad Media la monarquía omeya (la que más tiempo ha gobernado en la península) se atrevió a tanto. Cuenta al-Jusani en su Historia de los jueces de Córdoba 2 que, en un pleito de unos campesinos contra un aristócrata que les había quitado un cortijo, el juez se negó a complacer al emir al-Hakam I quien le había solicitado que se abstuviera de intervenir en el proceso. Se dio prisa el juez en dictar sentencia a favor de los campesinos y cumplió los requisitos para que aquella fuera firme. Informado al-Hakam I, se irritó y lamentó después que “la pluma del juez le pegara en el rostro”, pero no se opuso a la sentencia que fue finalmente ejecutada a favor de los campesinos andaluces.
Volviendo a nuestros días y ya “en pleno siglo XXI”, como dicen con ardor algunos progresistas (como si la historia no retrocediera a veces), los anteriores intentos de doblegar la justicia en Palma de Mallorca han merecido el elogio de unos pocos serviles del poder, entre los cuales sobresale el monárquico de viejo cuño Luis María Ansón. Por el contrario, una buena parte de la prensa, incluida la conservadora, ha dado muestras de una contenida indignación. Sirva de ejemplo este comentario de Jesús Cacho: “Lo normal en esta democracia nuestra, tan parca, tan pobre, tan puerca, es que una infanta de España se vaya de rositas. (…) Desengáñense las almas cándidas: el Sistema se ha conjurado para sacar del trance a la señora de Urdangarin cueste lo que cueste, le cueste incluso a la Corona las últimas briznas de prestigio que pudieran quedarle tras tanto escándalo. Capital el papel jugado en este caso por Alberto Ruiz-Gallardón. (…) El intento de la Fiscalía, es decir, el Gobierno de la nación, de interferir el trabajo del juez Castro en pleno proceso de instrucción es sencillamente un escándalo” 3 .
Otro episodio especialmente llamativo ha sido la crítica del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía) ordenándole que se limite a realizar una mera enumeración de hechos probados, eliminando de sus informes los análisis de tales hechos. ¡Viva la objetividad pura del ministro opusdeísta! En esta censura del ministro a algunos de los mejores profesionales de su departamento late sin duda el resentimiento del PP por los informes incriminatorios relacionados con el caso Bárcenas y la trama Gürtel.
Para comprender la gravedad de las acusaciones de la policía contra el saqueo organizado de lo público por parte del Partido Popular, me remito a esta fuente fidedigna: “Es la primera vez, desde que empezó la instrucción del caso Bárcenas, que los investigadores descubren nexos claros entre la supuesta caja B del partido gobernante [es decir, falsa contabilidad] y sus cuentas en A. (…) Según la UDEF, las doce empresas de la construcción que figuran como donantes del PP en los papeles citados obtuvieron 12.281 millones de euros en contratos de obras con administraciones regidas por ese partido entre el 2001 y el 2012. Las mismas compañías donaron al PP al menos 4,6 millones de euros; lo hicieron casi siempre mediante entregas fraccionadas para, supuestamente, hacer ver que no superaban los límites establecidos en la ley de financiación de partidos “ 4. Lo que sale a la luz ahora es algo que se intuía desde hace tiempo: la financiación ilegal del partido del gobierno a costa del saqueo de la administración pública y en beneficio de unos empresarios corruptos que premian a escondidas a sus protectores políticos. ¿Se comprende ahora por qué el ministro del Interior ordenó a la UDEF que no haga análisis ni deducciones por su cuenta, no sea que tales corruptelas las vea hasta un ciego?
Hablemos ahora del núcleo duro del PP, de Esperanza Aguirre ─la feroz anticomunista y entusiasta amiga del exilio anticubano de Miami─ y de su fiel escudero Ignacio González, hoy en la presidencia de la Comunidad de Madrid por voluntad de la lideresa. “La trama Gürtel consiguió 5,3 millones de euros de la Administración madrileña mediante adjudicaciones a dedo que han resultado ser fraudulentas. Así lo detalla la Unidad de Auxilio judicial en un informe de casi 100 páginas remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investiga la trama Gürtel. Según la investigación, el trato de privilegio que el Gobierno de Esperanza Aguirre concedió a las empresas de la trama fue continuado habiéndose producido irregularidades en 657 de las 686 concesiones atribuidas durante 2004 y 2008. En total fueron 15 las empresas de Francisco Correa [presunto cerebro de la trama y generoso donante en la boda de la hija de Aznar] que se dedicaban al montaje y organización de eventos institucionales adjudicados a dedo. (…) Por Consejerías, la Vicepresidencia de Madrid, ocupada entonces por el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue la que entregó la mayor cantidad de dinero a la trama Gürtel de manera supuestamente irregular. González adjudicó a Correa 140 contratos por valor de 1.825.917 euros” 5. Y estos políticos madrileños, más patriotas que don Pelayo y tan católicos como el general Franco, son los que recortan día a día de forma despiadada en la educación pública, en la sanidad publica y en los servicios sociales.
Mientras todo esto ocurre, el Congreso de Diputados vive al margen de la realidad, en un autismo total, protegido por policías y vallas metálicas, más blindado que el Banco de España. Eso sí, aprobando sin cesar nuevas leyes antipopulares que dan un sello de legalidad al expolio del poder. Si alguna vez desean contemplar un espectáculo surrealista, vean o escuchen una sesión de control al gobierno. La respuesta del ministro de turno no tiene nada que ver con la pregunta del diputado: aquél se va por los cerros de Úbeda en lo que más parece un diálogo de besugos propio del tebeo que una sesión parlamentaria digna de tal nombre. En un momento dramático, el comienzo de la invasión de Iraq en marzo de 2003, Eduardo Haro Tecglen, periodista tan honesto como inteligente, presenció una sesión del Congreso de Diputados donde se jaleaba lo que él llamó “la matanza humanitaria”. Sus palabras de entonces tenían un tono premonitorio del vacío democrático en que está sumido ahora nuestro parlamento. “Probablemente nunca veré el Congreso como la sede de la democracia. No será más la casa de la democracia hasta que se funda de nuevo: esa campana está quebrada” 6.
Se acelera el expolio y la Contrarreforma neoliberal
Con el beneplácito de la Troika, de las compañías transnacionales, de la gran banca, del gobierno alemán y del estadounidense, y con el aplauso de sus voceros mediáticos The Wall Street Journal y Financial Times, el gobierno de Mariano Rajoy sigue pisoteando a la mayoría de la sociedad en beneficio del capital financiero. Hasta sus paisanos gallegos, que han visto desaparecer sus ahorros mediante el engaño tolerado de las “preferentes”, han salido a la calle el pasado fin de semana para expresar su ira. “O PP rouba ao pobo e rescata a banca. Contra a estafa e o expolio do goberno”, se podía leer en la pancarta que encabezaba la manifestación.
La última Encuesta de la Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre de 2013, echó por tierra los pronósticos de don Guindos y las promesas de Rajoy dibujando en toda su crudeza un panorama social desolador. Con más de seis millones doscientos mil trabajadores en paro, la reforma laboral ha incrementado en más de 500.000 el número de desempleados, lo que significa la destrucción de un empleo por minuto en España, repugnante record de estos neoliberales que decían que iban a salvar el país. Otro “éxito” de la reforma laboral es la bajada de salarios. Así se gana competitividad, dicen, mientras la élite económico-política mantiene sus privilegios legales e ilegales y al tiempo que decenas de miles de niños pasan hambre en España. Añadamos a lo anterior esta cifra no menos dantesca: en 2012 se produjeron 526 desahucios al día.
¿Hasta dónde llegará la voracidad de los tiburones del gran capital y hasta qué límites se doblegará el gobierno en esta loca carrera hacia la miseria colectiva? Todo indica que hasta que puedan, es decir, hasta que lo impida la protesta popular. Como dentro de dos años habrá elecciones y el bipartidismo se hunde irremisiblemente, algunos políticos del régimen apuntan a un futuro gobierno de coalición para evitar lo peor. En este río revuelto renace el nacionalcatolicismo y hasta el tercero de las Azores quiere volver a escena, eso sí, con el bigote recortado aunque con la misma mala leche de siempre. La Ley Wert, con su afán privatizador y doctrinario, y la nueva Ley de Costas de Arias Cañete, protectora de los abusos urbanísticos y destructora del poco litoral todavía preservado, son las últimas dentelladas a una educación pública de calidad y a un medio ambiente en claro deterioro desde la expansión turístico-inmobiliaria en nuestras playas.
En los últimos días comienza a filtrarse el próximo golpe bajo del gobierno: la futura reducción de las pensiones. “La reforma de las pensiones afecta a nueve millones de pensionistas españoles y a los mayores de 50 años que ya ven próxima su pensión y que temen ver cómo caerá su nivel de vida. Ya se ha filtrado que el Instituto de Estadios Fiscales, perteneciente al Ministerio de Hacienda, estima que tendremos que bajar hasta un 40% las pensiones. Ya hemos abierto la caja de Pandora del miedo y ahora toca gestionar el caos” 7.
El horizonte del país es negro pero la protesta va cobrando fuerza y con ella el rechazo al neoliberalismo asfixiante. El gobierno ha perdido la calle. La opinión pública, incluida la clase media, ya no cree en los políticos ni confía en el bipartidismo. Los jóvenes, carne de cañón de la crisis, encabezan la rebelión. Algunos de nuestros mejores escritores (Juan José Millás, Javier Marías, Manuel Vicent, Almudena Grandes y Luis García Montero, entre otros) son sensibles al expolio social y denuncian la corrupción imperante. Los médicos y el personal sanitario de Madrid no se dan por vencidos en su justa defensa de la sanidad pública. Los sindicatos nacionalistas de Euskadi ELA y LAB (siempre los vascos en primera fila de la lucha) han convocado una huelga general para este fin de mes contra los recortes y la precariedad laboral.
Seguiremos sumando en los próximos meses hasta que la marea alta haga callar a los testaferros del poder económico y frene el expolio que sufre la mayoría social.

Notas:

1 http://elpais.com/diario/2003/05/23/cultura/1053640802_850215.html.
2 Aljoxaní, Historia de los jueces de Córdoba, traducción de Julián Ribera, pp. 220-225.
3 http://www.vozpopuli.com/nacional/25189-el-rey-gallardon-y-una-justicia-a-pedir-de-boca-de-infanta.
4 http://www.lavanguardia.com/politica/20130507/54373885775/presuntos-donantes-pp-habrian-recibido-12-000-millones-adjudicaciones.html.
5 http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130509/54373931397/aguirre-camuflo-como-contratos-657-concesiones-a-la-trama-gurtel.html.
6 http://elpais.com/diario/2003/03/20/radiotv/1048114801_850215.html.
7 http://economia.elpais.com/economia/2013/05/25/actualidad/1369503158_204064.html.

La constructora FCC financió al Partido Popular a cambio de concesión de grandes obras

La constructora FCC financió al Partido Popular a cambio de concesión de grandes obras

Agencias


El ex presidente de la empresa FCC Construcción, José Mayor Oreja, ha admitido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional española que dos empresas participadas al 100% por la constructora donaron al gobernante Partido Popular (PP) un total de 60.000 euros en el año 2011.Mayor Oreja, que ha prestado declaración la tarde de este martes durante casi una hora en la causa en la que se investiga una gran trama de corrupción de este partido, ha precisado que la empresa Promociones Teide donó 40.000 euros mientras que BBR, dedicada a la construcción de forjados, entregó a la formación 20.000.
El expresidente de FCC ha asegurado que su empresa tomó esta decisión por recomendación del gabinete legal de la compañía, que consideró que estas donaciones no eran contrarias a la ley, ya que ninguna de las dos filiales contrataban directamente con la administración. Ha admitido, además, que hubo un tercer intento de realizar pagos, en este caso a través de la empresa Megaplasma, también propiedad de FCC, aunque la operación no se llevó a cabo debido a que esta compañía carecía de movimientos.
La regulación de las donaciones Las acusaciones recordaron que la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, vigente desde 2007, establece que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”.
“Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas participadas mayoritariamente por aquellas ni de sus fundaciones”, según se recoge en el artículo cuarto del segundo capítulo de esta norma.
Los documentos del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, atribuyen a Mayor Oreja, ex presidente de FCC Construcción, entregas al partido por valor de 165.000 euros. Según el informe de la policía, las administraciones gobernadas por el Partido Popular le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.132,58 millones de euros de los 1.615 contratos públicos que recibió en ese periodo por valor de 15.004 millones de euros.
El empresario, hermano del ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, ha negado, no obstante haber abonado al partido esta cantidad.
El ex directivo de FCC sí ha admitido conocer a los ex tesoreros del partido, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, con los que se reunió para interesarse sobre la realización de unas obras de remodelación en la sede del Partido Popular. Mayor Oreja ha detallado que Lapuerta le presentó a Bárcenas en su despacho recomendándole que tratara esta cuestión con él por ser la persona “encargada de las infraestructuras”.

Mariano Rajoy escracheado


Los neonazis de UPyD, apéndice del PP, derrotados: los parlamentarios vascos podrán decir "presos políticos".

 

UPyD derrotada: los parlamentarios vascos podrán decir “presos políticos”




Los parlamentarios vascos podrán utilizar el término "presos políticos" para referirse a los reclusos de ETA, ya que, según los letrados de la Cámara, ninguna resolución, en referencia a la aprobada el pasado día 16 que rechaza considerar a los militantes de ETA que se encuentran en prisión presos políticos, puede limitar la libertad de expresión a la hora de utilizar dicha denominación. 
La Mesa del Legislativo autonómico ha conocido este martes el informe que la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria (PNV), solicitó a los servicios jurídicos del Parlamento después de que el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, exigiese la prohibición de esa expresión, apoyado en el acuerdo que la Cámara adoptó en pleno el pasado día 16, cuando mayoritariamente se rechazó que los etarras sean presos políticos.

No obstante, el informe jurídico sostiene que la expresión "no obedece a ninguna categoría jurídica" sino que "denota en su uso una convicción y, como tal,está sujeta a opinión", por lo que el debate no es semántico, sino de "juicios, opiniones y valores" que trascienden a las propias palabras concretas y llegan a un ámbito "protegido por la libertad de expresión".
Así, los letrados hacen hincapié en que el Parlamento "es foro de debate y expresión en el que se confrontan ideas y juicios en la búsqueda de acuerdos", por lo que "cuando la mayoría somete a restricciones la libertad de expresión de las minorías, podría deslegitimar sus propias decisiones". "Aún en el supuesto de ser aprobada (la resolución) por una amplia mayoría, no puede limitar los derechos de participación política de las minorías, ni limitar su libertad de expresión", sostienen.

Con este informe, los servicios jurídicos de la Cámara respaldan la actuación de Tejeria en el pleno del pasado día 10, cuando no impidió que un parlamentario de EH Bildu utilizase el término y retiró la palabra a Maneiro al protestar, porque su función es la de dirigir y moderar el desarrollo de los debates, evitar "excesos" y no "rebajar" la libertad de expresión.

"Un exceso de celo en la dirección de los debates, que pudiera llegar a vulnerar el contenido social del derecho a la participación política, puede activar los mecanismos de defensa del derecho ante el propio Tribunal Constitucional", advierte el informe, que añade que la aplicación del régimen disciplinario "se refiere principalmente a la forma y no a la sustancia de las opiniones y a evitar los excesos verbales y la falta de respeto hacia las decisiones de la Presidencia".

Diego Cañamero se hartó y anuncia que no acudirá más a los requerimientos de la Justicia

Diego Cañamero se hartó y anuncia que no acudirá más a los requerimientos de la Justicia



El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha asegurado que no acudirá "a ningún juicio" ni a "ninguna" citación judicial y ha anunciado que, "en cuanto tenga oportunidad", ocupará de nuevo la parte de la finca 'Las Turquillas' de Osuna que explota el Ministerio de Defensa y donde se ubica la Yeguada Militar.
   Así se ha expresado Cañamero en declaraciones a Europa Press Televisión sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que procesa por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto tanto a él como el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas'.
   "Yo no voy a ir a ningún juicio ni a ninguna llamada. Si me quieren detener que me detengan, pero no voy a participar en este circo", ha advertido Cañamero tras afirmar que "en el momento en que tenga oportunidad" volverá a ocupar Las Turquillas porque "es una tierra pública" que ha de estar al servicio de "las personas y los trabajadores".
   En este sentido, ha subrayado que el sindicato mantendrá, a pesar de este auto del TSJA, las ocupaciones de La Rueda en Jódar (Jaén), de un invernadero en Almería y de una finca en Somonte (Córdoba). "Este sindicato por mucho juicio y por muchas imputaciones no va a parar de exigir que la tierra sea un bien público para el pueblo andaluz", ha reivindicado.