La jueza María Servini pidió el arresto de 20
exfuncionarios y miembros de fuerzas de seguridad de la dictadura de
Francisco Franco
Argentina ordena detener a los exministros españoles Martín Villa y Utrera Molina por delitos de lesa humanidad
Página/12
La magistrada dictó resolución este viernes, en la que indica su intención de tomarles declaración indagatoria en la causa |
La jueza federal
María Servini de Cubría ordenó la detención y extradición a la Argentina
de una veintena de ex funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad
de la dictadura de Francisco Franco por delitos de lesa humanidad
cometidos en España en los años ’60 y ’70. La decisión de la magistrada
se funda en el principio de jurisdicción universal, el mismo que en 1998
permitió la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Gran
Bretaña por parte del juez Baltasar Garzón, quien paradójicamente fue
sometido a juicio por prevaricato, y suspendido por el Tribunal Supremo
por impulsar en su país la investigación de decenas de miles de crímenes
y apropiaciones de niños aún impunes. Los pedidos de detención
preventiva con fines de extradición, que había solicitado el fiscal
Ramiro González, fueron notificados el jueves al jefe de Interpol.
Servini
instruye la causa desde 2010, a partir de una denuncia de familiares de
víctimas del franquismo, organizaciones no gubernamentales españolas
como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, organismos
de derechos humanos argentinos (Abuelas, CELS, APDH, Comisión Provincial
por la Memoria, entre otros) por lo que definen como “plan sistemático,
generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles
partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la
eliminación física de sus más representativos exponentes”.
Los
delitos que se imputan a los franquistas son los mismos por los que se
juzgan a los represores autóctonos: privaciones ilegales de la libertad,
torturas, homicidios y sustracción de menores, a los que Servini
atribuye “la calidad de crímenes contra la humanidad o de lesa
humanidad”, que son imprescriptibles. A lo largo de 222 fojas la jueza
desmenuzó y refutó los argumentos esbozados por la Fiscalía General del
Estado, en 2011, para objetar el avance de la causa en la Argentina y
sugerir que existen investigaciones en curso en España. En palabras de
Garzón, que declaró el año pasado, “este juzgado es el último reducto
judicial que les queda a las víctimas del franquismo para ser
reparados”.
En marzo de 1974, el consejo de ministros firmó la
sentencia de muerte “por garrote vil” de Salvador Puig Antich, del
Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), de 23 años. La jueza imputó por
el hecho a los ex ministros Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente,
Antonio Barrera de Irimo y José Utrera Molina, y al capitán auditor
Carlos Rey González, que participó en el consejo de guerra que dictó la
condena.
Carro Martínez también convalidó con su firma los
fusilamientos de José Huberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo
Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui
Echeverría, que se concretaron en Madrid, Barcelona y Burgos el 27 de
septiembre de 1975. Por el mismo hecho están imputados los ex ministros
José María Sánchez Ventura Pascual y Fernando Suárez González, y el
vocal auditor Jesús Cejas Mohedano.
El 3 de marzo de 1976, la
represión a una asamblea de trabajadores en huelga en la iglesia de San
Francisco de Asís, en Vitoria, terminó con la muerte de cinco obreros y
un centenar de heridos. Por la matanza de Vitoria están imputado el ex
ministro Alfonso Osorio García, el ex capitán de la policía armada Jesús
Quintana Saracibar, y Martín Villa.
Antonio Troncoso de Castro,
coronel auditor, está acusado como vocal de consejos de guerra contra
luchadores antifranquistas, entre 1963 y el final de la dictadura. Se
ocupaba de redactar sentencias de muerte. Atilano Del Valle Oter está
acusado de haber disparado y arrojado por una ventana a Miguel Jiménez
Hinojosa desde un piso de Barcelona, en abril de 1971. Abelardo García
Balaguer, por la sustracción del hijo de Adela Carrasco Martínez, a
quien le practicó un parto en el Hospital Municipal de la Línea de la
Concepción, en Cádiz, el 5 de noviembre de 1967. Los otros imputados,
todos por torturas, son Jesús González Reglero y Ricardo Algar Barrón
(de la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol, en Madrid),
Félix Criado Sanz (en Zamora, 1969), Pascual Honrado de la Fuente (en
Oviedo, 1967), Jesús Martínez Torres (en una comisaría de Barcelona) y
Benjamín Solsona Cortés (en Valencia, 1971).
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