Carpetazo del Supremo a la exhumación de Franco: rechaza los recursos de la Fundación, el Valle y los Benedictinos
La decisión se ha adoptado después de
resolverse la recusación presentada por la Fundación contra el
magistrado Pablo Lucas, que fue el ponente de la sentencia que el pasado
pasado 24 de sepiembre avaló la exhumación.
El Valle de los Caídos durante la exhumación del dictador Francisco Franco. / Europa Press
MADRID
Actualizado:
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente los recursos contra la exhumación de Francisco Franco
al desestimar este martes los que tenía pendientes por parte de la
Fundación Nacional Francisco Franco, la Comunidad benedictina y la
Asociación en Defensa del Valle de los Caídos contra la decisiones del
Gobierno que permitieron sacar los restos del dictador de la basílica de
Cuelgamuros.
La decisión se ha adoptado después de resolverse la recusación presentada por la Fundación contra el magistrado Pablo Lucas,
que fue el ponente de la sentencia que el pasado pasado 24 de
septiembre avaló la exhumación, por unas informaciones que le
relacionaban con la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo cuando
ambos coincidieron en 1990 en la Universidad de Córdoba.
En el último
escrito remitido al alto tribunal, el pasado 1 de junio, la Fundación
Franco solicitaba a la Sala que corrigiera su "grave error" y ordenara
que Franco vuelva a ser enterrado en el Valle de los Caídos, algo que ha
sido rechazado por el Supremo, que confirma en su resolución la legalidad del acuerdo del Consejo de Ministros
del 15 de febrero de 2019 por el que se acordó sacar a Franco del Valle
de los Caídos, así como el del 15 de marzo para su posterior inhumación
en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).
Por otra parte, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado también el recurso de
la Fundación Francisco Franco contra el acuerdo posterior del Consejo
de Ministros, de 11 de octubre de 2019, que ejecutó la sentencia que
permtió exhumar a Franco al rechazar los recursos de la familia del
dictador.
El fallo ha sido
comunicado a las partes y las sentencias con sus fundamentos jurídicos
se conocerán en los próximos días, según ha informado este martes el
propio tribunal Supremo.
El fiscal federal Jorge Di Lello abrió ayer una investigación e imputó al expresidente Mauricio Macri y al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas, a raíz de una denuncia por supuesto espionaje ilegal, presentada esta semana por la interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.
La imputación también alcanzó a la exnúmero dos de la AFI, Silvia Majdalani, al jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva, según el dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al que accedió Télam.
El fiscal Di Lello solicitó una batería de medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso y le pidió al juez que, tras la realización de las mismas, se le vuelva a correr vista a fin de expedirse “sobre el mérito de las conductas denunciadas”.
En la denuncia, Caamaño había remarcado que, en su calidad de presidente de la Nación, Macri fue “el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
Al explicar cómo se encontró la información, en la denuncia se había señalado que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.
Al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible restablecerla con algunas falencias y recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles “pen drives”, en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas.
Según la denuncia de Caamaño, se hallaron evidencias de espionaje ilegal sobre cuentas de correos electrónicos privados de 85 personas entre las que se encontraban dirigentes de la entonces oposición, como la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el exministro de Trabajo Carlos Tomada y los políticos Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, entre otros.
Entre los supuesto espiados, también estaban los periodistas Luis Majul y Gerardo Arangure, dirigentes gremiales como Héctor Daer y varios políticos, que por entonces formaban parte de las filas del oficialismo, como el diputado Nicolas Massot, el radical Ernesto Sanz y quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
Emergencia por el coronavirus Nuevo fracaso del
Eurogrupo para encontrar respuestas comunes a la crisis tras 16 horas de
negociación
Las diferencias entre las posiciones de los países sobre
el uso del fondo de rescate europeo y la remota posibilidad de la creación de
coronabonos, con Italia y Holanda como representantes de extremos opuestos, son
de momento insalvables. Volverán a verse este jueves para desatascar la
situación.
Mario Centeno, presidente del
Eurogrupo, en una imagen de archivo.
Fumata negra en el
tercer intento en el último mes del Eurogrupo de tratar de dar una respuesta
común a la crisis económica que ha traído consigo el coronavirus. Tras pasar
toda la noche negociando, unas 16 horas en total, los ministros de Economía han
constatado que las posiciones
aún estaban alejadas y se han emplazado a seguir hablando mañana
jueves, aunque todavía no han fijado una hora de inicio. Varios de ellos tenían
compromisos nacionales y no podían continuar la negociación durante el
día de hoy.
La propuesta que
tienen los ministros sobre la mesa consiste de dos paquetes. El primero, una
"triple red de seguridad" que proporcionará liquidez a gobiernos,
empresas y trabajadores a través de préstamos y avales que alcanzarían unos
500.000 millones de euros en total para toda la Unión. A medio plazo, la idea
es crear un fondo europeo específico para relanzar la economía y tratar de
evitar al máximo posible que la crisis acabe durando varios años. Los ministros
están bastante de acuerdo en que todo esto es necesario. El problema, de
momento insalvable, es la letra pequeña. Si bien parece que las posturas se han
ido acercando durante la noche y que, si se hace otra reunión el jueves, es
porque hay visos de acuerdo.
Miedo a la troika
El principal escollo
sigue siendo la llamada "condicionalidad" del fondo de rescate
europeo, el MEDE, que se usaría para dar liquidez a los gobiernos, con una
potencia de hasta 240.000 millones de euros. Que dada la urgencia estos
préstamos deberían tener condiciones más relajadas que en la anterior crisis
financiera parece una idea aceptada.
El problema es la
desconfianza. Con Italia y Holanda en los dos extremos. Los italianos no
quieren oír ni hablar del retorno de una troika que pudiera llegar a Roma para
controlar que se llevan a cabo las reformas, o recortes, exigidas como
condición a recibir el préstamo. Los
holandeses parecen descartar las visitas de la troika, pero no se bajan del
caballo de que debe haber un programa de reformas específico para cada país que
pida dinero de manera que el Sur no lo use como pretexto para endeudarse sin
control.
"Debido a la
crisis actual tenemos que hacer una excepción para que el MEDE se pueda usar sin
condiciones para cubrir costes médicos. Pero para el apoyo económico a largo
plazo, creemos que es sensato que el uso del MEDE lleve consigo ciertas
condiciones económicas", tuiteaba el ministro holandés de Finanzas, Wopke
Hoekstra, al término de la reunión. Si el texto final no tiene suficiente
"condicionalidad", Hoekstra está dispuesto a dejar el punto abierto y
devolverle la pelota a los jefes de Estado y de Gobierno, que ya fracasaron
en llegar a un acuerdo hace dos semanas.
España sigue apoyando
a Italia en que los préstamos no deben llevar reformas aparejadas. La
vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, explicaba antes de la reunión que
no cree que las líneas de crédito del MEDE para el coronavirus deban tener
condiciones especiales porque la Unión Europea ya tiene un Pacto de Estabilidad
y Crecimiento que obliga a las capitales a mantener a raya el déficit anual y
los niveles de deuda.
El otro gran problema
sigue siendo el del plan de recuperación a largo plazo, para el que un grupo
formado por alrededor de una decena de países, incluidos España e Italia siguen
pidiendo la emisión de deuda común, ya se les llame coronabonos o eurobonos. Es
tremendamente complicado que se lleguen a aprobar porque, en esto, el frente
Sur tiene varios países más en contra.
Los ministros lo saben
y de hecho no han hablado mucho de los coronabonos en sí. Lo que ha ocupado el
tiempo es encontrar unas palabras para el documento de conclusiones que
contenten a todos. Que sean tan amplias como para mantener abierta la puerta a
la emisión de deuda común, pero sin (o con) una referencia expresa a los
coronabonos. Que se citen era precisamente uno de los objetivos de Calviño
antes de la reunión. Y para los italianos es una línea roja absoluta.
En la mañana de hoy parece
que los ministros habían llegado a encontrar esa fórmula, aunque aún no le han
dado el visto bueno definitivo. ¿Por qué son tan importante esas líneas? Porque
serán la base de lo que discutirán los líderes en una cumbre europea que no
tiene fecha, pero que se espera para los próximos días.
En cualquier caso, sí
parece haber ya consenso sobre que habrá que crear algún tipo de fondo común
extraordinario para luchar contra la crisis económica que se viene encima
cuanto antes. Lo que no está claro es cómo. Si dentro del presupuesto de la UE
o fuera, el tamaño que tendrá (Francia propone una bolsa común por valor del 3%
del PIB), de dónde se sacará el dinero para ese fondo en común…
Luz verde a la red de seguridad para empresas y
trabajadores
No todo han sido
desencuentros en la reunión de la pasada noche. Los ministros dieron su visto
bueno preliminar, sin demasiadas dificultades, a las otras dos patas del plan
de choque a corto plazo. En primer lugar, la creación de un fondo europeo de
avales que sería gestionado por el Banco Europeo de Inversiones, para otorgar
préstamos directos a empresas, y sobre todo a pymes, que lo estén pasando mal
por un valor de hasta 200.000 millones de euros. Para ello, el fondo
necesitaría de 25.000 millones de euros en avales que las capitales
comprometerían en proporción con el tamaño de su economía. Es decir, Alemania y
Francia serían quienes más dinero pondrían.
El segundo puntal no
está completamente cerrado, pero no parece que vaya a ser un problema para
llegar a un acuerdo en esa segunda reunión del Eurogrupo de esta semana. Se
trata de un sistema de reaseguro de desempleo específico, por valor de hasta
100.000 millones de euros, la iniciativa
que ya presentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen,
la semana pasada. Los préstamos, a tipos muy bajos, irían dirigidos a los
Estados para que puedan financiar reducciones de jornada para los trabajadores
afectados por la crisis, de manera que estos no pierdan sus empleos. Para ello,
las capitales tendrían que poner otros 25.000 millones de euros en avales.
Ambos planes serán solo temporales y deberían desaparecer tras la crisis
actual.
Marlaska:
"La preocupación por las residencias es máxima: su configuración en el
futuro tendrá que cambiar"
·Entrevista
al ministro del Interior: "Los Presupuestos tienen que formar parte de los
pactos para la reconstrucción en los que estemos todos, también el PP"
·“Podemos ser optimistas, el desescalamiento llegará antes de lo que
imaginamos, pero no nos podemos permitir ni un pasito atrás”
·infoLibreofrece
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Publicada el
08/04/2020 a las 06:00Actualizada el
08/04/2020 a las 21:05
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
atendió este martes a infoLibre (imagen de archivo).
EFE
“Mi
confinamiento es en el Ministerio”. Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) ha
logrado domar al GPS de su coche. Las pocas veces que abandona su
departamento siempre es para dirigirse al Palacio de la Moncloa. “Creo que el
coche ya sabe automáticamente dónde vamos. Tanto, que cuando esto se arregle no
sé si va a ser capaz de ir a cualquier otro sitio”, bromea. Vive el
confinamiento, flexible por necesidades del cargo, junto a su marido, que es
profesor y teletrabaja impartiendo clases online.
El
titular de Interior es uno de los cuatro ministros que bajo la dirección de
Pedro Sánchez llevan todo el peso de la lucha contra el coronavirus. Este
martes atiende a infoLibre por videoconferencia y asegura ser
"optimista" sobre la salida progresiva de los hogares, pero evita
comprometer fechas. Cuando defiende la oportunidad de unos Pactos de la
Moncloa que, según él, deberían de incorporar la negociación de los
Presupuestos con el PP, ya no parece tan confiado en el éxito de la operación.
Cuando ve fotomontajes como el que esta semana publicó Vox, llenando de ataúdes la Gran Vía de Madrid, su optimismo se
disipa por completo. "Así como nosotros estamos peleando por conseguir una
vacuna contra el virus, otros se podrían aplicar la vacuna de la
tolerancia y, después, la de luchar contra los bulos", pide. Según él,
descansar en casa desde este Jueves Santo hasta el lunes es, en realidad,
trabajar por los demás.
El Consejo de
Ministros ha aprobado pedir una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 25
de abril, pero el presidente del Gobierno dijo el pasado sábado que no sería la
última. ¿Cuándo empezaremos a recuperar la normalidad?
Lo
importante ahora es ver los resultados. Entiendo que la gente se pregunte
cuándo vamos a poder a desarrollar nuestra vida del día a día, pero antes de
eso pediría ser conscientes del esfuerzo que se está haciendo y que nadie
imaginaba. Antes del 14 de marzo, cuando se dictó el primer estado de alarma,
teníamos un incremento [diario] del contagio del virus de en torno al 22 o 23%.
Ahora estamos en torno al 4% después de más de tres semanas de un confinamiento
importante. Vemos cómo el número de altas es muy relevante, lo que confirma que
tenemos un sistema de salud a la vanguardia a nivel mundial.
Vamos
en el buen camino. Estamos venciendo al virus. Evidentemente, no podemos cantar
victoria. No podemos dormirnos. Un grupo importante de científicos y técnicos
están valorando distintas posibilidades y escenarios atendiendo a los
resultados que estamos observando. Tenemos que ser razonablemente optimistas
sobre el momento del desescalamiento. Va a ser necesariamente progresivo y
tendremos que tener mucho cuidado porque lo que no nos podemos permitir es que
haya un pasito atrás. No me gusta hablar de fechas, pero antes incluso de lo
que pensamos podremos tener esas medidas de flexibilización.
El cierre también fue gradual: primero las escuelas, luego el
confinamiento y sólo al final sectores no esenciales, como parte de la
industria y la construcción. ¿Será este, sólo que a la inversa, el orden de
desescalamiento? ¿Tardarán meses las personas mayores o vulnerables en salir?
Vamos
a seguir los criterios de los equipos de técnicos. El objetivo principal y
prioritario es seguir garantizando la salud pública y no dar un paso atrás,
pero también salvaguardar la estructura económica y social del país, que es muy
importante porque también genera cohesión. Una cosa y la otra no son
incompatibles.
¿Deben saber las personas mayores que pueden tener que seguir meses de
esfuerzo en sus casas por su propia seguridad?
No
me gusta hablar de meses. Uno de los elementos es la vulnerabilidad de las
personas. Otro, las actividades económicas: cuáles son esenciales, cuáles lo
son menos o tienen más riesgos. También tenemos que tener en cuenta los
territorios. Por lo que dicen los técnicos, los principios rectores del
confinamiento son en muchas ocasiones diferentes a los criterios del paso
subsiguiente, el de desescalamiento.
¿Puede que haya comunidades que tengan que seguir en confinamiento? En
la fase anterior, hubo voces que pidieron el cierre de Cataluña y de Madrid.
¿Serán las medidas iguales para todos?
El
confinamiento tenía que ser para todo el territorio al mismo tiempo y creo
que eso ya nadie lo discute. Todas las comunidades autónomas se han visto
beneficiadas. Veremos lo que el equipo técnico dibija como lo más razonable.
¿Cómo se está tomando la sociedad estas medidas? El Gobierno habla de
una gran disciplina social, pero los datos de su propio Ministerio dicen que el
lunes hubo 216 detenido y se acumulan 377.000 propuestas de
sanción. ¿Si la movilidad es tan reducida, por qué la curva de arrestos y
sanciones no para de subir?
Hay
unos mínimos, de gente insolidaria, que es difícil bajar. Llevamos más de tres
semanas de confinamiento. Si tenemos en cuenta esa circunstancia y los millones
de ciudadanos que residimos en nuestro país quizás no sea tan importante. Me
gustaría que [las cifras] fueran menores. Quiero bajar esa curva igual que
hemos logrado bajar la de la propagación del virus. Eso implicaría que los
poquísimos insolidarios dejen de serlo.
Interior comprueba las denuncias
sobre las residencias
El dato de mayores fallecidos en residencias es muy alto. Los equipos
de desinfección, en ocasiones de las Fuerzas Armadas, se han encontrado casos
verdaderamente dramáticos y preocupantes, que apuntan a que pudo haber
negligencias y hechos delictivos. ¿La Policía está actuando e investigando?
¿Tienen una idea clara de lo que está pasando?
La
preocupación del Gobierno es máxima y ya está siendo objeto de análisis y de
estudio. Lo será mucho más profundamente cuando acabe esta pandemia. Tendrá que
ser necesariamente tema de reflexión y de una nueva configuración de lo que
deben ser la residencias de personas de edad avanzada; no simplemente
asistencia social sino sanitaria y de protección. Lo tenemos absolutamente
claro. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad -Policía, Guarcia Civil, Mossos
d’Esquadra, Ertaintza y Policía Foral- están trabajando y obteniendo
información de las propias residencias. El fin es comprobar cualquier elemento
o disfunción que conlleve una actuación irregular susceptible de constituir
infracción penal o de cualquier otro tipo. Cuando procede, damos traslado a la
Fiscalía, con la que trabajamos como policía judicial en los supuestos
abiertos.
¿Cuántos casos han
trasladado a la Fiscalía? ¿Qué está fallando? ¿Falla el sistema de
competencias, la supervisión? ¿Hace la titularidad privada que muchos de
nuestros mayores no estén bien atendidos?
No
le puedo decir el número de casos remitidos a la Fiscalía, pero tenemos una
comunicación directa con ella. Como parte de los servicios sociales, la
competencia es en su mayor parte de las comunidades autónomas, pero ahora no es
el momento de discutir o debatir ese extremo sino de afrontar la realidad para
evitar que cualquier acontecimiento que no procede siga sucediendo. Por eso hay
un seguimiento específico y expreso del Gobierno central. La Unidad Militar de
Emergencias (UME) , las Fuerzas Armadas y de seguridad proceden a la
desinfección para garantizar también la sanidad y salud de los residentes. Se
ha intervenido en más de 2.300 residencias, pero hay investigaciones precisas,
comunicaciones, visitas y seguimientos de esas residencias con el fin de poder
observar el día a día.
Este lunes anunció un sistema de protección por app para las mujeres
víctimas de la violencia de género. ¿Tiene datos sobre la situación? ¿Está
empeorando? ¿Hay una menor notificación de alertas?
Para
un análisis cierto tendremos que esperar a tener la situación normalizada, que
hayamos vencido a la pandemia y que no haya un confinamiento. Hemos tomado las
medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres. Ya el 12 de
marzo, dos días antes de que se acordara el estado de alarma, se dictaron las
indicaciones desde el sistema Viogen de violencia de género para que se
realizaran nuevas evaluaciones del riesgo sin esperar a los plazos de los
propios protocolos. Se estableció la necesidad de hacer seguimientos precisos en
el día a día, más allá de lo que habitualmente se hace, así como la
contravigilancia. Hacemos un análisis sobre si la supuesta víctima vive con el
presunto agresor. Hay una protección continuada y directa dentro de nuestros
profesionales.
Es
importante que la población conozca la aplicación AlertCops,
con la que el ciudadano se puede comunicar directamente a la Policía y la
Guardia Civil cualquier hecho delictivo, tanto si se trata de una víctima
como de un testigo. Es como un 112, un 091 o un 062 pero actualizado a las
nuevas tecnologías. Ahí hay un subapartado dedicado a la violencia de género.
Hay un botón que dirige a una llamada de SOS que, aplicado por la víctima en un
momento de riesgo, pone en contacto inmediato con las unidades más cercanas de
la Policía o la Guardia Civil.
¿Cuántas
denuncias hay? En el 016 recibimos llamadas importantes y se atienden, pero
para realizar una valoración concreta de la situación final de la violencia
machista esperaría a volver a la normalidad. Que toda mujer que pueda ser
víctima sepa que tiene los medios necesarios y precisos. Para eso no estamos en
confinamiento.
Vox y la "vacuna de la
tolerancia"
<p
¿Sería partidario de negociar los Presupuestos con el PP?
Los
Presupuestos tienen que formar parte de los pactos en los que estemos todos.
Si queremos pactos, unidad de criterio y salir adelante, esos Presupuestos
tienen que ir en consonancia con la voluntad real y mayoritaria de conformar
una reconstrucción social y económica. ¿Alguien piensa que los Presupuestos
van a ser los mismos que los que pensábamos hace tres o cuatro semanas? No es
factible.
Le pregunto por los socios. ¿La base de los acuerdos
podría sumar al PP o deben mantener las alianzas que hicieron a Pedro Sánchez
presidente con partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas?
Tenemos
un Gobierno de coalición que está afrontando con toda la responsabilidad la
situación. Esto no tiene que ver con que a los acuerdos deban sumarse el resto
de las fuerzas políticas. Es lo que está pidiendo la sociedad. ¿Por qué vamos
a crear nosotros, la clase política, doctrina si la sociedad nos lo está
pidiendo? ¿Estamos para generar opinión pública o para asumir lo que la
sociedad quiere? Cada uno tiene sus formas de afrontar la realidad, pero lo
mejor para hacerlo es conocerla. Lo que queremos es un acuerdo casi unánime.
De ahí no puedo salirme.
¿Cómo le afecta a usted y a su entorno el
confinamiento?
Mi
confinamiento es en el Ministerio. De esta crisis espero que salgamos todos un
poquito mejores, pero de ella sacaremos experiencias como estas [en referencia
a la entrevista]. Tengo videoconferencias todo el día. El tacto y el contacto
ha desaparecido. Mi única salida del Ministerio es cuando voy a Moncloa, con
todas las medidas de seguridad. Es mi único desplazamiento. Creo que el coche
ya sabe automáticamente dónde vamos. Tanto, que no sé si cuando esto se
arregle va a ser capaz de ir a cualquier otro sitio.
En
mi entorno familiar, mi marido está en casa, como todas las parejas y
familias. Él es profesor y teletrabaja dando clases. El mundo de la educación
ha seguido activo en esta sociedad poniendo los medios necesarios. Ahora, que
la gente descanse estos cuatro días en casa, aunque permanecer en el hogar
ahora es trabajar por los demás. Quedarse en casa, corresponsabilizarse, es
una vacuna fantástica para luchar contra los intransigentes, los insolidarios
y aquellos que parece que sólo en la desunión obtienen oxígeno.
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El Tribunal Constitucional anula la condena que el Supremo impuso a César Strawberry
La sentencia establece que la condena impuesta vulnera el derecho a la libertad de expresión del rapero
César Strawberry, cantante de Def Con Dos. EFE
Madrid.
Actualizado: úblico
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la condena que el Tribunal Supremo impuso al líder de Def con Dos, César Strawberry, de un año de prisión por
un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las
víctimas tras publicar varios mensajes en la red social Twitter.
El tribunal de garantías estima así el recurso que interpuso Strawberry, contra la condena que le impuso el Supremo después de que fuese absuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional.
La sentencia del Constitucional establece que la resolución impuesta por el Supremo vulnera el derecho a la libertad de expresión
del rapero. En el escrito conocido este martes, los magistrados
confirman que los tuits de Strawberry no pueden ser perseguidos
penalmente. La resolución ha sido aprobada por 11 votos a favor y un
voto en contra, emitido por el magistrado Alfredo Montoya.
El Constitucional
cree que en la sentencia del Supremo no se "ponderó lo suficiente" los
derechos fundamentales en juego. Además, defienden que la sentencia no
cumple "con la necesaria suficiencia" "al negar la necesidad de
valorar, entre otros aspectos, la intención comunicativa del recurrente
en relación con la autoría, contexto y circunstancias de los mensajes emitidos".
"A Ortega Lara
habría que secuestrarle ahora", "Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro,
Fraga, Blas Piñar...si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se
pone siempre a su lado". También "Cuántos deberían seguir el vuelo de
Carrero Blanco", "Street fighter, edición post-ETA: Ortega Lara versus
Eduardo Madina" o "¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de
Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano", son
algunos de los mensajes que emitió el rapero en la red social y por los
que ha sido juzgado.
En la resolución en
la que se estima el recurso de amparo, también se concluye en que el
Supremo no vulneró su derecho fundamental a un proceso con todas las
garantías cuando se revocó la absolución decretada en primera instancia
por la Audiencia Nacional, que argumentó de que "no se ha
acreditado" que el cantante buscase "defender los postulados de una
organización terrorista", ni "despreciar ni humillar a sus víctimas".
Después, el Supremo consideró
que los mensajes sí tenían relevancia penal porque, según la su
escrito, "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como
fórmula de solución de los conflictos sociales y obligan a la víctima al
recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el
asesinato de un familiar cercano". Ahora, el Constitucional vuelve a
negar esta postura y le concede amparo al rapero.
Según el TJUE, el complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente también debe reconocerse a los padres que cumplan los requisitos legales, concediéndose el suplemento a un hombre que percibe una pensión de invalidez.
La concesión de este complemento únicamente para mujeres fue convalidada por el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre de 2018, cuando en su auto señalaba que “no resulta arbitrario ni irracional excluir del complemento de maternidad a aquellas madres (de dos o más hijos) que, al acceder voluntariamente a la jubilación anticipada, opten por acortar su período de cotización”.
No obstante, la reciente STJUE de 12 de diciembre de 2019, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, se opone a una norma nacional, como la española, que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias de pensiones contributivas de incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social nacional, mientras que los hombres que se encuentren en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento de pensión.
En este caso el Tribunal de Justicia considera que la normativa española vulnera la directiva europea al conceder un trato menos favorable a los hombres que han tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados. Este trato menos favorable basado en el sexo constituye una discriminación directa en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7.
Litigio principal y cuestión prejudicial
Mediante resolución de 25 de enero de 2017, el INSS concedió una pensión por incapacidad permanente absoluta del 100 % de la base reguladora. Presentó una reclamación administrativa previa contra dicha resolución alegando que, al ser padre de dos hijas, debería haber percibido según la normativa española un complemento de pensión del 5% de la cuantía inicial de la misma.
El INSS desestimó la reclamación administrativa previa en base a que normativamente este complemento se concede a las mujeres, madres de al menos dos hijos, beneficiarias de una pensión contributiva -entre otras de incapacidad permanente- en cualquier régimen de la Seguridad Social española.
El hombre interpuso entonces recurso contencioso contra la resolución de 25 de enero de 2017 ante el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona, solicitando que se le reconociera el derecho a percibir el complemento de pensión controvertido.
En opinión juzgado:
- El concepto de «aportación demográfica a la Seguridad Social», contemplado en el artículo 60, apartado 1, de la LGSS, es predicable tanto de mujeres como de hombres, dado que tanto la procreación como la responsabilidad en el cuidado, la atención, la alimentación y la educación de los hijos son predicables de toda persona que pueda tener la condición de madre o de padre. Por consiguiente, la interrupción del trabajo como consecuencia del nacimiento o adopción de los hijos o por el cuidado de los hijos puede perjudicar por igual a hombres y mujeres, con independencia de su aportación demográfica a la Seguridad Social. Desde este punto de vista, considera que el artículo 60, apartado 1, de la LGSS establece una diferencia de trato injustificada en favor de las mujeres y en perjuicio de los hombres que se encuentren en una situación idéntica.
- La procreación implica un mayor sacrificio para las mujeres a nivel personal y profesional. De hecho, han de afrontar un período de embarazo y un nacimiento que comporta sacrificios biológicos y fisiológicos evidentes, con el detrimento que comporta para las mujeres, no solo en la esfera física, sino también en la esfera laboral y sus legítimas expectativas de promoción en el ámbito profesional. Por tanto, desde el punto de vista biológico, las disposiciones del artículo 60, apartado 1, de la LGSS podrían justificarse en la medida en que están destinadas a proteger a las mujeres de las consecuencias derivadas del embarazo y la maternidad.
En estas circunstancias, el Juzgado de lo Social n.º 3 de Gerona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Vulnera el principio de igualdad de trato que impide toda discriminación por razón de sexo, reconocido por el art. 157 [TFUE] y en la Directiva [76/207] y en la Directiva [2002/73] que modifica a aquella, refundida por [la] Directiva [2006/54], una Ley nacional (en concreto el art. 60.1 de la [LGSS]) que reconoce la titularidad del derecho a un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente y no se concede, por el contrario, dicha titularidad a los hombres en idéntica situación?»
Discriminación directa por razón de sexo
Según Luxemburgo la concesión únicamente a mujeres del complemento controvertido constituye una discriminación directa por razón de sexo y, por lo tanto, está prohibida.
Para el Tribunal de Justicia:
- El artículo 60, apartado 1, de la LGSS no contiene ningún elemento que establezca un vínculo entre la concesión del complemento de pensión controvertido y el disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en su carrera debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto.
- Se concede dicho complemento a las mujeres que hayan adoptado dos hijos, lo que indica que el legislador nacional no pretendió limitar la aplicación del artículo 60, apartado 1, de la LGSS a la protección de la condición biológica de las mujeres que hayan dado a luz.
- Esta disposición no exige que las mujeres hayan dejado efectivamente de trabajar en el momento en que tuvieron a sus hijos, por lo que no se cumple el requisito relativo a que hayan disfrutado de un permiso de maternidad. Este es el caso, concretamente, cuando una mujer ha dado a luz antes de acceder al mercado laboral.
- Un complemento de pensión como el controvertido en el litigio principal no está comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción a la prohibición de discriminación establecida en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 79/7.
- El artículo 60, apartado 1, de la LGSS no supedita la concesión del complemento de pensión en cuestión a la educación de los hijos o a la existencia de períodos de interrupción de empleo debidos a la educación de los hijos, sino únicamente a que las mujeres beneficiarias hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente en cualquier régimen del sistema de Seguridad Social.
Posible modificación normativa
Según Europa, el actual art. 60.1LGSS supone una discriminación directa por razón de género prohibida por la Directiva 79/7/CEE, lo que afectaría a su lucro en paralelo a las pensiones contributivas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, y obliga a una adaptación normativa al reciente pronunciamiento.
Dada la actual situación "en funciones” del Gobierno, todo evidencia a que la adaptación se realizará mediante un cambio de criterio en la concesión del suplemento por parte de la Seguridad Social, como sucedió ante el caso de reconocimiento del derecho al complemento por maternidad en el supuesto de hijos biológicos dados en adopción reclamado por una pareja formada por dos mujeres (Criterio de gestión nº 1/2018 del INSS de 1 de febrero de 2018).
Lo adaptación al fallo del TJUE, no obstante, supondrá condicionar uno de los objetivos principales por los que se creó la medida: la lucha contra la brecha de género en las pensiones y pone de nuevo de relieve críticas surgidas en 2015 como la exclusión de la medida a las mujeres ya jubiladas y a gran parte de las que soportó el "baby boom" o la concesión a partir del segundo hijo.
STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18) «Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 79/7/CEE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Artículo 4, apartados 1 y 2 — Artículo 7, apartado 1 — Cálculo de las prestaciones — Directiva 2006/54/CE — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Norma nacional que establece el derecho a un complemento de pensión para las mujeres que hayan tenido al menos dos hijos biológicos o adoptados y perciban una pensión contributiva por incapacidad permanente — No reconocimiento de este derecho a los hombres que se encuentren en una situación idéntica — Situación comparable — Discriminación directa por razón de sexo — Excepciones — Inexistencia»
