Pueblos unidos contra la troika". Todos los trabajadores de Europa tenemos un enemigo común, la dictadura del capitalismo europeo, representado por la troika, FMI, Banco Central Europeo y la Comisión Europea, tres téntaculos del capitalismo mundial, que oprime al mundo entero además de a nosotros, por tanto tenemos que hacer frente convocando una huelga general europea de varios días, hasta la derrota de ese monstruo que devora, despilfarra, destruye la humnidad y a las riquezas de todo el mundo, para que unos pocos parásitos psicópatas vivan con unos lujos infames

Primero de junio, jornada europea contra la austeridad con el lema "Pueblos unidos contra la troika". Por Kaos. Internacional

 

Varios colectivos ciudadanos de diferentes países europeos han convocado una manifestación internacional para aunar fuerzas en la lucha contra las políticas de recortes y austeridad que imponen organismos supranacionales que "gobiernan de facto" los países, "secuestrando la soberanía" popular.

Bajo el lema "Pueblos unidos contra la Troika" [formada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)], los colectivos saldrán a las calles en Portugal, España, Grecia, Francia, Chipre, Inglaterra, Italia, Eslovenia y se les sumará el movimiento Blocupy, que ese mismo día protestará frente a la sede del BCE en Alemania.
Tras una reunión celebrada en Lisboa el pasado 26 de abril, en la que agrupaciones cívicas como Que se lixe a Troika (Portugal), Mareas Ciudadanas (España), representantes del sindicato griego GSEE (ligado a Syriza, la coalición de izquierdas que lidera Alexis Tsitpras y que se colocó como segunda fuerza en el Parlamento heleno tras la últimas elecciones) y otras, los activistas fijaron la fecha y el lema, que será común en todos los países que salgan a la calle.
La iniciativa viene impulsada por el colectivo luso Que se lixe a Troika ("Que se joda la Troika"), con apenas medio año de vida y consiguió sacar a más de un millón y medio de personas a las calles de Portugal el pasado 2 de marzo bajo el lema inspirado en la Revolución de los Claveles: "El pueblo es quien más ordena".

El lema de esta movilización será "Pueblos unidos contra la Troika"

Según los convocantes, sus países están sufriendo un "ataque por parte del capital financiero impulsado por la Troika y los gobiernos nacionales que aplican sus dictámenes" a cambio de un rescate a sus economías, con un déficit disparado y una "deuda impagable que no han generado los ciudadanos, "convirtiendo a los pueblos en esclavos de la austeridad".
Por todo ello, llaman a "todas las personas, con y sin partido político, con y sin empleo, con y sin esperanza, a que se sumen y digan que no se sacrifican más por un futuro que nunca llegará", dijeron en la rueda de prensa convocada inmediatamente después de la maratoniana reunión. Según aseguró a Público Marco Marques, de Que se lixe a Troika, su colectivo mantendrá el próximo 4 de mayo una reunión con otros movimientos sociales portugueses de cara a que se sumen a su movilización.

"Si no estamos juntos, no podremos salir de esta situación", animan los convocantes griegos

Por la parte española, la Marea Ciudadana logró aglutinar a decenas de miles de personas el pasado 23 de febrero en Madrid con la unión de las diferentes mareas surgidas contra el paro, la precariedad laboral o los recortes en Sanidad y Educación llevados a cabo por el Gobierno del PP. Según los representantes que estuvieron presentes en la rueda de prensa, esta convocatoria "no es sólo una acción concreta, sino será la primera de más movilizaciones para combatir a la Troika todos los países que sufren sus políticas".
"Si no estamos juntos, no podremos salir de esta situación. Las medidas que la Troika exige a cambio de los rescates no salva a los pueblo, al contrario, acaba con todos los derechos conquistados a lo largo de los años", dijo el representante del sindicato griego, Zois Pepes.

Pagando la deuda

Tanto los gobiernos de Grecia, Portugal e Irlanda y, posteriormente, Chipre, han firmado los memorandos que la Troika redacta para hacer frente al pago de la deuda que contraen a cambio del rescate financiero. En el caso español, el rescate ha afectado sólo al sector financiero, aunque han sido los recortes en gasto social los que han hecho frente a los desmanes de las entidades financieras.
El objetivo es conseguir que el pueblo vuelva a ser el que decide su futuro
Las recetas que el FMI, el BCE y la CE aplican para paliar los efectos de la crisis parecen similares en todos estos países europeos: austeridad y recortes que, lejos de generar crecimiento, están aumentando el desempleo y haciendo descender e poder adquisitivo de la población a través de aumentos de impuestos, bajadas de salarios en el sector público, y manga ancha para que los empresarios puedan despedir más barato. Todo ello ha provocado que se disparen las tasas de paro de todos estos países. Tanto es así que, incluso el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, dijo hace pocos días que los ciudadanos ya no pueden aguantar más austeridad. La misma idea tiene el presidente francés, François Hollande, cuyo programa electoral se basaba en políticas de estímulo al crecimiento. Sin embargo, estas afirmaciones aún no se dejan ver lo suficiente.
Por todo ello, estos colectivos ciudadanos han comenzado a tejer redes internacionales para hacer frente al que consideran su "enemigo común": la Troika y sus políticas de austeridad. ¿El objetivo? Volver a conseguir que sea el pueblo quien decida su futuro.

¡Haz que paguen elllos!, crónica y fotos de Villalar 2013: "Haz que paguen ellos!, los ladrones de los banqueros con sus gestores, los llamados políticos profesionales

:¡Haz que paguen ellos!

Crónica y fotos de Villalar 2013: ¡Haz que paguen ellos!

Apr.28,2013

Villalar de los Comuneros volvió a acoger un año más a miles de castellanos y castellanas durante los días 22 y 23 de abril, jornada, la de este 2013, que volvió a expresar las contradicciones y las dificultades que atraviesan al pueblo castellano y que no por casualidad corren parejas a la descomposición del actual régimen. La fiesta popular, que conmemora la histórica resistencia comunera al proyecto imperial de Carlos V, sigue expresando una controversia latente entre quienes vemos en ella un espacio de reivindicación y lucha al que reclamamos como el día nacional de Castilla, o quienes desde el poder y sus medios de comunicación insisten en presentarla al pueblo como una fecha institucional -el día de la Comunidad y de la “identidad castellanoleonesa”-.

Desde Comunistas de Castilla creemos necesario recuperar Villalar como espacio sociopolítico de referencia de la izquierda combativa y la soberanía de castilla e insistimos en la relación inseparable entre la lucha popular por los derechos sociales -contra los recortes y la explotación- y la reivindicación de la soberanía popular del pueblo castellano. Esto pasa inevitablemente por superar el actual corsé de la fiesta institucional que desde la Junta de Castilla y León y la Fundación Villalar pretenden consolidar mediante un folklore regionalista anecdótico. Este año además hemos asistido al intento desde el Ayuntamiento de Villalar, del PSOE, de dejar la fiesta en manos de la gestión privada y exigir nuevos requerimientos económicos a las organizaciones populares que allí acudimos año tras año a mantener vivo el pulso de este pueblo al que están matando con sus políticas neoliberales.

Conviene recordar que la celebración de esta fiesta popular y del homenaje a la memoria de los comuneros, que se remonta a 1976, nunca fue del agradó de la derecha españolista (AP-PP) que hoy se pasea por la campa escoltada por la guardia civil protegiéndose de la tormenta social que han levantado. Esa derecha es en esencia la misma que primero optó por denegar el permiso para la celebración del primer Villalar, bloqueando los accesos principales y disolviendo a golpe de porra a los asistentes, la misma que más tarde renunció a reconocer la fiesta que finalmente sería oficializada por el gobierno autonómico en 1986 con el rechazo explícito del PP y que a partir de 1987 ya con José María Aznar al frente de la Junta intentó liquidar la celebración en la campa, sustituyéndolo por una serie de actos institucionales itinerantes. La socialdemocracia (PSOE), por su parte, ya en aquellos años había renunciado a su discurso histórico favorable al “derecho de autodeterminación” y el federalismo e intentó hegemonizarla de acuerdo a sus intereses electorales en el marco del régimen de las autonomías pactado en la transición. Finalmente unos y otros acabaron por consolidar “el Día de la Comunidad” como una fiesta institucional revestida de una pretendida concordia y folklore con un manifiesto común en el que se sentían cómodos y del que han venido participando las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT.

La autonomía y la bandera regionalista, se muestran hoy como símbolos deslucidos por la erosión de un régimen monárquico que ha fracasado para con los miles de parados y paradas, los trabajadores de las empresas afectadas por ERES, los habitantes de los pueblos afectados por el cierre de las urgencias, los estudiantes que no pueden hacer frente a sus matrículas, las familias amenazadas por el deshaucio y el pueblo ahogado por la deuda privada del capital financiero.

La autonomía como modelo territorial y político funcional al dominio de la oligarquía española y el capital europeo nos convierte en súbditos a merced de los intereses del caciquismo local, de la monarquía y la Unión Europea, nos impide vernos como un pueblo con madurez para levantarse y decidir su camino, colocándonos la correa de un régimen político, el monárquico español, y un sistema socioeconómico, el capitalismo, que no hacen sino favorecer la despoblación, la desindustrialización, los recortes, las privatizaciones, y la renuncia a nuestra soberanía en todos los órdenes. Es por eso que vemos con alegría cada bandera roja, cada pendón castellano -histórico o estrellado- que ondea en la campa de Villalar de los Comuneros como símbolos de legítima rebelión, destellos de conciencia popular que identifican que el proyecto autonómico no sirve, que no son integrables en los esquemas de tipo político y territoriales que las clases dominantes españolas tienen diseñados para someternos.

Crisis capitalista y alternativas

La crisis del capitalismo que se expresa con toda crudeza en Europa ha desembocado en una auténtica crisis política del régimen español salido de la transición. Como decíamos en uno de nuestros documentos:

<< La “transición” no significó la instauración de un nuevo orden democrático-burgués. Las burguesías periféricas pactaron un caciquil reino de las autonomías, y lo mismo hizo la “izquierda histórica” del PSOE y el PCE. Las fuerzas “democráticas” pactaron su inclusión en la élite política a cambio de la renuncia de sus programas: la autodeterminación, el socialismo, el comunismo. Ni siquiera la forma republicana de estado quedó salvada. La España de las Autonomías era, en el fondo, la misma España de antes pero renegociada con la izquierda entregada, cambio de nombre y expansión sin límites de la burocracia institucional política, donde todos tendrían su parcela de poder y privilegio.>>

Hoy, la monarquía, cuya restauración obedece al dictador, corroída por la corrupción y su compromiso histórico con las grandes fortunas ha consumido a marchas forzadas la imagen oficial construida durante años de mentiras dejando a la vista del pueblo sus vergüenzas autoritarias, vestigios de un franquismo adocenado, con una casta política en brazos de la banca y el gran capital dispuesta a aplicar desde el gobierno español y hasta sus últimas consecuencias los criminales planes de austeridad de la Troika agravando la situación del pueblo trabajador castellano.

En esta situación, los y las comunistas castellanos tenemos, modestamente, pero con toda la determinación, la voluntad de tender puentes para reforzar el campo popular y dar pasos en la construcción de un referente sociopolítico capaz de coordinar la protesta social y encaminarla hacia la ruptura con el actual régimen, la soberanía del pueblo castellano y la construcción de poder popular desde abajo para derribar el sistema capitalista.

Es por ello que este año apostamos por un mitin político unitario, organizado conjuntamente con Red Roja, organización comunista revolucionaria, como gesto de la necesaria unidad de la izquierda desde presupuestos de clase y de autodeterminación de los pueblos. El pasado año advertíamos cual era el horizonte hacia el que el capitalismo español y la U.E. nos estaban abocando con el lema “Nos llevan a la ruina. Es tiempo de lucha”. Este Villalar 2013 hicimos un llamamiento claro: “Haz que paguen ellos” señalando sin ambages a los responsables de la crisis y a quienes se muestran como colaboradores necesarios en que esta situación se mantenga.

Las intervenciones políticas denunciaron explícitamente las ilusiones que desde la izquierda del régimen plantean al pueblo una posible vuelta al raquítico “Estado del bienestar”, generando falsas esperanzas acerca de un capitalismo humano, en lo que no fue más que un etapa transitoria del capitalismo europeo de posguerra sustentada sobre el soborno de la clase obrera europeo a costa de la explotación de los pueblos del tercer mundo que de ningún modo puede constituir el horizonte hacia el que los pueblos debamos aspirar.

Por el contrario desde Comunistas de Castilla y Red Roja planteamos la necesidad de avanzar hacia la consolidación de referentes políticos en torno al rechazo del pago de la deuda, la lucha contra las políticas de la Troika, la ruptura con el actual régimen monárquico, el compromiso con el derecho de autodeterminación de los pueblos, la expropiación y propiedad social de la riqueza por el pueblo y la plena igualdad de las mujeres. Ello nos exige trabajar para forzar una salida a la crisis favorable al pueblo que sea a su vez un proyecto de futuro para Castilla y su pueblo trabajador. Ese es nuestro compromiso con nuestra gente y nuestra tierra.

Venezuela:Software libre para la soberanía tecnológica

Adalys Javier

CiudadCCS

28/04/13.-Los equipos de profesionales venezolanos que se encargan de elaborar el software libre criollo llamado Canaima, trabajan en el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ubicado en el antiguo Edificio de Fondo Común, avenida Urdaneta, frente a la Fundación Infantil Niño Simón.
Quien dirige esta iniciativa es el jefe de Operaciones del CNTI, Carlos Parra, en cuya oficina se desarrolla el núcleo del Proyecto Canaima, como sistema de operación básica.
“Nos encargamos de hacer el sistema operativo que es el sistema de operación base que va instalado en las computadoras portátiles que conforman el proyecto Canaima Educativo destinado a las niñas y niños de las escuelas públicas”, explicó Parra.
Este sistema operacional Canaima surgió como propuesta ante el sabotaje petrolero del año 2002.
“En diciembre de 2002 cuando sucedió el paro petrolero, muchos trabajadores de nuestra principal industria petrolera Pdvsa abandonaron sus puestos de trabajo. La plataforma tecnológica privada era manejada por la transnacional Intesa que pertenecía a otra empresa estadounidense”, rememora Parra.
En ese entonces, el Gobierno Bolivariano no tenía el control informático sobre Pdvsa y los directivos de la empresa que militaban en los partidos de oposición sabotearon el cerebro tecnológico de la estatal petrolera debido a que los sistemas informáticos eran “software privativos manejados por Intesa, integrada por otras personas y con otros intereses”, acota Parra.
Después de dos años, el Gobierno Bolivariano dictó en diciembre del año 2004, el decreto presidencial número 3.390 publicado en la Gaceta Oficial N° 38.095 que en su artículo 1 dispone que todos los entes y órganos de la Administración Pública Nacional deben utilizar en su sistema y servicios informáticos software libre.
“El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, entendiendo la vulnerabilidad que significaba para el Estado venezolano, el hecho de tener sistemas operacionales que no podíamos controlar emitió dicho decreto”, dice Parra.
En ese mismo decreto responsabilizaron al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que desarrollara un sistema operativo público basándose en el software libre, el cual se fundamenta en que el conocimiento es libre.
“El sistema operacional se puede utilizar, modificar, copiar y redistribuirlo sin pagar regalías a nadie. Si lo vendes estás privando a los pobres que lo obtengan. Mientras que la licencia de los sistemas privativos establecen que debes pagar por el producto”, dijo al comparar las cualidades de los dos sistemas.

APUNTANDO A LAS CANAIMITAS
“Utilizamos como base la distribución Devian, la adaptamos y le incluimos software hecho en casa, así como muchas adaptaciones, actualizaciones y aplicaciones hechas en Venezuela, tanto por la comunidad como por el CNTI o por los otros entes de la Administración Pública o comunidades organizadas que se dedican a hacer software para aportarlo al Proyecto Canaima”.
Citó como ejemplo la aplicación de distribución estable del proyecto Canaima para redes sociales llamada Turpial que sirve para administrar las cuentas Twitter y de idéntica, diseñada por el barquisimetano Wills Álvarez,
“Así como esta aplicación ideada por Álvarez, la comunidad, los estudiantes y profesionales han hecho aportes también. Nosotros analizamos las propuestas y las incluimos dentro de nuestro ciclo de desarrollo y nuestra distribución”, dijo Parra.
Más adelante explicó que la primera versión de Canaima (1.0) nació a finales de febrero de 2007 y se lanzó como estable en el año 2008 con algunas limitaciones. “Ahora, la actual versión es mucho más amigable, más usable, te permite más interacción, tiene más aplicaciones, es más fácil de utilizar, el entorno gráfico es más atractivo y se puede grabar en un disco compacto. Es el que está en los computadores del proyecto Canaima Educativo”, comenta Parra.
Las personas interesadas en utilizarlo pueden hacerlo desde su casa o desde el infocentro más cercano de su localidad.
“Cualquier ciudadano común desde su casa o desde cualquier centro de comunicación puede descargar el producto a través de la dirección: http://canaima.softwarelibre.gob.ve, lo graba en un CD y luego lo instala en su casa, totalmente gratis”, así lo aseguró el jefe de Operaciones de CNTI, quien aprovechó para defender el sistema operacional criollo pues cuenta con mejor contenido que Windows y porque no lo contamina ningún virus. “Actualmente, los software los diseñan 12 profesionales. Sin contar la parte técnica del proyecto Canaima Educativo. Hay quienes se encargan de mantener el sistema, de dar soporte, de integrar los contenidos educativos de Canaima, se encargan de administrar la plataforma tecnológica”, indicó Parra.
A la Contraloría General, a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna de la Vicepresidencia, y al Ministerio de Seguimiento de la Gestión del Gobierno, les corresponde velar por el cumplimiento del decreto 3.390 que pretende reducir la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, respetando la calidad de servicio, y fácil utilización en mayor número de personas, dijo el funcionario, quien reconoció que aún falta por cumplir esta importante meta.
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Control parental
En el sistema operativo Canaima, hay una aplicación denominada Control Parental elaborada en el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), informó el jefe de Operaciones de la institución, Carlos Parra. “Es una aplicación que monitorea lo que el niño o niña hace a través de la internet y si él o ella intenta buscar una página no apta para su edad, el programa le advierte que no tiene acceso”, acotó.
Control Parental consiste en una base de datos no aptos para la población infantil, donde se incluyen palabras claves en inglés u otros idiomas. “De esta manera, los padres pueden estar tranquilos”, dijo.
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Canaima Comunal
Para satisfacer una necesidad planteada por el Consejo Comunal de la parroquia Altagracia, el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) les creó una herramienta de Distribución Canaima Comunal, para que sus integrantes puedan manejar la banca comunal, sus proyectos, su catastro, mapas, la gestión y ejecución de los proyectos.
“Si otros consejos comunales están interesados en este proyecto pueden registrarse y descargarlos por la dirección: http://registro.canaima.softwarelibre.gob.ve”, dijo Carlos Parra al recordar que esta articulación comunal la hizo el Ministerio de Planificación y Finanzas.

En la segunda fase se ensamblan mil 700 máquinas diariamente
“Con dos líneas en funcionamiento ensamblamos mil 700 computadoras Canaima diariamente”, informó Vital Medina, jefe de Producción de la segunda fase de Industria Canaima que funciona en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez ubicado en la antigua Base Aérea Francisco de Miranda, en La Carlota.
“Yo trabajé en la fase 1, en mayo de 2011. Venía como operador de planta. La meta con cinco líneas de producción es ensamblar un millón 700 mil máquinas al año”, precisó el ingeniero.
Narra que se iniciaron como un proyecto tutelado por la compañía anónima Telecom Venezuela del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ha apalancado el proyecto Canaima junto con Cantv.
“De ser un proyecto pasamos a industria, ahora falta por definir y concretar la estructura organizativa tanto en el ámbito administrativo como operativo”, comenta el vocero oficial.
Señaló que en la fase 1 y 2 de la Industria Canaima, cuentan con 120 trabajadores y solo en fase dos laboran 60 personas. El proceso de ensamblaje de las computadoras Canaima Educativo pasa por varias fases; en la primera se recibe la materia prima proveniente de países como Portugal y Brasil, esta pasa a un almacén, luego se le hace registro inicial, después se arma el disco duro.
Posteriormente, viene la fase de clonación de discos, donde se graba en el sistema operacional más de 256 contenidos de las materias elaborados por el Ministerio de Educación para los niños y niñas que cursan primaria.
Luego se hace un segundo registro para asignar las piezas al equipo, después se ensambla. Más adelante se le realiza la primera prueba que consiste en actualizar la hora, así como el sistema básico de entrada y salida.
Paralelamente, los técnicos de planta hacen correr el software de prueba burning test, compatible con software libre para comprobar el funcionamiento y calidad de la computadora y por último, otros instalan el sistema operativo.



ADALYS JAVIER/CIUDAD CCS
FOTOS LUIS BOBADILLA/CIUDAD CCS
Fuente: http://www.ciudadccs.info/?p=416244

Capitalismo criminal, las grandes comercios, El Corte Inglés, Benetton, Primark, etc responsables de la masacre de trabajadores en Banglades, mueren cientos de trabajadores quemados en un incendio trabajando, en unas condiciones verderamente penosas y esclavas

 

 

El Corte Inglés, Mango, Benetton o Primark, responsables de la tragedia de Bangladesh

LibreRed

Grandes compañías textiles occidentales eran las destinatarias de algunos de los talleres del edificio bangladeshí incendiado y que ya se ha cobrado casi 300 vidas hasta el momento.

El trágico incendio que se desató el miércoles en un edificio comercial de ocho plantas en Bangladesh, en el que trabajaban más de 3.000 personas en el momento del origen del fuego, se ha cobrado casi 300 muertes y un millar de heridos.
El Rana Plaza, situado en el distrito de Savar, a las afueras de Dacca, albergaba un centro comercial y varios talleres textiles. Según publica la página web de la organización en defensa de los derechos de los consumidores, FACUA, dos de las fábricas que ardieron en el incendio fabricaban para marcas de moda como la española ‘Mango’.
En concreto, los talleres New Wave Style y New Wave Bottom, producían producto textil para ‘Mango’ y la italiana ‘Benetton’, ha afirmado la organización ‘Bangladesh Center for Workers Solidarity’. La primera también fabricaría para marcas muy conocidas en Reino Unido como ‘Primark’ y ‘Bonmarche’. El Corte Inglés también confirmó que tiene relación comercial con empresas locales implicadas en el siniestro.
Las víctimas: principalmente trabajadoras textiles Un funcionario de la industria ha dicho que 3.122 personas, principalmente mujeres que fabricaban prendas de vestir, estaban en el interior del edificio a pesar de las advertencias de que era estructuralmente inseguro. Estos fallos en la estructura han sido los responsables del derrumbe del edificio al producirse el fuego.
Equipos de rescate del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Bangladesh, así como los servicios de policía y bomberos, siguen removiendo escombros y metales retorcidos en la búsqueda de sobrevivientes, usando sus propias manos así como equipos mecánicos.
“No estamos seguros de cuántas personas siguen atrapadas bajo los escombros”, dijo el jefe de policía de Dhaka Distrito Habibur Rahman. “Se ha dado prioridad a salvar a las personas que aún están vivas”, dijo. Un millar de personas siguen desaparecidas bajo los escombros.
En cuanto al derrumbe del miércoles, a pesar de que un día antes las autoridades habían avisado de que el edificio contaba con numerosas grietas, sus jefes les pidieron que acudieran al trabajo.
Primeros arrestos de empresarios La policía detuvo este sábado a cuatro individuos relacionados con el derrumbe. Los arrestados son dos de los dueños de los talleres textiles que alojaba el edificio y dos funcionarios municipales que aseguraron un día antes del accidente que el inmueble era seguro, señalaron fuentes policiales al diario local The Daily Star.
La policía había acusado a los propietarios de las fábricas de ignorar las grietas que aparecieron en el edificio de ocho plantas el martes y de obligar a los empleados textiles a acudir a sus puestos de trabajo a pesar del riesgo que corrían. “Ninguno de nosotros quería entrar al edificio, pero nuestros jefes nos forzaron”, dijo el día del accidente Nurul Islam, uno de los trabajadores heridos, al portal de noticias Bdnews24.com
El dueño del edificio Rana Plaza, Sohel Rana, que pertenece a la rama juvenil de la Liga Awami -el partido gobernante en Bangladesh-, se encuentra prófugo y está acusado de usar sus contactos en la política para obtener el permiso para construir en terreno público.
David Mayor, un empresario español copropietario de una fábrica textil del edificio, también está siendo en busca y captura por “homicidio por negligencia”. Mayor es el director general de Phantom-Tac, un empresa conjunta a partes iguales entre Phantom Apparels (de Bangladesh) y Textile Audit Company (de España), instalada en más de 2.000 metros cuadrados en el edificio derrumbado, según el sitio web de la empresa.
Explotación laboral y falta de seguridad Las organizaciones por la defensa de los trabajadores textiles en Bangladesh han denunciado que la responsabilidad de que ocurran numerosos accidentes en este lucrativo sector es de la negligencia del Gobierno y de las empresas occidentales, más interesadas en la maximización de sus beneficios que en la seguridad y los derechos laborales.
La catástrofe, pone en jaque una vez más a un sector que el año pasado generó 15 millones de euros en exportaciones. Algunos de los trabajadores del edificio Plaza Rana Savar cobraban 28 euros al mes y hacían jornadas laborales interminables.
Según datos de la Federación Nacional de Trabajadores del sector Textil de Bangladesh, en los últimos 15 años ha habido unos 600 muertos y 3.000 heridos en accidentes ocurridos en fábricas textiles (incendios o derrumbes) en el país.
Fuente: http://www.librered.net/?p=26377

Desobediencia civil contra la dictadura de la austeridad del capitalismo sobre los pobres y trabajadores, mientras que los ricos amos derrochan a troche y moche

Desobediencia civil contra la austeridad capitalista

 

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José Ramón Castaños, José Luis Longarte, Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente

Revista Herria 2000 Eliza nº 242

Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”.
Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de viviendas impuestos por las entidades bancarias.

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Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. Destacamos entre otros las siguientes:

1. Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes.
   
2. Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los desahucios de viviendas, etc.
   
3. Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de legitimación social de la desobediencia civil.
   
4. Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. La única excepción a esta “norma de conducta” la encontramos en algunos municipios vascos que, de la mano de los partidos antes mencionados, se autoinculparon en solidaridad con los insumisos vascos al servicio militar en el Ejército español, o en el apoyo que posteriormente dieron a los insumisos de Itoitz. Estos son unos buenos precedentes para reemprender ahora la desobediencia civil contra la austeridad capitalista en Euskadi.
   
5. Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica
   
6. Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social , de apoyo ciudadano y de cobertura institucional
   
7. Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento y Gobierno Vasco), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas.
   

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El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible. A saber: (1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea. (2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos. (3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días. (4) la existencia en Euskal Herria de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, educadas en la rebeldía política contra el Estado.

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La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia (Botín y Rato) a la cabeza; los empresarios del ladrillo y otros especuladores, como el presidente de Sacyr y el ex-presidente de los empresarios españoles ( Díaz Ferrán); los “lobbys” políticos que han vaciado las Cajas de Ahorro asignándose sueldos y primas de escándalo, o que están obteniendo grandísimos beneficios de la privatización de la sanidad y de otros servicios públicos (el yerno de Aznar y el marido de Cospedal entre otros); los partidos políticos (la cúpula del PP en el Gobierno central y en los gobiernos autonómicos del País Valenciá, Les Illes, Galicia.etc.); la Generalitat Catalana y las directivos de Convergencia (recordar la acusación de Maragall a Artur Mas cuando afirmó que su problema era la comisión del 3% que cobraba a todas las obras públicas que se realizaban en Cataluña), y de Unió (reconocido por Durán y Lleida en sede judicial). Tampoco el PSOE escapa a esta lacra social, pues a los casos ya conocidos de Filesa, Roldan y Urralburu, se añade ahora el fraude de los ERE en Andalucía; ni UPN en Navarra (ver el desfalco de Caja Navarra), ni la monarquía española, pues el caso Urdangarin parece descubrir una corrupción que afecta a todo el estamento monárquico. Todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg, que encubre la descapitalización de los Bancos y de las Cajas de Ahorro, producida no sólo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que eufemísticamente se llama “fuga de capitales” debiera llamarse en realidad “desfalco”, “robo” o “expolio generalizado de la riqueza nacional”. La corrupción que envuelve a esta oligarquía político-financiera es así una auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en reformar la Constitución por imperativo del Gobierno alemán para convertir la deuda privada de los Bancos y Cajas en deuda pública, y para que su devolución a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía tenga prioridad sobre sus necesidades sociales; sobre la Sanidad, la Educación, las Pensiones, el Seguro de Desempleo, la Vivienda o las inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera así creado se cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la “prima de riesgo”, por la que los Bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree porque los 6 millones de parados, el millón y medio de familias en las que no entra ningún salario, o las decenas de miles de personas amenazadas por el desahucio de sus viviendas habituales, son realidades tan lacerantes que legitiman con creces la rebelión política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, incluyendo en ese “casi todos” a buena parte del electorado del PP

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La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. El protagonista de la acción han sido los propios afectados, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los estamentos del Estado como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo, o de algunos colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los Ayuntamientos pues sus declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los desahucios hace falta dar un paso más. Un paso que implique a los comités de empresa de Bancos y Cajas en la negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de viviendas vacías en cada municipio, que empuje a las instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos y Gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten al precio que puedan pagar según sus posibilidades

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En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza que actúe sobre las causas que lo generan. Una política que debiera contener al menos estas 7 medidas:

1. La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado Español en los paraísos fiscales de Suiza, Luxemburgo, Panamá, etc., con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los responsables del mismo.
   
2. El procesamiento y condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, pues no habrá justicia para todos mientras exista la desproporción que hoy existe entre las condenas a 12 años de prisión para un joven vasco que ha quemado un cajero automático de la BBK y la ausencia de condenas para los crímenes sociales cometidos por los políticos y los banqueros.
   
3. La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales, para hacer frente al pago de la deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del estado español.
   
4. La renegociación de la deuda externa con los tenedores de la misma, a fin de reconvertir en deuda privada la que es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público.
   
5. La nacionalización de la Banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para sanearlas pueda regresar a la Caja común del Estado.
   
6. El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más altas, que aplique los tipos generales a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de forma que, además de obtener enormes recursos necesarios para atender necesidades sociales, se contribuya a erradicar la criminalidad de las redes de venta de armas, de “trata de blancas”, de narcotráfico y otras.
   
7. La creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto del empleo basadas en la reducción de la jornada laboral y en el adelantamiento de la edad de jubilación. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el ecologismo social tenemos que volver a hablar de necesidades - qué necesitamos realmente las personas para disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales- y como dice Yayo Herrero hay que hacer una propuesta de modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles no y la lógica para valorarlos debe ser, en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad.
   

En relación a la deuda hay que poner en marcha y de manera inmediata una auditoría ciudadana pública y trasparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe, los motivos que han generado la deuda y quién la tiene que pagar. La auditoría no sólo se justifica por sus objetivos, si no por el proceso democrático que implica; es un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, la auditoría requiere trasformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda, en una práctica política cotidiana de intervención y transformación.
La auditoría de la deuda en Euskal Herria exige una amplia iniciativa ciudadana popular y una alianza firme, al menos, entre los movimientos sociales, el sindicalismo vasco y la izquierda radical. Implica rechazar y desobedecer la reforma del artículo 135 de la Constitución que blinda el pago de la deuda frente a los derechos de las mayorías, y por tanto, de la ley de presupuestos que condiciona la gestión de los recursos desde las instituciones vascas. No se debe aceptar la hipoteca de la deuda ilegal e ilegítima; los presupuestos de las instituciones vascas deben ajustarse a este principio. Todo ello requiere alianzas firmes, trasparencia, consulta continua y confrontación democrática con el Estado y con las fuerzas políticas sumisas a la mercantilización de los derechos de las mayorías sociales. Es la senda hacia la ruptura con el gobierno y la clase dominante española y con los dictados del capital, y sobre todo, es la manera de ir transformando las resistencias y la desafección con el sistema político y económico en un nuevo sujeto político transformador.
Será difícil articular un movimiento concertado a escala estatal entorno a estas medidas, y más difícil todavía recuperar la vieja propuesta de Carta Europea de Derechos Sociales, pero merece la pena intentarlo allí donde existen posibilidades como en el caso vasco.

José Ramón Castaños y José Luis Longarte son Portavoces de la de Carta de Derechos Sociales. Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente son Profesores de la UPV/EHU.

Universidad: violencia policial contra estudiantes, profesores y trabajadores, la represión dictatorial renace con virulencia insusitada

En defensa de los derechos democráticos de la juventud, en defensa de la escuela pública

Basta de criminalizar a quienes luchamos contra los recortes del PP

Durante el día de hoy en las facultades de políticas y psicología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), jóvenes, profesores y personal de administración y servicios hemos sido testigos de la grave, injustificada y antidemocrática intervención de la policía antidisturbios para detener a once jóvenes que repartían y participaban en movilizaciones y actos en defensa de la universidad pública y contra los recortes del Partido Popular. La intervención policial ha sido animada, según se ha hecho público, desde el rectorado de la UCM, lo que es más injustificado aún cuando de ninguna manera los estudiantes estaban protagonizando ningún acto violento, tal como han declarado numerosos profesores que fueron testigos de los hechos.

Las imágenes que hemos podido ver a través de diferentes medios de comunicación muestran a los antidisturbios subiendo por las escaleras de las facultades y moviéndose de una a otra deteniendo, en grupos de dos y tres jóvenes, a los once universitarios. Una actuación que tiene su antecedente más cercano en los años 70, cuando bajo la dictadura franquista eran los grises los que entraban a golpes para acabar con las protestas juveniles en demanda de libertades democráticas. Y al igual que hace cuarenta años, los golpes y cargas se han reproducido hasta el mediodía de hoy, esta vez a cargo de los antidsturbios que en quince furgones fueron enviados por la delegación de gobierno de Madrid. Desde el Sindicato de Estudiantes nos solidarizamos con los once detenidos, sus compañeros y familiares, así como con todos los estudiantes que en la mañana de hoy han sufrido las cargas y golpes policiales. Exigimos la libertad sin cargos de todos los compañeros, exigimos la dimisión de la delegada del gobierno, Cristína Cifuentes, abanderada de la represión y el autoritarismo contra las protestas pacíficas, y exigimos la depuración de responsabilidades en el rectorado de la Complutense por esta actuación, incluida la dimisión de los implicados en dar la señal para esta intervención policial.

La derecha y sus medios de comunicación han querido manipular un encierro pacífico en defensa de la enseñanza pública y convertirlo en un acto de terror y caos. Y la razón es obvia: el gobierno y sus medios están buscando con ahínco desde hace días la fotografía de la violencia, como ya hicieran en las movilizaciones del pasado 25S, y en las que todos pudimos ser testigos, incluso a través de la televisión, de como fueron precisamente elementos infiltrados y ajenos completamente al movimiento de protesta que allí se congregaba, quienes dieron inicio a este tipo de acciones repudiadas por todos los movimientos sociales que nos oponemos a los recortes del PP.

La derecha mediática y los portavoces del PP quieren crear un estado de opinión para tratar de asimilar a quines defendemos la escuela pública, quienes luchamos contra los recortes a la dependencia, quienes nos movilizamos en defensa de una sanidad pública, contra el paro fruto de las políticas de este gobierno, o contra los miles de desahucios que mensualmente se producen en todo el Estado, con elementos violentos que nada tienen que ver con nosotros o nuestras reivindicaciones.

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En definitiva se trata de criminalizar a todos los que luchamos contra el PP, y más aún cuando faltan pocas horas para que se den a conocer una nueva batería de ataques y recortes que afectarán a las condiciones de vida de la mayoría de la población, y que por tanto harán más necesaria la movilización de los jóvenes y los trabajadores. Con esta búsqueda enfermiza de imágenes violentas la derecha trata de ocultar, y que pasen lo más desapercibidos posible, los graves recortes que presumiblemente hará públicos el gobierno este viernes. Todas estas maniobras han sido entendidas por la mayoría de la sociedad, creando más indignación y animando a más personas a participar en las manifestaciones, huelgas y concentraciones pacíficas, democráticas y masivas que los diferentes colectivos estamos promoviendo para las próximas semanas, todos los días contra los desahucios de los más desfavorecidos, la huelga de la sanidad pública madrileña el próximo 7 de mayo y la huelga general de toda la comunidad educativa el 9 de mayo.

¡Basta de criminalizar a los que luchamos contra los recortes y por un futuro digno!

¡Abajo los recortes del PP!

¡Abajo el gobierno de los banqueros!

Protestas, violencias y "democracia", que es una dictadura con la peor de sus violencias, la represión por las protestas legítimas y legales

Protestas, violencias y democracia

Jorge Fonseca

Publico

La Universidad Complutense fue noticia ayer por dos incidentes que nos hacen retroceder. Por una parte la policía, como en tiempos que se consideraban superados, entró en la Universidad para detener a estudiantes con un despliegue de fuerzas que ya nos gustaría ver combatiendo el crimen organizado. El Rectorado de la Universidad justificó que pidiera la entrada de la policía en la Universidad porque estudiantes realizaban un “bloqueo a la entrada de estudiantes, profesores y personal” a las facultades del Campus de Somosaguas y un compañero profesor y vicedecano denunció la agresión de una minoría de incontrolados, insistiendo en que no debe confundírseles con los que simplemente participaban de la protesta contra los recortes que están destruyendo la universidad pública. Por otra parte estudiantes presentes señalan que lo que se produjo fueron forcejeos sin agresión, y los trabajadores del Campus han emitido un comunicado que desmiente al Rector. Señalan que nunca tuvieron “sensación de estar retenidos, pudiendo salir del centro los que lo deseaban”, por lo que su sorpresa es mayúscula al aparecer “18 furgones de antidisturbios…” que es “cuando, tanto trabajadores como alumnos, empezamos a tener sensación de miedo”. Los trabajadores informan que reclamaron “que se vaya la policía, al entender que se trataba de una acción totalmente desproporcionada ante lo que ocurría” y que “los antidisturbios comienzan a intimidar tanto a alumnos como trabajadores”. Los trabajadores critican “la intervención de antidisturbios como una medida injustificada, desproporcionada y antidemocrática”.
Los que defendemos la Universidad pública y las libertades no podemos menos que deplorar la entrada de la policía, a la vez que rechazar de forma rotunda cualquier agresión y expresar nuestra total solidaridad con el compañero profesor y con los estudiantes injustamente detenidos. Estos hechos no son sólo inadmisibles por lo suponen en sí mismo, pues afectan en lo personal a un profesor y a estudiantes pacíficos que sufren detención a pesar de haberse limitado a protestar en contra de la política de acoso y derribo que sufre la Universidad pública. También porque perjudican gravemente la lucha de defensa de la Universidad pública, ya que sólo provocan rechazo y dan pretextos a la caverna para criminalizar las protestas. Los estudiantes han sufrido una “criminalización preventiva” por distintas autoridades, ya que se alude a todos los detenidos como personas violentas y se las relaciona con la organización de la acción convocada frente al Congreso de Diputados, relación negada por los estudiantes y trabajadores presentes. Además, muchos medios presentaban como una sola noticia los incidentes en la Universidad, los producidos frente al Congreso e incluso la detención de la noche anterior de personas con “cócteles molotov” en un ejercicio de alineamiento con la estrategia del gobierno que, pareciera aplicar permanentemente los principios de propaganda de Goebbels. En este caso, los principios de “contagio” y “desfiguración con la ayuda de medios de comunicación afines”, que permiten asociar a los adversarios con otros identificados como peligrosos y exagerar los hechos desfigurándolos
En cualquier caso estos hechos desvían la atención de los serios problemas que atraviesa la universidad, pues el “bloqueo” que debería ser noticia central y condenado severamente, es el que impide el acceso a la Universidad de un elevado número de estudiantes de familias trabajadoras, que en realidad expulsa a muchos que ya no pueden pagar las elevadas tasas. Tasas que no paran de subir por decisión de los rectores, incluidos los que se definen de izquierdas como el de la Complutense, con el argumento que lo imponen los recortes presupuestarios del Gobierno. Estos recortes también sirven para justificar una política que castiga no sólo a los estudiantes sino a todo el personal, docente y de servicios, que sufre despidos, bajadas de sueldos y pérdida de derechos conseguidos en muchas décadas.
Es verdad que esta situación es creada por la política gubernamental que desmantela la educación y la sanidad pública favoreciendo su privatización. Pero los rectores, incluido el de la Complutense, en vez de ponerse al frente de la comunidad universitaria (hundida en la pasividad) convocando a defender la universidad pública agredida con la política del gobierno, se limitan a gestionar la aplicación de los recortes de personal y todo tipo de recursos, a la vez que suben las tasas a los alumnos. El recorte de profesorado y personal de servicios, además de su impacto en las vidas de los trabajadores afectados, también deteriora la calidad de la enseñanza, contribuyendo así a desvalorizar la universidad pública, lo que luego se utilizará como argumento para su desmantelamiento y/o privatización. Además este deterioro de las condiciones de enseñanza combinado con el aumento de tasas supone una estafa a los alumnos que pagan la matrícula y a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Por lo tanto el “bloqueo” a la universidad tiene otras manifestaciones y otros responsables, no los estudiantes.
Finalmente, a todos los que decimos defender la universidad pública y la democracia, además de pedir la libertad inmediata de los estudiantes injustamente detenidos, nos toca reflexionar sobre por qué algunos jóvenes se convierten en protagonistas aislados de acciones no de masas como las de los incidentes de ayer. Será que algo no estamos haciendo los demás, incluyendo algunos dirigentes de organizaciones que sólo aparecen en los medios y para pedir inciertos “acuerdos” para salir de la crisis a los que están lanzando bombas de destrucción social masiva de una violencia muy superior a la que ayer fue noticia. Destrucción social que detrás de los fríos datos del paro (6,2 millones) o familias desahuciadas (alrededor de 500 mil desde que comenzó la crisis) esconde una gran tragedia humana. Defender la educación, la sanidad, los derechos a una vida digna de los millones de excluidos, defender la democracia en suma, es obligación de todos. ¿Estamos en ello?.
Jorge Fonseca Profesor en la Universidad Complutense de Madrid
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6865/protestas-violencias-y-democracia/