jueves, 30 de abril de 2015

¿Podemos o no podemos? Miguel Riera Editorial El Viejo Topo


Hace solo unos meses parecía clara la posibilidad de que que la situación política española evolucionara hacia una ruptura con el régimen de la Transición y que se produjera la entrada en un proceso constituyente que permitiera afrontar los grandes retos que tiene este país ante sí. Retos que la aristocracia política que ha gobernado hasta ahora ha eludido abordar.

La debacle del PP y el PSOE, una firme posición, aunque minoritaria, de IU y la irrupción de Podemos auguraban, si no el asalto a los cielos que Pablo Iglesias prometía, al menos una mayoría favorable a dejar atrás las décadas perdidas del neoliberalismo rampante que nos ha conducido a donde estamos.

Sin embargo, ahora las cosas parecen haber cambiado. IU ha sido arrasada al haber visto ocupado buena parte de su espacio natural por Podemos, a lo que hay que agregar un cúmulo de errores imperdonables que no ha sido todavía capaz de enmendar. Dicho de otra forma: Podemos desnudó a IU, que mostró sus lacras, sus incoherencias, a pesar de que alguno de sus miembros, como Alberto Garzón, ha escapado –pero a título personal– de la hoguera en la que algunos dirigentes han decidido inmolar a la organización, tarea funesta en la que IU-Madrid se ha llevado la palma.

Pero también a Podemos las cosas han dejado de irle tan bien como parecía que iban a irle; en parte debido a la inteligente y perversa campaña mediática de desacreditación que el poder real puso en marcha; en parte debido a errores propios derivados de la inexperiencia y de la propia naturaleza de un proyecto de aluvión que pretendió llegar al poder sin antes haber procedido a una decantación de elementos oportunistas y a una clarificación de sus procedimientos internos, que a veces han entrado en franca contradicción con los postulados con los que Podemos consiguió atraer a tantísima gente. Hoy puede palparse un cierto desencanto –todavía no cristalizado en rechazo– en muchos de los que acudieron, entusiastas, a integrarse en una formación que se decía radicalmente democrática y cuya imagen era fresca, desenfadada, radical en el mejor sentido de la palabra.

Sea como sea, la sensación de que los de arriba van a salirse finalmente con la suya empieza a hacerse un hueco en muchas conciencias, y aunque el bipartidismo está realmente amenazado, el poder económico-mediático-político está sabiendo encontrar los recambios adecuados para perpetuarse en el manejo de los resortes clave del país.

Entonces, ¿podemos o no podemos? ¿Podremos?

Una respuesta adecuada a esa pregunta estriba en negarla de entrada. No hay que preguntarse si podemos o no: es necesario que podamos.

La situación del país es tan mala, el futuro tan sombrío para los de abajo (que por si alguien no lo sabe somos la inmensa mayoría, incluidos muchos que se autocalifican de clase media por aquello de sentirse un pelín superiores a los otros), la corrupción ha invadido de tal modo todos los estamentos, lo que queda de democracia está tan amenazado, que la ruptura es necesaria. Imprescindible.

De modo que hay que poder. Hay que poder. Aunque ello represente aceptar de mala gana que no hay formación política perfecta, que todos cometemos errores, que todos hemos de aprender, que en todas partes hay villanos y aprovechados, que las cosas nunca suceden como nos gustaría que sucedieran.

Y tenemos herramientas para el cambio. Algunas incipientes, como las plataformas de unidad popular al estilo de Barcelona en comú, por poner un ejemplo. Otras con mayor o menor peso político, como Podemos e IU, que tienen aún mucho que decir. Y, sobre todo, tenemos la percepción –rotunda, diáfana– de que el cambio es necesario, y sabemos que ese cambio no puede alcanzarse limitándonos a ver debates televisivos en el sofá de casa.

Hace poco vislumbramos una oportunidad. No dejemos que se escape.

Podemos, si queremos. El Viejo Topo / 328 / mayo 2015

VENEZUELA: La banda de "zombis ilustres" de América Latina y España arremete contra Venezuela Maurice Lemoine Medelu



Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
El 9 de abril, antes de la Cumbre de las Américas, en compañía de los expresidentes Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y José María Aznar (España), el expresidente colombiano Andrés Pastrana presentó con gran pompa a los medios de comunicación, en un salón de un lujoso hotel, la «Declaración de Panamá».
Firmado también por otros exgobernantes latinoamericanos, el texto denuncia «la grave alteración democrática y constitucional que sufre Venezuela» y «exige la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en ese país». Aprovechando una gran publicidad la declaración se envió a los participantes de la Cumbre, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU. «Hacemos esto para llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que pasa en Venezuela con respecto a los derechos humanos», declaró Andrés Pastrana.
Solo podemos congratularnos de ver a tantos personajes eminentes preocupados por la democracia y el respeto de los derechos humanos en Caracas teniendo en cuenta que las actuaciones y la experiencia de cada uno de ellos son dignas del mayor respeto.
Juzguen ustedes mismos…
Andrés Pastrana. Presidente de Colombia de 1998 a 2000, período durante el cual, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la situación de los derechos en cuestión se agravó considerablemente, en particular debido al auge de los grupos paramilitares vinculados al ejército que actuaban con total impunidad por todo el país. La firma, con Washington, del «Plan Colombia» (sin consultar al Congreso) tuvo como principal consecuencia prolongar y radicalizar el conflicto armado interno.
Felipe Calderón. Nadie podía imaginar que sus seis años de Gobierno (2006-2012) conducirían a México a una situación tan espantosa. Su desastrosa estrategia de militarización de la lucha contra el narcotráfico hizo estallar la utilización de la tortura por parte de las fuerzas armadas y se saldó con 60.000 muertes violentas a las que hay que añadir más de 26.000 «desaparecidos» sin conseguir ningún retroceso del crimen organizado. En cambio la tasa de población pobre (con menos de 100 dólares mensuales) pasó del 43% al 46%.
Jorge Quiroga. Nunca fue elegido presidente de Bolivia. Era vicepresidente cuando accedió brevemente al cargo de presidente (del 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002), cuando el presidente Hugo Bancer tuvo que dimitir debido a un cáncer.
José María Aznar. Presidente del Gobierno español del 4 de mayo de 1996 al 17 de abril de 2004. Le debemos la «posición común» de la Unión Europea (UE) adoptada en 1996 –sanciones que limitaban los intercambios políticos, diplomáticos y culturales con Cuba- en nombre del alineamiento a la política exterior de Estados Unidos.
El 12 de abril de 2002, en nombre de la Unión Europea que presidió por ser presidente del Gobierno español Aznar reconoció (sin consultar a ningún dirigente), en compañía de George W. Bush, al gobierno golpista del presidente de la patronal venezolana Pedro Carmona, que el día anterior participó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez.
Su experiencia en materia de «derechos humanos» le ha llevado a ser asesor de Barrick Gold, número uno mundial de la extracción minera de oro, y a formar parte del consejo de administración de News Corporation, el imperio de Rupert Murdoch (The Times, Wall Street Journal, Fox News, etc.).
Eduardo Duhalde. Vicepresidente del ultraliberal Carlos Menem de 1989 a 1991, Duhalde no fue elegido, pero en plena crisis de la deuda se convirtió en el jefe del Estado «provisional» de Argentina –nombrado por el Congreso Nacional tras la dimisión de Fernando de la Rúa– del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003. Mientras estuvo en la Casa Rosada (la presidencia), la policía reprimió brutalmente a los manifestantes, especialmente en el episodio que permanecerá en la memoria con el nombre de «masacre de Avellaneda» (dos muertos y 33 heridos de bala). Ante la indignación popular se vio obligado a convocar elecciones anticipadas.
Sebastián Piñera. Poseedor de una fortuna de 2.400 millones de dólares, este «Berlusconi chileno» (2010-2014) que no dudó en meter a antiguos colaboradores del régimen militar de general Augusto Pinochet en su Gobierno, reprimió en 2011 las innumerables manifestaciones de estudiantes –muchas de ellas acabaron con cientos de detenidos (870 el 4 de agosto)- que reclamaban una educación pública, gratuita y de calidad. Contra los mapuches –comunidades autóctonas que protegen sus tierras ancestrales de la expansión de proyectos de explotación forestal- el poder aplicó la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet. En virtud del artículo 269 de la ley Hinzpeter, los que participasen en «alteración del orden público» o cualquier otro acto violento podrían ser condenadod a penas de 541 días a tres años de prisión.
Álvaro Uribe. Cercano al «narco» Pablo Escobar cuando era alcalde de Medellín (1982), principal promotor e iniciador de las cooperativas de seguridad rural –las CONVIVIR, posteriormente unidas a los paramilitares- cuando ejerció la función de gobernador de Antioquia (1995-1997). Sus dos mandatos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010) estuvieron marcados por una sucesión de escándalos sangrientos. En el denominado «de la parapolítica» más de 60 diputados y senadores (entre ellos su primo Mario Uribe) pertenecientes a su movimiento político fueron investigados, detenidos o condenados (32) por sus vínculos con los narcoparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En el marco de las «chuzadas» el presidente del Tribunal Supremo, así como numerosos magistrados, periodistas y opositores fueron espiados por la policía política (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS). La práctica de los «falsos positivos» vio a los miembros del ejército colombiano asesinar a civiles inocentes -2.700 según el ministerio fiscal (septiembre de 2011)- con el fin de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. El jefe de seguridad y hombre de confianza de Uribe en el Palacio de Nariño (el palacio presidencial), el general Mauricio Santoyo, fue condenado en diciembre de 2012, en Estados unidos, a 13 años de cárcel por su relación con el narcotráfico.
Belisario Betancur . Bajo su presidencia, el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 sitió el Palacio de Justicia, donde reside el Tribunal Supremo, tomando como rehenes a más de 100 personas. Los guerrilleros exigían negociar con el presidente, pero este se negó y el asalto del ejército se convirtió en una carnicería: un centenar de muertos, la mayoría guerrilleros, 11 jueces del Tribunal Supremo y los empleados del Palacio de Justicia, a los que hay que añadir 11 desaparecidos.
Miguel Ángel Rodríguez. Presidente de Costa Rica de 1998 a 2002, brevemente (un mes) secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2004, fue condenado el 27 de abril de 2011 a cinco años de prisión por corrupción agravada (un soborno de 819.000 dólares por la adjudicación de un contrato de telefonía móvil a Alcatel) y posteriormente absuelto por apelación. Tras esta decisión el Tribunal Supremo envió el caso a revisión en noviembre de 2014.
Rafael Ángel Calderón. Presidente de Costa Rica de 1990 a 1994. Acusado de cobrar comisiones por la compra de material médico en 1992 por cuenta de la seguridad social, fue condenado a cinco años de prisión por corrupción en octubre de 2009 y no pudo participar, como deseaba, en la elección presidencial de febrero de 2010.
Laura Chinchilla. Cuando dejó la presidencia de Costa Rica, el 8 de mayo de 2014, una huelga general de profesores inundaba las calles de manifestantes que denunciaban los retrasos salariales. Quedará de su mandato el escándalo que estalló cuando se reveló que en marzo de 2013, a causa de la incuria de su ministro de Comunicación y jefe de los servicios de inteligencia (que tuvo que dimitir), ella utilizó para un desplazamiento oficial y después para un viaje privado a Perú un jet puesto a su disposición por Gabriel Morales Fallon, un hombre de negocios colombiano sospechoso en su país de estar relacionado con traficantes de drogas.
Óscar Arias. Otro expresidente de Costa Rica. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su papel en los procesos de paz de América central (El Salvador, Nicaragua, Guatemala), aunque siempre intentó marginar a la Nicaragua sandinista. Para evitar que la OEA (dominada por los gobiernos de izquierda y centroizquierda) gestionase la crisis de Honduras tras el derrocamiento, en junio de 2009, del presidente Manuel Zelaya, se le confió el papel de «mediador» gracias a las maniobras de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Al retrasar el asunto permitió a los golpistas consolidar sus posiciones e impedir el regreso de Zelaya a su país antes de la organización de las elecciones bajo control (el 29 de noviembre de 2009) que permitieron «lavar» el golpe de Estado.
Luis Alberto Monge . Elegido presidente de Costa Rica en 1982. Aunque declaró neutral a su país cerró los ojos ante las actividades de los grupos antisandinistas a cambio de una importante ayuda económica de Estados Unidos en la época de Ronald Reagan. Durante su mandato el embajador estadounidense Lewis Tamb y la CIA, con el apoyo de las fuerzas de seguridad costarricenses, abrieron una pista de aterrizaje utilizada para suministrar armas al frente sur de la «contra» -financiadas por el tráfico de cocaína organizado con el cártel de Medellín por la CIA-.
Osvaldo Hurtado. Vicepresidente ecuatoriano, llegó al poder sin ser elegido tras la muerte en 1981, en un accidente aéreo, del líder del Estado progresista Jaime Roldós. Candidato en tres ocasiones a la magistratura suprema perdió todas, en su último intento consiguió menos del 1% de los votos.
Lucio Gutiérrez. Presidente ecuatoriano destituido por el Parlamento el 20 de abril de 2005 tras un levantamiento popular, estuvo implicado en el intento de golpe de Estado fomentado el 30 de septiembre de 2010 por policías amotinados contra el presidente Rafael Correa.
Alfredo Cristiani . En el poder en El Salvador de 1989 a 1994, fue elegido bajo los colores de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido asociado a los escuadrones de la muerte de extrema derecha fundados por el mayor Roberto D’Aubuisson para sofocar cualquier oposición. Bajo su mandato, con el pretexto de luchar contra la guerrilla del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), el ejército asesinó a seis jesuitas, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, muy implicado en la búsqueda de la paz. Para apaciguar la indignación de la comunidad internacional, Cristiani prometió que se juzgaría a los responsables. La mayoría fueron absueltos por un jurado en 1991 antes de que Cristiani decretase una amnistía en abril de 1993… unos días antes de la publicación de un informe de investigación de las Naciones Unidas que demostraba la implicación de las mayores autoridades del ejército (y de Estados Unidos). Cuando en Nueva York, el 31 de diciembre de 1992, se firmó un acuerdo de paz con el FMLN, Cristiani no rubricó personalmente el documento.
Armando Calderón Sol. Sucesor de Alfredo Cristiani en la presidencia de El Salvador, (1994-1999) también del partido ARENA del cual es uno de los fundadores. Su Gobierno se distinguió especialmente por la amplitud de las «reformas» y las privatizaciones.
Vicente Fox . Presidente de Coca-Cola para México y América Latina, fue elegido para seis años jefe del Estado de México el 2 de julio de 2000 por el Partido de Acción Nacional (PAN). En su celo neoliberal multiplicó las privatizaciones (agua electricidad, parques naturales, sitios arqueológicos, etc.), en el contexto de los megaproyectos continentales previstos en el plan Puebla-Panamá (PPP), concebido en vista de la concretización de la Zona de Libre Comercio de las Américas (ZLEA) que quería Estados Unidos. Esos proyectos se enfrentaron a una viva resistencia, se desencadenó la represión a través de la militarización y la emergencia de grupos paramilitares, en particular en los estados (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca) donde sobrevive el 80% de la población indígena.
Alejandro Toledo. A la cabeza de Perú de 2001 a 2006, enemigo de las empresas públicas y continuador de las políticas neoliberales del dictador Alberto Fujimori, que huyó del país, se mostró particularmente complaciente con el capital extranjero. Acabó su mandato muy impopular, los peruanos le reprochan no haberse beneficiado de los frutos del crecimiento a pesar de que la economía estaba mejor desde hacía cinco años. Se volvió a presentar a las elecciones presidenciales en abril de 2011 y perdió frente a Ollanta Humala con el 16% de los votos.
Luis Alberto Lacalle. Representante del ala derecha del Partido Blanco, partidario declarado de las políticas económicas liberales, fue presidente de Uruguay de 1990 a 1995. El 13 de diciembre de 1992 un referéndum de iniciativa popular anuló (con casi el 75% de los votos) cinco de los 32 artículos de su ley general sobre las privatizaciones, laboriosamente aprobado tras seis meses de debate. El 28 de agosto de 1994 el pueblo, resueltamente insumiso, rechazó con el 63% de los votos una reforma constitucional confusa que preveía, entre otras cosas, la reforma del sistema electoral y de las prestaciones sociales.
Nicolás Ardito Barletta. Tecnócrata panameño, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (1978-1984), ganador de la elección presidencial de mayo de 1984, fue obligado a dimitir el 28 de septiembre de 1985 por el general Manuel Antonio Noriega.
Mireya Moscoso. Gobernó Panamá de 1999 a 2004 y apareció en las portadas debido a su gusto por los vestidos de lujo y las joyas pagadas con dinero del Estado. Tras una temporada revuelta por la utilización irregular, en una fundación que dirigían sus próximos, de una donación de 45 millones de dólares efectuada por Taiwán, consiguió salir del paso. Aliada de Estados Unidos, bajo presión de Washington el 26 de agosto de 2004, último día de su mandato, amnistió «por razones humanitarias» al terrorista anticastrista Luis Posada Carriles. Arrestado cuando preparaba un atentado con bomba contra Fidel Castro en visita en Panamá en noviembre de 2000, Posada Carriles fue condenado a ocho años de cárcel. Agente de la CIA, autor intelectual de un atentado contra un DC-8 de la Cubana de Aviación que causó 73 víctimas en Barbados en 1976, Posada Carriles vive actualmente con total impunidad en Miami (donde también reside Mireya Moscoso).
A todos estos firmantes de la «Declaración de Panamá», agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se unió el «socialista» Felipe González, que no desmerece en este lindo ramillete. El 26 de septiembre de 1983, siendo el presidente del Gobierno Español, condecoró al almirante Rubén Franco, uno de los jefes de la dictadura argentina (condenado después por robo de bebés) con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. El contraalmirante Ciro García, colaborador del dictador Jorge Videla, vinculado a los servicios secretos, recibió de sus manos la misma distinción. También durante el Gobierno de Felipe González, de 1983 a 1986, apareció el escuadrón de la muerte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que asesinaron a 17 separatistas vascos en suelo francés.
«Aunque su toma de posición sea puramente simbólica, ha comentado el politólogo Lansberg-Rodríguez en la revista estadounidense Foreign Policy,  (reproducida sin una pizca de reflexión por Courrier International), contribuye a desmontar el relato oficial de la solidaridad entre países latinoamericanos frente al imperialismo estadounidense».
Lo que se conoce como confundir los deseos con la realidad, porque esta banda de «zombis ilustres», sin ninguna legitimidad para impartir lecciones, ha sido claramente repudiada por los jefes de Estado en ejercicio. Frente al decreto del presidente Barack Obama que calificaba a Venezuela de «amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», tanto la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestaron un rechazo unánime declarando que la injerencia de Estados Unidos en la región «crea una gran tensión» y reclamaron su abrogación. Por otra parte, durante la Cumbre de las Américas que la máquina simplificadora mediática resumió como «el histórico pulso entre Raúl Castro y Obama», las presiones e intervenciones estadounidenses fueron denunciadas vigorosamente por los jefes de Estado de Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Rafael Correa), Venezuela (Nicolás maduro) y Argentina (Cristina Kichner), con el asentimiento de sus homólogos continentales e insulares –la Comunidad de los Caribes (Caricom, 13 estados)- que señalaron su solidaridad con Caracas. Finalmente, y después de que Obama abandonase la asamblea plenaria para evitar oír las críticas dirigidas a Estados Unidos, no se firmó ninguna «declaración final» de consenso entre «yankis» y «latinos».
Maurice Lemoine es especialista en América Latina y antiguo redactor jefe de Le Monde diplomatique. Es autor, entre otros libros, de Chavez Presidente! (2005), Cinq Cubains à Miami (2010), Sur les eaux noires du fleure (2013) y Les enfants cachés du général Pinochet. Précis de coups d’Etat modernes et autres tentatives de déstabilisation, (Los hijos ocultos del general Pinochet: compendio de golpes de Estado modernos y otras tentativas de desestabilización) París, 2015.
Fuente: http://www.medelu.org/Quand-le-gang-des-has-been-d

miércoles, 29 de abril de 2015

Lo bueno es que esta foto de Matas y Rato no tiene Photoshop....

PRIVATIZACIONES. Pingües negocios del capitalismo se están blindado antes de las elecciones para asegurar sus beneficios bastardo en contra de los trabajadores y ciudadanos en general


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Se aceleran las concesiones y operaciones especulativas a medida que se acercan las elecciones.
Diagonal, Madrid / Valencia⎮28/04/15⎮Edición impresa
A finales de 2014 y principios de 2015, las encuestas arrojaban los mejores resultados para Podemos y los peores para el PP y el PSOE. Ciudadanos todavía no había hecho su aparición espectacular como árbitro de cualquier gobierno y el “caso Monedero” aún no había puesto límites al crecimiento de Podemos. El cambio de ciclo político parecía más cercano y generalizado que nunca.
En esos días los Presupuestos Generales del Estado para 2015 tomaban aire para insuflar la mitad de presupuesto del Ministerio de Fomento a las obras del tren de alta velocidad –un 48% más que el año anterior–, precisamente cuando la paralización de las obras del AVE entraba con fuerza en la agenda política.
Al mismo tiempo, los planes urbanísticos más contestados por el movimiento vecinal, como las operaciones especulativas lanzadas a marchas forzadas por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, o la modificación del plan urbanístico en el barrio de Gràcia, en Barcelona, saltaban obstáculos legales y materiales en una carrera contrarreloj en un año marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales. Una entrega de patrimonio público “que hipoteca a los siguientes gobiernos”, afirma Vanesa Valiño, del Observatori Desc. De la misma forma que hipoteca a las siguientes generaciones la “venta a precio de saldo” de vivienda pública a fondos buitre que han efectuado ayuntamientos con necesidad de liquidez como los de Madrid y Barcelona. Una política que esta investigadora define como “pan para hoy y hambre para mañana”.
La privatización de la gestión del agua o de la sanidad pública, en especial en Valencia y Madrid, con contratos blindados por décadas, había vivido un empujón con la excusa de que la gestión privada ahorraría costes en tiempos de crisis. La gestión pública para “favorecer intereses privados” es cualquier cosa menos nueva, pero, según afirma a Diagonal Eduardo Mangada, exjefe de Urbanismo de Madrid con el PSOE, “este proceso se ha acelerado en los últimos meses ante la inminencia de unas elecciones que indican que va a cambiar el signo político del Ayuntamiento”.

Joan Ribó: “El PP quiere asegurar los contratos a las empresas del Ibex 35 con el próximo cambio de gobierno”


Una incertidumbre que también viven los populares en la Comunidad Valenciana. “El PP da por perdidas las elecciones, pero quieren seguir decidiendo aunque dejen el Gobierno”, dice aDiagonal Mónica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en referencia al intento de prorrogar antes de las municipales las concesiones a la sanidad privatizada en la comunidad. Joan Ribó, concejal de Compromís en Valencia, confirmaba los motivos detrás de tanta prisa por licitar, inaugurar y prorrogar: “El PP quiere asegurar los contratos a las empresas del Ibex 35 con el próximo cambio de gobierno”.
En la ciudad de Barcelona, donde las encuestas sitúan el partido de Ada Colau en un ajustado primer lugar, los partidos que han gestionado hasta ahora la ciudad “están realmente asustados”, dice Vanesa Valiño. Desde Barcelona en Comú, Eloi Badia, número 12 de la lista, identifica que hay un “gran interés en este 2015: cuantos más contratos, mejor, de forma que se pase el poder de decisión de la ciudadanía y la Administración pública a los consejos de administración de las empresas”.

Un espacio de pugna

Pero no todos los intentos de dejar todo “atado y bien atado” han dado resultado, como demuestra la operación especulativa sobre la torre Deustche Bank en el barrio de Gràcia, que ha quedado aplazada hasta después de las elecciones ante la oposición que despertaba entre las asociaciones de vecinos, cuenta Valiño. “Están asumiendo parte de las demandas para darse legitimidad”, resume esta investigadora del Observatori Desc. Algo semejante –denuncia Antonio Gómez, de CAS Madrid– ocurre con las críticas emitidas desde filas socialistas a políticas del PP que los socialistas apoyaron o impulsaron como los desahucios exprés o los hospitales público-privados a través de la aprobación de la Ley 15/97.
Tampoco resultan tan fácil de atar las cosas en Navarra, donde el descalabro de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha situado a esta comunidad a las puertas de un cambio político. “Lo que pasa es que están tan débiles que no atinan, tienen mucho miedo, se lo hemos metido también”, dice Patxi Zamora, de Kontuz, una asociación que ha contribuido de forma especial a este descalabro. A través de un grupo de investigación periodística y trabajo en los tribunales, Kontuz ha conseguido sentar en el banquillo a cinco de los seis presidentes forales que ha tenido Navarra. Y a través de grandes movilizaciones, como la de marzo de 2014 en la que participaron 35.000 personas y toda la oposición política, también ha logrado que “nadie pueda decir que no sabía qué estaba pasando” en la Caja de Ahorro de Navarra y la trama de corrupción que afectaba a los principales partidos de la comunidad, explica Zamora.
Por si quedaban dudas, “Navarra no es Suiza”, dice Zamora. “Aquí, UPN y el PSOE llevan gobernando juntos decenios y han dejado la comunidad como un erial para generaciones, han intentado privatizar todo, y eso será una de las cosas que habrá que cambiar. El sistema está totalmente blindado y es muy difícil darle la vuelta. Si viene gente que haga las cosas más o menos bien tenemos claro que vamos a tener que ejercer algún tipo de desobediencia para que las cosas cambien”, defiende Zamora.

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De los 368 millones que suman los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid en 2015 fueron para empresas relacionadas con la financiación ilegal del PP.

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Millones es la partida prevista para 2015 para las obras de la presa de Castrevido (Burgos), a cargo de FCC. Las obras se pararon por tres años tras la muerte de cuatro trabajadores.

El Caso Bárcenas y la devolución de favores

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz daba por cerrada, a través de un auto hecho público en marzo, la investigación sobre los papeles de Bárcenas. Aunque el juez exculpaba, provisionalmente, a las decenas de empresarios implicados en la financiación ilegal del partido, sí daba como “indiciariamente probado” que sus donaciones sirvieron para financiar de forma irregular las campañas del PP para las elecciones catalanas de 2003 y 2008, generales y andaluzas de 2004, y europeas de 2004.
inforelacionada

UNA UTOPÍA PARA VISITAR: L'OLIVERA


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La cooperativa, que desde 1974 ayuda a personas con distintas capacidades psíquicas, abre sus puertas.
Mariana Vilnitzky⎮Alternativas económicas – El Diario⎮28/04/2015
Socios trabajadores en las viñas de L’Olivera. FOTO: L'OLIVERA
Socios trabajadores en las viñas de L’Olivera. FOTO: L’OLIVERA
L’Olivera no es una utopía. Lo era, pero ha conseguido su propósito. Es una realidad, aparentemente imposible, que crece y mejora cada día. La cooperativa de vinos y aceite de Vallbona de les Monges (Lleida) nació hace ya 40 años. Entonces, un grupo de personas comprometidas con la tierra y los fines sociales decidieron instalarse allí, trabajar en la promoción social de las personas con discapacidades psíquicas, y ofrecer alternativas económicas desde y para la zona.
Hoy, además de vender vino y aceite, ofrecen visitas guiadas, catas de esos dos productos y una comida entre viñedos ecológicos.
“Estamos a 125 kilómetros de la ciudad. Es la Catalunya pobre”, explica Carles de Ahumada, director de la cooperativa y enólogo. “Cuando nos instalamos, el modelo de agricultura intensiva había ido expulsando a los locales del campo. Nosotros, por el contrario, nos planteamos ir allí, y vivir en una comunidad donde todos fuéramos iguales”.
De Ahumada habla frente a un grupo de gente en Bruselas, en la presentación de Cooproute, la ruta de las cooperativas de Europa. La experiencia de estos 40 años ha sido ejemplar, y por eso van explicando el trayecto en conferencias.
Llegar hasta donde llegaron no fue fácil. La crisis económica de 1980 hizo tambalear la cooperativa. “Después de unos cuántos estudios vimos que debíamos invertir, ser capaces de generar recursos, con viñas y olivos, con valor añadido”.
Invirtieron en la bodega, la primera vio la luz en 1988. Optaron por invertir todos los beneficios en generar empleo; por favorecer el crecimiento local, a pesar de que las colinas aterrazadas hicieran difícil competir con la producción intensiva.
En 2004 ya se dieron cuenta de que necesitaban más que una actividad económica. La gente con discapacidad iba envejeciendo, así que debían tener un hogar.
“En 2005, el Ayuntamiento de Barcelona nos ofreció una masía, Can Calopa, donde se elaboran los vinos de protocolo de la ciudad”, agrega De Ahumada. “Entonces nos preguntamos: ¿qué crecimiento queremos? ¿Perderemos la horizontalidad? Finalmente aceptamos este reto. Es una casa antigua que brinda servicios sociales a unas doce personas con discapacidad”.
TURISMO SOCIAL
El interés ha hecho que en L’Olivera se plantearan el aspecto turístico. El lugar, de 262 habitantes, nunca fue interesante a ojos de los turistas, a no ser por un monasterio de hace 900 años, con vida monástica.
El turismo entró en la cooperativa de la mano de las redes que se iban armando para ayudar a que la cooperativa saliera adelante. “Viajábamos a ver otros proyectos y recibíamos gente”, agrega De Ahumada. “Inicialmente, lo nuestro sólo era agricultura social: alimentos, buenos, justos y limpios; unidos al territorio. Pero nos dimos cuenta de que no sólo dábamos respuesta a cuestiones terapéuticas, sino que nuestra actividad estaba vinculada a la vida comunitaria. Ahí entró el turismo como idea. Pasamos de las visitas de las redes al turismo social”.
En poco tiempo la actividad se volvió económicamente interesante. Hoy reciben entre unas 2000 visitas de oleoturismo y enoturismo cada año (aunque no todas hacen el recorrido, sino que simplemente compran). Esto hizo posible que creciera la venta de sus productos, y que volvieran a invertir para adaptar un antiguo caserío, hacer actividades culturales para escuelas y otros grupos. Hoy tienen más proyectos en marcha. Esperan que en el programa de SmartCities de Barcelona se mencione el abastecimiento de alimentos o la inclusión de la agricultura. Can Calopa , ubicado en Collserola, un parque periurbano en la provincia de Barcelona, es un ejemplo de ello.