DE HOC SATIS : Queda probado que el régimen político económico capitalista es el más criminal y depredador de la historia de la humanidad.
Mostrando entradas con la etiqueta Corrupción. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Corrupción. Mostrar todas las entradas
domingo, 28 de junio de 2020
viernes, 26 de junio de 2020
lunes, 22 de junio de 2020
Monarquía borbónica corrupta impuesta por el Caudillo GENOCIDA, UNA CUESTIÓN ABSOLUTAMENTE CIERTA: Luna de miel Felipe Letizia Destapada la luna de miel de lujo de Felipe y Letizia, pagada por Juan Carlos I y una empresa: tres continentes y medio millón de euros Los reyes de España viajaron en 2004 por varios puntos del planeta y la empresa Navilot costeó gran parte de los gastos. El Pueblo español debe poner fin de modo democrático de forma inmediata. III República YA!
Luna de miel Felipe Letizia Destapada la luna de miel de lujo de Felipe y Letizia, pagada por Juan Carlos I y una empresa: tres continentes y medio millón de euros
Los reyes de España viajaron en 2004 por varios puntos del planeta y la empresa Navilot costeó gran parte de los gastos.
Jordania,
Camboya, Fiji, Samoa, EEUU y México. Esa fue la ruta de la luna de miel
de Felipe VI y la reina Letizia en 2004 como recién casados, un viaje
valorado en medio millón de euros tras la boda en la catedral de la
Almudena y que fue pagado tanto por Juan Carlos como por una empresa
privada.
Los costes del
idílico viaje corrieron a cargo de Juan Carlos I, aunque una parte del
viaje, más del 50%, fue pagado por la empresa Navilot. De los 467.000
dólares del montante final de la luna de miel, 269.000 fueron
depositados por la empresa de Josep Cusí, al cual The Telegraph, medio que ha desvelado la noticia, relaciona
de manera indirecta con Jordi Pujol Ferrusola, ya que la empresa que
preside fue creada por un abogado vinculado al hijo del expresidente de
la Generalitat.
Josep Cusí es un
empresario catalán de 86 y "socio de Juan Carlos desde principios de la
década de 1970", apunta el medio británico.
Bajo los pseudónimos de señor y señora Smith, los actuales monarcas recorrieron el mundo en un viaje del que el diario The Telegraph ha destapado algunos de sus entresijos más llamativos. Algunos de los dispendios, por ejemplo, superan los 30.000 dólares.
Ese dinero fue a
parar a un complejo afincado en una isla de Fiji, donde por solo cinco
noches, el rey de España gastó 33.000 dólares.
La herencia de Juan Carlos I
Felipe VI retiró a Juan Carlos la asignación pública de 194.232 euros
de la que gozaba en calidad de emérito un día después de que se
destapara que su padre es beneficiario de una sociedad offshore creada
en 2008 para recibir una donación millonaria de Arabia Saudí.
Además, Felipe renunciaba a la herencia que le correspondiera por ser hijo de Juan Carlos I,
rechazo que está expresamente prohibido por el Código Civil. Dicho
comunicado supuso un bombazo informativo y sólo de su lectura detallada
se concluye que Felipe VI tiene intención de renunciar a la herencia,
que es como no anunciar nada porque aún no ha llegado ese futurible.
Actualmente, la
Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación a Juan Carlos I
por el AVE a La Meca, tras ser acusado por la princesa Corinna en 2018
de haber cobrado 80 millones de euros de comisión por la licitación del tren a la ciudad santa del Islam.
Más noticias de Política y Sociedad
Comentarios
Solo las personas que pertenecen a la República de Público pueden
escribir comentarios y debatir nuestras noticias. Nuestro objetivo es
crear un debate enriquecedor y libre de trolls. Únete
aquí para expresar tu opinión en un medio que le da valor a sus
lectores y al intercambio de ideas con el respeto como principio
fundamental. Si ya formas parte, solo tienes que iniciar sesión.
Si únicamente quieres leer los comentarios que se han publicado, puedes registrarte aquí para poder hacerlo.
jueves, 21 de mayo de 2020
jueves, 9 de abril de 2020
martes, 7 de abril de 2020
sábado, 14 de marzo de 2020
martes, 10 de marzo de 2020
lunes, 6 de enero de 2020
La JEC usurpa las funciones del Tribunal Supremo. La guerra sucia del Estado profundo Jesús Gellida. Rebelión
La JEC usurpa las funciones del Tribunal Supremo. La guerra sucia del Estado profundo
La Junta Electoral Central, un órgano administrativo, ha inhabilitado al presidente Quim Torra y al eurodiputado Oriol Junqueras en una decisión inédita –por incompetente y vergonzosa– contra las instituciones de la Generalitat, el autogobierno catalán y la soberanía popular.La JEC ha usurpado las funciones del Tribunal Supremo, se ha desentendido de la resolución del Tribunal de Justicia de la UE y ha actuado como brazo jurídico de la derecha y la ultraderecha española infligiendo un golpe institucional por la puerta trasera, siempre con el inestimable apoyo de la incendiaria caverna mediática madrileña. Un intento de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez y de hacer inviable el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podamos. En este sentido, el PSOE está recibiendo las consecuencias de lo que él mismo sembró en los años del Procés, con la amenaza constante del 155 y comprando los argumentos de la derecha más rancia. No obstante, después de los resultados de las elecciones del 10-N, Sánchez está obligado a ceder si quiere obtener su primera investidura exitosa, condicionado por la mayoría de las fuerzas soberanistas de todo el Estado.
La decisión de la JEC –que entona el ‘a por ellos’– es un ataque más del Estado profundo a la política catalana pero, también, a la española; que se suma a una negra lista de operaciones dirigidas desde las cloacas para mantener el control de un Estado que hace aguas. Un colofón a unas prácticas oscuras como las que se llevaron a cabo en la operación de desestabilización económica y social durante el otoño del 2017 promoviendo el cambio de sedes sociales de empresas; o como las continuas maniobras represivas contra el independentismo, con la deshinchada operación Judas contra los CDR acusados de terrorismo como paradigma del descrédito de la justicia española.
Una vez más la política catalana volverá a estar en manos del Tribunal Supremo. Torra y Junqueras pueden recorrer la decisión de la JEC presentando recurso al alto tribunal español para la protección de derechos fundamentales y pedir que suspenda su inhabilitación aplicando medidas cautelares. El TS resolverá, en breve, sobre si acepta o no las cautelares y el recurso. Una decisión que afectará directamente a una legislatura catalana que cuelga de un hilo. Al respecto, la respuesta del Parlament no se ha hecho esperar y la mayoría independentista de la cámara catalana ha rechazado la resolución de la JEC, ratificado a Torra y reconocido que el único marco jurídico aplicable en este caso es la ley de presidencia y el reglamento del Parlament. Una resolución política que veremos si cuando se tenga que afrontar la ejecución de la inhabilitación comporta una nueva desobediencia o un acatamiento que precipitaría los escenarios. El texto también apoyaba a Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont para ejercer como eurodiputados, y reivindicaba la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía. Puntos que han hecho que los Comuns se abstuvieran (excepto con el apoyo al rechazo a la decisión de la JEC); mientras que el PSC ha hecho gestos –insuficientes– criticando la JEC y alejándose de las tesis de PP y Ciudadanos.
Un Estado profundo que se tambalea cuando oye hablar de plurinacionalidad, de nación de naciones, de autodeterminación y que, esta vez, no ha dudado en instrumentalizar ideológicamente la JEC cuando ha visto que es factible un gobierno de izquierdas que empiece a dialogar para abordar políticamente la cuestión catalana. En esta coyuntura un cambio de guion es indispensable, donde la intransigencia se convierta en diálogo y negociación para dejar atrás la vía judicial y represiva, y para poner hilo a la aguja en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
@jesusgellida
La decisión de la JEC –que entona el ‘a por ellos’– es un ataque más del Estado profundo a la política catalana pero, también, a la española; que se suma a una negra lista de operaciones dirigidas desde las cloacas para mantener el control de un Estado que hace aguas. Un colofón a unas prácticas oscuras como las que se llevaron a cabo en la operación de desestabilización económica y social durante el otoño del 2017 promoviendo el cambio de sedes sociales de empresas; o como las continuas maniobras represivas contra el independentismo, con la deshinchada operación Judas contra los CDR acusados de terrorismo como paradigma del descrédito de la justicia española.
Una vez más la política catalana volverá a estar en manos del Tribunal Supremo. Torra y Junqueras pueden recorrer la decisión de la JEC presentando recurso al alto tribunal español para la protección de derechos fundamentales y pedir que suspenda su inhabilitación aplicando medidas cautelares. El TS resolverá, en breve, sobre si acepta o no las cautelares y el recurso. Una decisión que afectará directamente a una legislatura catalana que cuelga de un hilo. Al respecto, la respuesta del Parlament no se ha hecho esperar y la mayoría independentista de la cámara catalana ha rechazado la resolución de la JEC, ratificado a Torra y reconocido que el único marco jurídico aplicable en este caso es la ley de presidencia y el reglamento del Parlament. Una resolución política que veremos si cuando se tenga que afrontar la ejecución de la inhabilitación comporta una nueva desobediencia o un acatamiento que precipitaría los escenarios. El texto también apoyaba a Oriol Junqueras, Toni Comín y Carles Puigdemont para ejercer como eurodiputados, y reivindicaba la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía. Puntos que han hecho que los Comuns se abstuvieran (excepto con el apoyo al rechazo a la decisión de la JEC); mientras que el PSC ha hecho gestos –insuficientes– criticando la JEC y alejándose de las tesis de PP y Ciudadanos.
Un Estado profundo que se tambalea cuando oye hablar de plurinacionalidad, de nación de naciones, de autodeterminación y que, esta vez, no ha dudado en instrumentalizar ideológicamente la JEC cuando ha visto que es factible un gobierno de izquierdas que empiece a dialogar para abordar políticamente la cuestión catalana. En esta coyuntura un cambio de guion es indispensable, donde la intransigencia se convierta en diálogo y negociación para dejar atrás la vía judicial y represiva, y para poner hilo a la aguja en la resolución del conflicto político entre Cataluña y España.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social
@jesusgellida
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
sábado, 14 de diciembre de 2019
Venta de viviendas del IVIMA El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 viviendas sociales del IVIMA a un fondo buitre
Venta de viviendas del IVIMA El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 viviendas sociales del IVIMA a un fondo buitre
El Tribunal rechaza admitir a trámite los recursos de
la Comunidad de Madrid y de Encasa Cibeles (de Goldman Sachs-Azora)
contra la sentencia del TSJM que daba la razón a los inquilinos
afectados por la operación, realizada sin justificación.
Afectados
por la venta de viviendas del IVIMA al fondo buitre Encasa Cibeles
protestan en la Puerta del Sol para que se revierta la operación.- JAIRO
VARGAS
El Tribunal Supremo confirma que la venta en 2013 de 2.935 viviendas sociales del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) —actual Agencia de la Vivienda Social (AVS)— a la sociedad Encasa Cibeles, participada por los fondos de inversión Azora-Goldman Sachs, es nula y ha de quedar sin efecto.
La operación, que lleva coleando en los tribunales
desde hace siete años, se realizó durante el Gobierno de Ignacio
González y reportó tan solo 201 millones de euros a las arcas madrileñas. Según ha adelantado El Español, la
Sala Tercera del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos
interpuestos por la Comunidad de Madrid y Azora contra las sentencias
que dieron la razón a varios inquilinos de las viviendas, que
denunciaron esta venta por las graves consecuencias que conllevó para
ellos el cambio de propietario.
Esta decisión significa que la sentencia dictada el 14 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) es firme, por lo que se declara nula la enajenación de los pisos,
repartidos 32 promociones levantadas durante el Gobierno de Esperanza
Aguirre en 11 localidades de la Comunidad de Madrid. La sentencia del 14
mayo ya suponía una primera inadmisión a trámite de los mismos recursos
que la Comunidad de Madrid y el fondo buitre comprador han llevado
después ante el Supremo.
Al ser un auto de inadmisión, el Supremo no entra en el
fondo del asunto. En su reslución, la Sala de lo Contencioso rechaza
que los recursos interpuestos tengan interés para unificar doctrina, en
contra de lo argumentado por la Comunidad de Madrid y el fondo buitre. Y
concluye que el Gobierno autonómico pretende, en realidad, "la
corrección puntual y casuística de lo acordado" por el TSJ y no aporta
sentencias que hayan chocado para contrastarlas.
También rechaza también otra pretensión del gobierno autónomo: que la nulidad de la venta se centrara únicamente en la de la vivienda del particular que había recurrido y no en las casi 3.000 viviendas sociales vendidas por el IVIMA y anuladas por el TSJ de Madrid.
Las ventas no eran necesarias
La decisión convierte en firme lo juzgado por el TSJ de Madrid, que en varias resoluciones concluyó que la venta fue "irregular" y quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas, "colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública".
El TSJ de Madrid consideró "evidente la infracción del principio de innecesariedad en la enajenación de las 32 promociones de viviendas, con incidencia en las ocupadas por los arrendatarios apelantes".
Aquella sentencia fijó que la adjudicación que dictó
el IVIMA nunca fue debidamente "explicada ni justificada" y tampoco
aprobada por el Consejo de Administración de esta empresa pública, un
requisito necesario en una venta de estas características, ya que la
operación supuso "una alteración de todo un programa de actuación" del
IVIMA, al tratarse de casi 3.000 inmuebles que cumplían la "función
social" de proporcionar una vivienda a las clases más desfavorecidas.
el TSJM aseguraba que esas viviendas fueron
concebidas con una función social para atender a personas que no pueden
acceder a un piso a precio de mercado, algo que Azora no tiene
obligación de facilitar. "Todo ello partiendo de la base de que quieres
ocupan estas viviendas lo hacen porque tienen una necesidad reconocida
por la propia Administración al carecer de recursos para acceder a una
vivienda a precio de mercado, o por estar, incluso, en declarado riesgo de exclusión social", recogía el fallo del TSJM.
Siete años de proceso judicial
El proceso judicial ha sido tortuoso y aún quedan
decisiones pendientes de los tribunales, explican fuentes jurídicas de
la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), que ha batallado durante siete años
el drástico cambio en las condiciones de varios inquilinos de estas
viviendas, la mayoría, beneficiarios de alquileres sociales. El caso
también fue peleado por un abogado del turno de oficio
en defensa de una inquilina de una de estos pisos en la localidad de
Navalcarnero, a la que los jugados también le dieron la razón y
posibilitaron la anulación de la venta de todas las viviendas.
Desde la PAVPS, que se ha enterado por la prensa de
esta decisión del Supremo, celebra la "magnífica noticia", aunque pide
prudencia. "Aún no podemos cantar victoria total. Quedan recursos
pendientes que resolverse y, aunque sería raro, podrían cambiar el
resultado final", aseguran en un comunicado. la organización insiste en
que se paralicen de inmediato "todos los procedimientos y desahucios en
curso de Encasa Cibeles" porque "el Supremo lo ha dejado claro: las
viviendas son del IVIMA".
Ahora falta por determinar exactamente los efectos
de la sentencia del TSJM para cada uno de los afectados por la
enajenación de las viviendas. Recientemente expiró el período de
protección que impedía a Encasa Cibeles vender los pisos y ya ha
colocado alrededor de un tercio de las 2.935 viviendas, los 3.084
garajes, los 1.865 trasteros y los 45 locales que incluía la venta al
fondo buitre.
jueves, 21 de noviembre de 2019
Corrupción: Florentino Pérez El exconsejero de Florentino Pérez estuvo en tratos con Villarejo al menos hasta 2015
Florentino Pérez El exconsejero de Florentino Pérez estuvo en tratos con Villarejo al menos hasta 2015
Manuel Delgado Solís mantuvo la confianza del
presidente del Real Madrid incluso estando implicado en la trama Gürtel,
acusado de crear un entramado para el blanqueo de capitales. Sin
embargo, su relación con el ex comisario ahora en prisión le ha obligado
a presentar su dimisión y a abandonar sus puestos de consejero en
Dragados y ACS. La causa del pequeño Nicolás desveló que mantenían
contacto en momentos muy delicados, a finales de 2014.
Entró en ACS en representación de 'Los Albertos', Cortina y Alcocer, y desde entonces se convirtió en uno de los consejeros de confianza del presidente, Florentino Pérez, que le ha mantenido a su lado también en Dragados a pesar de que Manuel Delgado Solís estaba imputado en Gürtel.
Pero el comisario José Manuel Villarejo se ha llevado por delante al también socio del exministro de Defensa, Pedro Morenés; de la exministra de Exteriores, Ana Palacio, y del exvicepresidente de Repsol y también imputado en Gürtel por blanqueo de capitales, Ramón Blanco Balín. Una conversación en 2009 del policía le sitúa como el topo que utilizó el lobby de socorristas del Ministerio del Interior para la investigación que le había encargado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cuando Florentino Pérez intentó dar el salto a la eléctrica.
Solís presentó el lunes por la mañana su dimisión
ante el consejo de ACS, que fue admitido y comunicado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la tarde. El motivo: unas
conversaciones de hace diez años que no constan en el sumario de Tándem y que salen de la cosecha que Villarejo dejó preparada
antes de ser detenido y enviado a prisión, según dejó grabado en uno de
los audios que sí están incluidos en el sumario que instruye la
Audiencia Nacional y Anticorrupción. Además, el lunes el dueño de Moncloa.com, digital que saca los audios junto a El Confidencial, fue imputado en la causa Tándem por extorsión a Iberdrola.
Sin embargo, hay otras llamadas más recientes; por ejemplo, las que aparecen entre Delgado Solís y el comisario en el sumario del pequeño Nicolás durante octubre de 2014.
En esa causa se investigaba un posible blanqueo de capitales a través
de la Hacienda La Alamedilla con un banco de Guinea Ecuatorial. La finca
era propiedad, junto a otros socios, de otro hombre del Ibex-35, ex
cuñado de Alberto Alcocer y socio del comisario Villarejo, Adrián De la Joya.
Delgado, Pérez, Guinea Ecuatorial y el caso Castor
Los intereses que unían a Delgado Solís con el comisario Villarejo podrían encuadrarse en la causa Gürtel.
El policía seguía en activo y el consejero de ACS, imputado por su
"relevante contribución al diseño de actos con apariencia de
delictivos", según el auto de la Audiencia Nacional. Este es el motivo
con el que justifica la llamada de 2009 hecha pública el lunes, pero en
el sumario de la causa Tándem Villarejo menciona en varias ocasiones a
Florentino Pérez en conversaciones de 2017, incluso hay un informe de
él en la pieza de Guinea Ecuatorial donde cita a un colaborador de Delgado Solis, el experto en seguridad Fernando Muniesa -hay quien asegura que es ex agente del CNI-, y también la relación del presidente de ACS con la oposición guineana de Severo Moto, a la que dice que financiaba.
Este informe que consta dentro de la pieza
principal de Tándem, y que se denomina King, está realizado por
Villarejo y el comisario Carlos Salamanca para una de las facciones de la familia del dictador Teodoro Obiang, la de su hijo mayor que controla la compañía del petroleo, Gepetrol, además de otros sectores energéticos, precisamente el que anhelaba Pérez cuando supuestamente fue espiado por Iberdrola.
Pero podría haber otros motivos. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2014 hacía sólo diez días que se había abierto la causa Castor en el juzgado de Vinaroz, donde se persona inmediatamente como acusación popular la asociación de Villarejo, Transparencia y Justicia. En
estos momentos, la investigación de la Audiencia Nacional apunta a que
Villarejo utilizaba esa asociación para ejercer en ocasiones una
"defensa encubierta" en pro de los intereses de sus clientes o para
poder negociar con ellos al crearles problemas de "espanto"
Tan estrecho es el vínculo entre
Société Générale, Florentino Pérez y Granados que el presidente del
Real Madrid tuvo que declarar en la Púnica, causa que afecta al ex
vicepresidente madrileño
Para eso se servía, según recogen informes policiales y otras conversaciones, del comisario José Luis Olivera, director entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y a quien Villarejo llamó la misma tarde que a Delgado Solís en octubre de 2014. Olivera fue cesado de su puesto y, tras un año en el Consejo Asesor de la Policía, fue fichado recientemente por Luis Rubiales, como director de Seguridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Torre Picasso, la obra de los Albertos que une a todos
Las relaciones entre Villarejo y los Albertos se remontan a los años 90 cuando el comisario pide la excedencia de la Policía y se culmina la construcción de Torre Picasso, como confesó el propio comisario en una comida con Público. Ahí está el centro neurálgico del grupo Cenyt, en la planta novena dentro de las oficinas del banco francés Société Générale, presidido por Donato González. Este fue jefe de otros dos "amigos" del comisario, Francisco Granados, ex consejero con Esperanza Aguirre (PP) e Ignacio López del Hierro, constructor y marido de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que también hicieron encargos a Villarejo.
Tan estrecho es el vínculo entre Société Générale, Florentino Pérez y Francisco Granados que
el presidente del Real Madrid tuvo que ir a declarar a la causa Púnica
que afecta al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. En 2012, el
banco que preside Donato González refinanció a Pérez en una operación que no quería asumir ningún otro banco y así lo ha seguido haciendo a lo largo de los años.
En la conversación, Villarejo dice ser gran amigo de José Luis Alcocer, consejero delegado de Prosegur, a quien ayudó a diseñar la seguridad de Torre Picasso en Madrid, promovida y construida por Alberto Alcocer y Alberto Cortina. Además, los Alcocer son ex cuñados del socio de Villarejo, Adrián de la Joya.
Los Albertos colocaron de consejeros en la nueva ACS a dos hombres, Manuel Delgado Solís y Javier Monzón, hombre del Banco Santander, actual presidente de PRISA y con quien De la Joya trabajó en su época al frente de Indra.
En 2012, el banco que preside
Donato González refinanció a Florentino Pérez en una operación que no
quería asumir ningún otro banco y así lo ha seguido haciendo a lo largo
de los años
Société Générale, por su parte, es el banco que suele utilizar Florentino Pérez para refinanciarse. Además, Pérez mantiene una sociedad en la Operación Chamartín con la familia del último alcalde franquista, Juan Arespacochaga,
de quien fue concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid y
quien le colocó en la presidencia de ACS, ya que fue uno de sus
fundadores. El hijo de Arespacochaga, Joaquín, está también vinculado
al comisario Villarejo y a Adrián de la Joya, con quienes ha viajado a
Arabia Saudi, como demuestran las fotos desveladas por Público, al igual que Enrique Maestre Cavanna, abogado de su despacho.
jueves, 24 de octubre de 2019
lunes, 21 de octubre de 2019
viernes, 18 de octubre de 2019
martes, 13 de agosto de 2019
Argentina, Macri: Un criminal vende patria ha caído, que sigan cayendo
13/08/2019 :: ARGENTINA
Primer round para una derrota necesaria
Se vienen tiempos en que el debate político va a poner sobre la mesa el sentido de la derrota del régimen macrista
Texto completo en: https://www.lahaine.org/cI6D
viernes, 21 de junio de 2019
PSOE, PP, C´s, y Vox unidos en la misma causa
PSOE, PP, C´s, y Vox unidos en la misma causa
Esto dijeron los líderes NACIONALES en el fatídico día de la sucesión de borbones. Recordemos que los anteriores (Juan Carlos y consorte) siguen cobrando, pero ahora el de la corona es Felipe. Pues en tal señalado día, dijeron:
PSOE. PEDRO SÁNCHEZ
«Al servicio de España, símbolo de nuestra unidad y fortaleza, garante de nuestra democracia. Hoy conmemoramos el quinto aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI, agradeciendo su compromiso y lealtad a nuestro país y su proximidad a la ciudadanía.
¡Felicidades!»
VOX
«Desde VOX felicitamos a S.M. El Rey Felipe VI con motivo del 5° aniversario de su Proclamación como Rey de España. Gracias por garantizar la permanencia de España y defender su unidad durante todo este tiempo».
PP. PABLO CASADO
En el quinto aniversario de la proclamación de D. Felipe VI como Rey de España, reafirmo mi lealtad y compromiso con la Corona y la Constitución, y agradecimiento por la impecabilidad con la que Su Majestad ejerce la jefatura del Estado, símbolo de unidad, democracia y libertad.
CIUDADANOS. ALBERT RIVERA
«Se cumplen cinco años de la proclamación de Felipe VI como Jefe del Estado. Un tiempo en el que ha defendido con firmeza nuestra democracia, dentro y fuera de España, y en el que ha acreditado su categoría, solvencia y respeto a todos los ciudadanos. Felicidades y gracias.»
miércoles, 12 de junio de 2019
Espagnistán podrida moral, política, y económicamente. Abusos sexuales en la infancia Cada tres horas se denuncia un abuso sexual hacia un menor en España, pero el 70% de los casos nunca llega a juicio
Abusos sexuales en la infancia Cada tres horas se denuncia un abuso sexual hacia un menor en España, pero el 70% de los casos nunca llega a juicio
Los datos son escasos pero contundentes y
aterradores: uno de cada cinco menores es víctima de abusos o agresiones
sexuales, aunque solo un 15% de los casos se denuncia. En España se
registraron más de 3.000 denuncias por abuso o agresión a menores de 17
años solo en el año 2017, una cada tres horas. El 90% de estos delitos
los cometen hombres.
La reciente detención de varias mujeres ligadas a la asociación Infancia Libre
ha llevado a las portadas de los medios de comunicación un asunto que
habitualmente permanece en la sombra: el drama de los menores víctimas
de abusos sexuales. Una tragedia ampliamente silenciada por tabúes
ancestrales y que, en contra de lo que muchos piensan, afecta a una
proporción muy amplia de menores.
Diversos estudios llevados a cabo por instituciones como el Consejo de Europa, expertos y asociaciones de defensa de los derechos de los menores calculan que en el ámbito internacional, entre el 15% y el 20% de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Uno de cada cinco.
Eso significa que muy probablemente usted conoce a
niños o niñas que están siendo víctima de algún tipo de abuso o agresión
sexual continuada. Están en su barrio, en el colegio de sus hijos, en
su edificio o, quizás, en su propio círculo familiar o de amistades.
Pero su sufrimiento permanece oculto y silenciado.
España no es una excepción. Un reciente informe de la organización Save the Children, titulado precisamente Ojos que no quieren ver,
calcula que en nuestro país se denuncian tan sólo un 15% de los abusos a
menores y que el 70% de las denuncias no supera la fase de
investigación, con lo que nunca llega a juicio oral. Según los datos de
esta organización (que analizó más de 200 denuncias interpuestas entre
los años 2012 y 2016) sólo tres de cada siete denuncias acaban en algún
tipo de condena. ¿Significa esto que son denuncias falsas? En absoluto.
Según denuncian muchos expertos, la mayoría de los casos naufragan en
los procesos judiciales por razones que poco tienen que ver con la
veracidad de las denuncias.
En España se denuncia tan sólo un 15% de los abusos sexuales a menores y el 70% de esas denuncias no llegan a juicio oral
Tal y como apuntan tanto Save the Children como muchos expertos y expertas consultados por Público, el sistema judicial español “no está preparado para escuchar y atender a los menores en
sede judicial” y garantizar la plena protección de los menores víctimas
de abuso o agresión sexual, por un sinfín de razones que incluyen la
escasez de recursos, la burocracia, la falta de personal debidamente
cualificado o la ausencia de protocolos precisos y homologados sobre
cómo tomar testimonio a los menores.
El hecho de que este tipo de abusos se produzca
mayoritariamente en el entorno más cercano al menor (su colegio, su
vecindario o en su propia familia) dificulta aún más la detección de los
abusos y la capacidad de los menores para identificar que lo que les
está sucediendo es algo malo y para ser capaces de relatar los hechos
ante desconocidos o ante su propia familia. Ocurren de puertas para
adentro, en la intimidad de los hogares o en lugares en los que sólo el
abusador y el menor están presentes, y esto supone que en la inmensa
mayoría de los casos, la declaración del menor es la única o principal prueba de cargo. Por ello es clave la correcta escucha de los menores y la especialización de los profesionales que la realizan.
Público se ha sumergido en el infierno que
viven las víctimas del abuso de menores entrevistando a decenas de
personas relacionadas con este drama: psicólogos, jueces, abogados,
organizaciones de derechos del menor y madres que han denunciado este
tipo de abusos hacia sus hijos, principalmente por parte de sus parejas.
Entre el 86% y el 90% de los abusadores son hombres
Según datos de diversas fuentes, el abuso sexual
hacia los menores se produce mayoritariamente por hombres (Save Children
lo sitúa en un 86% y otros expertos en el entorno del 90%). En todos
los casos recopilados para estas piezas el relato es persistente y
demoledor. Y la moraleja, aterradora: “Si detectas que tu hijo o tu hija
está siendo abusado o abusada por tu pareja, ten mucho cuidado a la
hora de denunciar. Si no tienes pruebas físicas irrebatibles, es posible que el sistema judicial considere que estás mintiendo
y termine quitándote la custodia”, explica María, nombre ficticio de
una de las madres consultadas para este reportaje. María denunció a su
expareja por presuntos abusos sexuales y el juzgado decidió un cambio de
custodia, otorgándosela al denunciado.
Muchas madres que denuncian abusos sexuales hacia
sus hijos por parte de sus parejas se dan de bruces con informes
psicológicos que las acusan a ellas de tener ‘preocupación mórbida’ o de
‘instrumentalizar’ a sus hijos, relata María. Con esos términos en
realidad se refieren al llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP),
una supuesta patología sin base científica que se utiliza para acusar a
las madres de manipular a los menores contra la figura paterna.
Esta presunta patología no está avalada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por ningún otro organismo
internacional ni institución psiquiátrica o sanitaria, y su utilización
en los procesos judiciales está expresamente desaconsejada por una guía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuando este supuesto síndrome entra en juego, explican muchos expertos consultados, la desprotección de los menores es casi total porque
a partir de ese momento su testimonio deja de tener valor al darse por
sentado que están siendo ‘manipulados’ por su madre.
La dificultad de hallar pruebas físicas
Pero, ¿qué son pruebas irrebatibles? Básicamente,
tres: daños físicos de gravedad incontestable (la rotura del himen por
tres sitios a una pequeña no ha sido considerada como prueba
suficiente), el embarazo o un contagio de venéreas, como el que se
produjo recientemente en Sevilla, donde un padre fue detenido por violar a su bebé de 19 meses y contagiarle el virus del papiloma humano.
“En mi experiencia atendiendo a menores víctimas de
abusos sexuales, los únicos casos en los que se considera demostrado el
abuso es cuando se produce un embarazo o el contagio de una enfermedad
venérea. En ninguno de los más de 800 casos que hemos atendido y
analizado en los últimos 12 años hemos visto una condena a un presunto
abusador basada en la declaración de un menor y tan sólo en 8 o 10 casos
hubo una sentencia condenatoria porque existía un embarazo o se
comprobó la trasmisión de una enfermedad venérea”, explica Margarita
García Marqués, psicóloga y fundadora de ASPASI (Asociación para la
Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil). Esta experta apunta,
además, a la dificultad añadida que supone que el 87% de los abusadores sexuales pertenecen al entorno cercano del menor.
"Sólo el 10% de los abusos son cruentos. El otro 90% se producen como juegos"
Las
pruebas físicas que puedan demostrar la existencia de un abuso o
agresión sexual hacia un menor, al contrario de lo que se suele pensar,
son prácticamente inexistentes. “Sólo el 10% de los abusos son cruentos.
El otro 90% de los casos se producen como juegos. Los padres o
abusadores suelen hacerlo jugando, por lo que el menor, en la mayoría de
los casos, pueden no verlo como algo negativo. Es posible que el niño o
la niña no esté traumatizado todavía porque el abuso se inicia como
algo suave. Pero si no protegemos al menor, el abusador irá cada vez más allá, siendo cada vez más exigente y cruento con el menor”, relata García.
Tanto los tratados internacionales firmados por
España en defensa de los menores, como la propia legislación española
ponen un importante énfasis en la relevancia que se debe dar a la
declaración del menor y al hecho de que su testimonio debe ser recogido
en condiciones idóneas y tenido en cuenta en los procesos judiciales por
este tipo de delitos. Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de
las denuncias no lleguen siquiera a iniciar un juicio oral y se
sobresean en la fase de investigación implica que, de forma generalizada, la declaración no es suficiente como para romper la presunción de inocencia del presunto abusador.
De hecho, nuestro país tiene un proceso de
investigación abierto en el seno de la Comisión Europea por el posible
incumplimiento en la aplicación de las directivas comunitarias en
materia de protección judicial de menores que denuncian haber sufrido
abusos sexuales y malos tratos en ámbito familiar. La Comisión investiga
también el hecho de que España esté utilizando de forma generalizado el
Síndrome de Alienación Parental.
Esta investigación de la UE se inició tras la denuncia en 2015 de un grupo de organizaciones sociales (Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Maltratos de Vigo, Agamme
y Antigona) y ha sido ratificada el pasado mes de enero, aunque su
tramitación se mantiene en secreto. Lo único que ha trascendido, tal
como afirman las asociaciones denunciantes, es que el pasado mes de
abril nuestro país presentó un escrito de respuesta que la Comisión está
analizando.
Pocos datos y difíciles de cruzar
Según el estudio de Fundación ANAR Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Victimas (2009-2016) presentado
el año pasado en el Congreso para impulsar una Ley Integral contra los
abusos hacia menores de edad, los abusos sexuales en la infancia se
incrementaron en un 178% en los últimos ocho años. En el 75% de los
casos las víctimas son niñas. Estos datos proceden del análisis de
10.220 casos atendidos por el Teléfono de la organización entre 2009 y
2016 a partir de los testimonios de las propias víctimas o de su
entorno.
A pesar de que los abusos sexuales en la infancia no son algo nuevo y su prevalencia es muy alta, no existe ningún estudio oficial en profundidad que analice este problema desde el punto de vista judicial.
Los pocos datos existentes están repartidos por distintas instituciones
y son difíciles de cruzar y analizar porque no hay una forma unificada
de recopilarlos, en muchas ocasiones son incompletos o faltan datos
clave. Esta ausencia de cifras completas, desagregadas y analizables
hacen casi imposible conocer el alcance y las características del abuso
sexual de menores con la profundidad necesaria para desarrollar e
implementar políticas públicas de prevención, implantar medidas
homogéneas de protección de los menores y corregir los fallos del
sistema.
La falta de datos desagreados y
analizables hace casi imposible conocer el alcance y las características
del abuso sexual a menores para implementar políticas públicas
Según
el Ministerio del Interior, de las 9.537 denuncias interpuestas por
delitos a la libertad o indemnidad sexual durante el año 2017, casi la
mitad (47,6%) tenían a un menor de 17 años como víctima (4.542). Estos
totales no sólo hacen referencia a los abusos y agresiones sexuales,
sino también a delitos como el exhibicionismo, la corrupción de menores,
el acoso sexual o a pornografía y prostitución de menores, entre otros.
Si nos atenemos sólo a las cifras que tiene que ver con abusos y
agresiones sexuales, con o sin penetración, hacia menores de 17 años,
los datos de Interior indican que a lo largo de 2017 se produjeron 3.041 denuncias, es decir, una cada tres horas.
Si, como sostienen los expertos, solo se denuncian un 15% de los casos,
nos encontramos con que probablemente en España se producen más de
20.000 abusos o agresiones sexuales a menores cada año.
Los datos relativos a los juicios por este tipo de
delito son prácticamente inexistentes, puesto que tampoco hay cifras
desagregadas ni estadísticas sobre el número de juicios iniciados,
cuántos de ellos fueron sobreseídos, cuántos acabaron en absolución o
los que ni siquiera pasaron de la fase de instrucción. El único dato que
puede dar una dimensión de los hechos es el que recoge el Instituto
Nacional de Estadística (INE) de fuentes del Ministerio de Justicia: en
2017 fueron condenadas 320 personas por delitos de abuso y agresión sexual
a menores (316 hombres y cuatro mujeres). Este dato corroboraría la
estimación de la mayoría de los expertos, que indican que el 90% de este
tipo de abusos los cometen hombres mayores de edad.
La baja cifra de condenas en relación con el número estimado de casos está en línea con lo que ha narrado a Público un amplio grupo de expertos.
La Fiscalía General del Estado acaba de publicar un
avance de datos estadísticos de su memoria anual para 2018. En ellos se
recoge que los delitos de abusos a menores se incrementaron en un 25,5%
entre 2017 (1.672) y 2018 (2.099). La Fiscalía resalta, también, que las
agresiones sexuales a menores de 16 años aumentaron un 40%. El
ordenamiento jurídico de nuestro país distingue los abusos de las
agresiones. En el primero de los casos son delitos que se cometen sin
violencia e intimidación, que sí debe estar presente en los segundos
para ser considerados como agresiones.
Con todo, el dato más llamativo es el que indica que
las agresiones sexuales de menores de 16 años con acceso carnal
(violación), se incrementaron entre 2017 y 2018 en un 54,7%,
pasando de los 53 a 82 casos. Todos estos datos no son denuncias: hacen
referencia a las diligencias (actuaciones) en las que intervino esta
institución, lo que no sirve para completar el puzle del drama de los
menores víctimas de estas violencias.
Los portavoces del Ministerio de Justicia afirman que no disponen de datos o estudios sobre la prevalencia de los abusos a menores
y su tratamiento por parte de la justicia y derivan a este medio a
buscar los datos recopilados por los distintos ministerios e
instituciones. Aunque la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea parece indicar que existe un problema con
el tratamiento judicial a los menores víctimas de abusos en España, a
juzgar por las respuestas recibidas no parece que el Ministerio de
Justicia se sienta especialmente interpelado por ello.
Para poder hacer frente a esta y otras violencias
contra los menores, Save the Children y otras organizaciones reclaman
desde hace años que se apruebe una ley de protección de la infancia contra la violencia.
Sí hay una ley orgánica de protección del menor, que establece la
obligatoriedad de escuchar a los niños y niñas. Pero no dice cómo. Y
todo parece indicar que por ahora escuchamos poco y rematadamente mal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)