¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?
Ángeles Maestro, militante de RED ROJA.
Mucha
gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente
producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal
diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al
igual en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos
actuando eficazmente y el proceso se agrava.
Las
privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular
de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos
ahora, que se inicia en la década de los setenta y que se conoce como
políticas neoliberales. Se trata de una estrategia general dirigida a
intentar reducir la caída de la tasa de ganancia. De ella forman parte
la drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, la
instauración de políticas de reducción del déficit – con la
correspondiente disminución de presupuestos sociales - , la liquidación
de derechos laborales y sociales y las privatizaciones.
Son
políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color
político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de
las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la
clase trabajadora.
El
primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas
públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a
precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque –
en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz,
combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está
asegurada.
En
el Estado español este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por
el PSOE, coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los
gobiernos del PP.
El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un % considerable del PIB (el 7% en 2013).
Ya
con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de
Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, la industria
farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a
dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era
planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública.
El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco
ágil ysu personalrinde poco porque tiene sus puestos asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.
En
el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. A semejanza de Gran
Bretaña donde se publicó un informe, “Working for Patients”,que sirvió
como hoja de ruta para la privatización y el desmantelamiento del mejor
servicio sanitario de Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la
elaboración de un Informe para la“Consolidación y Modernización del
Sistema Nacional de Salud”.
El
PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a
Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y
vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo un
programa de preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo
la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los
medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe
fue abortada porque como Diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus
conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas,
antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo
suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus
propuestas básicas fueron ejecutadas.
Se procedió a la privatización-“externalización”-
de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas,
ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la
sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable),
radiodiagnóstico,etc.Destaco
por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza
hospitalaria, que fueron a parar en gran parte a empresas constructoras
tales comoFerrovial, FCC o Dragadosy
que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad
en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del
espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el
correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario1.
En
el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de
Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa
privada en la gestión de todo tipo decentros sanitarios.Esta
Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su
votación, CC.OO. emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo
parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”2.
La
empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos
autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de
izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo
ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en
tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio
privado.
Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria,han entrado con fuerzaenla
gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados, FCC,
Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR,
Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo
Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte
de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas”tras el correspondiente
saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como
BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas.
Mención especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC
Capital Partners. Este grupo, de capital riesgo y dedicado a la
especulación, tiene una oficina central en Londres y su sede se
encuentra en Luxemburgo. Esta empresa tiene todos los visos de llegar a
ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública,
con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jimenez Díaz,
Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba3,
además de dos centros de especialidades) en Castilla la Mancha
(hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa) y en
Cataluña, con importantes conciertos, y con el Hospital Universitari
Sagrat Cor, integrado en la red de utilización pública.
La
vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es
evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en
Capio,
o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de
Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de
seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual
Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue
director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y
principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira,
y cuyo hijo,
Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de
Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital
de Torrejón. .
Pero
el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del
PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona
le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex
Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de
grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica4.
El
robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia
necesaria de los gobiernos, no es solamente un expolio de recursos
públicos, es además un crimen.
El
negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y
de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad delas y lospacientes, además de incrementando el coste.
La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:
-
Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
-
Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
-
Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
-
Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
-
Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
La
ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización
de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir
el negocio, requieren de la “colaboración”sobre todo del personal
médico, que es quien indica el gasto. Paralograrloson
determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y
que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de
objetivos de disminución del gasto.
La
realidad descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura
legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante
los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la reflexión de quienes
lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone
la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la
actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.
Es
preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en
manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos
locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y
bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el
poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos:
Ni una privatización más
Derogación de la Ley 15/97
Devolución a manos públicas todo lo privatizado.
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