Miércoles, 04 Marzo 2015 20:08
¡Sin recortes ni desahucios, sin corrupción y que haga una política en beneficio de las familias trabajadoras!
Dos
semanas después de aprobar los presupuestos de 2015, la presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, disolvía el Parlamento y convocaba
elecciones anticipadas para el 22 de marzo. Desde la cúpula socialista, y
desde sectores de la clase dominante, el adelanto aparecía como la
maniobra más eficaz para asegurar la continuidad de una política
respetuosa con la austeridad y lograr socios más fiables en la labor de
gobierno, menos condicionados por la presión de la lucha de clases y de
los movimientos sociales.
De nada
sirvió que Diego Valderas, hasta ese momento vicepresidente de la Junta,
intentara desesperadamente mantener el acuerdo insistiendo en su
compromiso con la estabilidad política. La dirección del PSOE en
Sevilla, y en Madrid, ya había hecho sus cuentas. El desgaste de las
políticas socialdemócratas, unas encuestas adversas, y la irrupción de
Podemos, ha forzado esta salida.
Las elecciones de marzo de 2012
La clase
trabajadora y la juventud de Andalucía se movilizaron con fuerza en las
elecciones autonómicas de marzo de 2012 para frenar a la derecha. Contra
todos los pronósticos, y para desolación de los plumíferos que
vendieron una victoria que parecía iba a ser aplastante, el Partido
Popular no logró la ansiada mayoría absoluta y sufrió un varapalo
electoral contundente: perdió más de 400.000 votos respecto a las
elecciones generales de noviembre de 2011 y cerca de 170.000 respecto a
las autonómicas de 2008.
La
dirección nacional del PP no podía dar crédito a unos resultados que le
dieron 50 escaños, cuando las encuestas auguraban una mayoría cómoda con
59 diputados autonómicos. Javier Arenas, presidente del PP andaluz y
fiel representante de esa casta de señoritos cortijeros, no tuvo más
remedio que dimitir y abandonar la política con el rabo entre las
piernas.
Desde
noviembre de 2011 a marzo de 2012, asistimos al inicio de una escalada
de movilizaciones en numerosos sectores tras el estallido del 15M, que
se concretó en la convocatoria de la huelga general del 29M de ese
último año. Estos procesos, y la ofensiva desatada por el PP contra los
derechos sociales, se dejaron sentir en la primera ocasión importante.
En las elecciones andaluzas de marzo de 2012, PSOE e IU se hicieron con
59 escaños frente a los 50 del PP. Pero aquellos resultados mostraron
muchas más cosas. El PSOE, con 1.523.465 votos (39,52%) perdió más de
650.000 votos respecto a las autonómicas de 2008 (cuando obtuvo
2.148.328 votos, 48,19%), un desgaste acusado que repetía la enorme
crítica de amplios sectores de la juventud y la clase obrera hacia las
políticas de la socialdemocracia, y que se concretaron en la derrota de
Zapatero y la pérdida de más de cuatro millones en las elecciones
generales de 2011. Y este proceso empezó a cristalizar en el ascenso de
Izquierda Unida, que aumentó su apoyo en Andalucía en 120.000 votos (de
315.909 votos, 7,09% en 2008, a 437.445 votos, 11,34% en 2012), doblando
su representación parlamentaria de 6 a 12 escaños.
Haciendo
balance de aquellas elecciones, desde El Militante planteamos algunas
consideraciones que merecen ser recordadas: “La perspectiva abierta con
los resultados electorales de las elecciones andaluzas tiene muchas
implicaciones. En primer lugar, ha llenado de confianza a un amplio
sector de los trabajadores demostrando que es posible frenar a la
derecha y cuál es el camino. En segundo lugar, brinda una gran
oportunidad para romper con las políticas procapitalistas adoptadas
anteriormente por el gobierno de Zapatero, que asfaltaron el camino para
el triunfo de la derecha, y acumular fuerzas para derrotar la ofensiva
del gobierno central del PP (…) Mantener una política consecuentemente
de izquierdas y de clase es todo lo contrario a permitir que el PP pueda
gobernar, tanto en Extremadura como en Andalucía. La postura de IU en
el parlamento andaluz debe ser clara: bajo ningún presupuesto sus
diputados pueden permitir al PP formar gobierno. Por supuesto, esto no
implica adaptarse a la política de la dirección del PSOE, ni tampoco
entrar en una coalición gubernamental en Andalucía para aplicar medidas
de ajustes y recortes sociales. La primera tarea de Izquierda Unida es
presentar al PSOE un programa claro para gobernar en beneficio de la
mayoría trabajadora, que debe incluir, entre otras medidas, las
siguientes: 1) Inmediata puesta en marcha de un Plan de Empleo público
dirigido a los desempleados de pueblos y ciudades de Andalucía dotado de
1.000 millones de euros, financiados con las partidas de deuda e
intereses financieros, cuyos pagos se deben suspender. 2) Rechazo de las
obligaciones de objetivo de déficit a costa del gasto público. Aumento
de los recursos públicos destinados a la enseñanza, sanidad pública,
transportes, servicios sociales públicos y Ley de la Dependencia.
Mantenimiento de empresas públicas, de plazas públicas y de los derechos
y los salarios de los empleados públicos. 3) Rescatar todos los
servicios públicos que se encuentren privatizados. 4) Subsidio de
desempleo indefinido hasta encontrar un empleo. 5) Nacionalización de
las empresas en crisis que amenazan con despidos y expedientes de
regulación de empleo. 6) Vivienda digna. Nacionalización de las grandes
empresas constructoras y municipalización del suelo urbano para acometer
la construcción de viviendas públicas suficientes, con alquileres no
superiores al 10% de los ingresos familiares. Aprobación de una ley
autonómica contra los desahucios de viviendas 7) Reforma Agraria y
expropiación de los grandes latifundios bajo el control de las
organizaciones jornaleras. 8) Nacionalización de la banca, y los
monopolios bajo control obrero y sin indemnización, salvo en caso de
necesidad comprobada.”
Y
concluíamos: “Izquierda Unida debe aprender también de experiencias muy
negativas, como su participación en el gobierno del Tripartit en
Catalunya, que le llevó a respaldar medidas antisociales y numerosos
recortes del gasto público, o su presencia en el gobierno de Euskadi
junto al PNV. Los resultados de las elecciones en Andalucía han dejado
claro que una mayoría de trabajadores, de parados, de jornaleros, de
jóvenes, de jubilados no quieren un gobierno de la derecha, pero tampoco
un gobierno que aplique políticas contra la mayoría aunque se rotule de
izquierdas. Si los dirigentes del PSOE de Andalucía no están dispuestos
a dar un giro de 180º en su estrategia, si no están dispuestos a romper
con la política de recortes sociales y basarse en su base social para
tomar estas medidas necesarias, Izquierda Unida tiene la posibilidad
clara de no entrar al gobierno y ejercer una auténtica oposición de
izquierdas, movilizando a miles de trabajadores y jóvenes andaluces,
incluyendo a un amplio sector que apoyó en las urnas al PSOE para frenar
a la derecha. De esta manera, huyendo de cualquier visión
institucional, de cretinismo parlamentario, que lleve a la colaboración
con políticas antiobreras, Izquierda Unida dejaría claro que ni por
activa ni por pasiva abrirá el paso al PP, al tiempo que lucha por
convertirse en una fuerza que actúa conscientemente, tanto en las
instituciones de la democracia burguesa como en la lucha de clases, por
la transformación socialista de la sociedad.”
El gobierno PSOE-IU
Durante
estos tres años de gobierno, las direcciones del PSOE y de Izquierda
Unida en Andalucía han desoído por completo el mandato que miles de
trabajadores plasmaron con su voto en 2012. Por un lado, el PSOE ha
seguido en la línea de gestionar la crisis desde el punto de vista de
los capitalistas, esto es, aplicar la política de austeridad en el gasto
social, aumento del incentivo empresarial —a través de exenciones
fiscales y ayudas directas—, y recortes a los derechos y conquistas de
los trabajadores.
Desde el
mismo momento de la conformación del gobierno de coalición, Izquierda
Unida renunció a realizar una oposición real desde la izquierda a esta
política, apoyándose en la fuerza que los jóvenes y trabajadores
andaluces, como en el resto del Estado, ya estaban demostrando. Las
movilizaciones masivas del 15-M, las huelgas generales, la huelgas
educativas contra la LOMCE, las acciones contra los desahucios, las
grandes marchas de la dignidad, las Mareas Ciudadanas, donde hay que
señalar que los activistas y militantes de IU y del PCA han jugado un
papel activo y destacado, contrasta vivamente con la actuación de los
dirigentes de IU en Andalucía que han sostenido, y justificado, la
acción de gobierno de la Junta.
Después
del tijeretazo de 2.700 millones al gasto público en los presupuestos
de 2012, las cuentas aprobados en 2013 por la Junta de Andalucía
recortaban 1.000 millones de euros en sanidad, 600 millones en
educación, y aprobaban el despido de 4.502 profesores interinos. En los
presupuestos del año siguiente, Andalucía fue de las comunidades que más
recortó porcentualmente en sanidad y en educación, acumulando en estos
dos primeros años de gobierno una caída del 10,8% en sanidad y el 8,6%
en educación. A esto se tienen que sumar los miles de puestos de trabajo
destruidos en la administración andaluza y los derechos laborales
suprimidos de los empleados públicos. En los presupuestos de 2015,
aprobados dos semanas antes de la disolución del parlamento, no se ha
recuperado ni un solo céntimo del dinero perdido en gastos sociales.
Cientos
de miles de trabajadores y jóvenes andaluces votaron al PSOE y a IU para
frenar los ataques de la derecha y la degradación social que ha
impuesto la crisis del capitalismo. A pesar de eso, en Andalucía el
desempleo es crónico, con una tasa de casi el 35%; sigue habiendo
decenas de desahucios cada día y los hospitales están masificados y sin
recursos; se despiden profesores y se privatizan servicios, y la gran
propiedad terrateniente campa a sus anchas. A todo esto hay que añadir
las consecuencias de los sangrantes casos de corrupción que han afectado
de lleno a la gestión del PSOE al frente de la Junta, los EREs y muchos
otros, que los emparentan con los escándalos en los que chapotea el PP y
el resto de los partidos que han sostenido el régimen del 78 (CiU,
PNV….).
El
gobierno de Rajoy ha lanzado ataque tras ataque a las conquistas
históricas de la clase trabajadora en el Estado español. Los recortes en
sanidad, educación y servicios públicos, las contrarreformas laborales,
educativas y en derechos sociales… son parte destacada de una ofensiva
que hemos sufrido en estos años. Pero de una forma o de otra, estos
retrocesos también han sido aplicados por las medidas adoptadas desde la
Junta de Andalucía. La explicación que los dirigentes del PSOE y de
Izquierda Unida han dado para justificar esta actuación, apelando al
“imperativo legal” impuesto desde el Gobierno central, sólo son una
coartada. Un auténtico gobierno de la izquierda debería oponerse
frontalmente y sin vacilación a esta agresión a los derechos y las
condiciones de vida de las familias trabajadoras, rompiendo con la
lógica perversa del capitalismo. Esta es la única manera de “construir
un nuevo país”, como señala Alberto Garzón, y transformar la sociedad en
beneficio de la mayoría.
Crisis en las organizaciones de Izquierda
Después
de tres años de gobierno, tanto el PSOE como Izquierda Unida han perdido
mucha credibilidad. La autoridad de estas organizaciones se cimienta en
que pueden ser un instrumento útil para mejorar la vida de los
trabajadores, pero sus dirigentes han hecho lo contrario de lo que
prometían, renunciando a combatir las políticas de la derecha. Izquierda
Unida estaba creciendo sobre la base del descontento y la crítica hacia
la política del PSOE, se empezaba a vislumbrar como una alternativa
real para plasmar en las instituciones la lucha que ya se estaba dando
en la calle. Pero ahora la situación ha cambiado.
La
experiencia de Andalucía ha marcado los límites de la actual dirección
de Izquierda Unida. No se puede sostener durante mucho tiempo una
política de discursos y declaraciones que se contradiga con la práctica
cotidiana. Si se está contra los recortes, se está con todas las
consecuencias y más si se gobierna. En realidad, la dirección andaluza
de IU ha renunciado a batallar por muchas medidas fundamentales, y que
inevitablemente afectan a los intereses y privilegios de la clase
dominante, antes que poner en cuestión su alianza con el PSOE. Y a pesar
de las insistentes voces que desde la militancia de base, desde los
movimientos sociales, desde el sindicalismo combativo se han alzado para
que IU rompiera con el gobierno de coalición y pasara a una oposición
activa, dirigentes como Diego Valderas y muchos otros han preferido
continuar ocupando cargos, y apareciendo inevitablemente como la pata
izquierda de una política antisocial. Han dado un barniz progresista a
lo que no deja de ser una variante de la política neoliberal. Y esta
realidad tozuda se ha convertido en una decepción enorme para miles de
trabajadores y de jóvenes que han visto como sus dirigentes se separaban
de sus necesidades y reivindicaciones.
El auge
de la lucha de clases, y el boquete de credibilidad que sufre IU,
explican la irrupción de Podemos y que el atractivo que ha despertado
entre amplios sectores de la juventud, de los trabajadores y de los
movimientos sociales, sea un motivo de honda preocupación para la
derecha y la clase dominante.
Perspectivas electorales
Las
encuestas no dejan de cambiar aunque las tendencias parecen claramente
marcadas. El Partido Popular está en caída libre, barruntándose un
hundimiento histórico de la derecha. Según la última encuesta de
Metroscopia hecha para El País el 1 de marzo, el PP pasaría de un 40,7%
de los votos en las elecciones andaluzas de marzo de 2012 a un 22,7% en
marzo de 2015. La experiencia del gobierno central y de su gestión
despiadada de la crisis en beneficio de los grandes capitalistas, los
tres años de devastación social y saqueo de las arcas públicas para
beneficio de una minoría, está incluso privando al PP de los votos de
sectores de capas medias que le han apoyado tradicionalmente. Se pone de
manifiesto la endeble base social que la derecha tiene en Andalucía. El
espejismo de las elecciones de 2012, en las que fueron el partido más
votado, se basaba únicamente en la debacle electoral del PSOE.
Según la
misma encuesta, el PSOE también cae, pero mantendría un 34,6% de los
votos. Siendo su peor resultado electoral jamás registrado en Andalucía,
sería el partido más votado. Aquí está la clave del adelanto electoral.
El PSOE sufre un fuerte desplome en todo el Estado y la cita de las
elecciones municipales no pinta nada bien en decenas de ciudades donde
han surgido iniciativas unitarias de la izquierda al calor del fenómeno
Podemos. Un resultado en Andalucía que les permitiera mantener el tipo,
sería utilizado para remontar en el resto de los territorios. Pero no
está del todo claro que el PSOE logre mantener ese porcentaje de votos.
El descontento es muy grande también entre su base tradicional, que mira
a su izquierda, y concretamente a Podemos, para castigar la deriva
derechista de la dirección socialista.
Podemos
es ya la primera fuerza política en intención de voto en las sondeos de
cara a las elecciones generales en Andalucía, y para estas autonómicas,
aunque se sitúa en tercera posición, entraría en el parlamento andaluz
con mucha fuerza. Pero tampoco está claro que las encuestas den en la
diana con Podemos. La tendencia es que la lista encabezada por Teresa
Rodríguez siga aumentando el porcentaje y, si tenemos en cuenta que ni
una sola encuesta acertó en las últimas elecciones andaluzas (todas
daban la victoria al Partido Popular de Arenas), cabe pensar que hay
posibilidades de que el ascenso de votos para Podemos sea mayor. Por su
parte, Izquierda Unida paga un gran precio por la política de su
dirección y su papel en el gobierno de coalición con el PSOE, y pasaría
de su ascendente 11,3% de 2012 y su perspectiva de crecer aún más, a un
6,8%.
También
irrumpiría con fuerza Ciudadanos, la formación de derechas que lidera
Albert Rivera y que está siendo promocionada a bombo y platillo para
evitar que una parte del electorado del PP se vaya a la abstención.
Estos
resultados plantean un panorama muy abierto. Podríamos encontrarnos con
el intento del PSOE de gobernar en minoría, en el caso de que los
resultados se lo permitieran. Obviamente se trataría de un gobierno muy
inestable, pero teniendo en cuenta otros antecedentes (el gobierno de
Patxi López en Euskadi, por ejemplo) y la gravedad por la que atraviesa
la situación política y económica, Susana Díaz podría buscar algún tipo
de pacto a la carta con el PP o con Ciudadanos. No podríamos descartar
que Andalucía, por mucho que los dirigentes del PSOE hayan asegurado que
no pactarán bajo ningún concepto con el PP, se convierta en el campo de
pruebas, en el ensayo general, de lo que podría ser una gran colación
de facto entre diferentes organizaciones en el futuro parlamento
estatal: PP, PSOE, Ciudadanos, incluso UPyD si es que obtiene
representación, para frenar la posibilidad de un gobierno de la
izquierda nucleado en torno a Podemos e IU.
Por una alternativa de izquierdas para transformar la sociedad
Hay una
corriente muy fuerte entre la clase obrera y la juventud que demanda un
cambio profundo, que cuestiona la fachada “democrática” tras la que se
esconde la dictadura descarnada del capital financiero, y que resiste la
catástrofe social a la que nos condena el capitalismo. En estos años
hemos visto como una gran movilización ha desbordado a los aparatos de
las organizaciones tradicionales de la izquierda, políticas y
sindicales, exigiendo un programa combativo y de transformación social.
Podemos
es una de las expresiones más destacadas y que mejor ha conectado con
esta corriente. Pero votar no basta. Para parar a la burguesía y sus
ataques hace falta combinar un programa de ruptura con el sistema
capitalista, dentro y fuera de las instituciones, redoblando la
movilización en la calle.
Estas
elecciones deben marcar también un cambio profundo para Izquierda Unida.
Basta de mirarse el ombligo, basta de pensar en términos de aparato,
basta de oportunismo. IU debe volver a conectar con las aspiraciones de
los trabajadores y la juventud. Debe ganarse de nuevo la confianza
perdida luchando firmemente, en los hechos, por el programa que dice
defender. Por supuesto, debe romper con cualquier tendencia sectaria
hacia los miles de simpatizantes, votantes y militantes de Podemos.
En los
próximos meses, tanto en Andalucía como en el resto del Estado se van a
poner de nuevo a prueba los programas de todas las organizaciones. O se
complace los intereses de los bancos y los empresarios o se apuesta
decididamente por los intereses de los trabajadores. Los marxistas de El
Militante estamos convencidos de que sólo un programa genuinamente
socialista puede satisfacer las reivindicaciones más básicas de los
trabajadores. Abogamos por un gobierno de la izquierda que lucha, por un
frente de Podemos, Izquierda Unida y los movimientos sociales que ponga
fin a los desahucios, que defienda la enseñanza y la sanidad públicas,
los derechos democráticos; que acabe con todas las contrarreformas y
privatizaciones; que combata el desempleo, y ponga fin a la lacra de la
corrupción. Y para llevar a cabo toda esta labor, sólo hay una manera
realista de hacerlo: aplicando una política socialista de verdad, que
nacionalice los grandes monopolios financieros (banca, seguros) y los
grandes grupos empresariales que controlan los sectores estratégicos de
la economía (eléctricas, telecomunicaciones, acero, cemento…), bajo
control democrático de la población. De esta manera se podrían dedicar
recursos gigantescos a resolver las necesidades y carencias que sufre la
mayoría de la sociedad, además de proporcionar una igualdad y un
bienestar común que es la única base objetiva para la justicia social y
la auténtica democracia: el socialismo.
Un
gobierno al servicio de la mayoría tendría que apoyarse en la
participación activa y en la movilización contundente de las masas de la
población. ¡Pero eso es una utopía! nos contestarán los “pragmáticos”,
los “realistas”. No, no es verdad, no es ninguna utopía. La propia
experiencia de estos cinco años de luchas, del 15M, de surgimiento de la
PAH, de la Marea Blanca, de la Marea Verde, de tantas y tantas
movilizaciones sociales que han puesto en cuestión el bipartidismo y el
propio sistema, lo que demuestra es lo contrario: ¡Sí se puede!
¡Únete a los marxistas revolucionarios de El Militante, y lucha con nosotros por este programa!
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