Reportaje principal del
dossier sobre el tratado de libre comercio publicado en el número de
febrero de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual
Los dirigentes políticos en Washington, Bruselas y otras capitales
europeas tienen un pollo. Es un pollo pequeño pero está causando grandes
dolores de cabeza a los negociadores y defensores de crear una gran
área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus
siglas en inglés, TTIP. En concreto, se trata de un pollo desinfectado
con clorina para su consumo, una práctica habitual en EEUU. Con el TTIP
se podría llegar a permitir la venta de este tipo de producto en Europa,
donde actualmente está prohibido. En Alemania este aspecto, casi
anecdótico con respecto a la inmensa materia sobre la que están
negociando Bruselas y Washington, ha provocado un revuelo público
considerable, acaparando grandes titulares y debates. Se topa
con el rechazo mayoritario del ciudadano-consumidor teutón, que está
dudando de los supuestos beneficios del TTIP en general. Y como
cualquier movilización social funciona mejor si tiene como bandera un
símbolo gráfico, pues allí está el pollo de clorina.
Este 2 de febrero, los técnicos de la UE y de EEUU inician una nueva
ronda de negociaciones sobre el TTIP en Bruselas. Es la octava desde que
comenzó el proceso en julio de 2013. Durante años, estos funcionarios
de la Comisión Europea y de la Oficina de Comercio de la Casa Blanca se
han reunido de forma discreta sin dar cuenta al público de sus
propuestas y argumentos. Pero la situación ha cambiado de forma notable
en los últimos meses. Ante la creciente presión de la sociedad civil,
activistas y partidos políticos, algunos de ellos con responsabilidad de
gobierno, la Comisión Europea se vio obligada a principios de
enero a hacer pública, por primera vez, una serie de documentos hasta
entonces clasificados y a aclarar su posicionamiento respecto a los
asuntos de los que se habla en el marco del TTIP. No son
papeles demasiado relevantes. Más interesante resultan las afirmaciones y
compromisos de la CE sobre los diferentes temas. “Es muy importante que
todo el mundo pueda ver y comprender lo que estamos proponiendo para el
TTIP e, igualmente importante, lo que no proponemos”, dijo la comisaria
europea de Comercio, Cecilia Malmström, que tomó posesión del cargo con
la nueva Comisión liderada por Jean-Claude Juncker en noviembre. Un año
y medio después del comienzo de las negociaciones, Bruselas lanza lo
que llama “una iniciativa de transparencia” y promete “negociar el TTIP
de la manera más abierta posible”.
Los estadounidenses arrancaron de sus colegas europeos el
compromiso de que los protocolos de las negociaciones fueran material
clasificado durante 30 años. Y, precisamente, ha sido la
opacidad del proceso la que ha puesto en alerta a movimientos civiles a
ambos lados del Atlántico. Las pocas filtraciones de documentos internos
confirman las sospechas de que se está negociando a espaldas de la
ciudadanía, algo que beneficiaría sobre todo a las grandes empresas. La
idea de que EEUU y Europa se pusieran de acuerdo para abrir aún más sus
respectivas economías al otro viene del siglo pasado. En 2013, el
presidente estadounidense Barack Obama y el entonces jefe de la CE, José
Manuel Barroso, dieron finalmente el pistoletazo de salida para un
proceso que aspira a crear el mayor espacio de libre comercio del mundo,
con más de 800 millones de ciudadanos y las economías más avanzadas del
planeta. Se pretende acabar con las barreras existentes, como los
aranceles, aunque estos ya están en un nivel muy bajo si se compara con
las relaciones con otros países. Por ejemplo, EEUU aplica una tarifa del
2,5% a los coches importados desde Europa, mientras la UE cobra un 10%
para los vehículos que llegan desde América.
El verdadero objetivo del TTIP, sin embargo, es nivelar las
diferentes normas y reglas para los productos y servicios. Los
estándares difieren bastante, por ejemplo para la producción de
alimentos. En EEUU está extendido el cultivo de transgénicos, al que se
oponen los europeos. También existen criterios diferentes para la
fabricación de parachoques y sillas de niños en los coches. Además, el
TTIP pretende abrir los servicios para las empresas de ambos lados, al
eliminar políticas de la administración pública que dan preferencia a
proveedores locales en los concursos. En fin, el objetivo es crear un
mercado común con las mismas condiciones para todos, lo que en la jerga
económica en inglés se conoce como level playing field.
En principio, suena razonable. No obstante, para los críticos con
este tratado –ecologistas, sindicatos y grupos de protección del
consumidor– existe un gran peligro de que los dos equipos de
negociadores acaben encontrándose en el denominador común más bajo, es
decir, que se impongan mutuamente las regulaciones, normas y estándares
más laxos de cada uno de ellos. Según estos colectivos, Europa
podría acabar abriendo la puerta no sólo al pollo de clorina o los
productos transgénicos, sino que se podrían rebajar también otros logros
en derechos laborales o protección del medio ambiente. EEUU,
por ejemplo, quiere acabar con la resistencia de los gobiernos europeos a
la controvertida fracturación hidráulica, el famoso fracking, para
extraer gas y petróleo a riesgo de contaminar el suelo y el agua e
incluso provocar movimientos sísmicos. También se teme que el TTIP abra
la puerta a más privatizaciones de servicios públicos y, a la vez,
cierre definitivamente la posibilidad de renacionalizarlos en el futuro.
Diputados sin información
Sobre el impacto económico de un área de libre comercio hay una
guerra de estudios y cifras. Un informe independiente encargado por la
Comisión al Centre for Economic Policy Research, un instituto de
investigación de Londres, habla de que el TTIP podría añadir medio punto
anual al crecimiento del PIB europeo, ya que las exportaciones a EEUU
se incrementarían un 28%. En el mejor de los casos, según los expertos
de Londres, una familia de cuatro miembros verá aumentada su renta
disponible en 548 euros al año. En EEUU llegaría incluso a 655 euros.
Por el contrario, otros estudios prevén la pérdida de millones de
empleos porque la mayor competencia beneficiaría sobre todo a las
multinacionales y haría mella en el tejido de la pequeña y mediana
empresa. No deja de ser especulación, ya que todo depende de qué medidas
entrarán finalmente en el acuerdo y cuáles no.
En
junio de 2013, el entonces presidente de la Comisión, José Manuel Durao
Barroso, y el presidente de EEUU, Barack Obama, decidieron impulsar el
TTIP.
Los dirigentes de la UE y los propios negociadores, por supuesto, no
comparten las críticas y preocupaciones por los presumibles efectos
nocivos del tratado. El jefe del equipo europeo, el español Ignacio
García Bercero, tilda de alarmistas a los activistas y sindicatos que
advierten de que fomentará más desregulación y privatización. “La UE no
hará ningún compromiso en relación a los servicios públicos de sanidad,
educación o servicios sociales”, asegura la CE en la documentación sobre
el TTIP.
Pero los responsables de las negociaciones del TTIP han contribuido a
despertar y alimentar los recelos. Aunque se han reunido con grupos de
activistas y otros miembros de la sociedad civil, la inmensa mayoría de
los contactos a puerta cerrada fueron con representantes de la
industria, las finanzas y otros sectores del poderoso lobby empresarial.
Los diputados del Parlamento Europeo, que deben ser consultados a lo
largo del proceso, se han quejado de la escasa información que reciben.
“Yo soy miembro de la comisión de Comercio Internacional y doy fe de que
la opacidad es indignante”, comenta la eurodiputada de Podemos, Lola
Sánchez, por correo. “Sólo ciertos diputados, los coordinadores de los
grupos en esta comisión, que son siete, han podido acceder a la sala de
lectura o reading room, donde se les muestran algunos documentos de las negociaciones. A esta sala no pueden entrar con lápiz, papel, móvil o cámara de fotos, y lo que leen debe permanecer oculto”, agrega.
La lucha contra la opacidad de las negociaciones ha sido el principal
caballo de batalla de las organizaciones que contestan el TTIP. La
presión aumentó mucho el año pasado con cientos de manifestaciones,
actos de protesta y otras iniciativas para romper el muro de silencio de
la Comisión. Con la recientemente inaugurada “iniciativa de
transparencia” de Bruselas, este movimiento celebra un primer éxito.
“Nuestra protesta surte efecto. Nuestras demandas y advertencias han
despertado un debate vivo sobre el TTIP y CETA (el tratado de libre
comercio con Canadá), y hemos obligado a muchos políticos que
hasta ahora no se han preocupado por el tema a definirse”, resumen en
Stop-TTIP, una campaña que reúne a unas 300 organizaciones de toda
Europa. En la primavera de 2014 lanzaron una petición
internacional que consiguió un millón de firmas –40.000 en España–, para
presentar una iniciativa ciudadana europea que inste a la Comisión a
abrir un debate público sobre el TTIP. A pesar de cumplir con las
exigencias establecidas, Bruselas se negó a aceptar la iniciativa.
Pero la presión fue a más, especialmente después de las elecciones al
Parlamento Europeo de mayo. Sobre todo de los verdes europeos y los
partidos de izquierda, que no dejaban de exigir al nuevo equipo de
Juncker más transparencia y debate. Con éxito. Además de prometer la
publicación de documentos, la CE lanzó una consulta ciudadana sobre el
TTIP, lo cual dejó a los socios estadounidenses algo desconcertados. “Es
difícil evaluar la influencia real de las acciones de lobby de la
sociedad civil pero definitivamente tienen un efecto”, reza un informe
del Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), el gran lobby
estadounidense en este campo. “La prueba es la decisión de la Comisión
de lanzar una consulta pública de tres meses sobre la propuesta de crear
un mecanismo de arbitraje entre Estados e inversores después de una
campaña en contra”, concluye.
Efectivamente, el resultado de las 150.000 respuestas de los
ciudadanos a la consulta es que existe un “enorme escepticismo” entre la
ciudadanía sobre aspectos del TTIP, en particular el mencionado
mecanismo de arbitraje, como reconocen en Bruselas. Es el
aspecto más espinoso de todo el tratado, el que más rechazo genera y el
que tiene el potencial de acabar con todo el proyecto. La cláusula sobre
Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por
sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de
Washington. Este mecanismo prevé fijar por ley que los
inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal
internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado
decisiones que perjudican sus intereses. Originalmente, se trataba de
condiciones impuestas por los países ricos a las naciones en desarrollo
para evitar que una empresa pudiera verse perjudicada por decisiones
como una nacionalización de los activos. Pero muchos inversores se han
aprovechado de estos mecanismos para reclamar compensación porque los
gobiernos elevaron el salario mínimo o introdujeron normas
medioambientales más estrictas.
Ya existe un tribunal de arbitraje, el Ciadi, que depende del Banco
Mundial en Washington y es reconocido por la gran mayoría de países
miembros de la ONU. El Estado español, por ejemplo, está acumulando
demandas de inversores extranjeros por el recorte de las subvenciones a
las energías renovables. Pero, con el TTIP, este proceso sería
vinculante y los demandantes podrían acudir a otros tribunales de
arbitraje de carácter puramente privado. Normalmente, las dos partes del
litigio, el Estado y el inversor, nombran cada una a un miembro del
panel y se ponen de acuerdo para elegir un tercero. Los tres juristas
que dirimen el contencioso suelen ser abogados comerciales de despachos
privados en vez de jueces. La falta de transparencia es otra crítica de
estos mecanismos. Los defensores del ISDS y el lobby empresarial
alegan que los inversores deben tener garantías que les protejan de
decisiones arbitrarias en su perjuicio y destacan que estas
cláusulas existen ya en otros tratados como el mencionado CETA con
Canadá, que aún no ha entrado en vigor. La ONG Traidcraft quita hierro a
este argumento y pone el ejemplo de Brasil, que se opuso a firmar
cláusulas de este tipo, sin que se haya resentido la inversión
extranjera en el gigante suramericano.
Reparos entre los socios de Merkel
Pero lo más controvertido es que el ISDS socavaría la soberanía de
los Estados y sus sistemas de Justicia. Y mucha gente no quiere aceptar
esto. “Digo muy claramente: no necesitamos los tribunales de arbitraje”,
afirmó el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en una entrevista
con el diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en junio.
“La posición del Gobierno federal en este punto es firme y así se lo
hemos transmitido a la Comisión”, dijo el dirigente socialdemócrata. Su
partido, el SPD, tiene un papel clave para el futuro del TTIP, ya que
forma gobierno junto con los democristianos de la canciller Angela
Merkel, que está muy preocupada con que el tratado llegue a buen puerto.
En un congreso del año pasado, las bases socialdemócratas votaron una
moción en contra del ISDS. Con eso pusieron en aprietos a su presidente
Sigmar Gabriel, quien, como vicecanciller y ministro de Economía, es el
responsable de temas de comercio en la gran coalición. Gabriel no
comparte muchos de los reparos de sus compañeros de partido y está a
favor de llegar a un acuerdo con EEUU, aunque en otros términos. Para
vencer la resistencia a los tribunales de arbitraje, el líder de los
socialdemócratas alemanes está pensando en crear un tipo de corte
internacional para el comercio, con jueces que provienen de los sistemas de Justicia nacionales y con todas las garantías de transparencia para la sociedad.
Incluso en la CDU de Merkel empiezan a surgir dudas sobre el TTIP.
“No debe haber recortes en los derechos laborales. Hay que preservar los
servicios públicos y garantizar la seguridad alimentaria”, dijo al
diario financiero Handelsblatt el vicepresidente de la CDA, una
corriente dentro del partido que representa los intereses de los
trabajadores, Christan Bäumler. Asimismo, está en contra del ISDS. El
rechazo al mecanismo de arbitraje se ha manifestado también en los
parlamentos de Francia y Holanda, que han aprobado sendas mociones en su
contra. Y el ministro de Comercio francés, Matthias Fekl,
declaró en noviembre que París no firmará un tratado que incluya el
ISDS. “Tenemos que preservar el derecho del Estado para establecer y
aplicar sus propios estándares, mantener la imparcialidad del sistema de
Justicia y permitir al pueblo de Francia y del resto del mundo
reafirmar sus valores”, dijo el ministro socialista.
La comisaria Malmström ha entendido el mensaje y comprende que debe
actuar para vencer los recelos. Con este objetivo, ya está preparando un
“ISDS reformado”, según consta en el memorándum de un eurodiputado que
participó en una de las exclusivas reuniones de consulta con la
responsable europea de Comercio. En ese encuentro, Malmström también dio
a entender que prefiere posponer la firma de CETA para no entorpecer
las negociaciones del TTIP. Y es que el tratado de libre comercio con
Canadá, que ya está aprobado, aunque todavía no ratificado por el
Consejo y el Parlamento Europeo, contiene la polémica cláusula ISDS, que
tanto rechazo despierta en Alemania, Francia, Holanda y otros países. “El
ISDS es la piedra en el zapato del TTIP”, comenta Luis Rico,
coordinador de Ecologistas en Acción de la campaña contra el tratado en
España.
El mecanismo de arbitraje es uno de los elementos más importantes del
proyecto, pero también es muy complejo. Como suele ocurrir, son los
aspectos más simples y cercanos a la vida diaria los que consiguen
levantar las pasiones del gran público. En Alemania, al pollo de clorina
se ha sumado recientemente la popular salchicha Nuremberg como casus belli
de los detractores del TTIP. El detonante fueron unos comentarios del
ministro de Agricultura, Christian Schmidt, a la vuelta de una visita a
Washington, donde, según cuenta la revista Der Spiegel, fue
testigo del tremendo enfado de los colegas estadounidense sobre la
actitud de los europeos en las negociaciones. “Si queremos aprovechar
las oportunidades del comercio libre con el enorme mercado
norteamericano, no podremos seguir protegiendo cada salchicha y cada
queso como una especialidad”, dijo a principios de enero el político de
la CSU, los socios en Baviera de la CDU de Merkel.
Schmidt se refiere a los cientos de productos en Europa que gozan de
una denominación de origen, como el jamón ibérico y el de Parma, el
queso roquefort, el Idiazábal, el whisky escocés y prácticamente todos
los vinos y licores. Un Rioja tiene que ser de Rioja y una
salchicha Nuremberg tiene que ser de Nuremberg, aunque gran parte de la
carne provenga de un cerdo polaco. En EEUU, al contrario, cualquiera
puede producir un jamón de Parma y en California hacen vino de Oporto.
Los comentarios de Schmidt provocaron una gran convulsión popular. Ante
la opinión pública adversa y, aparentemente, un tirón de orejas de la
propia Merkel, el ministro tuvo que rectificar. “Conmigo no va a haber
salchichas Nuremberg de Kentucky”, prometió el dirigente bávaro. Asunto
zanjado.
Frente al vivo, a veces algo histérico, debate público sobre el TTIP
en Alemania, en España el tema apenas existe en la agenda de los grandes
medios y los principales partidos políticos. “Ha habido un gran
silencio en la prensa mayoritaria. TVE no ha sacado nada. Sólo los
medios alternativos han informado de ello. Ahora empieza a haber un
poquito más”, resume Rico, de Ecologistas en Acción. “Entre los
políticos apenas hay debate, sólo después de las europeas empezaron a
hablar del TTIP en Podemos e IU, quizás arrastrados por sus compañeros
europeos. El PP y el PSOE prestan un apoyo sin fisuras y además han
intentado que el tema no traspase a la esfera pública. En el PSOE
comienza a haber movimiento. Sus eurodiputados empiezan a hacerle más
caso y son críticos con el ISDS. Antes no se enteraban bien”, afirma el
organizador de la campaña contra el tratado. Los socialistas dicen estar
a favor, en principio, de crear un área transatlántica de libre
comercio, pero no firmarán “cualquier acuerdo”. Los sindicatos
mayoritarios apoyan la campaña, apunta Rico, “pero todavía no han
movilizado a sus bases”, a diferencia de CGT y CNT.
En el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy el mutismo es total. La Marea
ha intentado sin éxito saber la opinión del Ministerio de Economía. En
la Secretaría de Estado de Comercio alegaron problemas de agenda y
remitieron a una explicación del TTIP en la página web del ministerio.
Allí se hace un resumen de los principales pilares del asunto, pero se
omiten todos los puntos polémicos, como el ISDS o la discusión sobre las
denominaciones de origen, a pesar de que afectan a muchos productores
españoles. Resulta extraño que Rajoy y sus ministros apenas
hayan hablado del TTIP en público cuando en la web de Economía se
asegura que “este acuerdo es la máxima prioridad en política comercial
para España por las oportunidades que brindará y por su importancia
estratégica”. Entre estas oportunidades figura la perspectiva
de abrir el mercado para la licitación de servicios públicos y obras a
nivel local y regional, como la gestión del agua, el transporte o la
recogida de basura, a ambos lados del charco. “Dada la fortaleza de
nuestras empresas en el sector de la construcción y las concesiones, un
objetivo esencial es lograr una mejora sustancial en el acceso recíproco
a las compras públicas a todos los niveles de gobierno”, reza el
documento. Efectivamente, grandes empresas como ACS, Sacyr o Acciona se
beneficiarían de la eliminación de políticas que dan prioridad a
empresas locales, como el “Buy America”. Por supuesto, lo mismo valdría
para las multinacionales norteamericanas en el mercado europeo.
“Este gobierno es muy pro EEUU y muy pro comercio libre”, comenta
Fernando Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano en Madrid,
“pero también quiere ser un aliado fiel de la Alemania de Merkel y no le
pondría problemas sobre la mesa”. Rico, de Ecologistas, cree que “Rajoy
no quiere debates sobre este tema en lo que queda de legislatura”. Para
evitar que en la sociedad española se discuta sobre las ventajas e
inconvenientes del tratado, el PP ha contado con la complicidad del PSOE
y otros partidos, al menos hasta ahora. En mayo pasado, el
Congreso de los Diputados rechazó una moción presentada por Izquierda
Plural para que hubiese un referéndum sobre el texto final del TTIP en
España, con los votos de PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV.
Precisamente, la participación de los ciudadanos y las instituciones
democráticas en la eventual ratificación del TTIP es otro frente de
batalla. La idea original de la Comisión era que bastara con la
aprobación por el Consejo Europeo, el máximo órgano de la UE donde se
sientan los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros, y
del Parlamento Europeo. Este plan se basa en el concepto de que se trata
de un acuerdo puramente comercial, y la UE ha asumido competencia
exclusiva en esta materia. Sin embargo, muchos juristas y políticos consideran que finalmente saldrá un “acuerdo mixto”.
Es decir, que contendrá aspectos que entran en el ámbito de
competencias de los Estados y, por ende, deberá ser aprobado también por
las autoridades nacionales. En algunos países como Irlanda eso
acarrearía automáticamente un referéndum. En otros también se plantea
esta posibilidad.
La rebeldía de la Eurocámara
El antecesor de Malmström, el belga Karel De Gucht, maniobró el año
pasado para evitar que el TTIP necesitara pasar por un largo, espinoso e
incierto proceso de ratificación en los 28 países de la Unión. En
opinión de los críticos, la comisaria sueca no ha abandonado esta idea.
Pero lo tiene difícil. El ministro de Justicia alemán, Maas, y otros
dirigentes europeos, insisten en que cualquier acuerdo debe contar con
la aprobación de los parlamentos nacionales. “Necesitamos una
legitimación democrática amplia”, dijo. Pero incluso si la
Comisión se sale con la suya, y el TTIP sólo fuera votado en el
Parlamento Europeo, no tiene asegurado el visto bueno. La Eurocámara ha
empezado a dar muestras de rebeldía. En julio de 2012, el
Parlamento rechazó el acuerdo multilateral contra la falsificación
(ACTA) que habían negociado la Comisión, EEUU y otros países como
Australia, prácticamente con la misma opacidad que el TTIP. El tratado
que pretendía combatir la piratería planteaba grandes dudas acerca de la
protección de datos de los usuarios. Este asunto ahora vuelve a estar
sobre la mesa a través del TTIP.
Los defensores del tratado, con Malmström al frente, han comprendido ahora que necesitan ganar la batalla de la opinión pública.
En Bruselas creen que fue un error dejar el campo libre a los
detractores que han podido desarrollar sus campañas sin contestación.
Para convencer a los ciudadanos de los beneficios de crear un área común
con EEUU, además del supuesto impacto económico positivo, se recurre a
argumentos geoestratégicos. Merkel aprovechó la asistencia a la cumbre
del G-20 en Australia en noviembre para dar un espaldarazo al TTIP y
pedir que se aceleren las negociaciones. “Un viaje a esta región nos
enseña que el mundo no se queda esperándonos”, afirmó la canciller.
“Debemos tener cuidado para no quedarnos detrás”. Según esta
argumentación, si Europa y EEUU consiguen ponerse de acuerdo podrán
marcar los estándares y normas para el resto del mundo. De lo contrario,
serán las naciones emergentes, con China a la cabeza, las que marcarán
las reglas de juego.
La
canciller alemana Angela Merkel y el presidente de EEUU, Barack Obama,
durante la cumbre del G-20 en Australia el año pasado. BUNDESREGIERUNG
Los defensores del TTIP en Europa alegan que, si fracasan las
negociaciones, EEUU miraría hacía el otro lado, hacia Asia. El proceso
paralelo para crear un gran área de libre comercio del Pacífico, el TPP,
está mucho más avanzado. Este argumento no convence a todos. “Los
americanos que quieren comprar un BMW o un Mercedes seguirían
haciéndolo. Seguro que no se comprarían un coche chino sólo porque
exista un acuerdo de libre comercio entre EEUU y China”, afirmó el
diputado socialdemócrata alemán Sascha Raabe a Der Spiegel.
En una economía globalizada, los países industrializados, con altos
estándares medioambientales y derechos laborales, compiten con otros en
el mundo en desarrollo, donde las condiciones laborales son a menudo
penosas y el respeto a la naturaleza deja mucho que desear. Estos
defectos son el precio que pagan países como China, Bangladesh o India
para atraer la inversión extranjera que les permite superar el
subdesarrollo. “Si en Europa estamos tan orgullosos de nuestros
logros en derechos laborales, derechos humanos y protección del medio
ambiente, deberíamos tener interés en que otros nos sigan. Y qué mejor manera que empezar por el primo norteamericano”, opina Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano.
También en Washington son muy conscientes de la función
geoestratégica del TTIP, que va más allá de lo puramente económico. “El
comercio es la expresión de nuestro liderazgo diplomático y estratégico
en el mundo. El país más fuerte que existe hoy en el mundo aprovecha el
comercio, junto con medios diplomáticos y militares convencionales, para
conseguir sus principales objetivos estratégicos”, dijo el
subsecretario de Estado para el Comercio de EEUU, Stefan M. Selig, en
una conferencia en Washington en noviembre.
Al igual que en Europa, al otro lado también está creciendo el
rechazo al TTIP en la sociedad civil y en la política. La campaña
europea se coordina con organizaciones estadounidenses que movilizan la
calle, como Public Citizen. Los argumentos se parecen. Muchos
ciudadanos norteamericanos también temen que el acuerdo de libre
comercio abra la puerta para que las multinacionales europeas se
aprovechen del mercado en detrimento de las medianas empresas locales.
Lo que más preocupa es la posible desregulación de los servicios
financieros. En este aspecto, es EEUU quien tiene reglas mucho más
estrictas que la UE. Tras la crisis financiera, que originó en Wall
Street, la administración Obama ha ido mucho más allá en limitar los
poderes de los grandes bancos para la especulación que provocó el
colapso. Nuevas leyes, como el acta Dodd-Frank, han introducido una
regulación más rigurosa que en Europa. Lógicamente, las instituciones
financieras de Wall Street ahora ven en el TTIP una gran oportunidad
para librarse de estas ataduras si ambas partes se ponen de acuerdo
sobre la base de las normas europeas, mucho más laxas. Los bancos de
este lado del Atlántico, obviamente, tampoco quieren que con el tratado
se introduzcan las reformas de Obama en el Viejo Continente. No cuesta
mucho imaginarse la presión del lobby combinado del sector financiero de
ambos bloques sobre los negociadores.
En el Capitolio de Washington se está movilizando la resistencia al
TTIP. La senadora por Massachusetts, Elisabeth Warren, del ala
progresista de los demócratas, lidera las voces críticas en el Congreso.
Junto con otros parlamentarios, tanto senadores como de la Cámara de
Representantes, ha enviado varias cartas a la Casa Blanca para advertir
del peligro de rebajar la regulación financiera de Wall Street. En este
sentido, también están en contra de que el tratado incluya la cláusula
ISDS para los mecanismos de arbitraje. Temen que bancos europeos
podrían demandar a Washington por los daños que provocan las reformas
de Obama en los balances de sus sucursales en Nueva York.
“Incluir estas cláusulas en el TTIP podría exponer a los contribuyentes
americanos a pérdidas de miles de millones de dólares y disuadir al
Gobierno de introducir normas financieras que afecten a bancos
extranjeros. La consecuencia sería quitarle a nuestros reguladores los
medios para prevenir la próxima crisis”, reza una carta al Departamento
de Comercio, firmada por Warren, a la que algunos observadores barajan
como candidata presidencial de los demócratas, y otros parlamentarios.
Como suele ocurrir en el sistema político estadounidense, donde la
representación es directa y los senadores y diputados a menudo se debe
más a los votantes en sus Estados que a la disciplina de partido, la
oposición al ISDS y otros aspectos del TTIP reúne a demócratas
progresistas como Warren y a algunos republicanos, aunque la mayoría de
la oposición conservadora, muy pro comercio libre, está en línea con
Obama respecto a este asunto. No sorprende, pues, que los negociadores
europeos y estadounidenses hayan excluido los dos temas más
controvertidos, el ISDS y los servicios financieros, de las próximas
rondas y que las dejen para el final.
Las elecciones de mayo
Con tantos frentes abiertos como le han salido al TTIP en los últimos
meses, no sorprende que el proceso negociador esté estancado. “No creo
que haya nada acordado todavía”, comenta Steinberg, del Instituto
Elcano. Incluso el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria,
el lituano Vytenis Andriukaitis, admitió a principios de año que las
conversaciones apenas avanzan, mientras Bruselas y los líderes europeos
buscan la fórmula para superar las diferencias sobre la eventual
ratificación del tratado y su legitimación democrática. “Debemos tomar
en serio las preocupaciones de la gente”, dijo Andriukaitis. El
plan original era cerrar un pacto a finales de 2014. Ahora el objetivo
es llegar a algún tipo de acuerdo a finales de este año. El
tiempo corre en contra de los funcionarios de Washington y Bruselas,
porque se da por hecho que en 2016 se paralizará todo por la larga
campaña de las elecciones presidenciales en EEUU, en noviembre de ese
año. Todo el mundo, también los negociadores del TTIP, estarán entonces a
la espera de saber quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
“Intentarán pactar un acuerdo de mínimos para poder seguir negociando
más adelante”, afirma Steinberg. De lo contrario, el plan de crear un
área de libre comercio transatlántico estaría muerto, por lo menos
durante una generación.
Los detractores del tratado han cogido confianza. Ahora quieren
acelerar y ampliar la campaña para que el TTIP acabe en el desguace.
Para el próximo 18 de abril se están organizando grandes manifestaciones
y otros actos a ambos lados del Atlántico con motivo del Día
Internacional de la Lucha Campesina. El activista Rico es optimista y
cree que el debate sobre el tratado finalmente también llegará a ocupar
el lugar que se merece en la agenda pública en España. “Hay un trabajo
muy activo de los movimientos y colectivos que están en esto”, afirma
este ecologista. “Decimos a la gente que no hace falta cambiar su lucha.
Si estás en la Marea Verde, por ejemplo, sigue allí, pero habla del
TTIP en tus manifestaciones ya que tendría un impacto importante en la
educación pública”, añade. Los organizadores de la campaña
contra el tratado ven una gran oportunidad en las elecciones municipales
y autonómicas de mayo para meter el asunto en la agenda.
Porque muchos aspectos del tratado afectan directamente a los
ayuntamientos, como la pretendida liberalización de los concursos de
prestaciones y servicios públicos. “Ahora mismo es posible parar el
TTIP”, asegura Rico. Pararlo o no, sería un logro importante si los
dirigentes políticos cumpliesen su palabra y realmente escucharan lo que
los ciudadanos europeos opinan sobre el pollo de clorina.
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