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lunes, 24 de agosto de 2020

#LaTertulia: La lucha por los derechos de las mujeres en Cuba y el mundo (video) por La pupila insomne

#LaTertulia: La lucha por los derechos de las mujeres en Cuba y el mundo (video)

por La pupila insomne
La lucha por los derechos de la mujer en Cuba y en el mundo fue el tema de “La Tertulia”, espacio virtual de debate de la Unión de Periodistas de Cuba, este jueves 20 de agosto.
A propósito del 60 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, participaron Mariela Castro Espín, Doctora en Sociología, Diputada y Directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba; Karima Oliva Bello, Doctora en Psicología y Profesora de la Universidad Veracruzana; y la Jurista y Doctora en Ciencias Yamila González Ferrer, Vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Presupuestos Los Presupuestos de la reconstrucción, libres de las ataduras de la austeridad y del 135 de la Constitución

Presupuestos Los Presupuestos de la reconstrucción, libres de las ataduras de la austeridad y del 135 de la Constitución

El 1 de enero entró en vigor la reforma que convierte el exceso de déficit y deuda en inconstitucionales. Sin embargo, el hecho de que la UE haya suspendido las reglas fiscales a raíz del coronavirus y la salida de España en 2019 del procedimiento de déficit excesivo provocan que el 135 de la Constitución no afecte a las próximas cuentas.


En agosto de 2011 el Gobierno de Zapatero, de la mano del PP, llevó a cabo una reforma exprés de la Constitución (la segunda en la historia de la Carta Magna) con el objetivo de convertir el endeudamiento excesivo en un precepto inconstitucional. En un momento de desconfianza y tensión de los mercados, los dos principales partidos buscaron dar una respuesta rápida para tranquilizar a los inversores adoptando un "freno de emergencia" y llevándolo, nada más y nada menos, que a la ley que está por encima de todas las leyes.
El artículo 135.2 dice expresamente que "el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros". Aunque la reforma se llevó a cabo en 2011 (y fue desarrollada en 2012 por una ley de estabilidad presupuestaria), para su entrada en vigor se dio un margen de nueve años.
Es decir, el artículo 135.2 de la Carta Magna no fue de aplicación hasta el 1 de enero de este año. Paradójicamente, esta situación provoca que el primer Gobierno que tendría que atenerse constitucionalmente a los límites fijados por la Unión Europea en sus Presupuestos es el de coalición, con un Unidas Podemos que desde su irrupción ha defendido la supresión de este artículo y un desarrollo legislativo para que se priorice la inversión en servicios públicos, y no en el denominado pago de la deuda.
Además, la primera aplicación de este precepto tendría lugar en los denominados Presupuestos para la reconstrucción, unas cuentas que el Ejecutivo quiere llevar al Congreso después del verano y que deberán servir para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria del coronavirus.
Si los PGE salieran adelante pero grupos como el PP o Vox decidieran interponer un recurso de inconstitucionalidad por sobrepasar el déficit estructural marcado por Bruselas (para lo que se necesitan 50 diputados, algo que ambos partidos tienen), podrían tumbar las cuentas y complicar mucho la viabilidad del proyecto económico del Gobierno.
Sin embargo, en esta ocasión el proyecto presupuestario de la reconstrucción se librará de las ataduras de la austeridad recogidas en la Constitución. Esto es así, explican fuentes del Ministerio de Hacienda, por dos motivos. El primero, y principal, es que la Unión Europea ha suspendido sus reglas fiscales para dar un balón de oxígeno a los Estados miembro en plena emergencia de la covid-19.
A finales de marzo la Comisión Europea propuso la activación de una cláusula para suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad, abriendo la puerta a que los diferentes Gobiernos pudieran elevar su gasto público para prevenir la extensión del coronavirus y paliar sus consecuencias económicas (una medida que Bruselas baraja extender hasta 2022). Con esta medida ya no resultaría de aplicación el 135.2, ya que obliga a cumplir las restricciones fijadas por Bruselas, pero en esta ocasión no habrá restricciones.

La prórroga que sigue a la salida de un déficit excesivo

Aunque la suspensión de las reglas fiscales ya libra a España de cumplir constitucionalmente con el déficit en sus cuentas, existe otro motivo. En 2009 el país entró en el denominado procedimiento de déficit excesivo, un régimen de "vigilancia" que impone la Unión Europea cuando un Estado se desvía de los objetivos de déficit y de deuda (la legislación europea recoge que un país no podrá superar un 3% de déficit estructural y un 60% de deuda del PIB, respectivamente).
España estuvo bajo este régimen durante una década, hasta que en junio de 2019 la Comisión Europea pidió cerrar el procedimiento de déficit excesivo, tras comprobar que en 2018 se había podido llevar el déficit estructural por debajo del 3% marcado (ese año se cerró con un déficit del 2,5% del PIB). El Reglamento de la Comisión europea 1467/97 recoge que tras salir de un procedimiento de déficit excesivo se abre un "periodo transitorio" de tres años para la aplicación de los objetivos de deuda.
Esto quiere decir que, tras salir del régimen de vigilancia el pasado año, España no vería aplicados los objetivos marcados por Bruselas hasta después del 31 de diciembre de 2021, una vez se hubiera superado el periodo transitorio de tres años que establece la legislación europea.
Estos dos elementos (la suspensión de las reglas fiscales y el periodo transitorio que sigue al procedimiento de déficit excesivo) permitirán que los Presupuestos de la reconstrucción no se vean sometidos al artículo 135 de la Constitución, en un momento en el que las previsiones de Europa arrojan un 5,6% de déficit estructural español en 2020 y un 5,2% en 2021, claramente por encima del 3% fijado.

lunes, 1 de junio de 2020

Hail, estúpidos


David Torres
La democracia es el sistema mediante el cual el pueblo español elige libremente a sus representantes del PP. Esta sucinta definición del poeta Álvaro Muñoz Robledano ha quedado obsoleta en los últimos tiempos, desde que el electorado también tiene la facultad de escoger además entre Vox y Ciudadanos. Tampoco es que haya mucha diferencia, ya que la inmensa mayoría de los líderes, de sus principios y de su ideario también provienen del PP, al menos desde Atapuerca. En España todo lo que se salga de esta amplia línea de consenso en torno al extremo centro se considera una peligrosa desviación del mecanismo democrático: comunismo, anarquismo, conjuras judeo-masónicas, homosexualidad, terrorismo islamista, hambre, miseria, Venezuela y, en definitiva, ETA.
Desde esta perspectiva tan democrática se entiende el cabreo de Iván Espinosa de los Monteros cuando Pablo Iglesias le dijo que lo que Vox pretendía era dar un golpe de estado, aunque de momento no se atrevieran a llevarlo a cabo. ¿Cómo se le ocurriría al vicepresidente decir semejante barbaridad si los únicos que pueden soltar esas burradas son los marqueses de la derecha? Expectorados una y otra vez desde el partido verde moco, los reclamos a una intervención del ejército, a la formación de un comité de emergencia nacional y a la desobediencia contra un gobierno ilegítimo y criminal, no deben ser entendidos como una vulneración del orden constitucional y de la legislación vigente, sino como una restauración del orden natural de las cosas. Legítimos son ellos, no lo que digan las urnas.
En efecto, la crispación que recorre de arriba abajo el espectro político responde única y exclusivamente al empeño de la izquierda por no resignarse a su papel de comparsa y dedicarse a aprobar medidas bolivarianas, como el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Es un escándalo que la gente que no tiene ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca se dedique ahora a tumbarse a la bartola y disfrutar de un sueldo Nescafé sin dar un palo al agua, en lugar de morirse de hambre, como es obligación de los españoles pobres desde que el mundo es mundo. Poco importa que unos veinte países europeos ya tuvieran aprobada una renta mínima vital para los más desfavorecidos, el último de ellos, Italia, cuyo monto, 750 euros mensuales, casi duplica la española. Como anunciaba el famoso eslogan de Fraga, Spain is different, y aquí el dinero público se usa para rescatar bancos, salvar cajas de ahorros, privatizar hospitales o desprivatizar autopistas, no para que las familias hambrientas puedan salir adelante. O como dijo Andrea Fabra de los recortes a los parados: que se jodan.
Puesto que la democracia española es una máquina engrasada siempre hacia la derecha, resulta lógico que Pablo Casado se atreva a decir en público que se cumplen dos años desde que los suyos perdieron el poder por culpa de una injusta moción de censura, igualando las alianzas entre partidos democráticos a los tanques por las calles y los tricornios en mitad del hemiciclo. En esta nietzscheana transvaloración de todos los valores en que vivimos desde que a los ciudadanos les da por votar mal (varias veces seguidas, por si fuera poco), lo normal es que, desde la tribuna de oradores del congreso, una diputada del PP acuse de terrorista al padre del vicepresidente del gobierno por el delito de combatir la dictadura franquista repartiendo octavillas. En cualquier otro país de Europa ese hombre sería un héroe antifascista y un luchador por la libertad, pero en España los héroes son los torturadores con placa y las bestias al estilo de Billy el Niño: por eso les damos medallas a manos llenas.
Menos mal que Trump ha salido en tromba a defender la nueva anormalidad y condenar el antifascismo como organización terrorista, algo lógico al fin y al cabo en un país donde el Ku Klux Klan marca tendencias en moda, peluquería y artillería mental. Con un montón de ciudades sacudidas por las mayores protestas raciales y sociales de las últimas décadas, sólo al dibujo animado sentado en la Casa Blanca se le ocurriría echar gasolina a las llamas provocadas por el infame asesinato de George Floyd. Al otro lado del charco, otro incendiario profesional, Santiago Abascal, aplaude con entusiasmo este tardío alineamiento con Hitler, Franco y Mussolini antes de hacer el pino. Da un poco de vergüenza recordar que precisamente fue el antifascismo, en todas sus versiones y en todos los frentes, lo que detuvo a la mayor plaga de la humanidad en Normandía, Stalingrado, El Alamein, Okinawa y Berlín. Excepto en España, claro, porque Spain is different. No es sólo que no vayamos a salir mejores: es que vamos a retroceder a los Acuerdos de Munich y a la caída de Madrid. Hail, estúpidos.

Tenre el Gobierno pero no el PODER


Tener el Gobierno pero no el poder por Esther Palomera. 30-5-2020.

El Ejecutivo asume que se enfrenta a la resistencia de sectores conservadores del Estado y que las cúpulas del poder judicial, las fuerzas de seguridad y la patronal se han sumado "a la campaña de acoso y derribo de las derechas"

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias guardan un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19 en el Congreso.
Esto va de poder y no de gobierno. De resistencia y no de cambio. De miedo a perder el poder. De mantener el control. De ámbitos no demasiado evidentes del Estado. De sectores con una enorme capacidad para hacer valer sus intereses gobierne quien gobierne. Y de los riesgos de que todo impulso transformador acabe en un ejercicio de melancolía.
Está pasando. Un Gobierno de izquierdas que gobierna con sesgos heredados y que cuando intenta cambiar algunas realidades se enfrenta al ruido. Mucho ruido. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Justicia, en los medios de comunicación, en las organizaciones empresariales... Y entonces se producen los movimientos entre aquellos sectores consolidados y mayoritariamente conservadores que se sienten amenazados. Pasó cuando el 15M saltó de las plazas al Parlamento e irrumpió en la escena política. El entonces presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, propuso crear "una especie de Podemos de derechas" orientado a la iniciativa privada y al desarrollo económico. "Empieza a ser el momento de decir 'basta ya' de regulación", sentenció. Y así fue como se construyó el fallido proyecto de Ciudadanos y se aupó a Albert Rivera, jubilado de la primera línea política a los 40 años.
Hoy, con Unidas Podemos en el Gobierno, la amenaza es incluso mayor para la derecha que conserva el poder en algunos ámbitos del Estado. Y es en ese contexto en el que tanto Podemos como los socialistas se consideran "víctimas de una campaña de acoso y derribo desde distintos frentes (económico, judicial, policial y mediático)".
Todo, pese a que un Gobierno progresista y de izquierdas como el que preside Sánchez gobierna aún hoy con un marco laboral que aprobó la derecha, con una mayoría conservadora en el Poder Judicial, caducado y sin renovar, que viene de la época de Mariano Rajoy, y con unos presupuestos heredados del PP cuando todavía estaba al frente de Hacienda Cristóbal Montoro. Aún así a cada intento por cambiar los marcos establecidos "nos encontramos con una implacable resistencia al cambio", lamentan fuentes socialistas. Ese es el fondo oculto. Lo que se escucha, sin embargo, es el atronador ruido construido artificialmente en torno a un gobierno "populista y bolivariano" que persigue a los empresarios, penaliza a las rentas altas, quiere acabar con la separación de poderes y hasta con la propiedad privada.
En la crisis de 2008 fueron los "mercados" y su maléfica influencia los que marcaron la senda de todas las decisiones hasta tomar la delantera a los gobiernos. Incluso el hombre más poderoso del planeta entonces Barack Obama, llegó a decir en una reunión del G-20 sobre ellos: "Éste es el mundo que hemos construido y que hay que cambiar, pero hoy por hoy nuestro margen de maniobra es reducido".
Bajo esa tesis el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló 'El dilema', un libro en el que tras su salida de La Moncloa explicó, justificó y relató su vivencia de la debacle económica que se llevó por delante a su Gobierno e inauguró toda una era de recortes que dejó el Estado del Bienestar en una desarbolada tesitura, y al partido que había gobernado España más de dos décadas en sus peores resultados.
Hoy el origen de la crisis no está en los bancos ni en las hipotecas basura ni en un endeudamiento privado desorbitado, sino en un virus. Y quienes mueven los hilos para salvaguardar los intereses de unos pocos y mantener el statu quo no son los mercados, sino "las cúpulas policiales, un sector de la judicatura y los directivos de algunas empresas", añaden desde la formación morada.
Lo que ha pasado esta semana en la cúpula de la Guardia Civil es sólo un ejemplo. Más allá de la torpeza o la inoportunidad de las decisiones del ministro del Interior al abrir un cisma en plena crisis sanitaria al destituir a buena parte de la cúpula de la benemérita, desde La Moncloa creen que lo vivido es un pulso de algunos mandos, vinculados a la derecha y la ultraderecha, que "han decidido sumarse, como otros sectores como la justicia, el empresariado o la Policía, a la campaña de acoso y derribo" contra el Ejecutivo. Tres ámbitos dominados claramente por la derecha política y económica y en los que supuestamente habría prendido el discurso más reaccionario de los de Santiago Abascal asumido ya como propio también por algunos dirigentes del PP.
La reunión de Pablo Casado con las principales asociaciones del cuerpo tras la crisis abierta por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos –de cuya comandancia salió el informe a la juez que investiga la celebración del 8M– se ha leído en Moncloa como un suma y sigue a lo que entendieron en días pasados como un llamamiento de Teodoro García Egea a la insumisión del cuerpo. El número dos del PP había comparado la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil con la actuación del Duque de Ahumada (el fundador del cuerpo) cuando se negó a cumplir una "orden injusta" del general Narváez. "Más de un siglo después, el señor Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su Gobierno: ha preferido irse que tomar una orden injusta", afirmó tras avisar al gabinete de Pedro Sánchez de que, si Luis Roldán no logró "acabar con la Guardia Civil", tampoco lo hará su Gobierno.
El cisma en la cúpula de la Guardia Civil no es solo el resultado de una investigación, sino un glosario de conclusiones políticas que sentencian que la manifestación del 8M nunca debió permitirse. Y hay que contextualizarlo en la investigación abierta por la jueza Carmen Rodríguez Medel, que instruye una causa por la que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha sido imputado por prevaricación al haber autorizado la manifestación del 8-M, con un un informe en el que la Abogacía del Estado ve un "claro sesgo acusatorio". El documento, construido como adelantó eldiario.es, a base de errores, bulos y mentiras, concluye que el Gobierno "conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus" y ampara la atribución de delitos al Ejecutivo de Sánchez.
Esto, junto a la pasividad de algunos mandos policiales ante las manifestaciones contra el Gobierno en el barrio de Salamanca y los escraches ante las viviendas de algunos ministros, además la agresividad que desprenden algunos foros internos del cuerpo lleva a algunos dirigentes del PSOE a concluir que hay "una mimetización" de las Fuerzas de Seguridad del Estado con el discurso más extremista de Vox.
La imbricación de buena parte del sistema judicial con la derecha española tampoco escapa del análisis del Gobierno, que recuerda que el PP mantiene artificialmente la mayoría absoluta que perdió en las urnas en el Poder Judicial y que, desde tiempos de Federico Trillo, ha utilizado siempre para judicializar buena parte de la política. Cuando ha sido oposición, para impulsar causas contra el Gobierno, y cuando ha sido Gobierno, para entorpecer investigaciones que afectaban a sus siglas. 
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que decide todos los cargos más relevantes en la justicia. Nombra a todos los jueces del Supremo, a los de los Tribunales Superiores de Justicia, a los presidentes de las audiencias provinciales y al presidente de la Audiencia Nacional y todas sus salas. Los ascensos de la carrera están entre sus atribuciones y es un poder donde el PP mantiene aún hoy la mayoría absoluta que perdió en las elecciones, lo que no es baladí en un momento en el que la derecha ha decidido judicializar buena parte de la gestión del Gobierno sobre la crisis del COVID-19.
Y en el mismo contexto se enmarca la reacción de las organizaciones empresariales a la derogación de la reforma laboral que aprobó el PP. Más allá de las formas en que el PSOE negoció el acuerdo con Bildu, lo que subyace tras la reacción de los empresarios, a juicio de un ministro, es el temor a que cambie un marco laboral "que antepuso sus intereses a los de los trabajadores cuyos derechos fueron seriamente lesionados" con la reforma impuesta por la popular Fátima Báñez en la crisis del 2008. E ídem con la propuesta de Iglesias de crear un impuesto a las rentas altas o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, una vieja reivindicación de la izquierda que iba en el programa del Gobierno de coalición y cuyos plazos ha decidido acelerar el Ejecutivo ante las consecuencias sociales que ya se derivan de la pandemia y en medio de la mofa, cuando no el ataque directo, de la derecha más radical.
Con estos mimbres, un veterano socialista, que no pone paños calientes ni a la bisoñez del Gabinete Sánchez ni a los errores cometidos durante la pandemia, concluye que la derecha siempre creyó tener el monopolio del poder y que cuando lo ve amenazado "incita al odio social y desata las pasiones más innobles" hasta crear en el ambiente político, pero también en el social, "un clima de crispación que fomenta el odio y la aversión". Y de todo ello la consecuencia es el deterioro de las instituciones, pero también de la convivencia. La causa: la diferencia entre tener el gobierno y el poder y una derecha que se subleva ante cualquier cambio que suponga alterar el statu quo en los estamentos menos visibles del Estado. Así está el terreno de juego.

domingo, 2 de febrero de 2020

Elecciones en Estados Unidos: Mas acerca de los principales aspirantes presidenciales demócratas. Por Fernando García Bielsa por La pupila insomne

A primera vista, cualquier director de campaña vería con alegría tener un rival que como Donald Trump está sumido en permanente desconcierto e inestabilidad, sujeto a múltiples críticas, ataques, y a burlas de todo tipo y  quien, por el rechazo que genera, tendría el potencial de sacar de su apatía y motivar la movilización de las bases de sus opositores demócratas.  El campo estaría sembrado para que alguien lo coseche en las elecciones del 2020. La cuestión es quién.
Actualmente una docena de figuras se mantienen en campaña para obtener la nominación como candidato por el Partido Demócrata, pero hay cuatro o quizás cinco de ellos que tienen mayores posibilidades y respaldos: Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar
Joseph Biden, de 76 años de edad, es un político típico del establishment, de larga carrera en la capital del país y quien fungió como vicepresidente durante los 8 años del mandato de Barack Obama. Ahora se presenta como un “moderado”, pero sus cuatro décadas en Washington lo hacen fácilmente identificable como parte de la estructura de poder e integrante de la denostada elite de la capital. Asimismo sus muchas posiciones impopulares y pro oligárquicas adoptadas en el pasado, algunas medio olvidadas por las mayorías, podrían seguir saliendo a la palestra durante esta campaña presidencial.
Biden ha sido criticado por su papel facilitador desde la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para la agresión a Iraq en tiempos del republicano W Bush, y también por actuaciones censurables cuando fungió como presidente del Comité Judicial, y ha sido acusado por varias ex colaboradoras de haberse propasado irrespetuosamente con ellas.
Tampoco está claro cuánto de cierto hay en que habría intercedido en favor de su hijo cuando la empresa ucraniana donde hacia negocios estaba siendo investigada, un tema que no ha quedado del todo silenciado durante el actual proceso de impeachment contra Trump.
El ex vicepresidente tiene el respaldo de la maquinaria del partido y de los sectores financieros, y con ello una cobertura bastante favorable desde los medios de difusión, donde los puntos flacos de su trayectoria son opacados.
Elizabeth Warren, de 69 años, ex profesora universitaria y senadora demócrata por Massachusetts desde 2013, es una aspirante con buenas posibilidades. Ha prometido combatir un sistema económico manipulado en favor de los ricos. Ha montado su campaña en la presentación de una serie de bien formuladas y concretas propuestas programáticas, muchas de ellas enfocadas en restringir abusos y mecanismos manipuladores por parte de Wall Street y otros. Por ello es presentada como de filiación en la izquierda del partido, aunque en etapas tempranas de su carrera politica habría tenido simpatías por los republicanos.
Bernie Sanders, de 78 años, ex representante en la Cámara durante 16 años antes de ser electo senador independiente por el pequeño estado norteño de Vermont. Con un currículo de vida y activismo junto a los sectores progresistas, se colocó como uno de los políticos de mayor atractivo luego de una sorprendente campaña durante las pasadas elecciones presidenciales en 2015-2016.
Entonces, como ahora, Sanders enfrentó la hostilidad de la maquinaria del partido a pesar del notable entusiasmo que despierta en las bases y en los jóvenes, y de su potencial para lograr mayor concurrencia a las urnas, lo cual es un elemento de primer orden en la determinación de un resultado electoral que favorezca a los demócratas. Sanders cuenta con una robusta red de pequeños donantes y con cuantiosos fondos para seguir adelante. Los grandes medios tratan de alimentar la impresión de que su momento ha pasado.
Pete Buttigied, ex alcalde de South Bend, Indiana, quien con 37 años es el más joven de los aspirantes demócratas, despliega con un discurso lleno de generalidades retoricas, pero bastante efectivo, donde enfatiza ser portador de nuevas soluciones como parte de una nueva generación de políticos. Es asimismo un autodeclarado homosexual.
Buttigieg es toda una incógnita. Mientras alguien ha señalado que este político se crió en una familia de simpatías socialistas, lo cierto es que está recibiendo cuantiosos fondos de donantes millonarios. Hace unas semanas la revista Forbes  reportaba que 39 multimillonarios habían hecho donativos a su campaña lo que muestra un sello de aprobación por parte de la elite.
Después de ese cuarteto de favoritos podría mencionarse la senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, estado del Medio Oeste fronterizo con Iowa, donde tendrá lugar la primera votación interna demócrata. En su mensaje la senadora se presenta como representante del “corazón” del país y de extensas zonas rurales muy golpeadas por la globalización neoliberal. Ella espera que triunfar en Iowa la posicionará competitivamente en la campaña.  Klobuchar ejerció como fiscal y abogada corporativa. Ha habido menciones de vínculos de Klobuchar con los Clinton.
Por último, ya en etapa tardía, se ha lanzado al ruedo el multimillonario Mike Bloomberg, ex alcalde de Nueva York y poseedor de una de las más grandes fortunas del país, quién abiertamente trata de “comprarse” la presidencia.  Es una figura de poco carisma y sin una base real en el partido, y que no parecería ser un candidato viable salvo por su disposición a inundar la campaña con el más extenso y costoso despliegue de anuncios pagados durante unas elecciones primarias.
Intentos de manipulación por la maquinaria del Partido Democrata.
El reflejo de la declinación del país y del negativo impacto acumulado de políticas neoliberales en las últimas décadas, se reflejan en un extendido desencanto, frustración y rechazo a las elites por parte de grandes mayorías, de modo que las posiciones de Warren y de Sanders reciben bastante respaldo. Acorde con ello, el grueso de los demás aspirantes demócratas ha acomodado su discurso a una tónica populista, aunque con escaso éxito.
Como trasfondo, desde un primer momento, se ha hecho evidente el temor que la figura y posicionamiento de Sanders genera en sectores establecidos y en la maquinaria demócrata. 
La estructura nacional y la maquinaria electoral del Partido Demócrata están controladas desde hace más de dos décadas por una camarilla neoliberal en la que sobresalen, y se reparten cuotas de poder, los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama, la esposa del primero, Hillary, y otros politicos con vínculos privilegiados en Wall Street y el mundo empresarial.
En consecuencia el liderazgo de ese partido generalmente predica la moderación y el pragmatismo, lo que dicen resultaría atractivo a los sectores de centro tanto de ese partido como votantes republicanos escépticos respecto a Trump. Es casi el mismo enfoque que los llevó en las pasadas elecciones a forzar la nominación de Hillary Clinton que condujo a su espectacular fracaso.
Por tanto, parte fundamental del trasfondo y los rejuegos de la campaña electoral 2020 han sido los esfuerzos desplegados por el Partido para contrarrestar a Sanders, y en alguna medida a Warren, a quienes presentan como demasiado a la izquierda, a la vez que han tratado de promover otros candidatos más afines al sistema.
La dinámica entre los dos principales candidatos del ala progresista
Warren y Sanders  cuentan con la mayor energía en las bases sociales, están entre los que despiertan mayor entusiasmo y enarbolan muchas de las ideas y posiciones más críticas acerca de la actual realidad estadounidense, y sobre la necesidad de cambios sustantivos.  Son asimismo quienes han logrado montar una recaudación millonaria de fondos basada en masivas pero pequeñas donaciones por millones de ciudadanos comunes, al tiempo que rechazan las grandes donaciones corporativas.
Ante las indudables posibilidades que tienen ambos se produce una lógica y latente porfía entre ellos para hacerse con el respaldo de los sectores progresistas y de las potenciales mayorías demócratas. Aunque las posiciones más definidamente progresistas son las de Sanders, se ha señalado que los argumentos no son tanto en torno a políticas, sino respecto a estrategias, o sea: quien tiene la capacidad, o cual es la mejor manera de crear una coalición que pueda derrotar a Trump en noviembre, en el Colegio Electoral.
La campaña de Warren se posiciona y presenta a la senadora como la candidata de la unidad, la que podría reagrupar a un partido fracturado, como se evidenció en 2016 y que, a diferencia de Sanders, puede lograr el respaldo de todas las alas o vertientes demócratas.
Ese mensaje de la unidad contrasta con el de Sanders respecto a la posibilidad de ser electo, y de ser el quien tendría la capacidad de movilizar tanto a votantes que dieron respaldo a Trump aquel año, como a los jóvenes y a todos aquellos que prefirieron mantenerse al margen y no votar.
Analistas de izquierda arguyen que la propuesta de Sanders tiene más alcance y relación con anteriores derrotas demócratas: apostar por atraer nuevas masas de gente a la participación electoral. Cambiar tanto la naturaleza del Partido Demócrata, así como derrotar a Trump.
Sera fundamental la definición de la puja de quien prevalece en esa ala progresista y popular del partido, así como entre los candidatos de vocación más tradicional o neoliberales que la maquinaria demócrata viene favoreciendo, y que también podrían llegar con fuerza a la convención de julio. Ello no quedara zanjado en las tempranas primarias en febrero, pero estas seguramente dejaran ver más claramente el panorama electoral de este año.
Fernando M. García Bielsa

jueves, 26 de diciembre de 2019

Franquismo y su monarquía contra la democracia. El obstáculo principal. Manuel Ruiz Robles. Rebelión

Franquismo y su monarquía contra la democracia. El obstáculo principal. 
La llamada Transición, que tras la muerte del dictador en noviembre de 1975 condujo a revalidar la monarquía franquista, no fue ni tan modélica ni tan pacífica como algunos creen. Los desequilibrios fundamentales que cimentaron en falso el régimen del 78 proceden de la reforma de la dictadura, pactada mucho antes de iniciarse el proceso democrático, pues era paso obligado para la adhesión de España a la Comunidad Europea (CE), asunto de vital importancia para la oligarquía terrateniente y financiera que detentaba el poder.
El 15 de junio de 1977 se celebraban las primeras elecciones pretendidamente democráticas. Se legalizaron, a tal efecto, los partidos políticos que asumieron la monarquía y su bandera, incluidos el PSOE y el PCE. No pudieron participar, sin embargo, partidos tales como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se negó a la humillante imposición de tener que pasar por el aro de la monarquía, impuesta por la dictadura.
Aquellas elecciones sesgaron el rumbo de la transición, que no cumplió los requerimientos mínimos para ser considerado un proceso constituyente en libertad, careciendo por tanto de la legitimidad democrática que tuvo la II República española, destruida por el golpe de estado militar, de impronta nacional católica, que derivó en la Guerra de España. Una guerra contra el pueblo español apoyada por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, preludio de la 2ª Guerra Mundial, cuya conflagración causó sufrimiento, muerte y destrucción en proporciones aterradoras, hasta entonces desconocidas. La Transición, una peculiar reforma política dirigida por la dictadura, impuso silencio sobre sus crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, y se auto-amnistió con una ley de punto final.
El discurso del rey Borbón confirma una vez más, en esta noche del 24 de diciembre de 2019, su inútil intento de exculpar los crímenes de la dictadura al hacer hincapié en su peculiar concordia, a base de veladas amenazas de palo y tentetieso. Estamos viendo ejemplos recientes de como sus seguidores entienden la concordia que Su Majestad predica: demoliendo, por orden del muy monárquico consistorio del Ayuntamiento de Madrid, el memorial de los miles de asesinados (1) en el Cementerio del Este durante los primeros años de la dictadura, arrancando las placas con sus nombres (2).
Por otro lado, no puede explicarse racionalmente el porqué al inicio de la llamada Transición se desmantelaron movimientos sociales muy relevantes, como lo era el movimiento vecinal, con el inestimable colaboracionismo de la izquierda oficial, cómodamente instalada en la nueva monarquía parlamentaria. Otro indudable error fue la disolución de la Unión Militar Democrática (UMD), una organización que, en las postrimerías de la dictadura, acompañó, por vías pacíficas y democráticas, al potente movimiento de oposición a la dictadura. Hoy, sin embargo, la Asociación de Militares Españoles, una organización de militares franquistas, subvencionada por el Estado, difunde actitudes abiertamente antidemocráticas, como lo es un manifiesto de numerosos generales, almirantes y coroneles, la mayoría retirados, oponiéndose de forma amenazante a la decisión del Gobierno de España de proceder a la exhumación del dictador.
Una de las contradicciones fundamentales de aquellos años, que aún pervive en el Ejército, fue que los militares demócratas nos disolvimos mansamente mientras los franquistas, que dominaban la totalidad de los resortes del poder militar, se reorganizaron agresivamente. Tuve oportunidad de conocer, como militante de la UMD, algunos claroscuros de nuestra organización, especialmente en el convulso periodo que siguió a su autodisolución formal, unos días después de las elecciones del 15 junio de 1977.
Los compañeros detenidos a finales de julio de 1975, procesados en consejo de guerra, condenados a numerosos años de prisión, finalmente excarcelados, expulsados del ejército y no amnistiados por la indigna la ley de punto final, fueron olvidados por la monarquía. Ninguno de los jóvenes capitanes que llegamos a formar parte de la UMD llegó al generalato o al almirantazgo. Por el contrario, conocidos golpistas monárquicos ascendieron al generalato a lo largo de estos últimos cuarenta años. La opinión pública ha podido constatar recientemente, a través de los medios, que la ideología de la cúpula militar sigue siendo, en una inquietante proporción, de ultraderecha, una ultraderecha rancia y monárquica, extremadamente agresiva.
Nuestro portavoz en el exilio, José Ignacio Domínguez, capitán de reactores, fue condenado en consejo de guerra, expulsado y no amnistiado. Es preciso resaltar que aquel postrer consejo de guerra a la UMD se celebró en diciembre de 1977, es decir cuando el flamante Congreso de los Diputados hacia varios meses que se había constituido, y notables líderes de la oposición a la dictadura habían tomado posesión de sus escaños, entre ellos uno de los fundadores de la UMD, Julio Busquets. También el diputado Carlos Sanjuán, que fue mi responsable directo en aquella organización de militares demócratas.
Uno de los compañeros detenidos en julio de 1975, el capitán Fernando Reinlein, que fue procesado en consejo de guerra, condenado a largos años de prisión, finalmente excarcelado, expulsado y no amnistiado por la “ley de punto final” jugó un papel esencial en la post-UMD.
Fernando coordinaba desde Diario16 los esfuerzos de algunos de nosotros, que seguíamos en la brecha antifranquista desde nuestros destinos en activo. Con su empuje característico consiguió abrir una columna de opinión, en donde publicaba nuestros artículos los lunes, con el fin de contrarrestar la intensa campaña de intoxicación golpista que el amenazante franquismo militar propagaba entre nuestros compañeros de armas.
Algunos de nosotros, como Miguel Bouza, Antonio Maira y yo mismo fuimos represaliados por ello, pues la mayoría de los altos mandos formaban parte de la conspiración franquista que frenó en seco el incipiente desarrollo de la democracia un siniestro 23 de febrero de 1981, desviando el rumbo de la Transición mediante el terror que provocaron los tiros de Tejero en Madrid y los carros blindados de Milans en Valencia.
Muchos años después, desde el Gobierno de España, se reconoció públicamente la dignidad del movimiento de militares progresistas, aunque lamentablemente ese justo reconocimiento llegó tarde. El monarco-franquismo había revalidado su victoria el 23-F mediante una conspiración palaciega, cuyos entresijos siguen siendo secreto de estado.
El odio del generalato franquista a los valores democráticos que simbolizó nuestro compromiso se materializó de forma estridente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El entonces jefe del Ejército, Fulgencio Coll Bucher, se negó a asistir a la ceremonia de condecoración de la UMD presidida por la ministra de defensa Carmen Chacón. Hoy, ese mismo JEME, ya jubilado, que fue protagonista de un desplante inadmisible al Gobierno de España, es portavoz en Palma del partido franquista Vox y hace indudables méritos monárquicos con sus declaraciones incendiarias (3).
En fin, un viejo truco táctico, cuyo fin no es otro que desplazar “manu militari” las coordenadas del “centro político”, proporcionando al rey el margen de maniobra que necesita para bloquear, con el menor desgaste posible para su persona, las legitimas aspiraciones republicanas.
Los pueblos y naciones históricas de nuestra vieja patria sabrán, en este nuevo ciclo que comienza, tener el valor y lucidez suficientes para remover de la vida pública y de las instituciones el obstáculo principal para su Libertad, que no es otro que el franquismo y su monarquía.
Referencias:
  1. Los tres mil asesinados en las tapias del cementerio
  1. Por orden del Ayuntamiento de Madrid arrancan las placas con los nombres de los fusilados en el Cementerio del Este
  1. Un exjefe del Ejército de Tierra y actual portavoz de Vox en Palma pide que Sánchez sea acusado "por traición"
Manuel Ruiz Robles, capitán de navío, colectivo de militares republicanos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

miércoles, 4 de diciembre de 2019

¡ III República Ya !¿Es franquista Felipe de Borbón? Manuel Ruiz Robles Rebelión

Los poderes del rey
Según la Constitución vigente el rey no es solo el Jefe del Estado sino también Jefe de las Fuerzas Armadas, además de ser inviolable, es decir no puede ser investigado ni se le puede atribuir responsabilidad civil o penal alguna, sea cual fuere su circunstancia. Un privilegio insólito que ningún jefe de Estado de la Unión Europea ni del resto del mundo civilizado posee; excepto, claro está, en las dictaduras.
Por lo tanto, la pregunta que ha dado origen al título de este artículo -cuya finalidad es la defensa de nuestro compañero Marco Santos, recientemente represaliado- es pertinente, pues, de no quedar esto meridianamente claro, la comparación con otras monarquías de la Unión Europea sería un burdo engaño, y si esta se llevase a cabo con democracias como la portuguesa o la francesa, resultaría directamente indignante.
Ser demócrata es estar a favor de la República, al menos desde los tiempos de la antigua Grecia. El origen etimológico de la palabra democracia es obvio: el poder del pueblo. Lo que entraña que no han de existir diferencias debidas al origen social o de género de las personas. También implica que todos los cargos y honores han de ser accesibles en función de los méritos y capacidad de las personas.
Durante la monarquía instaurada por el dictador -tras su ratificación mediante la Constitución de 1978, asumida de forma compulsiva por el terror que inspiraba el Ejército de Franco- el rey ejerció el mando supremo de forma extremadamente autoritaria en dos ocasiones:
  1. El 23 de febrero de 1981, como Jefe de las Fuerzas Armadas, vestido de militar.
  2. EL 3 de octubre de 2017, como Jefe del Estado, vestido de civil.
En ambos casos un rey Borbón se arrogó funciones militares y políticas que no le correspondían, al no estar subordinado al Presidente electo, jefe del ejecutivo.
En el primer caso porque el gobierno estaba secuestrado por orden de dos generales monárquicos de su máxima confianza. Y la pregunta que todo el mundo se hace ¿a quién benefició aquel golpe militar fascista y quién fue su inductor?
En el segundo caso, porque en su discurso solemne a la nación se refirió despectivamente, en tono amenazante, a las autoridades de la Generalitat de Catalunya, representantes elegidos democráticamente. Esto pudo inducir a las autoridades del Estado al encarcelamiento provisional, proceso y condena a largos años de prisión a dirigentes y lideres republicanos, legítimamente elegidos por el pueblo catalán, que obviamente no es monárquico.
Además, el rey, unos días antes del 1 de octubre de 2017, en una intervención pública, dijo sibilinamente “la Constitución prevalecerá”, sin precisar contra quién. Esto quedó finalmente aclarado cuando autoridades del gobierno de Su Majestad, henchidos de ardor guerrero, despidieron en las calles a la fuerza armada enviada a Catalunya, desgañitándose con el famoso “a por ellos”.
Lo que sucedió después, aquel 1 de octubre, queda para la historia de la infamia.
El acoso y despido del Cabo Marco
Los marineros experimentados saben que no hay buenos vientos si no se sabe hacia donde se navega. Sin embargo la Transición consistió, básicamente, en una amnesia impuesta y la obligación, bajo la coacción armada del Ejército de Franco, de asumir irresponsablemente un futuro incierto. La travesía que esta democracia inició un 6 de diciembre de 1978 con graves carencias anuncia naufragio.
En efecto, cuarenta años después el resultado es un neofascismo rampante, que se ha configurado como un monarco-franquismo, cerrilmente nostálgico de la dictadura, mucho más amenazante y peligroso que el europeo, por su posición de poder en los aparatos del Estado.
Por si esto fuese poco, constatamos como relevantes líderes políticos han quedado seriamente contaminados, siendo algunos de ellos irreconocibles. Su paso por la Moncloa, bajo la autoridad de un rey Borbón que debe su corona a Franco, les ha marcado profundamente. Esto crea un enorme desasosiego entre el electorado progresista, consciente del peligro que representa para la libertad ese poderoso artefacto de corrupción que algunos llaman, con razón, la monarquía del 18 de julio.
Afortunadamente esta situación no se da en otros países vecinos, como es el caso de la República francesa, en donde la memoria democrática se mantiene muy viva, al contrario que en España, en donde es humillada por parte de generales franquistas y sus partidos afines. Los poderes públicos franceses se apoyan en su memoria democrática, cerrando así el paso al neofascismo que, al menos por ahora, se encuentra aislado.
Es por lo tanto urgente promulgar una nueva Ley de Memoria Histórica que contemple cuanto la legislación de la ONU determina para la defensa de los Derechos Humanos de las victimas y el rescate de la memoria democrática que representan, derogando la ley anterior LMH por ser una aberración jurídica que equipara victimas y victimarios además de no ser efectiva. Es un asunto de la máxima prioridad, no solo por razones de justicia, sino también porque la actual situación pone en grave riesgo nuestras pírricas libertades democráticas, al menos tal como las hemos conocido hasta ahora.
Sin embargo, un partido ultra-franquista está siendo blanqueado por los poderes que sustentan la monarquía, como corresponde a las necesidades objetivas de la Corona, dispuesta a imponer su peculiar “Concordia” manu militari. Lo prueba la demolición del memorial a las víctimas de la dictadura franquista fusiladas en las tapias del Cementerio del Este en Madrid. También lo prueba el despido del cabo del Ejército Marco Antonio Santos, cuyo fin no es otro que el de acosar y castigar cualquier simpatía republicana que sea detectada en el seno del Ejército. El opresor siempre busca la invisibilidad del oprimido.
La firma de un escrito contra la dictadura franquista, añadiendo “salud y república”, no es motivo para su expulsión. Es una decisión a todas luces extremadamente injusta, que además envalentona a los sectores franquistas del ejército, abrumadoramente mayoritarios.
El caso de Luis Gonzalo Segura y de Marco Santos, ambos jóvenes compañeros demócratas en lucha por los derechos civiles, es hoy tan devastador como lo fue en su día el famoso caso Dreyfus, o el de los compañeros de la UMD, condenados por la dictadura franquista y no amnistiados en la Transición, símbolo universal de la indecente razón de Estado. ¿Tiene conocimiento de estos excesos la Sra. Ministra de Defensa? Pido desde aquí revoque su expulsión.
La monarquía española se manifiesta, pues, como una barrera infranqueable que impide el ejercicio de las más elementales libertades democráticas en el seno de las Fuerzas Armadas, con el fin de que el ejército, heredado de Franco, siga siendo su instrumento disuasorio ante cualquier reclamo de soberanía popular.
El movimiento republicano y progresista ha de expresar sin ambigüedades, mediante su movilización en las calles y en las instituciones, las esperanzas de las clases trabajadoras y de sus pueblos, exigiendo que sean atendidas las capas sociales más golpeadas por la Gran Depresión, las sanciones políticas revertidas y los presos políticos liberados, desterrando de una vez por todas el neofascismo, machista y asesino, que intoxica la vida política y social nuestro país y de sus Fuerzas Armadas.
Manuel Ruiz Robles, presidente federal de la Asociación Unidad Cívica por la República, portavoz del colectivo de militares demócratas @colectivoanemoi
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

jueves, 22 de agosto de 2019

Partido Popular El PP abre la puerta a la ultraderecha de Vox, partido "constitucionalista", es decir, franquista, como ellos, para integrar una futura coalición 'España Suma' Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, busca extender la fórmula de 'Navarra Suma' a otras Comunidades Autonómas para, según ella, hacer frente a la fragmentación del voto de centroderecha.

Partido Popular El PP abre la puerta a la ultraderecha de Vox para integrar una futura coalición 'España Suma'
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, busca extender la fórmula de 'Navarra Suma' a otras Comunidades Autonómas para, según ella, hacer frente a la fragmentación del voto de centroderecha.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP/EFE

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, no ve inconveniente de que el partido ultraderechista Vox forme parte de la coalición electoral 'España Suma' que está planteando el PP, repitiendo la fórmula de Navarra Suma (una coalición que no consiguió el Gobierno Foral) para hacer frente a la fragmentación del voto de centroderecha.
"Vox es un partido constitucionalista y no veo inconveniente de que no forme parte de esta propuesta, está abierta a los partidos constitucionalistas para hacer frente a la fragmentación", ha reconocido Gamarra en una entrevista en Cadena Ser, en la que ha explicado la iniciativa de 'España Suma' como mecanismo para hacer útil el voto de centroderecha.
La dirigente del PP considera positivo repetir la fórmula de Navarra Suma, la coalición electoral formada por el PP, UPN y Ciudadanos, a nivel nacional si se produce una repetición electoral para aglutinar todo el voto de la centroderecha y obtener mejor resultado en las urnas.
"El planteamiento que hemos hecho tiene su reflejo en 'Navarra Suma' y en principio el modelo es con Ciudadanos porque ya habido una experiencia", ha manifestado Gamarra, que no descarta la integración de Vox en la propuesta que "busca sumar a todos los partidos constitucionalistas". "Vox puede perfectamente participar, pero aún no ha formado ninguna coalición con el PP en elecciones previas", ha explicado.

"La fragmentación ha tenido un coste"

En este sentido, el PP está extendiendo la fórmula a otras Comunidades Autónomas, para reagrupar todos los votos de centroderecha tras la repercusión en las pasadas elecciones del 26 de mayo donde algunos territorios obtuvieron menos escaños.
"Evidentemente la fragmentación ha tenido un coste importante en La Rioja, si no se hubiera producido esa fragmentación el centroderecha estaría gobernando ahí", ha manifestado la exalcaldesa de Logroño.
Gamarra considera que si PP y Ciudadanos hubieran concurrido juntos a las elecciones generales, habrían obtenido mayoría absoluta en el Senado y "probablemente" en el Congreso. "Estoy convencida de que a los votantes de centroderecha les parece muy interesante buscar un instrumento para hacer llegar a estas fuerzas al Gobierno", ha concluido.