El imperialismo y la derecha arrecian la campaña de acoso y derribo contra el gobierno de Kirchner
El
18 de febrero una manifestación que congregó a decenas de miles de
personas discurrió por las calles de Buenos Aires. La misma fue
convocada por un grupo de fiscales en memoria de Alberto Carlos Nisman,
fiscal especial del caso AMIA, que apareció muerto en su casa días
antes, de un disparo en la cabeza. La llamada “marcha del silencio” tuvo
una amplia cobertura mediática tanto dentro como fuera de Argentina y
contó con el apoyo de amplios sectores de la derecha. La misma ha
servido para relanzar la campaña del imperialismo y la reacción contra
el gobierno argentino que se desarrolla desde hace años.
En esta
nueva vuelta de tuerca, se pretende inculpar de la muerte de Nisman al
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), que habría actuado,
según esta campaña, en un intento desesperado de acallar las denuncias
del fiscal, que acusaba al ejecutivo de tratar de paralizar la
investigación sobre el atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelí
Argentina (AMIA) hace más de veinte años.
Atentado contra la AMIA
El
atentado con coche bomba a la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994, y
fue el más importante contra los judíos desde la Segunda Guerra Mundial,
con 82 muertos y 300 personas heridas. Aunque se barajaron diferentes
hipótesis sobre la autoría, el Estado argentino no avanzó nada en su
esclarecimiento en todos estos años.
La
llegada en 2003 del gobierno de Néstor Kirchner sobre la base de la
situación revolucionaria originada tras el Argentinazo, supuso un cambio
significativo en la resolución de las violaciones de los derechos
humanos cometidos durante la dictadura militar. La derogación de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas bajo el gobierno
de Alfonsín, abrió la puerta a la demanda histórica del procesamiento de
la oficialidad que participó en el genocidio durante la dictadura. El
gobierno de Kirchner impulsó también la investigación del atentado
contra la AMIA, que había sido encubierto por los anteriores gobiernos
debido a la implicación de sectores del aparato del Estado en el mismo.
Kirchner nombró en 2011 a Nisman como fiscal especial del caso,
otorgándole plenos poderes para la resolución del mismo, y adjuntándole a
Jaime Stiusso, jefe de los servicios secretos argentinos. Las
investigaciones, cuya principal fuente de información era Stiusso,
apuntaban como autores del atentado a agentes iraníes ligados a Hezbolá.
Sin
embargo, Nisman fue aumentando gradualmente su enfrentamiento con los
Kirchner. Y en enero de 2015 llegó a imputar a CFK por obstaculizar la
captura de los presuntos autores del atentado. El enfrentamiento de
Nisman con el gobierno argentino estuvo marcado por la firma, en febrero
de 2013, de un memorando con Irán, aprobado en el Congreso Nacional,
que desde el punto de vista del gobierno suponía un avance en el juicio
por el atentado: se acordaba la conformación de una comisión de la
verdad y la visita a Irán de jueces y fiscales argentinos para tomar
declaración a los presuntos culpables del atentado.
La muerte de Nisman
El fiscal
Gerardo Pollicita tomó la causa dejada por Nisman e imputó a la
presidenta, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, y a otras
personas ligadas al gobierno. El 26 de febrero el juez Daniel Rafecas
desestimó la denuncia señalando que “la futura entrada en vigor del
acuerdo (entre Argentina e Irán) de ninguna manera tenía que poner en
riesgo (…) las órdenes de captura y que el único que lo podía hacer era
el juez de la causa, esto además fue refrendado por (…) secretario
general de Interpol, no una, sino por lo menos tres veces ante distintas
consultas que se le hicieron públicas”. "En este caso”, seguía el juez,
“estoy convencido de que (…) no hay absolutamente ninguna evidencia que
revele que [el gobierno argentino] tenía alguna intención de perturbar,
afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina, sino al
contrario, que agotó todas las instancias para lograr que la causa de
investigación por el atentado a la AMIA avance".
El
Memorando con Irán fue mal visto por la comunidad judía del país, la más
numerosa de América Latina y la quinta del mundo, y por los Estados
Unidos, que no quieren que ninguna otra potencia imperialista, aunque
sea de segundo nivel, meta las narices en su patio trasero. Y es
evidente que ha habido presiones para evitar su aplicación.A través de
los cables de Wikileaks se ha establecido la conexión de Nisman con la
embajada norteamericana en Argentina. Nisman visitaba regularmente la
sede diplomática, informaba previamente de los pasos que iba a dar y
pedía consejo, no tomando ninguna decisión sin consultarla antes.[1]
Por su
parte, Stiusso, exjefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
en los últimos veinte años, es también un personaje turbio. Se le ha
denunciado reiteradamente de estar ligado a los servicios de
inteligencia de EEUU e Israel. Stiusso participó activamente en los
grupos que durante la dictadura secuestraban y asesinaban a activistas
de la izquierda. De hecho, el cineasta Pino Solanas lo denunció
públicamente como miembro de los mismos. En diciembre de 2014 CFK
decidió disolver el Servicio de Inteligencia, exSIDE, y despedir a
Stiusso. Así que probablemente la presión de EEUU eIsrael, y del a
propia burguesía argentina, junto a la venganza de Stiusso, a través de
Nisman, podrían estar detrás de la denuncia contra Cristina Fernández de
Kirchner.
Elementos fascistas siguen en el aparato del Estado argentino
Lo que es
evidente e indiscutible es que la muerte de Nisman está beneficiando
políticamente a la reacción. El caso Nisman se ha convertido en el eje
central de la política argentina en pleno año electoral (en el mes de
octubre se elige nuevo presidente y Cristina Fernández no se presenta).
La
llegada de los Kirchner al poder sobre la base del movimiento de masas,
al igual que en otros países de América Latina (como Venezuela, Bolivia o
Ecuador), muestra el poder del movimiento de la clase obrera en todo el
continente. Esta correlación de fuerzas favorable, junto a una época de
auge del precio de las materias primas, ha permitido a estos gobiernos
hacer toda una serie de reformas que les ha granjeado un apoyo de masas.
Una burguesía debilitada se ha visto obligada a tener que tolerar
durante un tiempo este tipo de gobiernos, que no responden a sus
intereses ni a los del imperialismo. Eso no quiere decir que no sigan
trabajando, por todos los medios, para derribarles y así asestar un
golpe al movimiento de masas que los ha aupado.
El hecho
de que los Kirchner llegaran a la jefatura del gobierno no cambia el
carácter del estado capitalista argentino, reaccionario y podrido. La
disolución de la ex-SIDE, que se había convertido en un Estado dentro
del Estado de la mano de Stiusso, y el propio caso Nisman, son un
capítulo más en la historia de la putrefacción del mismo. Tanto Néstor
como Cristina Kirchner han intentado conciliarse con sectores del
aparato estatal que, llegado el momento, se han vuelto contra ellos. Se
ha visto en el caso de Stiusso. Otro ejemplo es el nombramiento de César
Millani como jefe del ejército, el cual suscitó una gran polémica pues
desde sectores de la izquierda se le acusa de participar en las
desapariciones y asesinatos durante la dictadura. Igualmente escandaloso
está siendo el conocido como Proyecto X, una base de datos policial
creada en 2002 que, con la excusa de luchar contra la criminalidad,
incluye a organizaciones y movimientos sociales y de la izquierda. Este
tipo de concesiones encierran un peligro mortal para la clase obrera.
Desde el
movimiento revolucionario se debe apoyar cualquier paso adelante en la
depuración del aparato estatal siendo plenamente conscientes de que el
actual aparato estatal burgués es completamente irreformable y que todas
los avances en los derechos democráticos solo se pueden garantizar y
completar plenamente construyendo en auténtico Estado revolucionario,
sobre la base de que la clase obrera organizada tome todo el poder en
sus manos. Es la única garantía de una democracia real en Argentina y en
cualquier otro país.
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