Como se puede comprobar con nada más rasgar
la superficie, en Estados Unidos existe un sistema electoral corrupto
diseñado para presentar a la ciudadanía opciones limitadas en las urnas
de votación entre políticos de la derecha o
del centro político¸ todos ellos en mayor o menor grado aceptables para
las élites corporativas.
No existen alternativas reales. Mucho está
pre ordenado en buena medida por el costo de las campañas y la
preponderancia de los sectores acaudalados, así como por los grandes
medios de difusión, también controlados por las elites.
Colateralmente existen numerosas
regulaciones para garantizar el rejuego y la exclusividad bipartidista,
es decir de los partidos Demócrata y Republicano, que se alternan en el
gobierno y que copan la casi totalidad de los escaños
legislativos en Washington y en los 50 estados del país.
La maquinaria del Partido Demócrata se
encarga de estrechar las posibilidades de figuras progresistas que, en
su seno, les pudieran plantear un desafío a su línea predominantemente
neoliberal.
Violentan las reglas de juego cuando les
resulta necesario, como fue el caso de la suerte de zancadillas y
coyundas que aplicó la maquinaria demócrata para restarle delegados e
impedir al candidato Bernie Sanders avanzar hacia la
nominación en 2016. O como lo son las estratagemas que le aplican de
manera concertada este año para impedirle el triunfo, pese al
impresionante y extendido movimiento de base que le respalda.
Por otra parte, ni los demócratas ni los
republicanos quieren a nadie estructurando partidos al margen del
duopolio bipartidista.
Para ello han construido un laberinto de
leyes discriminatorias y onerosas para la inscripción de candidatos
alternativos, y trabas para impedir de hecho la formación o las
posibilidades de inscribir lo que se ha dado en llamar ´un
tercer partido ’.
Ante la repetida ausencia de reales
alternativas políticas, el llamado a votar por el menos malo resulta el
más efectivo acicate para la participación de los votantes a favor de
los candidatos del duopolio partidista, y un habilidoso
recurso manipulador de la clase dominante.
Del mismo modo, el alto costo de las
campañas electorales, para trasladarse en ese gran país, contratar
personal y lograr visibilidad, resulta un gran obstáculo. A la vez, dado
que los medios de difusión no dan cobertura a los terceros
partidos, mucha gente se mantiene ignorante de su existencia.
Los partidos demócrata y republicano tienen
garantizado el monopolio electoral. Los partidos menores o que se forman
para brindar alternativas casi siempre han sido agrupaciones
minoritarias, de corta vida e influyentes marginalmente
o cuando, en ocasiones, propician efectos puntuales sobre la línea o
correlación de fuerzas de los dos grandes partidos.
En diversos momentos algunas de esas
agrupaciones alternativas llegaron a expresar el sentir de sustanciales
mayorías, pero la capacidad de manipulación de las entidades del sistema
político, generalmente han logrado hacer aparecer
como inconducente dar respaldo a tales agrupaciones o partidos. O como
un mero desperdicio del voto para un electorado que, finalmente, es
conducido a votar por ‘el mal menor’.
Lo cierto es que casi todos esos partidos
menores han fracasado o permanecido en la sombra debido a las poderosas
maquinarias del duopolio demócrata-republicano, su entrelazamiento con
los grandes negocios y los medios de prensa,
así como por los hábitos políticos y la ideología de las masas.
En determinadas coyunturas los candidatos
menores o que desafían el bipartidismo, al margen de sus propósitos y
esfuerzos, resultan instrumentalizados o aupados por operadores de
alguno de los dos grandes partidos en medio de la
campaña para restarle votos al contrario y alterar a su favor los
resultados.
Esa eventualidad genera una razón más para
que muchos activistas y electores rechacen la acción política
independiente y se inclinen por la opción conformista de votar por el
menos malo de los candidatos del sistema. Por otra parte,
como ha ocurrido en múltiples ocasiones, los esfuerzos para presentar
alternativas independientes son luego culpados por desenlaces
indeseados.
Existen además un conjunto de prácticas
legales, trabas e ilegalidades contra esos candidatos y fuerzas
independientes que tratan de participar en el proceso electoral como
camino para impulsar sus posiciones, como son:
La emisión de leyes y decretos para
dificultar la inscripción de tales partidos, exigencia de números
excesivos de firmas para ello; acciones y decisiones sesgadas o torcidas
por parte de funcionarios y juntas electorales (que en
cada uno de los estados del país están controladas bien por los
demócratas, bien por los republicanos).
Por otra parte, las reglas prevalecientes
posibilitan mayor acceso a fondos federales a los dos grandes partidos.
Además, se han aplicado atropellos y hasta ilegalidades como marginación
por los medios de difusión, exclusión para
participar en los debates televisados, campañas difamatorias y hasta el
sabotaje y la violencia. Incluso la forma misma como se formulan las
encuestas de opinión socava la capacidad de los terceros partidos para
participar en la justa.
Otro elemento a destacar, y sujeto a
constantes desafíos legales, es lo que llaman “gerrymandering”:
múltiples artificios que se utilizan al diseñar de manera interesada y
aparentemente absurda el contorno de los distritos electorales,
de modo que se acomoden a los cálculos de las maquinarias partidistas
predominantes en cada lugar.
Mediante una configuración calculadamente
abigarrada, esos distritos se conforman para garantizar el predominio de
mayorías de población blanca, conservadora u otras y, con ello,
menoscabar la representación de negros y otras minorías
en los cargos electivos.
Arbitrariedad y manipulación de las reglas electorales
Las reglas de la política electoral en
Estados Unidos son poco claras, cambiantes, muy manipuladas y
extremadamente restrictivas, incluso si las comparamos con otros países
capitalistas. Los rasgos del sistema electoral descartan
la representación proporcional.
En la mayor parte del país el proceso
electoral adolece de una falta casi total de vías para verificar los
datos de la votación. En eso pesa además la evidencia de que las
máquinas de votación que se emplean son vulnerables, lo que
propicia que la tabulación de los votos pueda ser adulterada. El uso de
esos dispositivos, junto a muchas de las reglas electorales quedan al
arbitrio y las artimañas de disímiles autoridades locales.
La manipulación de las reglas electorales y
del registro de votantes resulta una aberrante arbitrariedad, que en
una pluralidad de estados y localidades excluyen a miles y decenas de
miles de ciudadanos de su derecho al voto. Esa
extendida exclusión ilegal de electores ha sido un factor que a llegado
a alterar los resultados a diversos niveles, incluso en elecciones
presidenciales.
En la mayor parte de los 50 estados del país
las legislaturas están dominadas por el Partido Republicano, las que a
libre arbitrio y según sus cálculos para potenciar el peso de su base
electoral, ponen trabas a la inscripción o
excluyen de las listas del registro electoral con este o aquel pretexto
a lotes enteros de ciudadanos de raza negra y otras minorías.
No es una coincidencia que muchas áreas
pobres o con poblaciones predominantemente latinas o afroamericanas
cuenten con escasos y distantes puntos de votación y se vean obligados a
asumir largas colas y demoras.
Como está ocurriendo ahora mismo, por
ejemplo en el estado de Wisconsin, es llamativo que sea hacia las
barriadas de afroamericanos y otras a las que entes judiciales apunten
al dictar órdenes de purgar (por decenas de miles) las
listas de registros de electores bajo meras suposiciones de que han
cambiado de domicilio, u otras argucias por el estilo.
Al menos en el pasado, en estados del Sur,
se han registrado acciones tan reprobables como que trabajadores de las
plantaciones fueran obligados a depositar sus votos bajo la observación
de sus patronos, o que funcionarios electorales
inspeccionaran las boletas de los votantes afroamericanos.
En algunos casos, como en las reservas y
comunidades donde habitan los indios nativos, los pueblos originarios,
las restricciones se manifiestan también mediante el conteo defectuoso e
incompleto al realizar el Censo, así como la
exclusión de manera natural por la falta del dominio del idioma inglés.
En las elecciones de 2014 y 2016 casi 16
millones de personas fueron excluidas de los listados. Se constató que
los afroamericanos, los latinos y asiáticos son marcados y removidos de
las listas de electores en mucho mayor grado
que los anglosajones y personas de piel blanca. Es bastante extendido
el criterio que todo ello responde a intensiones deliberadas. Ninguna
región del país está inmune a estos rejuegos.
Decisiones judiciales coadyuvan a la exclusión y el abuso
En este ciclo electoral no pocas comunidades
están particularmente en condiciones de vulnerabilidad debido a las
decisiones de la Corte Suprema y otras que han debilitado la Ley de
Derecho al Voto que se lograra con las luchas del
movimiento pro derechos civiles hace sesenta años.
A partir de ello, han proliferado las
medidas restrictivas adoptadas en muchos estados, incluyendo el
establecimiento de nuevos requerimientos para inscribirse y otros
obstáculos.
Bajo el argumento de establecer programas de
mayor seguridad en las votaciones y de evitar el fraude, los partidos
establecidos, aunque principalmente los republicanos, promueven y
justifican toda suerte de subterfugios que favorezcan
el predominio oligárquico.
En realidad, siempre ha habido segmentos de
la sociedad estadounidense que han buscado selectivamente limitar el
acceso al proceso político de ciertos sectores de la población, bien con
nuevas leyes y medidas restrictivas o bien
usando la intimidación y hasta la violencia. La inmigración y los
cambios demográficos en el país han incrementado las tensiones y también
esa propensión y acciones excluyentes.
Tradicionalmente la intimidación ha
aumentado cuando las minorías han incrementado su participación en la
política y en la concurrencia a las urnas. Actualmente una de cada tres
personas con derecho al voto es parte de algún grupo
minoritario y, pese a todas las restricciones para inscribirse,
potencialmente constituyen el 43% de los posibles nuevos votantes.
La cuestionable legitimidad de los resultados electorales.
Estados Unidos tiene una rica historia de
fraudes electorales que nada tiene que ver con la muy manipulada campaña
acerca de una supuesta intromisión rusa o de otros países. Fueron
notorios al respecto los escándalos centrados en
la Florida (2000) y en Ohio (2004), en las elecciones presidenciales de
esos años.
En esos casos intervino la acción grosera y
manifiesta de los entes de poder, sus muchos abusos y artimañas. Debemos
sumarlos a las ya mencionadas purgas en las listas de votantes, los
requerimientos discriminatorios para inscribirse,
la existencia de boletas de votación engañosas, la distorsión que crea
el sistema del Colegio Electoral y el diseño manipulado de los
distritos electorales.
Aparte de todo ello, existen dudas
fundamentadas acerca de que el cómputo de los votos sea un reflejo real
de la intensión marcada por los electores. Esas interrogantes apuntan
también a las vulnerabilidades de los dispositivos electrónicos,
y de toda una variedad de máquinas de votar, que se emplean en el país,
mediante pantallas táctiles u otras, en las que las alteraciones no
dejan rastro y el fraude resulta indetectable.
Las decisiones para aplicar esta o aquella
tecnología varían según las municipalidades; hay toda una variedad de
sistemas de votación empleados, mayormente en los condados más
populosos. Ha habido estudios serios que han aconsejado
en contra o sugerido cautela en el empleo de esos medios electrónicos,
pero cientos de condados los han pasado por alto.
Esos estudios muestran que esos mecanismos
son inseguros y expuestos al fraude electoral, propicios para que
actores malintencionados puedan manipular los códigos de barra para que
produzcan alteraciones, tales como instruir a los
scanners (o dispositivo seleccionador interno) a que descarte o
modifique el voto.
Se dice que incluso las propias personas que
revisan las maquinas podrían acceder y alterar los record electrónicos.
Algunos dispositivos proveen al votante un recibo pero que no permite
constatar el voto emitido.
Ingeniería electoral mediante las redes digitales y el ciberespacio
La política se ha convertido en
tecnopolítica. Los partidos políticos son empresas que compiten en el
mercado de los votantes y que capitalizan en las urnas, en lo cual tiene
un peso creciente el poder de procesamiento y manipulación
de la información con que se cuente.
Hoy día las redes digitales y el
ciberespacio son instrumentos de primer orden para manipular a los
votantes. Son vías que permiten prevalecer en base a una superior
capacidad tecnológica.
Las plataformas sociales digitales son cada
vez más importantes y constituyen nuevos territorios donde los jóvenes y
otros tienen su primer contacto con la información, y son también
espacios donde sus pareceres y sus preferencias
dejan huellas propensas a ser monitoreadas, y que luego son utilizadas
para fines comerciales o políticos.
Un ejemplo es la campaña de Donald Trump de
2016 en la que muchos de los planteamientos y propuestas fueron
diseñados a partir del análisis de datos computarizados, tanto para
dirigir mensajes diferenciados según el gusto de sus
auditorios, así como para mantener a potenciales votantes de su
oponente lejos de las urnas, y para superarla en número de seguidores e
interacciones tanto en Facebook como en su cuenta Twitter.
Para ello contrató los servicios de
Cambridge Analytica, empresa londinense que ha intervenido ilegalmente
en más de un centenar de procesos electorales en todo el mundo. La
entidad se sirvió de bases de datos comerciales, análisis
de redes sociales y el uso de complejos cálculos matemáticos para crear
herramientas que permitieron a los expertos de aquella campaña
monitorear los perfiles de unos 200 millones de estadounidenses.
Sobre esa base se conformó un efectivo
método de publicidad personalizada por perfil para ajustar los mensajes
exactamente a los intereses, los miedos y los gustos particulares de
cada individuo y/o sector poblacional, proporcionando
así el margen clave para la victoria del republicano.
Recientemente hemos visto la aplicación de
esas técnicas perversas en nuestros países, como por ejemplo en Brasil y
Bolivia. Son técnicas de manipulación de última generación, que
permiten dirigirse de forma distinta a votantes que,
sin saberlo, han sido categorizados psicológicamente. Y también según
los asuntos públicos que más les motivan o preocupan, como por ejemplo,
quienes favorecen o se oponen al derecho al uso de armas, o aquellos que
se preocupan de las tradiciones, los hábitos,
la familia.
Paralelamente se utilizan sitios de redes
sociales, sometidos a lógicas publicitarias, manipulación de las
emociones y algoritmos opacos, que devienen parte de una especie de
industria de la difamación y la mentira en línea.
Dada la polarización existente, las
manipulaciones que hemos descrito y toda la verborrea acumulada sobre
interferencia externa en las elecciones, existe el peligro de que se
produzcan grandes conflictos si la votación presidencial
de noviembre resulta cerrada y la parte supuestamente perdedora impugna
los resultados.
Finalmente, se puede colegir que es el poder
del dinero, el diseño mañoso y calculado de las circunscripciones
electorales, la parcialidad de los funcionarios, el manoseo de los
listados, las manipulaciones en las redes digitales
y por los medios de prensa, y mucho más, lo que determina el resultado.
Así se define buena parte no solo de cuales entes o personas controlan
el Congreso, las legislaturas y gobiernos de los estados y toda una gama
de cargos electivos a lo largo del país,
sino incluso quienes, en última instancia y en buena medida, determinan
quien accede a la presidencia en los Estados Unidos.
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