“Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”. El 12 de junio de 2023, Donald Trump hacía estas polémicas declaraciones en un acto electoral en Carolina del Norte, al inicio de su campaña para las elecciones de noviembre de 2024 que lo devolverían nuevamente a la Casa Blanca en enero de 2025.
Trump tenía claro su objetivo en Venezuela desde su primer mandato, nunca lo ha ocultado: frenar la cada vez mayor influencia china en América Latina y recuperar el control sobre su ‘patio trasero’, sin perder el acceso a las tierras raras y al petróleo. Con esta operación, Trump no solo arrincona a China —el principal acreedor de Venezuela con 60.000 millones de dólares que cobra en petróleo—, sino también a Rusia e Irán, que participan del negocio del crudo en el país.
“Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”, dijo Trump en 2023
“Perforar, perforar, perforar” ha sido uno de sus lemas durante la última campaña electoral y ha derribado rápidamente todas las limitaciones impuestas por el expresidente Joe Biden a las energías fósiles para así poder inundar Europa —aún más— con el petróleo y gas licuado extraído a través de la contaminante técnica del fracking, suplantando de esta manera el suministrado durante años por Rusia, más económico y seguro.
Pero Trump no se contenta con ello y pretende que corporaciones estadounidenses controlen, directamente y en exclusiva, la producción y exportación del petróleo de Venezuela, país que posee las mayores reservas del mundo, nada menos que 303.000 millones de barriles.
El chantaje para evitar un Vietnam 2.0
El Gobierno Trump preparó minuciosamente el golpe en Venezuela, descartando la opción más arriesgada, la de una invasión terrestre en un país de un millón de kilómetros cuadrados con cientos de miles de uniformados y civiles armados y con una frontera muy permeable con Colombia, otro país con decenas de miles de soldados y proliferación de grupos armados.
A pesar de su aplastante superioridad militar, una ocupación militar convencional con tropas en tierra supondría para Estados Unidos un gran despliegue de fuerzas por tiempo indefinido que podría suponerle un Vietnam 2.0.
Para sortear una votación en el Congreso, Trump necesitaba presentar el ataque como una simple “operación quirúrgica”, como una “extracción” del presidente y no como un acto de guerra
Para sortear una votación en el Congreso, Trump necesitaba presentar el ataque como una simple “operación quirúrgica”, como una “extracción” del presidente y no como un acto de guerra, personificando en Nicolás Maduro la responsabilidad de la situación crítica de Venezuela. De esta forma, el Gobierno de Trump intenta forzar vía chantaje al régimen venezolano, que sigue intacto, y a sus omnipresentes fuerzas armadas, a aceptar la imposición imperial.
Su apuesta es buscar complicidades internas en el propio aparato del Estado y de las fuerzas armadas venezolanas, apartar a los irreductibles y buscar a través de amenazas una transición negociada. Trump amenaza con lanzar una segunda y más amplia oleada de ataques militares si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el resto del núcleo duro del régimen rechaza el ultimátum, pero el Pentágono sabe que la opción de una guerra abierta es una operación de alto riesgo de la que EEUU podría salir escaldado como en tantas experiencias anteriores.
Tras la alegría inicial de María Corina Machado y Edmundo González, que se veían aterrizando en pocos días en los jardines del Palacio de Miraflores, vino la decepción. González se ha reivindicado en un comunicado como “presidente legítimo” de Venezuela y el comandante en jefe de las fuerzas armadas, dispuesto a asumir el poder de inmediato. Sin embargo, no parecen estar incluidos, al menos en la fase inicial, en el plan de Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.
Trump no habla de elecciones en Venezuela, no habla de la oposición, habla como prioridad y exigencia que el Gobierno de Delcy Rodríguez ceda de inmediato el control del petróleo a las corporaciones de EEUU
La Administración Trump sabe que imponer a la oposición por la fuerza podría desatar una guerra civil en Venezuela y frustraría todos sus planes para comenzar a bombear rápidamente petróleo. Trump no habla de elecciones en Venezuela, no habla de la oposición, habla como prioridad y exigencia que el Gobierno de Delcy Rodríguez ceda de inmediato el control del petróleo a las corporaciones de Estados Unidos. La actitud de Trump desconcierta totalmente a la oposición, convertida en solo una pieza más de sus planes para Venezuela, que utilizará según su conveniencia.
El resto del acto de guerra llevado a cabo el pasado sábado 3 de enero por parte de EEUU es solo el decorado necesario: que Nicolás Maduro es un “narcoterrorista” al frente de un fantasmagórico Cártel de los Soles —cuya existencia negó la propia Inteligencia estadounidense— o del cártel Tren de Aragua con el objetivo de inundar EEUU de drogas; que está involucrado en el tráfico de armas, o en el vaciamiento de las cárceles venezolanas de criminales para enviarlos a Estados Unidos, entre un largo etcétera.
La propia Inteligencia de EEUU ha reconocido que por Venezuela transita solo entre el 5% y el 10% de la cocaína global y que en su territorio no se produce ni transita fentanilo, la droga que mata a más de 100.000 estadounidenses por año. Pero nada de eso importa, como tampoco importa que las acusaciones sobre las que se sustentará el juicio a Maduro —que encabezará el juez ortodoxo judío Alvin Hellerstein, ex abogado del Ejército de 92 años— se basen fundamentalmente en testimonios de traficantes convictos o viejos cargos del régimen acusados en la propia Venezuela por corrupción que han aceptado colaborar con la Justicia a cambio de rebajas en sus penas.
36 años después de la invasión de Panamá
El 3 de enero de 1990 —36 años antes del secuestro de Maduro y su esposa— el presidente de Panamá, el general Manuel Noriega, se entregaba a las fuerzas estadounidenses tras días de enfrentamientos armados con las tropas invasoras. Los mejores abogados con los que contó Noriega para su defensa no pudieron romper el muro de los tribunales federales estadounidenses: los jueces se negaron a considerar la legalidad de la invasión, entendiendo que, aunque el acusado hubiera sido llevado por la fuerza desde otro país, ese hecho no afectaba a la jurisdicción penal. Noriega fue condenado a 40 años de cárcel.
Mientras EEUU preparaba el secuestro de Maduro, lanzaba de forma paralela otras decisiones políticas de calado que permitieran completar el plan.
Diciembre se iniciaba con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, con la que la Administración Trump recupera los principios de la Doctrina Monroe de 1823
En enero de 2025, EEUU aprobó la Orden 1457 por la cual el llamado Cártel de los Soles y el Tren de Aragua fueron declaradas organizaciones terroristas extranjeras legitimando ejecuciones extrajudiciales en sus supuestas narcolanchas en el Caribe. Y el 15 de octubre pasado, Trump anunciaba públicamente que había ampliado la autorización para que la CIA expandiera sus operaciones letales en territorio venezolano.
Diciembre se iniciaba con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, con la que la Administración Trump recuperó los principios de la Doctrina Monroe de 1823, aquella en la que se advertía entonces a los imperios europeos que Estados Unidos no permitiría que ninguna potencia extranjera se inmiscuyera en los asuntos del continente americano. Con el ‘Corolario Trump a la Doctrina Monroe’ se refuerza su decisión de imponer la hegemonía total de EEUU sobre lo que llama el Hemisferio Occidental.
La decisión de atacar Venezuela llegó en el momento álgido del escándalo de los archivos de Epstein y en medio de una importante caída en la popularidad de Trump a menos de un año de llegar al poder. Los drásticos recortes en sanidad, educación, ayuda a la dependencia, subvenciones y becas, así como el despido de decenas de miles de funcionarios públicos, junto a retrocesos en derechos laborales y una gestión política cada vez más autocrática están afectando al apoyo de los sectores populares que lo han aupado al poder desde 2016.
Trump dedicó gran parte de sus primeras declaraciones públicas tras el ataque a Venezuela a hablarles a estos sectores, a explicarles por qué había roto su promesa de no abrir nuevos frentes bélicos en el mundo en vez de cerrar aquellos en los que EEUU estuviera involucrado.
La pésima experiencia de las intervenciones militares de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam hasta recientes experiencias como Afganistán, Iraq, Libia, Siria o Ucrania —de la cual han sido responsables tanto gobiernos republicanos como demócratas— han creado un rechazo creciente entre la sociedad estadounidense a ese tipo de aventuras bélicas.
Trump achacaba desde hace años la culpa de que Maduro siguiera en el poder e impidiera que EEUU se hiciera con el control de un país de tanta importancia estratégica como Venezuela a la actitud blanda que supuestamente mantuvo la Administración Biden cuando le sucedió en el poder (2021-2025).
La obsesión por acabar con aquella revolución bolivariana que tanto se iría deteriorando y diluyendo con los años, y apoderarse del petróleo de Venezuela empezaron durante el Gobierno de George W. Bush
El presidente parecía no recordar que al frente de la Casa Blanca hubo presidentes tanto republicanos como demócratas durante los 27 años de acoso y guerra sucia contra los gobiernos de Venezuela, primero contra Hugo Chávez (1999-2013) y después contra Nicolás Maduro (2013-2026).
La obsesión por acabar con aquella revolución bolivariana que tanto se iría deteriorando y diluyendo con los años, y apoderarse del petróleo de Venezuela empezaron durante el Gobierno con más representantes de la industria petrolera de toda la historia de Estados Unidos, el de George W. Bush (2001-2009).
El republicano comenzó con hostigamiento político, suspensión de créditos y ayudas financieras y siguió propiciando en 2002 el golpe de Estado cívico militar y el secuestro durante 48 horas de Chávez. El Gobierno de Bush y el de José María Aznar se apresuraron a felicitar al mismísimo líder de la patronal, Pedro Carmona, como presidente interino, pero la gran movilización popular y la reacción de las fuerzas militares leales liberaron a Chávez y frustraron el golpe.
María Corina Machado y Leopoldo López —albergado por el Gobierno de Sánchez en España después de haberlo ayudado a romper su detención domiciliaria y a fugarse del país— fueron dos de los firmantes de aquel comunicado de apoyo al golpe y al Gobierno que pretendía presidir Pedro Carmona. Las actividades golpistas de María Corina Machado no han cesado desde entonces.
Sed de petróleo
El petróleo venezolano había sido nacionalizado mucho antes, en 1976, por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, pero durante su segunda presidencia (1989-1993) comenzó a invitar a grandes compañías extranjeras, especialmente a las estadounidenses, para invertir en el sector petrolero de Venezuela.
En 2007, Chávez cambió las reglas y puso límites a las inversiones de las corporaciones, dándoles la opción de ser socios minoritarios de la estatal PDVSA o retirarse del país
Sin embargo, en 2007 Chávez cambió esas reglas y puso límites a las inversiones de las corporaciones, dándoles la opción de ser socios minoritarios de la estatal PDVSA o retirarse del país. Por eso diría Trump el pasado 17 de diciembre, dos semanas antes del ataque a Venezuela: “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”.
A pesar de aquella afirmación de soberanía de Chávez que tanto tensionó las relaciones con EEUU, el Gobierno republicano de Bush siguió importando de Venezuela un tercio del petróleo que consumía y se permitió, por conveniencia, las actividades en EEUU de CITGO, filial de PDVSA, la gran petrolera estatal venezolana. CITGO siguió manteniendo durante muchos años refinerías y más de 5.000 estaciones de servicio en Estados Unidos.
En 2002 y 2003 la Administración Bush incentivó un paro petrolero en complicidad con la gran patronal venezolana que debilitó enormemente a la PDVSA y le produjo grandes pérdidas, lo que sumado a una mala gestión y a graves casos de corrupción la hundirían cada vez más con los años. Chávez terminó expulsando de Venezuela a la DEA, la agencia antidrogas de EEUU, acusándola de espionaje y de incentivar interesadamente el narcotráfico.
La llegada del demócrata Barack Obama al poder en 2009 institucionalizaría aún más el acoso a Venezuela al firmar el 5 de marzo de 2015 la Orden Ejecutiva 13.692 por la cual se declaró al Gobierno venezolano de “amenaza inusual y extraordinaria para la Seguridad Nacional”. Como consecuencia de esa orden presidencial se bloquearon los primeros activos en EEUU de funcionarios venezolanos, que con el tiempo se irían ampliando a muchos más.
Ya bajo el primer mandato de Trump (2017-2021) tanto Citibank como JPMorgan cerraron cuentas venezolanas lo que disparó el Riesgo País hasta alcanzar el récord mundial y en 2017 se prohibió la compra de deuda venezolana y el reparto de dividendos de CITGO, la filial estadounidense de PDVSA. Por su parte ConocoPhillips embargó activos de PDVSA mientras Euroclear congeló 1.650 millones destinados a la compra de alimentos.
La llegada de Barack Obama en 2009 institucionalizaría aún más el acoso a Venezuela al declarar al Gobierno venezolano como “amenaza inusual y extraordinaria para la Seguridad Nacional”
Las sanciones se endurecieron cada vez más, Trump ilegalizó la criptomoneda Petro y amplió drásticamente las sanciones a todo país o empresa que comerciara o colaborara con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El estrangulamiento de la industria petrolera, de la cual históricamente siempre ha dependido la economía venezolana, así como el congelamiento de activos en el exterior y las sanciones a quienes comerciaran con Venezuela limitaron drásticamente los recursos del Estado, provocaron desabastecimiento —favorecido también por la gran patronal—, disparó la inflación, la reducción del gasto público, el deterioro de la sanidad y servicios esenciales, y, con todo ello, se disparó el malestar social y la emigración.
La aventura Guaidó
En ese clima de convulsión social, el Gobierno de Donald Trump lanzó una nueva carta, el encumbramiento en 2019 del líder opositor de ultraderecha Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. En una operación coordinada entre la variopinta y tradicionalmente dividida oposición venezolana y la Administración Trump, Guaidó se autoproclamó “presidente interino” en un acto multitudinario callejero. Como tal fue reconocido inmediatamente por EEUU y decenas de países presionados por Trump. Entre ellos, el Gobierno de Pedro Sánchez.
Estados Unidos llegó a ceder a Guaidó y a su equipo el control de los activos confiscados a CITGO y a Monómeros Colombo Venezolanos, ambas filiales de la petrolera estatal PDVSA. Años después se confirmaría la desviación de parte de esos fondos para cuentas personales de Guaidó y sus colaboradores. Antes de caer definitivamente en desgracia y ser destituido por la propia oposición, Guaidó —condecorado por el PP y Vox durante sus giras europeas— hizo un último intento para acabar con Maduro. Contrató a una empresa de mercenarios, Silvercorp, que en 2020 llevó adelante a través de la llamada Operación Gedeón un intento frustrado de invasión de Venezuela a través de la frontera colombiana.
La legislatura de Biden
La llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 no cambió esencialmente la postura de Estados Unidos sobre Venezuela, aunque autorizó a Chevron reanudar operaciones y exportaciones de crudo venezolano mediante licencias concedidas de forma excepcional para sortear las sanciones. Con estas licencias, conocidas como OFAC, las ganancias solo podían ser utilizadas para pagar deuda, no suponían nuevos ingresos para el país.
El cambio de táctica estuvo vinculado a la tensión en el mercado energético mundial provocado a causa de la invasión rusa de Ucrania, y también al hecho de que el endurecimiento de las sanciones durante el primer Gobierno de Trump habían agudizado la crisis social y como bumerán Estados Unidos estaba recibiendo oleadas cada vez más masivas de inmigrantes venezolanos sin papeles.
La táctica cambió con Biden, pero la asfixia sobre Venezuela continuó.
Ya durante su segundo mandato, a partir de enero de 2025, Donald Trump consiguió que la Justicia federal autorizara finalmente la venta de CITGO —la filial estadounidense de la petrolera PDVSA confiscada— a Amber Energy, filial del fondo buitre Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares, consumando así definitivamente el robo de los activos venezolanos en Estados Unidos.
Trump ya dejaba de confiar como en su primer mandato el control de esos activos a la oposición venezolana, quitaba protagonismo a sus líderes, se enfadaba con que se hubiera concedido el Premio Nobel de la Paz 2025 a Corina Machado y no a él, y cambiaba bruscamente de planes. Decidía que ya era hora de que fuera directamente Estados Unidos quien gobernara ‘temporalmente’ Venezuela y explotara su petróleo.
16 de enero, 2026 
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