Petrologis, presidida por el exministro, indemnizó a la familia de un
trabajador fallecido y a otro empleado con graves lesiones en un
incendio en el puerto de Las Palmas. Durante la investigación se
detectaron indicios de homicidio y lesiones imprudentes y de delitos
contra los trabajadores por parte de la petrolera. Las indemnizaciones
se pactaron en 2011 justo después de las elecciones del 20N que
convirtieron en ministro al entonces diputado por Cádiz. Sin acusación
particular ni del ministerio público -la fiscalía culpó al fallecido de
imprudencia- la causa quedó sobreseída provisionalmente el verano
pasado.
Una empresa de Miguel Arias Cañete, ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno hasta este lunes
y cabeza de lista del PP en las elecciones europeas del 25 de mayo,
desembolsó más de 240.000 euros en noviembre de 2011 para evitarle un
juicio por homicidio imprudente en Gran Canaria, al que se enfrentaba
como presidente del consejo de administración de Petrologis Canarias SL,
filial isleña de Ducar SL, la empresa petrolera también presidida por el entonces diputado por Cádiz, a causa de un grave accidente laboral con un fallecido.
En febrero de 2010, un incendio generado durante unos
trabajos de reparación de un tanque de almacenamiento de combustible en
el Puerto de La Luz y de Las Palmas acabó con la vida de Jonathan
Hernández Rodríguez y provocó graves lesiones a Gonzalo Suárez Santana.
Los dos operarios se encontraban en la cesta de una grúa, a unos 17
metros de altura, haciendo trabajos de soldadura en el exterior de un
depósito grande de fuel, cuando las chispas prendieron unas toallas
tiradas en el suelo con las que previamente se había limpiado parte de
una fuga de fuel.
La combustión fue inmediata, ascendiendo el fuego por el
brazo de la grúa hasta alcanzar la cesta donde soldaban Jonathan y
Gonzalo. Envueltos en llamas, el primero cayó al vacío y el segundo se
quitó el arnés, casi a ciegas entre el fuego y el humo, y se deslizó por
el brazo de la grúa, sufriendo gravísimas quemaduras. Jonathan falleció
al día siguiente, en el hospital Doctor Juan Negrín, mientras que
Gonzalo estuvo 45 días sedado, con graves lesiones: quemaduras en el 17%
de su cuerpo, sin visión en un ojo, pérdida del pabellón auditivo
izquierdo, sin sensibilidad en la mano izquierda... la Justicia le
concedió en mayo de 2011 una pensión de 2.500 euros mensuales, para que
pudiera hacer frente a su recuperación. Había pasado ya por diez
operaciones y le quedaban por delante otras tantas.
El accidente de aquel 24 de febrero de hace cuatro años
causó pánico en el barrio portuario de Las Palmas de Gran Canaria. El
miedo entre los vecinos de La Isleta y los trabajadores del polígono
industrial de El Sebadal a que los inmensos tanques de fuel explotaran
corrió como un reguero de pólvora, aunque Petrologis se apresuró a
garantizar mediante una nota que en ningún momento se corrió el riesgo
de que el fuego llegara al combustible almacenado en el interior del
tanque en reparación, y que el incendio quedó bajo control en 15
minutos, dada la cercanía de un puesto de Bomberos de Las Palmas de Gran
Canaria, en el mismo barrio portuario de La Isleta.
Sin embargo, en el transcurso de la instrucción se
detectaron irregularidades en materia de seguridad laboral que apuntaban
directamente a la empresa presidida por Arias Cañete, en la que, según
datos del Registro Mercantil, mantiene 23.585 participaciones valoradas
en 160.979 euros después de haber dejado la presidencia del consejo de
administración el 20 de enero de 2012, al entrar en el gabinete de
Mariano Rajoy.
Petrologis Canarias SL fue filial de Ducar hasta septiembre de 2008, momento en que adquirió vida propia, presidida por Arias Cañete hasta su renuncia al ser nombrado ministro.
La investigación determinó
que había indicios de delitos contra Petrologis, cuanto menos contra su
delegado local, Octavio Parada Artiles, por homicidio imprudente,
lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Sin
embargo, ante la ausencia de acusación pública -el fiscal de
siniestralidad laboral sostuvo que todo fue una imprudencia del
fallecido, a la sazón jefe de operaciones de la petrolera, y no había
motivos para imputar al empresario- ni particular al llegar las partes a
un acuerdo indemnizatorio, por imperativo legal, el juez instructor
decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones justo antes de
las vacaciones de verano pasado, el 31 de julio de 2013, dado el
principio acusatorio vigente en el procedimiento penal español.
La acusación particular desistió de sus acciones penales
inmediatamente después de las elecciones generales del 20 de noviembre
de 2011, que dieron el triunfo al PP. Los padres del fallecido aceptaron
la indemnización ofrecida por Petrologis, a través de la aseguradora
Chartis Europe SA, de 73.334 euros, a los que se sumaron otros 36.666
euros, de Air Llama Universal, mercantil que prestó servicios para los
trabajos de soldadura a la compañía de almacenamiento de fuel. El
acuerdo con los padres de Jonathan se alcanzó el 25 de noviembre.
Tres días antes, el martes 22 posterior al domingo
electoral, el representante legal de Gonzalo Santana renunció a seguir
adelante contra Petrologis y a su intención desde marzo anterior de que
se llamase a declarar como imputado a Arias Cañete, como presidente de
la petrolera, -el caso hubiese pasado a manos del Tribunal Supremo por
su condición de diputado- y no solo al delegado local de la empresa,
como había solicitado ya el fiscal para "aclarar" la cadena de mando y
las órdenes dadas a la hora de ejecutar la soldadura de las grietas del
tanque.
La indemnización al superviviente del accidente mortal
ascendió a 255.000 euros, 85.000 euros de Mapfre en nombre de Air Llama y
170.000 euros a través de la aseguradora de Petrologis, Chartis Europe
SA.
Indicios de negligencia empresarial
La compañía petrolera, después de más de un año y medio
de instrucción, se había personado el día 8 de ese mes de noviembre de
2011 únicamente como presunto responsable civil subsidiario, y no como
perjudicada por el fallecimiento del trabajador, lo que en principio
pretendió la mercantil presidida entonces por Miguel Arias Cañete, cuyas
decisiones a la hora de dotar de seguridad a su empresa petrolera del
puerto grancanario quedaron cuestionadas.
Así, de la investigación se dedujo una serie de indicios
sobre el modo de actuar de la petrolera, sobre el papel en los despachos
y no a pie de obra, que habrían alimentado el riesgo de accidente, de
ese mismo siniestro o de peligros anteriores o futuros. Por ejemplo, que
la empresa contratada para realizar la soldadura en caliente, Inoxgilpe
SLU, no tuviera la acreditación para reparar productos petrolíferos
líquidos, en un presunto ahorro decidido por parte del consejo de
administración de la mercantil en ese contrato, o cuando menos por su
delegado local sin evacuar consultas a más altas instancias, a
diferencia de anteriores acuerdos firmados con Felguera SA.
Además, quedó patente la ausencia de un protocolo de
coordinación entre subcontratadas para tener conocimiento de los medios
de prevención de riesgos y extinción de incendios, no solo por parte de
los trabajadores de la petrolera. La inspección de la Seguridad Social
así lo evidenció y sancionó sólo a las subcontratas.
Incluso salió a relucir la insuficiencia de personal a la
hora de ejecutar el trabajo, con un solo empleado más, David Quesada,
tanto a los mandos de la grúa auxiliar como en funciones de bombero,
cerca de la manguera. “Bloqueado” al ver caer desde la cesta a Jonathan,
como aseguró en su testimonio, ni pudo separar la cesta de la grúa del
tanque que ardía por su exterior, ni reaccionar con rapidez con la
manguera.
A más abundamiento, hasta la tubería del sistema
contraincendios estaba deteriorada y hubo indicios de que carecía de la
presión suficiente para llegar desde el suelo a la altura de unos 17
metros que habían alcanzado las llamas, donde se encontraba la cesta de
la grúa con los dos operarios.
Tampoco estuvo a la altura de un sistema contraincendios
el rociado de agua desde la parte superior del tanque. Su mecanismo no
funcionó correctamente por lo que después se pudo descubrir: la tubería
tenía una grieta grande por donde se escapaba el agua. Ni siquiera el
cañón de agua más cercano al tanque resultó adecuado para llegar a la
altura donde se quemaban irremediablemente Gonzalo Santana y Jonathan
Hernández.
Todo quedó finiquitado con 365.000 euros de
indemnización, de los cuales unos 240.000 euros corrieron a cargo de la
petrolera presidida por Miguel Arias Cañete, sin que los indicios de
delito por negligencias achacables al empresario y no al trabajador
fallecido por muy imprudente que fuera, pudieran ser objeto de debate y
contradicción en el correspondiente juicio oral contra la compañía del
ya por entonces ministro.
Fuente:
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/elecciones_europeas/Canete-evitar-juicio-homicidio-imprudente_0_254774873.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario