El vicepresidente español del Parlamento Europeo, investigado por una reclasificación de terrenos protegidos
Ramón Luis Valcárcel, el flamante y único
vicepresidente español de los 14 del Parlamento Europeo, tiene un
problema en su casa murciana derivado de una reclasificación de terrenos
protegidos junto al Mar Menor que está siendo investigada por un
magistrado del TSJ regional, Manuel Abadía, que la
califica en su último auto de “tropelía jurídica cometida saltándose las
leyes Estatal y Autonómica 4/1989 y 4/1992, la Ley del Suelo Estatal y
Autonómica al ser suelos no urbanizables de protección especial”, como
denunció la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE). El instructor del
asunto por delitos relacionados con la corrupción urbanística ya tiene
imputados a tres consejeros nombrados por Valcárcel durante sus 19 años
al frente de la Región de Murcia, antes de ser candidato y electo a la
cámara comunitaria en las elecciones del 25 de mayo pasado y, desde el
martes, vicepresidente de la misma. Uno de esos consejeros, Joaquín Bascuñana, es ahora delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en la comunidad autónoma y tiene su futuro en el aire.
Otro, Antonio Cerdá, es
consejero de Agricultura desde 1995 y, en la época que tuvo las
competencias de medio ambiente, dejó el camino trazado para culminar la
faena. El tercero, Francisco Marqués, retirado de la
política, tiene un profuso historial judicial relacionado con
reclasificaciones de terrenos protegidos realizadas bajo su égida
medioambiental. Además, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, está pendiente de que el Congreso acredite su condición de diputada para declarar como imputada.
Pero este miércoles, el juez Abadía mostró un muy especial interés, durante sus interrogatorios a Bascuñana y Cerdá, por saber qué papel jugó el expresidente Valcárcel
en la reclasificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor
iniciada hace diez años para que la inmobiliaria Hansa Urbana,
financiada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ubicara una
macrourbanización de 20.000 viviendas con sus correspondientes servicios
que incluían, cómo no, un campo de golf cuyos ‘greens’ habrían ocupado
una parte protegida como LIC y ZEPA del total de casi 800 hectáreas que
abarcaba el proyecto Novo Carthago, en Cartagena.
El magistrado sabe que en la sede de la presidencia murciana hubo
reuniones con el abogado de Hansa Urbana, el exsenador socialista y
exalcalde de Alicante Ángel Luna, en las que participaron Valcárcel y Cerdá para tratar el asunto. De modo que preguntó el miércoles a Cerdá
si el presidente le dio indicaciones u órdenes al respecto y, también,
cómo es que esas juntas se hicieron en la sede presidencial en vez de en
la consejería a la que correspondían las competencias medioambientales.
“¿Es cierto –interrogó Abadía– que el presidente de la Comunidad Autónoma les recibió a Ángel Luna
y a usted previamente en su despacho y que por eso se desplazaron allí,
para ratificar ante Luna el plácet del presidente de la Comunidad a la
urbanización de Hansa Urbana y para mostrar a la Comisión [Urbanística]
que el proyecto contaba con el apoyo del presidente?”.
De momento, los imputados principales mantienen la ‘omertá’: ni saben ni contestan –Cerdá–, o se amparan en su derecho a no declarar –Bascuñana–.
Pero lo que no pueden obviar, porque el magistrado lo señaló con pelos y
señales en su auto de imputación al delegado del Gobierno del 24 de
junio, es que la Comisión Europea abrió un procedimiento sancionador en
el año 2010 al Gobierno presidido por Valcárcel debido a la reclasificación de esos terrenos protegidos por la legislación.
El nuevo vicepresidente del Europarlamento, que antaño se permitía
hacer chistes de las protestas ecologistas contra el enladrillamiento
costero mantiene la presidencia regional del PP. Tras el auto de
imputación al delegado del Gobierno, convocó una reunión partidaria de
urgencia en la que explicó el asunto como resultado de una conspiración
tripartita de jueces, periodistas y socialistas. Todopoderoso como ha
sido Valcárcel durante 19 años, el magistrado Abadía parece dudar de que no interviniera directamente en la aprobación de un macroproyecto como Novo Carthago.
Aunque los consejeros se salen por la tangente en sede judicial, el
nuevo vicepresidente español del Parlamento Europeo está en el punto de
mira del magistrado y puede verse en un futuro próximo obligado a
responder las preguntas personal y directamente en Murcia… o también en
Bruselas.
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