El Gobierno prepara un endurecimiento gradual de la jubilación anticipada
Los
salarios más altos sufren una penalización menor que los más bajos por
adelantar el retiro
El
ministro Escrivá también busca nuevos incentivos para alargar la vida laboral
Madrid - Jueves, 10/09/2020 - 21:50
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. /
El Gobierno pretende endurecer la jubilación anticipada y prevé adoptar mecanismos que la desincentiven sobre todo para los trabajadores con salarios más altos. Además, lo hará de forma gradual, para evitar que el efecto anuncio provoque una reacción perversa, en forma de aluvión de prejubilaciones de trabajadores que busquen escapar de un empeoramiento posterior.
En su comparecencia de este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso el acento en la necesidad de una mayor aproximación entre la edad efectiva de jubilación (64,6 años en la actualidad) y la edad legal (65,8 años en el 2020), que alcanzará los 67 años en el 2027.
Según los cálculos de la Autoridad Fiscal (Airef) por cada año que se alarga la edad efectiva de jubilación, el sistema de pensiones obtiene un ahorro de 1,2 puntos de PIB y esta es la principal palanca sobre la que quiere actuar el Gobierno de cara a contribuir a sanear el sistema. Para ello, según dijo Escrivá, se trabajará en una doble dirección: incentivar la jubilación demorada (más allá de la edad legal) y desincentivar la anticipada.
En la actualidad, el 40% de las jubilaciones se producen de forma anticipada. Una de las razones es que, con frecuencia, la prejubilación se usa como mecanismo sustitutivo de la protección por desempleo cuando el parado supera los 61 años (prejubilación forzosa). El temor a futuros recortes en el sistema de pensiones es otra de las razones que a menudo lleva a los trabajadores a adelantar de forma voluntaria un par de años su jubilación (al entorno de los 63 años), para escapar del empeoramiento de las condiciones.
Por cada año que se adelanta la jubilación, se aplica un recorte de hasta el 8% sobre la base reguladora (un concepto parecido al de salario) . Sucede sin embargo que, en la práctica, el efecto de este recorte es mucho menor en los salarios más altos. Como la base reguladora máxima sobre la que se cotiza es mayor que la pensión máxima del sistema sucede que un recorte del 8% en aquella se traduce en apenas una bajada del 2% en la pensión máxima, según cálculos de la Seguridad Social. En los salarios bajos este efecto no sucede. Un recorte del 8% en la base reguladora de un salario menor se traduce de forma automática en una bajada similar de la pensión. Resulta con ello un doble efecto. Primero, que la penalización para la prejubilación es mayor para los salarios más bajos. Y que, en el caso de los salarios más altos, la penalización es poco relevante.
Para combatir este doble
efecto, el Ministerio de Escrivá prevé diseñar un coeficiente
reductor distinto para los
salarios más altos que, además, se aplicaría sobre la cuantía de
la pensión directamente (no, sobre la base reguladora).
Conscientes de que un endurecimiento del régimen de prejubilaciones puede provocar un efecto anuncio perverso, el ministro Escrivá dio a entender en el Congreso que el cambio se hará de forma gradual, de manera que afecte nada o muy poco a las personas que en los próximos dos o tres años pudieran verse abocadas a precipitar su jubilación para huir del endurecimiento.
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