Perú: múltiples manifestaciones marcan la Cumbre APEC 2024
Manifestantes mantienen protestas contra el Gobierno de la mandataria no electa peruana, Dina Boluarte, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se lleva a cabo en Lima. Foto: EFE
15 de noviembre de 2024 Hora: 14:23
En medio de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Lima, las organizaciones sociales han salido a las calles para visibilizar su descontento con la gestión de Dina Boluarte, mientras el país inaugura un megapuerto clave para el comercio internacional.
La Cumbre de APEC 2024, celebrada en Lima, Perú, reúne a líderes y altos funcionarios de distintas partes del mundo en un foro centrado en el fortalecimiento de la cooperación económica entre países del Asia-Pacífico. Sin embargo, el evento tiene lugar en un contexto de intensas protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, marcadas por un descontento generalizado debido a la inseguridad, la crisis económica y la falta de servicios básicos en el país.
Durante los días previos al inicio oficial de la Cumbre, las protestas se concentraron en diversas zonas del país, con masivas movilizaciones contra las políticas de la presidenta no electa Dina Boluarte, la inseguridad y la corrupción.
El corresponsal de teleSUR en Perú, Ramiro Angulo, ha informado que las fuerzas de seguridad han recurrido al uso de gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a los manifestantes, lo que resultó en heridos en regiones como Arequipa.
A su vez, en las inmediaciones del Gran Teatro Nacional y del Ministerio de Cultura, sedes de las actividades principales del foro, se desplegaron cordones policiales para contener las nutridas manifestaciones.
Las demandas de los protestantes se centran en la implementación de medidas para frenar el incremento de extorsiones y asesinatos, problemas que han ganado terreno en la agenda pública.
Por otro lado, las cifras oficiales arrojan datos preocupantes: un 62 % de incremento en los índices de delincuencia, según estadísticas recientes, y un descontento ciudadano que ha alcanzado su punto más alto, reflejado en un 90 % de desaprobación hacia la gestión de Boluarte.
A ello se suma el polémico ingreso de 600 militares estadounidenses al país, autorizado por el Congreso a solicitud del Ejecutivo, para garantizar la seguridad del evento internacional.
En el marco de la Cumbre, la presidenta Boluarte participó en la inauguración virtual del megapuerto de Chancay, un proyecto desarrollado en colaboración con China.
Esta infraestructura es considerada un eje clave para mejorar los intercambios comerciales entre Perú, los países asiáticos y otras naciones de América Latina, incluyendo aquellas sin acceso al océano Pacífico, como Bolivia. El puerto, presentado como un “hub” estratégico para el comercio global, ha despertado tanto expectativas económicas como preocupaciones geopolíticas.
Sin embargo, la periodista y analista internacional Giovana Constantini, consultada por teleSUR, la falta de inversión pública y privada en el país dificulta que los acuerdos comerciales generen un impacto tangible en la población.
Si bien recata que la inauguración del puerto representa un paso significativo para la economía peruana, pero advierten que su potencial beneficio dependerá de medidas complementarias, como una reforma tributaria y el fortalecimiento del sector manufacturero.
Estados Unidos, a su vez, a través de representantes como Laura Richardson, jefa del Comando Sur, expresó inquietud sobre el desarrollo del puerto en un contexto de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos por la influencia económica en la región.
La gestión de Boluarte enfrenta además una crisis de gobernabilidad caracterizada por la dependencia de un Congreso dominado por sectores de la derecha conservadora. Constantini señala que esta alianza política ha permitido a Boluarte superar una moción de vacancia recientemente, aunque ya se anuncian nuevos intentos de destitución en el corto plazo.
Por otro lado, el descontento popular también se relaciona con problemas estructurales como el acceso limitado a servicios básicos: un 80 % de la población carece de agua potable, y el 73 % no tiene acceso a servicios esenciales.
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