A la convocatoria se sumaron organizaciones sociales y numerosos vecinos autoconvocados, lo que derivó en una marcha multitudinaria que se extendió por más de siete cuadras.
Asambleístas de al menos 15 regiones de Mendoza confluyeron en la movilización bajo una consigna central: “el agua no se negocia”.Foto: @ulises__jb
24 de diciembre de 2025 Hora: 12:25
es La protesta avanzó desde el centro de la capital mendocina hasta la Casa de Gobierno con pancartas, banderas y consignas dirigidas al gobernador Alfredo Cornejo, a quien exigieron la derogación de las leyes 9.684 y 9.685, recientemente sancionadas por la Legislatura provincial.
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Las normas habilitan declaraciones de impacto ambiental para la explotación minera en el cerro San Jorge, en la localidad de Uspallata, y para cerca de una treintena de iniciativas extractivas en Malargüe.
Asambleístas de al menos 15 regiones de Mendoza confluyeron en la movilización bajo una consigna central: “el agua no se negocia”. A la convocatoria se sumaron organizaciones sociales y numerosos vecinos autoconvocados, lo que derivó en una marcha multitudinaria que se extendió por más de siete cuadras.
La manifestación comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana, hora local, en el Kilómetro Cero, en Plaza Belgrano, y tuvo un fuerte componente simbólico. Los participantes evocaron la figura del general José de San Martín y definieron la jornada como una “gesta patriótica por el agua”, en alusión a la defensa de los bienes comunes y del legado histórico de la provincia.
Uno de los focos del rechazo es el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, antes conocido como mina San Jorge, ubicado en el pueblo de Uspallata. La iniciativa, actualmente en manos de la empresa suiza Zonda Metals GmBH junto al Grupo Alberdi, ya había sido descartada en 2011 por la Legislatura provincial. Ahora, volvió a recibir aval político pese a los cuestionamientos por tratarse de una explotación a cielo abierto en una zona sensible desde el punto de vista hídrico y ambiental.
Los manifestantes reivindicaron la Ley 7722, sancionada en 2007 tras una fuerte movilización social y considerada un emblema de la defensa del agua en Mendoza. La norma prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la minería metalífera. Sin embargo, desde el oficialismo provincial se argumenta que los químicos previstos en el proyecto, como el Metil Isobutil Carbinol, el Isobutil Xantato de Sodio, la Poliacrilamida Aniónica y el Óxido de Calcio, no estarían alcanzados por esa prohibición, una interpretación que las asambleas socioambientales rechazan de plano.
El gobernador Cornejo, por su parte, minimizó el impacto hídrico de la actividad minera y sostuvo en declaraciones recientes que el mayor consumo de agua proviene del sector agrícola y del uso residencial. Según afirmó, el problema no radica en la minería sino en el derroche, una postura que generó un fuerte rechazo entre los sectores movilizados.
La fecha elegida para la protesta, el 23 de diciembre, tampoco fue casual. Remite a las masivas movilizaciones de 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez intentó modificar la Ley 7722 y debió retroceder tras una ola de protestas que incluyó cortes de rutas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. De aquel proceso surgió el llamado “Día del Parientazo”, con epicentro en el Valle de Uco, una región que hoy vuelve a ser clave en la resistencia ambiental.
Ese mismo territorio tiene un profundo significado histórico: fue allí donde San Martín se reunió con los pueblos pehuenches antes del cruce de la Cordillera de los Andes. Siglos después, ese legado es retomado por las asambleas mendocinas para impulsar lo que definen como una nueva “gesta libertadora”, esta vez en defensa del agua y frente al avance de la megaminería.
Autor: teleSUR: idg - RR
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